La Cepal indica que los flujos de capitales foráneos disminuyeron
u$ 107 millones de dólares en el primer semestre de 2010
Empresas locales emigran
“Nos estaremos quitando los inversionistas a sombrerazos”, dijo a principios de 1999 el actual ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, antes de que Hugo Chávez asumiera el mando en febrero de ese año.
Pero cifras de la Comisión Económica para América Latina correspondientes al primer semestre de 2010 indican que Venezuela figura como el único país de la región que en este período continúo alejando el flujo de capitales proveniente del exterior, que registró una caída de 107 millones de dólares entre enero y junio.
La Cepal destaca como aliciente para el caso venezolano que la disminución en la primera parte de 2010 es inferior a la que se registró en el mismo período de 2009, cuando la inversión extranjera directa se anotó una merma de 1,4 millardos de dólares.
El informe también se refiere a la presencia de capitales venezolanos en el exterior y destaca cómo entre enero y junio se invirtieron 1,7 millardos de dólares fuera del país. Esa cifra supera en 161,7% los desembolsos que esas compañías hicieron fuera de su territorio en el primer semestre del año.
Brasil y México:
América Latina captó inversión extranjera directa por 50,3 millardos de dólares en el primer semestre. Brasil y México concentran 58,3% de esos desembolsos al recibir 17,1 millardos y 12,7 millardos de dólares, respectivamente.
Chile figura en tercer lugar con una captación de 8 millardos de dólares, lo que representa un incremento de 29,3% con respecto a los 6,2 millardos de dólares que recibió entre enero y junio del año 2009.
“La Cepal calcula que la inversión tendría un crecimiento moderado en todo 2010, sin superar los niveles récord obtenidos en 2007 y 2008”, dice el documento.
ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
INFORME | Política | Economia
EL NACIONAL
Transportistas que prestan servicio a la siderúrgica en Barquisimeto
temen perder sus empleos.
Indepabis y GN tomaron
las plantas de Sidetur
Desde el domingo en la noche,guardias nacionales y funcionarios del Indepabis tomaron las instalaciones de Sidetur en Caracas, Valencia, Barquisimeto y Ciudad Guayana, para ejecutar la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez. En tanto, los trabajadores realizaron asambleas en varias plantas.
Los empleados de Sidetur en Antímano no pudieron expresar su rechazo al proceso de expropiación contra la empresa, porque la Guardia Nacional impidió la entrada de los medios de comunicación al lugar, contaron trabajadores.
Cuando el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, declaró desde la planta estuvo escoltado por empleados que apoyan la medida, pero hay muchos otros que la rechazan y que no fueron tomadas en cuenta por VTV, único medio que pudo entrar.
Trabajadores denunciaron que salir a manifestar en la calle era imposible porque grupos oficialistas se apostaron en los alrededores de la planta.
En Valencia, los empleados se mostraron preocupados por su futuro laboral, una vez que conocieron la medida de expropiación. Dijeron que hace un mes el Indepabis efectuó una inspección en esa sede y constataron que todo estaba en orden. “Sólo pasaron media hora chequeando precios, lo demás fue ver los títulos de propiedad”, aseguró un empleado que prefirió el anonimato.
“Nosotros estábamos trabajando cuando aproximadamente a las 8:00 de la mañana llegó la Guardia Nacional y la junta interventora del Gobierno a las instalaciones. Ellos se reunieron con parte del personal administrativo, y los obreros hemos tratado de mantenernos al margen de la medida porque aunque no nos guste, tenemos que aceptarla, pues el presidente Chávez no escucha las ideas distintas a las de él”, dijo un obrero de la planta Lara que prefirió el anonimato.
Transportistas que prestan servicio en la siderúrgica se apostaron a las afueras de la sede de Barquisimeto preocupados por sus puestos de trabajo. “Sidetur siempre nos ha dado apoyo para laborar; nos dan hasta créditos a pesar de que somos trabajadores indirectos. Tenemos incertidumbre porque no sabemos qué pasará con esta situación”, expresó Israel Echeverría.
