El buque MV Polar, que cubría la ruta San Petersburgo-Singapur con 24 tripulantes y
un cargamento de fuel oil, fue ocupado por piratas en costas del océano Índico.
Con cargamento de fuel oil
El MV Polar, buque perteneciente a un consorcio internacional, cubría la ruta San Petersburgo-Singapur con 24 tripulantes
MOGADISCIO.- Un buque de bandera panameña, que navegaba a 1.100 kilómetros de las costas de Socotra, Somalia, fue secuestrado ayer por piratas.
El MV Polar, que cubría la ruta San Petersburgo-Singapur con un cargamento de fuel oil, pertenece a un consorcio internacional del que forma parte el armador venezolano Wilmer Ruperti.
La información la dio a conocer la Armada de la Unión Europea (EU Navfor), que informo que se trata de una nave con capacidad de 73.000 toneladas, con una tripulación de 24 miembros.
La tripulación la integran 16 filipinos, 4 montenegrinos, 3 griegos y 1 rumano.
La EU Navfor controla la actividad de los pesqueros en las costas de Somalia.
Los piratas somalíes también tomaron control del buque mercante alemán Beluga Fortune en el océano Indico, el segundo secuestro en la región en dos días.
El Beluga Fortune fue plagiado en la cuenca somalí.
Se informó que los piratas somalíes tienen en su poder unos 20 navíos y más de 400 rehenes.
En medio de improvisaciones, ignorancia y apresuramientos populistas el Gobierno trata de insuflarle vida a una lamentable ley de desarme que en nada se corresponde con lo que el país espera. Pareciera que el único objetivo que se persigue es calmar la indignación por la cantidad inmensa de homicidios que se cometen en Venezuela con armas de fuego.
Pero como lo demuestra la experiencia lograda por otros países, una ley de desarme debe ser parte de un ambicioso plan nacional de seguridad para que sus efectos se hagan tangibles en el corto y mediano plazo, y no naufraguen en la soledad de las normas que nunca se cumplen o que son esquivadas por la delincuencia organizada, las policías corruptas y sectores militares.
Basta saber que en el mundo entero, los grandes proveedores de armas cortas son los propios gobiernos a través de funcionarios de los cuerpos de seguridad y de los integrantes de las fuerzas armadas. Los informes anuales de la ONU indican claramente que los traficantes de armas se nutren de empresas del Estado o compañías que cuentan con el aval del sector público. Los envíos se concretan ya sea por convenios comerciales corruptos con presidentes o ministros, o por intermedio de la triangulación de importaciones que jamás llegan a su destino sino que son desviadas a terceros países nunca identificados.
En Venezuela, el Gobierno juega un papel fundamental en el aprovisionamiento de armas cortas y de algunas de guerra que están en manos de grupos afines a la revolución chavista. Ya hemos visto como en el sector del 23 de Enero de Caracas pululan los grupos paramilitares y parapoliciales que imponen su ley portando armas que, por sus características y uso de munición, responden al esquema de armamento de los cuerpos de seguridad del Estado, de la GN y del Ejército. Un esquema parecido se está estableciendo en Mérida con unidades tácticas del chavismo que operan desde sus bases en las residencias de la Universidad de los Andes. Las autoridades rectorales están cansadas de apelar al gobernador del Estado para que desarme a estos comandos oficialistas.
Desde este punto de vista, cabe preguntarse si los diputados chavistas en la Asamblea Nacional están dispuestos a enfrentar la dura tarea de desarmar a estos grupos paramilitares y parapoliciales que actúan protegidos por el paraguas oficialista de ser defensores de la revolución. Ya en Caracas, en el sector del 23 de Enero, van 18 personas asesinadas este año por estos comandos anárquicos. Y que no digan que no saben quiénes son porque tienen años diciendo que controlan cualquier movimiento en el 23 de Enero.
Este domingo, nuestro suplemento Siete Días aborda el problema de la ley de desarme con un enfoque amplio, rotundo y positivo, pero a la vez humano, profesional y estremecedoramente crítico. Que caiga esta investigación en un terreno fértil para que se siembren soluciones.
El descontrol en la circulación de armas de fuego ha elevado la letalidad de la violencia, mientras los venezolanos esperan que los planes oficiales para revertir la situación sean más que promesas.
Expertos y activistas de los derechos humanos piden
profundizar y abrir más el debate sobre la nueva ley
Desarme no es una palabra vacía para José Palacios. En el último año y medio vivió dos tragedias que estuvieron ligadas a la proliferación de armas de fuego a su alrededor: “Mi hijo y mi nieto fueron asesinados a disparos”. Siente impotencia, pero no se resigna a vivir en un entorno en el que la ley se escribe con pólvora. Le parece que el Estado debería actuar con urgencia para sacar de circulación los arsenales que
han llevado la letalidad de la violencia criminal a niveles sin precedentes en la historia de Venezuela. “Es una necesidad nacional, hay que decir basta”, dice el dirigente comunitario del barrio Carpintero de Petare, municipio Sucre, con palabras que pudieran estar en los labios de millones de ciudadanos.
Palacios no se había recuperado del primer asesinato cuando sobrevino el segundo.
