En 2009 se registró el mayor número de adquisiciones forzosas. Sidetur
asegura que produce a máxima capacidad y respeta regulación de precios.
Después de las elecciones parlamentarias
el Gobierno aceleró las expropiaciones
Desde las elecciones parlamentarias del 26 se septiembre hasta el domingo, el gobierno de Hugo Chávez ha expropiado o adquirido de manera forzosa 26 empresas, entre las que se cuentan la estadounidense Owens Illinois y la venezolana Venoco. Desde 2002 han sido estatizadas 266 grandes compañías, fábricas y haciendas agropecuarias por considerar que se dedicaban a actividades estratégicas.
Las cifras que se manejan son aproximadas, pero incluyen las empresas más relevantes tanto de la actividad como de la región. Isabel Pereira, subdirectora de Cedice, aclara que hay un subregistro tanto en los montos que les adeuda el Estado a los antiguos dueños como en el número de propiedades que han pasado al control del Estado.
“Muchos de los afectados temen que si aparecen sus nombres no se les procesen los pagos. Sin embargo, hemos visto que el Estado sólo paga a las grandes transnacionales, pero no a los criollos”, afirmó.
El 29 de septiembre, cuando no había dudas de la manera como quedó integrada la próxima Asamblea Nacional, el Gobierno aceleró el proceso de expropiación que comenzó en 2002, cuando pasó a manos del Estado la empresa Poliolefinas Internacionales C. A., que se dedicaba a actividades petroquímicas y de producción de resinas de plástico en el estado Zulia.
Hasta 2005 no hubo más expropiaciones ni nacionalizaciones, pero ese año se expropió el hato El Charcote, para comenzar la lucha contra el latifundio, y pasaron al control estatal otras nueve empresas, entre ellas un hotel y una procesadora de tomates.
En 2006, el afán expropiador se limitó a un central azucarero en Motatán, estado Trujillo, pero al año siguiente 17 empresas fueron estatizadas, algunas desprivatizadas, como Cantv; nacionalizadas como La Electricidad de Caracas, o aplicado el método Chaz, con la hacienda La Marqueseña.
Se acelera:
En 2008, de acuerdo con las estadísticas de Conindustria, se aceleró la expropiación de haciendas productivas, tanto agrícolas como pecuarias, al igual que las ecoturísticas, como el hato el Frío, el cual es el primero que pasa a manos del Estado mediante la adquisición forzosa. En total 26 “actividades estratégicas” pasaron a ser gerenciadas por el Estado, entre ellas el hotel Ibiscus.
En 2009, las palabras “socialista” y “propiedad social” son parte del vocabulario cotidiano del Gobierno y se habla de socialismo marxista y del modelo centralizado de planificación. De un plumazo, 75 empresas que prestaban servicio a la industria petrolera en la Costa Oriental del Lago son adquiridas por Petróleos de Venezuela, mientras que 24 compañías agropecuarias son tomadas para poner en marcha la reconversión de los cultivos, especialmente las siembras de caña de azúcar en Aragua, Sucre y Barinas.
Ese mismo año, según Conindustria, fueron “aseguradas” 12 empresas dedicadas a la producción, comercialización y transporte de alimentos, como café Madrid, leche Parmalat, conservas alimenticias La Gaviota y sardinas El Faro.
En 2010 el proceso expropiador dio un salto cuantitativo: 79 empresas. Los sectores más afectados han sido alimentos, comercio, petroquímico y construcción.
Es casi imposible calcular con exactitud, de acuerdo con Pereira, cómo afecta que el presupuesto de seguridad, salud y educación se utilice para comprar empresas que funcionan en manos privadas. Según la firma Ecoanalítica, el monto global de las expropiaciones es 27,3 millardos de dólares, que equivalen a las reservas internacionales. No incluye Sidetur ni las 7 urbanizaciones. El Gobierno debe 17,4 millardos de dólares, sin que se cuenten procesos seguidos por el Instituto Nacional de Tierras y los centrales azucareros
Cerrados:
Los pequeños negocios que funcionaban en el edificio La Francia fueron cerrados, no estatizados, aunque fueron víctimas de la orden “exprópiese”. No sólo se afectó a los dueños, que tuvieron que buscar otro sitio donde funcionar, sino que dejaron sin empleo a cientos de personas, que de ninguna manera pueden solicitar que se les incluya en la nómina del Estado, afirmó Isabel Pereira subdirectora de Cedice.
RAMÓN HERNÁNDEZ
rhernandez@el-nacional.com
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