En Sidetur Planta Casima, en Ciudad Guayana, no hubo sorpresa con la decisión del presidente Hugo Chávez. La dirigencia sindical, que había pedido la expropiación de la acería, tenía la seguridad de que la medida vendría tarde o temprano. Después del anuncio se concentraron para dar las gracias al primer mandatario, a quien le ratificaron su compromiso absoluto con el Plan Guayana Socialista 20092019, y la orden de administrar la empresa bajo control obrero.
A.H. EQUIPO DE CORRESPONSALÍA
Judicial | Política
EL NACIONAL
Petróleos de Venezuela difundió un comunicado para destacar el decimo
aniversario del convenio suscrito entre Cuba y Venezuela en 2010
Cuota subió a 92.000 b/d.
El tratado que incluye el suministro de crudo y derivados a la isla, y el pago mediante especies o servicios de la factura petrolera.
El acuerdo se fijó por un envío de 53.000 barriles por día, pero esa cuota subió a 92.000 barriles diarios, lo que implica un aumento de 73,5% con respecto al volumen inicial.
En la nota de Pdvsa se informa que en 10 años los recursos suman 6,5 millardos de dólares que, según la empresa, han sido “invertido en la felicidad social para ambos pueblos” y se afirma que “es incalculable el avance que muestra Venezuela en cuanto a índices en salud y educación”.
Al momento de la firma del convenio, el ex ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque, aseguró: “Si en Cuba hubiese otro tipo de gobierno igualmente estaríamos interesados en penetrar ese mercado”.
También hubo críticas de que el Gobierno cubano revendía parte del petróleo, pero la ministra de Inversión Extranjera y Colaboración Económica, Marta Lomas lo negó.
“El suministro de 53.000 barriles diarios que nos vende Pdvsa es sólo la mitad de lo que debemos comprar, por tanto nosotros tenemos que salir al mercado a buscar 50.000 barriles todos los días”, alegó la funcionaria.
ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
Economia | Cifras
EL UNIVERSAL
Constructores pidieron garantía en el suministro para evitar retrasos en las obras
Sidetur emprenderá acciones legales
para resguardar sus derechos
La expropiación de la Siderúrgica del Turbio anunciada por el presidente Hugo Chávez el domingo otorgará al Gobierno el control total de la producción de cabillas, insumo fundamental para la construcción de viviendas y obras de infraestructura.
El Estado ya controlaba más de la mitad de la producción a través de la Siderúrgica del Orinoco, comprada al grupo argentino Techint en 2007, y el Centro Socialista de Producción de Cabillas, expropiado en 2009. Con la adquisición forzosa de Sidetur obtendrá casi 100%.
“La medida viene a acelerar el proceso de destrucción del sector privado y de la economía del país que adelanta desde hace varios años el actual Gobierno y que está generando como consecuencia una fuerte disminución de la producción”, señala Conindustria en un comunicado.
Carlos Larrazábal, presidente del gremio, advirtió que pudiera repetirse la historia de las fabricantes de cementos Cemex, Holcim y Lafarge “que están experimentando un fuerte proceso de deterioro, como es el caso de la mayoría de las compañías que son expropiadas”.
La Cámara Venezolana de la Construcción teme que la expropiación de Sidetur empeore los problemas con el suministro de cabillas, que ha descendido 45% en lo que va de 2010 por factores como la conflictividad laboral y el racionamiento eléctrico.
“Nos preocupa el impacto de la medida. La incertidumbre en la producción de este insumo fundamental para el sector pudiera representar una importante disminución de la velocidad de construcción de proyectos”, señala la CVC en nota de prensa.
El gremio solicitó al Gobierno impulsar la producción de cabillas de las empresas estatales Ceproca y Sidor para que recobre el ritmo que requiere el sector construcción, que “es uno de los principales motores de reactivación económica porque genera empleo en todo el país”.
Acciones legales:
La junta directiva de Sidetur dijo, mediante un comunicado, que no existen razones objetivas para justificar la expropiación.
“Somos una empresa en pleno funcionamiento, socialmente responsable, respetuosa de la legalidad vigente y cumplidora de todas sus obligaciones”.
Rechazó las acusaciones de especulación en los precios.
“La empresa ha cumplido estrictamente con la regulación decretada por el Ejecutivo, que mantiene los precios congelados desde el 6 de diciembre de 2006, aun cuando la inflación acumulada desde esa fecha es cercana a 100%”.