Su hijo, de 25 años de edad, fue abaleado cuando se dirigía a comprar víveres: “Llevaba 120 bolívares y se los quitaron. Lo golpearon con un palo y luego le dispararon. Sus dos niñas quedaron huérfanas”. El caso de su nieto, de 18 años de edad, fue distinto: “Se resistió a que le arrebataran la moto y por eso lo mataron”.
La suerte que corrieron ambos está lejos de ser excepcional. El Instituto Nacional de Estadística elaboró el año pasado una encuesta de victimización, cuyos resultados rebasaron incluso las proyecciones más audaces. Los cálculos indican que más de 950.000 delitos se cometieron con armas de fuego entre julio de 2008 y julio de 2009. En el período hubo 19.000 muertos por homicidios, de los cuales 80% recibió, al menos, un balazo, como el hijo y el nieto de Palacios.
El luto que ha ensombrecido dos veces a su familia motivó al dirigente comunitario a insistir en el reclamo de que se hagan realidad los fallidos anuncios oficiales de la aplicación de un desarme, que hubiera podido ayudar a evitar la muerte de muchas de las 130.000 víctimas de homicidios de los últimos 11 años y medio. En el mismo período que su hijo y su nieto fueron asesinados, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, en enero pasado, una ley de desarme y control de municiones destinada a actualizar la legislación sobre armamento, vigente desde 1939, y a sustituir la Ley de Desarme de 2002, que hoy es letra muerta. El vecino de Carpintero siente que no sólo se ha perdido tiempo, sino que el debate no ha sido suficientemente incluyente. “Hay que discutir ese tema con todo el país sin importar los colores políticos”, dice Palacios, de 48 años de edad. “Deberían, por ejemplo, trabajar con los alcaldes, que son los que mejor conocen sus comunidades”, suelta como una sugerencia de lo que aún se puede hacer.
La crítica de Palacios encierra un reclamo que expertos y activistas de derechos humanos ya han expresado a las autoridades: la necesidad de generar un debate de mayor alcance para construir consensos, perfeccionar la propuesta y evitar que otra tentativa de desarme muera antes de nacer. “El proceso debe ser mucho más transparente, la gente no conoce bien el proyecto y hay que construir confianza, pues entregar armas no es un tema fácil”, señala César Marín, uno de los coordinadores de la Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas y Ligeras (Iansa, por sus siglas en inglés).
Para ilustrar por qué lo dice, el activista habla de la experiencia de Guatemala, donde 36 años de conflicto armado interno dejaron una huella de cultura violenta. Allí, por ejemplo, se creó una Comisión Nacional para el Desarme que reunió las más altas instancias del Estado con sectores de la sociedad civil en 2005. Al cabo de 4 años, el Congreso redactó una ley. “Se hizo un proceso participativo importante”, relata Marín, que reconoce que el Estado venezolano ya hizo un esfuerzo semejante con la reforma policial y no ve por qué no pueda replicarse.
Del trabajo parlamentario se conoce sólo el proyecto que iba a ser presentado para la segunda discusión cuyo debate fue diferido el 16 de septiembre y un nuevo papel de trabajo que no ha sido difundido de manera oficial. Aunque Marín aplaude que el Parlamento avance en la legislación, no deja de señalar que el proyecto carece de un enfoque integral para regular el armamento desde su fabricación hasta su destrucción.
Ninguna disposición, por ejemplo, refiere a las obligaciones de la industria militar venezolana como fabricante. “El foco principal se puso sólo en los últimos eslabones de la cadena”. El Parlatino aprobó una Ley Marco de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados como referencia para los Estados miembros bajo el enfoque integral al cual alude Marín. “Podría tomarse en cuenta”, dice.
Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, afirma que la pluralidad sólo enriquecerá la discusión y ayudará a fortalecer la conciencia pública: “Hay consensos en asuntos clave y en la necesidad de la legislación”. La ley se convirtió en un tema de campaña para candidatos de oposición y del Gobierno con motivo de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. “Es importante evitar caer en la polarización porque eso no ayuda a buscar soluciones”, añade Ruiz.
La aprobación en segunda discusión está planeada para antes de enero, cuando se instalará la próxima Asamblea Nacional. La oposición ha propuesto que el tema sea tratado cuando asuman los nuevos diputados con un Parlamento con otra composición política.
Amplitud:
Una historia puede ilustrar cómo se materializó el debate del proyecto más allá de los muros oficiales. Once días antes de los comicios de septiembre, funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores convocaron de improviso a una reunión con representantes de organizaciones de derechos humanos que habían firmado cuatro meses antes un manifiesto en favor del desarme. El documento fue redactado después del encuentro Constructores de Paz, organizado por el Centro Gumilla y la Red de Acción Social de la Iglesia en mayo, en el cual se debatieron proyectos comunitarios dedicados a la prevención de la violencia. Allí se presentaron también experiencias internacionales en desarme como la de la organización no gubernamental Viva Río, de Río de Janeiro. El comunicado público expresaba, entre otras ideas, la necesidad de que se ampliara la participación.