Informó que ejercerá las acciones legales que sean necesarias para resguardar los derechos de trabajadores, proveedores, clientes y accionistas; así como para que se respeten las garantías establecidas en la Constitución.
También recordó que cualquier medida de ocupación previa de las instalaciones debe ser ordenada por un juez y estar precedida por el pago del justiprecio, como lo establece la Ley de Expropiación.
Fabricación continuará:
El ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, aseguró que la producción de la Siderúrgica del Turbio no se interrumpirá durante el proceso de expropiación, anunciado por el presidente Chávez, pues la empresa cuenta con inventario suficiente.
Luego de reunirse con los trabajadores que apoyan la medida en la planta de Sidetur en Antímano, Khan calificó la expropiación de “decisión histórica que se toma en función del beneficio del pueblo”. Agregó que la medida servirá para fortalecer el plan siderúrgico nacional y la construcción.
“Venezuela no puede depender de empresas privadas para la producción de grandes obras”.
El ministro hizo un llamado a los empleados que rechazan la expropiación para que se reúnan con las autoridades y conozcan las ventajas del anuncio. “No se trata de excluir a nadie, se respetará la estabilidad laboral de todos”.
ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
Noticias | Política
EL NACIONAL
Los militantes del Partido Comunista de Venezuela marcharán el martes
9 de noviembre desde Parque Carabobo hasta la Asamblea Nacional.
“Lo que falta es disposición política”
Marcharán para reclamar la inmediata aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo. Uno de los aliados que le quedan al PSUV, del nutrido grupo de partidos que arrancó hace más de 12 años junto al presidente Chávez, considera que la falta de voluntad política frena la discusión de la Ley Orgánica del Trabajo y del proyecto de ley de los consejos de trabajadores.
Carlos Aquino, miembro del buró del PCV, exigió el pase inmediato de ambos textos a sesión plenaria para sancionarlos antes de que se instale la nueva Asamblea.
“El PCV ha hecho todos los esfuerzos para aprobar estos instrumentos en el actual período legislativo y, aunque no lo digan públicamente, hay muchos diputados (del PSUV) que están de acuerdo y saben que este es el momento político”, dijo.
Aquino reiteró su reclamo: “Lo que falta es disposición política”.
El directivo del PSUV negó que las acciones de Gobierno
constituyan “confiscaciones”.
“Es expropiación,
no confiscación”
El PSUV lanzó el reto: “Al debate, cuando quieran y cómo quieran”. ¿El tema?: la propiedad y las medidas del Gobierno contra Sidetur y seis urbanizaciones. Carlos Escarrá, vicepresidente del PSUV-Aragua, defiende la tesis gubernamental.
“Es expropiación, no confiscación”, aseguró al informar que la dirección nacional del partido apoya las resoluciones de Miraflores.
“Hay diferencias entre confiscación de bienes expresada en el artículo 116 de la Constitución y expropiaciones por utilidad pública artículo 115.
La primera ocurre en los casos de delitos de droga. Por ejemplo, la casa y los vehículos del narcotráfico pasan al Estado.
La segunda procede con juicios de acuerdo con la Ley Anticorrupción y se produce con una sentencia firme; implica la indemnización a los propietarios, y además obliga a un procedimiento administrativo, judicial, legislativo. Todo conforme al derecho a la defensa”, expuso Escarrá.
El dirigente del PSUV dijo que, en la cuarta república confiscaban para beneficiar a adecos y copeyanos, aunque reconoció que se expropiaron 52 parques nacionales entre ellos Morrocoy y El Ávila para el disfrute de todos.
En la quinta república, las expropiaciones tienen un fin político: ganar adeptos en la clase media que, en los últimos comicios, ha rechazado el proyecto político de Hugo Chávez: “El Estado protege a la clase media, a parejas jóvenes, profesionales. Ese es el sentir de las medidas. Aclaro: las residencias no se les dará a un tercero, sino a quienes vienen pagando”, explicó el diputado de Aragua.
En respuesta al PCV, señaló sobre el Polo Patriótico: “No es un proceso forzado de agarrar a alguien y decirle: `venga’. Es un proceso que tiene una estructura, un diseño y un punto culminante en 2012”.