Copias del texto fueron consignadas ante el Ministerio de Relaciones Interiores y el Parlamento por Josbelk González, entonces miembro del Centro por la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Las autoridades reaccionaron ante la correspondencia apenas el 15 de septiembre, apenas un día antes de la segunda y definitiva discusión de la ley. “Nos llamaron y nos fuimos corriendo para allá. Les preguntamos qué harían para ampliar la consulta”, recuerda Marín, que representó a Iansa. “La reunión duró hasta la noche. Presentaron el proyecto e incorporaron observaciones que hicimos y que recogían el espíritu del manifiesto”, señalan Luis Carlos Díaz y Alfredo Leal del Centro Gumilla. También acudió Pablo Fernández, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Los funcionarios mostraron receptividad ante los comentarios, pero una propuesta se convirtió en punto de honor para los activistas: la creación de un fondo para la atención de las víctimas y sobrevivientes. Éste sería constituido con el dinero recogido por las multas aplicadas a los infractores.
Ninguna disposición semejante había sido incluida. “Eso demuestra por qué se requiere más discusión. Aquí las víctimas atraviesan graves problemas, las familias muchas veces ni tienen para enterrar sus muertos”, afirma Marín.
Los activistas, sin embargo, saludan que el diálogo se abriera, a pesar del obvio telón de fondo electoral. “Los canales de participación están, pero muchas veces la sociedad no los utiliza y no va a las instituciones. Nosotros lo hicimos y obtuvimos un resultado”, afirma González cuando recuerda el episodio.
La segunda discusión avanzó hasta el segundo artículo.
Cilia Flores, presidenta del Poder Legislativo, señaló en su momento por qué se difirió: “Hay muchas propuestas que se han recibido en la consulta nacional. Se están trabajando y sistematizando para incorporarlas al proyecto”. Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa, ha respondido a las críticas sobre la falta de participación con un dato: se realizaron más de 120 mesas de trabajo con “instituciones y pueblo organizado” para debatir el texto. Sin embargo, diputados de PPT y Podemos dijeron entonces que desconocían el proyecto y que éste había sido remitido por el Gobierno.
(Des)confianza:
La necesidad de una discusión inclusiva no es caprichosa. La experiencia internacional acredita que los procesos legislativos ayudan a consolidar la conciencia colectiva indispensable para luego pasar a la ejecución. Hay expertos que señalan que la mayoría de las armas legales e ilegales en el país está en manos de civiles. La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional calcula que hay entre 8 y 15 millones de pistolas, revólveres y rifles. La importación para uso privado, de hecho, se disparó en los años del clímax de la polarización política entre 2001 y 2002. Uno de los desafíos planteados es convencer a los ciudadanos de que tener armamento, incluso si es legal, implica riesgos. “Las probabilidades de que uno sea victimizado con su propia arma son muy altas”, dice Ruiz. “Buena parte del mercado ilegal se alimenta de las pistolas y revólveres que son adquiridos legalmente, pero que luego los delincuentes roban o hurtan”.
Pero las fallas del Estado para garantizar la seguridad ciudadana no alivian las inquietudes de un tercio del país que manifiesta la disposición de armarse si pudiera, según estudios del Observatorio Venezolano de la Violencia. También hay críticos que consideran que con ley o sin ella los organismos del Estado no trabajan como deberían para desarmar la delincuencia o grupos con arsenales (como los del 23 de Enero o los fronterizos como el FBL). Sólo entre 2002 y 2006, se destruyeron 66.529 armas según reportes oficiales. Otras 32.470 fueron fundidas en un acto público en noviembre pasado.
Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, se pregunta cómo generar confianza sin transparencia en el debate legislativo y con un discurso político encendido. “El verbo presidencial tampoco ayuda. Hay que desarmar las palabras”.
Isabel Rada, concejala del PSUV en el municipio Sucre, no olvida lo que hizo hace dos años cuando promovió una ordenanza de desarme para la jurisdicción. “Hablamos con todos sin importar afiliación política: comerciantes, estudiantes, fuimos a las urbanizaciones y a los barrios”, dice la funcionaria. “Ahora hay que hacer lo mismo”. José Palacios, que cree que la nueva Asamblea Nacional debería asumir la discusión de la ley, recuerda lo que hizo Rada. “Se puede hacer, pero falta la voluntad”.
Por: DAVID GONZÁLEZ
DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM
Nación ¦ Politica
EL NACIONAL
Un cheque por 750.000 dólares fue la prueba final que el FBI necesitó para
apresar a Rafael Ramos.
Se giraron instrucciones por correo electrónico
para que se hicieran las transferencias
Pocos momentos antes de la cita en el hotel Viceroy, en el downtown de Miami, el vene- zolano Rolando Araujo, uno de los accionistas de la firma bursátil Unovalores, fue sometido a una cuidadosa revisión por técnicos del Buró Federal de Investigaciones para esconderle en el cuerpo un diminuto micrófono de alta definición destinado a una operación encubierta decisiva.
Eran las 8:00 de la noche del sábado pasado. El FBI había contactado con Araujo por intermedio de Tomás Vásquez, el otro accionista de Unovalores que colaboraba con los agentes federales en la operación contra Rafael Ramos, interventor de la empresa bursátil, que estaba intentando concretar una extorsión por 1,5 millones de dólares.