No precisó si Aristóbulo Istúriz sería sancionado por pedir la eliminación de gobernaciones y alcaldías. “El PSUV es un partido hermoso, que debate.
Y el Presidente tiene un derecho que ejerce”.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
Economía | Mercado
EL NACIONAL
La MUD calificó de robo la medida y anunció que hará un inventario
sobre el funcionamiento de las empresas estatizadas.
En Lara y Portuguesa “tractorazos”
para protestar por la decisión
La Comisión de Empleo, Producción y Propiedad de la Mesa de la Unidad Democrática anunció la convocatoria a una movilización nacional contra las expropiaciones, así como la realización de una serie de protestas contra las medidas tomadas por el Ejecutivo.
El presidente de esa instancia, Andrés Velásquez, informó que en los estados Portuguesa y Lara ya
se efectuaron “tractorazos” por iniciativa de las asociaciones de productores.
Agregó que se acordó la convocatoria a una movilización contra las políticas ejecutadas con el Gobierno, aunque dijo que todavía no se ha fijado ni la fecha ni el lugar.
El diputado electo por el estado Bolívar aseguró que la comisión que preside realizará un inventario, estado por estado, del funcionamiento de las empresas estatizadas. Adelantó que las empresas Orinoco Iron, Venprecar, Comsigua, Norpro, Matesi, Tavsa y Cerámicas Carabobo, todas estatizadas, están paralizadas en este momento. “Sólo una está trabajando y lo hace a 30% de su capacidad instalada”, expresó.
Aseveró que Chávez miente al definir esas acciones como expropiaciones, pues estas constituyen confiscaciones. “Estamos ante hechos que pueden ser calificados como asaltos y robos descarados”.
El dirigente sindical dijo que los más afectados por esas medidas serán los trabajadores.
Denunció que nueve empleados fueron despedidos de la empresa estatizada Agroisleña, a pesar de gozar fuero sindical.
“Eso es una grave violación a sus derechos humanos”.
Sobre la expropiación de la Siderúrgica del Turbio el integrante de La Causa R recordó la baja en la producción que ha experimentado la estatal Siderúrgica del Orinoco, que pasó de producir 4.200.000 toneladas por año a 900.000 por su estatización. “El Presidente tiene 6 años ofreciendo una nueva siderúrgica en Guayana, en una cosa que llamó la ciudad del acero. Eso está apenas en el movimiento de tierras, lo demás es puro cuento”, dijo.
Presupuesto deficitario:
El movimiento Voluntad Popular fijó posición contra las expropiaciones de conjuntos residenciales y recordó que el Ejecutivo redujo el presupuesto en esta materia de 3.353 millones de bolívares en 2010 a 1.730 millones en 2011. “Para 2011 la vivienda no es una prioridad, mientras se reduce en 48% el presupuesto destinado a la construcción de viviendas, se incrementa en 661% el gasto del despacho presidencial”.
Agregó que en los últimos 10 años el Gobierno sólo ha construido 348.000 unidades residenciales a un promedio de 34.832 por año, cifra alejada del déficit de 2 millones que existe actualmente en el país.
El problema de fondo es la ineficiencia gubernamental:
La reciente ola de expropiaciones que adelanta el Gobierno no tiene una lógica económica sino política.
Así lo sostiene el politólogo Ángel Oropeza, quien asegura que el presidente Chávez busca acaparar espacios de poder para hacer irreversible su permanencia en Miraflores. “En las últimas elecciones el pueblo le ha salido respondón al Presidente y desde 2007 para acá el ala radical se ha convencido y ha convencido al resto de que la revolución o se radicaliza o se va”.
El analista explica que las medidas buscan asfixiar económicamente a los que el Presidente considera sus enemigos. “Por una parte voy haciéndome espacios y buscando el control y por la otra disparo a un flanco, como fue en el caso de Owen Illinois, para atacar la Polar. Esto no se puede analizar desde el punto de vista económico porque no tiene sentido”.
Oropeza explica que esa estrategia obedece a la concepción marxista que el mandatario tiene de la sociedad. “Con estas medidas se afecta la llamada superestructura, que es una estructura económica y financiera. Para destruir al enemigo, que son la Mesa de la Unidad, los medios de comunicación y la Iglesia, entre otros, le quito el oxigeno financiero”.