Era la última parte de la operación. Ramos había recibido un primer pago de “buena fe” de 50.000 dólares a través de su intermediaria, Adriana Grillet, una empresaria venezolanoamericana que reside en Estados Unidos. El dinero había sido aportado por otra persona vinculada con la operación, con aprobación del FBI.
Ramos había girado instrucciones por correo electrónico para que le hicieran varias transferencias, entre ellas una de 100.000 dólares a su cuenta en Islas Caymán, otra de 70.000 a una cuenta en Panamá a nombre de Juan Carlos González González, la entrega de 60.000 dólares en efectivo en Caracas, y 20.000 dólares para gastos operativos.
Los depósitos debían hacerse en dos cuentas corrientes de Bank of America, a nombre de la firma Jodshad Jewels Investments LLC, de Hollywood, al norte de Miami.
El siguiente paso era crucial:
Vásquez debía entregar un cheque de gerencia por 750.000 dólares para sellar el supuesto acuerdo con Ramos. Se trataba de un cheque falso, parte de la estrategia encubierta.
Vásquez le había pedido a Araujo que le entregara el cheque a Ramos. Cuando Araujo dudó en hacerlo, el agente federal Daniel Johns, que coordinaba la operación secreta, solicitó la cooperación de Araujo para que se efectuara la entrega, con el fin de grabar el encuentro con Ramos. Hasta ese momento Araujo no sabía que el FBI estaba tras la operación.
La entrega:
Ramos había tenido un sábado muy ocupado.
Desde la mañana había estado en reuniones con los directivos de otra casa de bolsa a la que supuestamente estaba extorsionando, de acuerdo con documentos de la Corte Federal.
Las autoridades creen que Ramos también estaba intentando extorsionar a los directivos de Italbursátil, otra de las firmas en la que actuaba como interventor.
Para Araujo no fue difícil atraer a Ramos a la trampa que el FBI le había montado.
Contaba con la plena confianza del interventor y mantenía constante contacto telefónico y personal desde la llegada del funcionario a Miami.
El día de la detención, Araujo llamó a Vásquez para explicarle que había recibido un ultimátum: Ramos exigía una transferencia de 325.000 dólares y el pago final de 750.000 dólares para sellar el acuerdo. Vásquez dio a entender que aprobaba el trato.
Cerca de las 7:00 de la noche del sábado, Araujo se encontró con el interventor en el Dolphin Mall, centro comercial de Doral, en el noroeste de Miami.
Luego de esa reunión, Araujo se encontró con Vásquez para cuadrar la entrega del cheque.
Conversó una vez más con Ramos telefónicamente a petición del FBI, que estaba grabando la conversación. Araujo le comunicó al interventor que estaba listo para hacerle el pago esa misma noche. Al día siguiente debía salir de viaje a Orlando.
Ramos aceptó un encuentro en el lobby del hotel Viceroy.
Tras una breve conversación que fue grabada, Araujo entregó el cheque.
Cuando Ramos se llevó el cheque al bolsillo, un comando de agentes encubiertos del FBI irrumpió en la entrada del hotel.
Ramos, lívido, aceptó hablar en privado con los agentes.
Tras ser conducido a la parte trasera del hotel, Ramos sacó voluntariamente el cheque de 750.000 dólares del bolsillo izquierdo de la camisa y lo entregó al FBI. Inmediatamente fue trasladado a las oficinas de la agencia en North Miami.
Ya en el FBI, un oficial le dijo formalmente que era detenido por extorsión a Tomás Vásquez y le leyó sus derechos. Aunque Ramos trató de argumentar que no se trataba de una extorsión sino de un soborno, finalmente admitió que exigir 1,5 millones dólares a cambio de un reporte de la Comisión Nacional de Valores favorable a Unovalores había sido idea suya. El calvario de Ramos apenas comenzaba.
La misteriosa mujer:
A lo largo del documento federal que describe las operaciones del FBI para capturar a Rafael Ramos de la Rosa, aparece una mujer como la principal intermediaria en los pagos exigidos por el interventor a los propietarios de Unovalores: Adriana Grillet.
Venezolana con más de 30 años de residencia en Estados Unidos, Grillet tuvo un papel crucial no sólo como receptora de varios pagos que los extorsionados hicieron a Ramos, sino también como factor de presión e intimidación para agilizar las transferencias de dinero.
Cuando se le llamó a su teléfono celular el lunes pasado para solicitar su versión de los hechos, dijo: “No tenía idea de lo que estaba pasando”.
Sin embargo, admitió que conoce a Ramos “desde hace mucho tiempo”.
Todavía no está claro si será juzgada como cómplice de la extorsión o si fue exonerada por colaborar con las autoridades federales para aprehender a Ramos.
La mujer, que es hermana de Williams Grillet, interventor de la firma bursátil U21, mantenía conexiones con un importante medio de comunicación en Miami y, de acuerdo con los papeles de la Corte, amenazaba con enlodar la reputación de Vásquez y Araujo si estos se negaban a acceder a la extorsión de Ramos.
Fue ella quien recibió al interventor cuando llegó al aeropuerto de Miami el 21 de este mes, según los documentos de la vigilancia que estableció el FBI.