El politólogo señala que en el caso de las expropiaciones a los conjuntos habitacionales Chávez busca acercarse a la clase media. “El Presidente hacía una constante división entre la clase media y el pueblo, como si la clase media no fuera pueblo.
Como se sabe, este es uno de los principales problemas que finalmente ha llegado a oídos del Gobierno”, explicó.
Oropeza, sin embargo, señala que la ineficiencia del Gobierno en su política habitacional queda al descubierto con la medida, mientras no se resuelva el problema de fondo que es la mala gestión. “En Venezuela el que construye viviendas es el sector privado. Esta estrategia es muy parecida a otras como el caso de los abastos Bicentenario. `Los locales de Éxito que estaban en todo el país los pinto de otro color y lo hago ver como una obra de Gobierno”.
CARLOS CRESPO
ccrespo@el-nacional.com
Economía | Mercado
EL NACIONAL
Decenas de familias se concentraron a las puertas de Mirávila,
en Parque Caiza, donde rige una medida de ocupación temporal.
Incertidumbre y temor por
expropiación de urbanizadoras
Propietarios de viviendas en construcción exigen que se garanticen sus bienes. El Ejecutivo pide tranquilidad y promete entregar los apartamentos a sus dueños y la Cámara de Construcción propone una mesa técnica para evaluar la situación.
Los clientes de las siete constructoras a las que el Gobierno nacional aplicó medidas de expropiación, ocupación temporal y medidas especiales de protección, en el estado Carabobo, exigen que el Ejecutivo les garantice que sus viviendas le serán entregadas pronto, pues temen que sus residencias sean invadidas.
En Carabobo el único conjunto residencial expropiado es Lomas de La Hacienda en San Diego y el sentimiento general entre los propietarios es de incertidumbre. “Yo estoy en parte de acuerdo con el procedimiento, pero no con las benditas invasiones. Aquí ya hay 318 familias viviendo y deben respetarnos”, indicó Marlene Peña, una de las 1.443 personas que adquirieron casas en el lugar y que espera por la entrega.
Desde el domingo en la noche la Guardia Nacional resguarda la entrada al sitio. Solicitan identificación a quienes llegan. Ayer numerosas personas afectadas por la medida se hicieron presentes allí. Solicitaban que les aclaren cuál es su situación, aunque reconocieron que la empresa Blancoveca no ha cumplido con la entrega de viviendas desde hace cinco años.
José Félix dijo que les ofrecieron unas casas de 110 metros cuadrados de construcción y las que están entregando son de 70 metros. “Espero y confío en que nos van a entregar nuestras casas. Ojalá no sea dentro de 4 años. Nos dijeron que venía una comisión pero no ha llegado”, agregó.
Uno de los seis desarrollos urbanísticos que serán ocupados temporalmente en Carabobo es el Conjunto Montemayor que consta de 6 etapas y albergará a 6.000 familias.
Dolmer Laya, copropietario, indicó que acudieron a su futura residencia para evitar que grupos invasores se adueñen de los apartamentos, aún sin terminar. Precisó que llevan más de 2 años y medio de retardo en la entrega de sus viviendas. “Aquí estamos todos con nuestros recibos de pago y documentos”, aseveró.
Otros desarrollos que poseen medidas especiales de protección en Carabobo son La Abadía, Roraima y Valparaíso en San Diego; Bosque Mar y Vista Paraíso en Valencia.
Contra invasiones:
Oliver Ávila, del Consejo Federal de Gobierno de San Diego, enfatizó que no permitirán ningún tipo de invasiones en los urbanismos del municipio. “Debemos respetar el derecho de las personas que están aquí”, aseguró.
Dijo que la presencia de efectivos de la Guardia Nacional es para resguardar los espacios del lugar, con la finalidad de evitar algún tipo de posesión indebida.
La fiscal superior de Carabobo, Licet López, indicó que los anuncios efectuados por el presidente Hugo Chávez no entorpecerán las investigaciones que adelanta el Ministerio Público contra empresas constructoras de la región. Dijo que en el estado hay 14 personas imputadas por cobro irregular del IPC, demora en entrega de viviendas y presuntas estafas.
“Tenemos 42 investigaciones a diferentes compañías”. Añadió que hasta el momento no hay detenidos.