Por: CASTO OCANDO ¦ MIAMI
Internacional ¦ Política
EL NACIONAL
Patria para Todos denunció plan del oficialismo para restarle fuerzas
y desplazarlo de la escena política.
No aceptarán chantajes
Descubrieron que han ofrecido recursos a dirigentes y militantes en Guárico para que renuncien en masa y anuncien, públicamente, el interés en ingresar a las filas del PSUV. También tienen información del pacto que, al parecer, hizo el partido rojo con sectores de la oposición para quitarle un lugar visible en el tarjetón de los comicios del 5-D.
José Hernández, secretario político del partido, reveló que preparan un informe con todos estos hechos y lo harán público en las próximas horas: “PPT es como aquella película Duro de matar, así que perderán dinero y tiempo. ¡Jugamos duro! Intentan socavar nuestras bases, pero no podrán.
En Venezuela, ser de izquierda y, más si eres del PPT, es un riesgo”.
Dijo que promoverán un acuerdo puntual, táctico, en la entidad llanera con la oposición: “Nadie nos empujará a la Mesa de la Unidad; si coincidimos en salvar a Guárico, lo haremos; si hay diferencias, las expresaremos”.
Confirmó que han tenido contactos con la oposición, pero advirtió: “No aceptaremos chantajes. Trataremos de que exista un solo candidato”. manifestó Henández
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
Elecciones ¦ Política
EL NACIONAL
El Minci gastará 40 veces más en difundir los logros de Chávez que en
apoyar y fortalecer proyectos de comunicación alternativos.
Bisbal y Koeneke afirman que el Gobierno
trata de revertir la imagen negativa
La tarea primordial que debe cumplir en 2011 Mauricio Rodríguez Gelfenstein, titular del Ministerio de Comunicación e Información, será cuidar la imagen del Gobierno, especialmente la de su representante máximo, Hugo Chávez.
De los recursos con los que contará el año que viene (casi 600 millones de bolívares), una importante tajada se dispondrá exclusivamente para resguardar la figura presidencial: 398.012.484 bolívares.
A pesar de que entre los objetivos del Minci está difundir los logros de la gestión del Gobierno, también aparece entre los más importantes “integrar y apoyar a los medios de comunicación alternativos, comunitarios” para promover la pluralidad, el equilibrio informativo y la participación ciudadana.
Sin embargo, este ámbito no contó con la misma suerte en la asignación de recursos, de hecho, sólo obtuvo 9.807.794 bolívares; una cifra 40 veces inferior a la destinada a difundir los logros del Ejecutivo.
Este monto incluye 5.376.955 bolívares para el desarrollo e impulso de los medios alternativos, integrados por productores nacionales independientes que buscan “democratizar los servicios de radio y televisión”.
Un monto superior (6.365.896 bolívares) va a los servicios de lavandería y tintorería previstos en el presupuesto nacional y un monto 8 veces más grande (43.241.149 bolívares) se utilizará, según lo establecido también en el presupuesto nacional, en calzado.
Hay que agregar 4.430.839 bolívares que se utilizarán para el fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios (capacitación, información, dotación tecnológica, acompañamiento y dificultades para la sostenibilidad económica y política). Si se suman los dos montos que van a estos medios, se obtienen un total de 9.807.794 bolívares.
Los objetivos del Minci serán delegados en un personal compuesto por 1.017 trabajadores, entre ellos 379 fijos y casi el doble de contratados (638). Los trabajadores costarán 36.618.732 bolívares al ministerio. El personal que se calculó necesario para el ejercicio fiscal de 2010 es de 986 trabajadores, 258 fijos y más del doble de contratados (728), con una inversión que es de 25.960.036 bolívares.
El director del Posgrado de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Marcelino Bisbal, considera que la baja inversión en los medios alternativos tiene que ver con que este es un Gobierno profundamente personalista en el que todas las políticas confluyen en la imagen del Presidente.
Bisbal dijo que los medios alternativos no ayudan a reforzar la figura del primer mandatario: “En el plano teórico, deberían reforzar la imagen del Presidente, pero ellos saben que en la práctica esos medios tienen un bajo impacto en la sociedad. 75% del país nunca ha tenido contacto con los medios comunitarios”.
Casi 400 millones:
En el monto destinado a difundir la imagen del Gobierno están incluidos: 22.502.735 bolívares para garantizar la cobertura y la difusión comunicacional de las actividades presidenciales, mejorar la plataforma tecnológica y los espacios físicos de trabajo, y realizar el mantenimiento del sistema de cobertura y difusión comunicacional de las actividades presidenciales; 6.700.947 bolívares para la producción de Aló, Presidente ; y 18.653.074 bolívares para “disminuir la contraofensiva comunicacional y fortalecer el posicionamiento de la gestión comunicacional”, con la intención de reforzar la imagen del Gobierno mediante el desarrollo de campañas publicitarias.
Es importante destacar que para una difusión exitosa de los logros del Gobierno, es necesario que se apoye económicamente a los medios del Estado, lo que el Ejecutivo sabe muy bien. Entre Venezolana de Televisión, TV Sur, la Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, Radio Nacional de Venezuela, Ávila TV, la Agencia Venezolana de Noticias y la Fundación Correo del Orinoco (por mencionar algunos) se llevan 350.154.855 bolívares el año que viene. Sumado a lo anterior se obtiene un monto de 398.012.484 bolívares.
Una de las razones que habría impulsado la inyección de recursos para informar sobre la gestión gubernamental fue la crítica que el presidente Hugo Chávez realizó el 8 de octubre a su tren ministerial, cuando dijo: “La política informativa nuestra sigue siendo mala, muy mala. Eso hay que reconocerlo”.
En esa ocasión, mientras el Presidente inauguraba una escuela en Fuerte Tiuna, les pidió a los ministros de Información y Educación, Mauricio Rodríguez y Jennifer Gil, respectivamente, que fueran más creativos y que encadenaran radio y televisión cada vez que fuera necesario.
El politólogo Herbert Koeneke considera que se realiza esta alta inversión en la imagen del Ejecutivo porque 2011 es un año preelectoral, en el que el Gobierno está interesado en exaltar la figura del Presidente y los logros de su desempeño.
Cree que el año que viene el primer mandatario aumentará sustancialmente el número de cadenas televisivas.
“El Gobierno está convencido de que hay una erosión gradual de su apoyo, lo que quedó demostrado el 26 de septiembre, cuando obtuvo menos votos que la Mesa de la Unidad.
Es por esto que hará un gran gasto en propaganda”, aseguró Koeneke.
Bisbal está de acuerdo con que en 2011 el Gobierno buscará revertir la pérdida de popularidad, apoyándose en la propaganda mediática, por lo que la partida presupuestaria para la imagen del Ejecutivo tiene que ser alta. “Sin embargo esto puede tener un efecto boomerang, contraproducente, porque tantas apariciones pueden generar una saturación que afecte la imagen del Presidente”, aclaró.
Aseguró que después de 11 años no hay propaganda que logre revertir una mala gestión, evidenciada en las carencias en la salud, la inseguridad, las expropiaciones y hasta en la precaria situación del Metro de Caracas.
ALEX VÁSQUEZ S.
alvasquez@el-nacional.com
PRESUPUESTO 2011 ¦ Política
EL NACIONAL
Chávez tiene el egotismo y el narcisismo en los
cromosomas; él no cambiará ni fuera del poder
–¿Lo sigue persiguiendo el Sebin?
-Estos organismos de inteligencia, que no tienen inteligencia, no tienen por qué hacerlo. Todo el mundo sabe dónde estoy.
–¿Alguna semejanza con las persecuciones de los sesenta, setenta, ochenta?
-No había persecuciones sino administración de justicia.
–¿Qué tal el seguimiento que le hace VTV?
-Los villanos cobran hasta en las películas. Estoy tentado a enviarles una carta, porque sin mí la programación caería 65%.
–Cuando estaba en el poder, ¿persiguió a alguien?
-¡A nadie!; es más, en esa época también el canal 8 me maltrataba.
–¿Es el pueblo chavista el pueblo adeco de antes?
-No. El pueblo muta sus preferencias electorales por sus percepciones.
–Dicen que algunos empleados públicos sabotean el proceso…
-Si al cabo de 11 años es así, o son unos ineptos o unos sinvergüenzas.
–Un adeco dijo que AD era bueno ganando elecciones pero no gobernando: ¿otra semejanza con el PSUV?
-Es como comparar a la Acción Democrática de Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Luis Beltrán Prieto y Juan Pablo Pérez Alfonzo, con el PSUV de Aristóbulo Istúriz y el petrolero rojo-rojito. Sobre todo comparar a Chávez con Gallegos y Rómulo Betancourt.
–¿Y en eso de las milicias?
-Todos los partidos tenían grupos que chocaban en la calle, pero nada parecido a La Piedrita, Lina Ron, las reservas y paramilitares en carros oficiales.
–¿Otro como usted para un tête à tête Muchos.
-Ya Chávez perdió la capacidad de asustar a los dirigentes de la oposición.
–¿El error histórico de AD?
-No haber defendido suficientemente la enorme obra de transformación que hicimos.
–¿Erraron al defenestrar a Carlos Andrés Pérez?
-AD simplemente acató una decisión del TSJ, aun cuando se trataba de un juicio amañado. Históricamente fue un error.
–¿Cree que Chávez sea enjuiciado?
-Absolutamente.
–¿Tararea la changa que le compuso el chavismo?
-A cada momento; es muy creativa y pegajosa.
Me hicieron un favor sin proponérselo.
–¿Lo siguen provocando?
-Sí, y la respuesta es la misma: no me van a provocar, y sigo adelante.
–¿Cómo pronuncia tantos epítetos seguidos?
-Por un conocimiento más o menos fluido del idioma. El énfasis es otra cosa.
–¿Fue otro error el retiro de las elecciones de 2005?
-Visto desde ahora, sí, pero aquel clima de opinión obligó a retirarnos.
–¿Cómo se hará sentir la mayoría perdedora en el Parlamento?
-Cuando perdimos lo aceptamos democráticamente.
–¿Cómo se sentirá una mayoría que no es democrática porque dejó de serlo?