El diputado del Consejo Legislativo por el PSUV Augusto Martínez precisó que durante ocho meses han llevado adelante investigaciones por presuntas irregularidades en diversas constructoras y esto ha sido abordado por el órgano legislativo de la entidad.
Inmuebles afectados:
Expropiados Conjunto Residencial San Antonio, San Felipe El Encantado, El Hatillo, estado Miranda El Encantado Humboldt, El Hatillo, estado Miranda ParqueResidencial Mata Linda, Cristóbal Rojas, estado Miranda Lomas de la Hacienda, municipio San Diego, estado Carabobo El Fortín, Guarenas, estado Miranda
…
Ocupación temporal Los Pinos, Lomas de Urquía Ave María, Valles del Tuy Montemayor, Valencia Mirávila, carretera La Flecha, estado Miranda Terraza de Guaicoco, estado Miranda Plaza Jardín, Distrito Capital San José del Ávila, Distrito Capital Urbanismo Thai, estado Anzoátegui
…
Medidas especiales de protección Monte Claro II etapa, Hoyo de La Puerta, estado Miranda Valentín Valiente, Cumaná, estado Sucre La Abadía, estado Carabobo Roraima, estado Carabobo Arboleda II, Valera, estado Trujillo Balcones de Paraguaná, estado Falcón Vista Matalinda, estado Miranda Vista Aventura Plaza, estado Miranda Las Palmas Bosque Real, Charallave, estado Miranda Villas de la Laguna, estado Monagas Vista Paraíso, Valencia, estado Carabobo Villa Alianza, Maracay, estado Aragua Bosque Mar, Valencia, estado Carabobo Estancia La Margarita, estado Miranda Villa de Santamaría, Tinaquillo, estado Cojedes Terrazas de La Tahona, estado Miranda Terrazas de Los Pomelos, El Hatillo, estado Miranda Valparaíso, municipio San Diego, estado Carabobo.
TIBISAY ROMERO VALENCIA
Economía ¦ Política
EL NACIONAL
El mandatario dijo que hablará con su homólogo colombiano sobre el
pedido de extradición de Walid Makled.
Presidente de Colombia llega mañana
El presidente Hugo Chávez, pidió que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos sea recibido con una bienvenida mañana martes cuando realice una visita de trabajo a Caracas.
“Vamos a darle la bienvenida al presidente de Colombia.
Hay que darle la bienvenida”, dijo Chávez durante el Aló Presidente .”Lo voy a recibir en Miraflores. Estamos muy interesados en restablecer la relaciones con Colombia y en no dejarnos provocar, ni desde allí ni desde acá, porque es un pueblo hermano”, añadió Chávez.
El gobernante no ofreció detalles sobre la agenda de trabajo, pero reveló que uno de los puntos que tratará con Santos es el de la extradición del presunto narcotraficante venezolano Walid Makled. “Por allá está un bandido narcotraficante venezolano que andaba huyendo. El presidente Santos me dijo por teléfono que iban a mandarlo para acá. Estamos esperando, es un tema para hablarlo el martes”, manifestó Chávez.
El jefe del Estado se refirió también a declaraciones dadas por Walid Makled a medios colombianos implicando en operaciones ilícitas a diversas personalidades venezolanas, algunas relacionadas con su Gobierno y dijo que se trata de un intento para impedir su extradición a Venezuela.
“Estoy seguro de que está lanzando esa basura para impedir su extradición y decir que aquí estaría amenazado por las denuncias que hizo”, planteó.
Sin embargo, Chávez insistió en que “hay que pedirles a los hermanos de Colombia que lo manden para acá”.
Makled, alias “El Turco”, fue detenido en Cúcuta (Colombia) el pasado 19 de agosto y permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.
CARACAS ¦ EFE
Internacional ¦ Politica
El Universal
La primera sorpresa fue que Juan Manuel Santos y Hugo Chávez se reunieran el pasado 10 de agosto en la histórica Quinta de San Pedro Alejandrino.
Desde el 22 de julio estaban interrumpidas las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, porque Álvaro Uribe, todavía presidente de Colombia, había denunciado que en territorio venezolano, y con autorización de Chávez, existían campamentos de las FARC y del ELN. Chávez le respondió con la ruptura y con una sarta de insultos.