-Ojalá se den cuenta de que no lo son.
–¿Su estrategia para frenar esta tendencia?
-Mucha fuerza y capacidad de resistencia. De la unión opositora depende que Chávez se recupere o no del precipicio en que cayó.
–¿Cojea la MUD?
-Tiene fallas y es una unidad frágil, pero ha demostrado que con el esfuerzo de todos puede obtener excelentes resultados.
–¿Quién le pondrá el cascabel al PPT?
-El mismo PPT.
–¿Una ley que frene el socialismo del siglo XXI?
-¿Qué es el socialismo del siglo XXI?: un acto en Mercal o una reunión con Evo.
–¿Por qué todavía recuerdan a Pérez Jiménez?
-No creo que ya tanto. Conozco a gente joven que recuerda a Gómez.
–¿Le ha hecho llorar el proceso?
-Con los años a uno se le aguan los ojos con facilidad; ahora más por la patria adolorida.
–¿Una tentación?
-Vivir con más tranquilidad.
–¿Un deseo reprimido?
-Ser músico.
–¿Bolívar o Páez?
-Paecista hasta la pared del frente, como buen valenciano.
–¿Cómo mantienen el edificio de la Casa Nacional de AD?
-Con el alquiler del edificio de al lado.
–¿Ha sentido miedo?
-Claro, la vida es un miedo permanente.
–¿Estaría dispuesto a ceder un poquito ante la revolución?
-Imposible. Chávez tiene el egotismo y el narcisismo en los cromosomas; él no cambiará ni fuera del poder.
–Raro que no lo han apresado…
-Supongo que por el alto costo político de apresar al secretario general del partido opositor más importante y tenaz ante el Gobierno.
–¿Volverá Ledezma a AD?
-Lo veo como si fuera uno de nosotros.
–¿Su cuota de responsabilidad por haber llegado a este llegadero?
-No es verdad que en los procesos sociopolíticos aquellos polvos trajeron estos lodos.
De ser así, después de Chávez vendría un gobierno enormemente catastrófico.
–¿Habrá elecciones en 2012?
-Habrá, y las vamos a ganar.
–¿Sigue pensando en la Presidencia?
-Esa no es una pregunta ¡sino una emboscada! No tengo esa obsesión.
–¿El candidato opositor?
-Por primarias se elegirá a un socialdemócrata.
–¿Qué pasaría en Venezuela si el Gobierno instalara una asamblea constituyente para modificar el sistema electoral?
-Acaba de perder una elección voto a voto. Si hiciera esa elección sin la trampa de los circuitos la perdería voto a voto.
* HENRY RAMOS ALLUP, DIPUTADO ELECTO A LA ASAMBLEA NACIONAL
JOLGUER RODRÍGUEZ COSTA
jolguerr@gmail.com
Elecciones ¦ Política
EL NACIONAL
Se desempeña simultáneamente como jefe de seguridad del Ministerio de
Agricultura y Tierras y el INTI
Arturo Cubillas se mueve por Caracas
en moto y con escoltas armados
Canoso, de mirada inquieta, estatura mediana y nariz puntiaguda. Arturo Cubillas Fontán es un hombre libre. Se mueve con soltura por las calles de Caracas, pero sus pasos son custodiados por un escolta motorizado que no duda en descubrir su Glock ante la aproximación de cualquier sospechoso.
El viernes en la mañana, mientras el Gobierno de España formalizaba la solicitud de extradición del presunto terrorista por la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, el ex etarra tomaba café y degustaba un dulcito junto con su abogado Marino Alvarado, en un solitario y llamativo establecimiento de la avenida Universitaria, en la parroquia San Pedro, de Caracas.
El abogado Marino Alvarado se reunió el viernes en la mañana con el ex miembro de ETA Arturo Cubillas en un local de Valle Abajo, muy cerca de donde este reside.
Compartían una mesa en el segundo piso del restaurante Pastelería Dulces Caprichos, donde debatían acerca de las estrategias que utilizarían el próximo martes 2 de noviembre durante la comparecencia de Cubillas ante el Ministerio Público venezolano. Evaluaban la posibilidad de no presentarse, debido al incidente en el que fueron retenidas las dos abogadas españolas que lo asistirán.
La conversación fue alterada por la llegada de inesperados clientes al local. Alvarado miraba con cautela a los visitantes, Cubillas se levantó de la mesa y caminó dos pasos en dirección a la escalera.
Afuera, su guardaespaldas se apresuraba.
–¿Es usted Arturo Cubillas?
-Y tú ¿quién eres?, respondió con una marcado acento vasco y se volvió hacia la mesa donde había estado sentado.
Miró al abogado y, luego de un gesto que mezclaba sorpresa, confusión y hastío al advertir la presencia de periodistas, los dos hombres sonrieron.
Quizás algo aliviados.
–¿Es él Arturo Cubillas?, la pregunta ahora estaba dirigida al abogado.
-Alvarado, todavía con la expresión de desconcierto de quien se siente descubierto, asintió con la cabeza.
“Aquí me ves, soy un hombre de carne y hueso, normal”, soltó Cubillas, abriendo los brazos con la intención de dejar ver su humanidad. Vestía pantalones de jean, franela roja, chaqueta negra y en su cuello colgaba un collar de cuero con una runa.