A partir de esta desagradable realidad, nadie abrigaba demasiadas ilusiones sobre los resultados de la cumbre de Santa Marta. Las tensiones entre Chávez y Uribe habían envilecido tanto las sensibilidades de sus respectivos gobiernos que en algunas ocasiones llegaron incluso a escucharse tambores de guerra, así que no era factible imaginarse un tajante borrón y cuenta nueva. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió: al terminar la reunión, Santos y Chávez, sonrientes, anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el nombramiento de nuevos embajadores y la reanudación inmediata del comercio binacional, que en su momento de mayor intensidad había llegado a 6 millardos de dólares y entonces se había reducido a menos de 2 millardos.
El persistente desencuentro de Uribe y Chávez se correspondía, en primer lugar, al hecho de que ambos presidentes, aunque encarnaban posiciones políticas e ideológicas irreconciliables, tenían personalidades y estilos similares, y ejercían el poder casi de idéntica y autoritaria manera. Quizá por eso siempre se habían caído mal.
Pero también había razones de mayor peso. La principal, que Colombia era, sin la menor duda, la gran aliada de Estados Unidos en América Latina. Y Estados Unidos, desde el más remoto pasado político de Chávez, era por definición el enemigo estratégico de su revolución. Peor aún, porque Uribe y George W. Bush habían decidido profundizar el llamado Plan Colombia, y habían convertido el acuerdo negociado por los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton, diseñado principalmente para erradicar de la selva colombiana los cultivos de marihuana, coca y amapolas opiáceas, en un instrumento de carácter casi exclusivamente militar para combatir el narcotráfico y la guerrilla. Para Chávez, esta alianza siempre fue un estorbo, especialmente después de haber autorizado Uribe el uso de bases colombianas por fuerzas militares de Estados Unidos. No en balde el Gobierno venezolano había prohibido en el año 2000 los sobrevuelos de aviones especializados de Estados Unidos, y tampoco en balde Chávez solía exhortar a otros gobiernos a sacar a las FARC de las listas negras del terrorismo y reconocerlas como fuerza beligerante en la “guerra interna” de Colombia.
Con estos antecedentes, ¿cómo entender que primero en Santa Marta y mañana martes 2 de noviembre en Caracas, pudiera entablarse un diálogo cordial y constructivo de Chávez con Santos, quien precisamente fue el candidato seleccionado por Uribe para sucederlo y quien, además, como su ministro de la Defensa, había ejecutado con eficiencia implacable la política uribista de Seguridad Democrática? ¿Acaso no era esa política el camino de “sangre y guerra” que según Chávez había emprendido Uribe en su papel de “lacayo del imperio yanqui”? ¿Cómo explicar entonces que Santos, brazo ejecutor de esa política, a quien nunca le tembló el pulso para aplicarla, ni siquiera a la hora controversial de ordenar el ataque de fuerzas colombianas al campamento de Raúl Reyes en pleno territorio ecuatoriano, visite así como así a Chávez en Miraflores y los dos continúen su amistosa conversación de hace dos meses y medio en Santa Marta, como si en realidad el ayer nunca hubiese existido? Por supuesto, desde su triunfo electoral, Santos se niega a ser identificado como heredero político de Uribe y en todo momento trata de demostrarlo. ¿Pero hasta qué extremo? ¿Hasta olvidar los insultos que el propio Chávez le ha dirigido a él, incluso durante la campaña electoral? Y desde esta perspectiva, ¿dónde quedan las FARC? ¿La muerte del Mono Jojoy, para quien Chávez pidió un minuto de respetuoso silencio, acaso fue un lamentable accidente? ¿O será que después de su derrota electoral del 26 de septiembre las FARC ya no valen mucho para Chávez? ¿Que nuevas y perturbadoras circunstancias lo obligan estos días a buscar un reacomodo, al menos provisional, con Colombia, y que eso es lo que también le conviene por ahora a Santos? En todo caso, tenemos a la vista una inconcebible luna de miel. Ahora bien, ¿hasta cuándo durará? ¿Hasta que la muerte nos separe? Lo dudo. A no ser que Chávez y Santos, de pronto, hayan decidido dejar de ser quienes habían sido hasta ahora.