Se despidió de su abogado y advirtió que no daría declaraciones, y que tampoco quería fotos. “Ya estoy ladillado de todo esto”, dijo, utilizando una expresión muy venezolana, mientras su escolta, desde abajo, no perdía detalle de lo que ocurría.
A Cubillas se le vio bajar la escalera, pero no salir del local.
El hombre que lo esperaba volvió a cubrir la pistola que había dejado al desnudo minutos antes y se alejó sólo en la moto.
Vida de paisano en un barrio clase media:
Desde hace 19 años, Arturo Cubillas vive en el mismo apartamento, en un edificio ubicado en el sector Valle Abajo de Los Chaguaramos, parroquia San Pedro.
“Frente a la avenida Universitaria, junto a la iglesia San Pedro y la panadería Pan del Abuelo”, es la dirección sin nombre del edificio que aparece en los registros de las oficinas gubernamentales de Venezuela.
Aunque no es un residente nuevo, es poco conocido por su nombre y antecedentes entre los habitantes de la zona.
Cubillas hace vida normal en el sector que concentra a una importante colonia española.
Frecuenta los establecimientos cercanos a su vivienda, como el local en el que compartía con su abogado, y la panadería Dallas, de mucha tradición en la zona. Logra pasar inadvertido ante sus vecinos, pese a que siempre está acompañado, al menos, por un escolta.
“¿Quién?, ¿Cubillas por aquí?”, expresó con sorpresa la encargada de uno de los tantos locales de repuestos automotores de la zona. Recordó que sólo ha visto medidas especiales de seguridad de la hermana del canciller Nicolás Maduro, que también es vecina de Valle Abajo.
José Arturo Cubillas Fontán, como aparece en el Registro Electoral Permanente de Venezuela, vota en la mesa 4 del colegio San Pedro, situado junto a la iglesia que identifica a esta parroquia. Se inscribió en 2004 y desde entonces ha participado en todos los comicios que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le permite, inclusive las elecciones parlamentarias del pasado mes de septiembre.
El arraigo de Cubillas en la zona donde reside como venezolano y su pasión culinaria lo habrían llevado a abrir un pequeño restaurante recientemente, comentó un conocido del ex cocinero del Centro Vasco; sin embargo, Marino Alvarado negó esta versión y recordó que hace unos años su cliente tuvo un pequeño restaurante en Parque Central, el cual cerró debido al incendio de la Torre Este.
El abogado también explicó que el departamento donde reside Cubillas es alquilado y desconoce si su cliente tiene vehículos propios, pues se desplaza en unidades oficiales de las instituciones del Estado venezolano para las cuales trabaja.
A cargo de toda la seguridad:
Todos los días, Arturo Cubillas atraviesa la ciudad para ir desde San Pedro hasta la sede del Instituto Nacional de Tierras, en Vista Alegre. Allí permanece toda la mañana y al mediodía se traslada a Candelaria, donde funcionan las oficinas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Hace unos meses le asignaron el cargo de director de Seguridad de este despacho gubernamental y desde entonces se ocupa de ambas dependencias.
“Acostumbra salir muy temprano en la mañana. Se cuida mucho y cambia de medio de transporte regularmente. Anda en camionetas y motocicletas, pero prefiere desplazarse en estas últimas”, comentó un ex compañero que describió al presunto terrorista como un hombre exigente en el trabajo, tranquilo, de pocos amigos y con una vida social discreta.
Las funciones de su cargo lo obligan a viajar por todo el país para visitar las dependencias del INTI, organismo que se ocupa de las expropiaciones de tierras en Venezuela, y en el que trabaja desde 2008.
“No participa directamente en las expropiaciones; dirige la logística desde Caracas”, explicó la fuente. También es responsable de la seguridad de los funcionarios que salen en las misiones a las provincias y del cuidado de las instalaciones, señaló Marino Alvarado.
Quienes han trabajado con Cubillas lo consideran, sin titubear, un experto en el manejo de armas y explosivos.
Su abogado asegura que “eso es totalmente incierto”, pues Cubillas, de 45 años de edad, llegó a Venezuela cuando era un joven de 23 años; sin embargo, no encontró explicación precisa al hecho de que su defendido ocupe un cargo destinado a personas con amplios conocimientos en estas lides.
Alvarado también negó la presunta vinculación de su defendido con la guerrilla colombiana. Aunque algunos ex compañeros de funciones del vasco aseguran: “Se ha reunido con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el estado Zulia”.
Hace unos años aparecieron videos en los que se denunciaban encuentros similares en esa entidad de Gian Carlo Di Martino, entonces alcalde oficialista de Maracaibo, con el mismo grupo irregular.
El ex miembro de ETA ha procurado y ha logrado hasta ahora mantener su imagen lejos de las cámaras; sin embargo, su abogado intenta convencerlo de enfrentar a la prensa en los próximos días, a fin de desterrar de los medios de comunicación toda supuesta “especulación” sobre las actividades de Cubillas en Venezuela.
Por: RONNA RÍSQUEZ
rrisquez@el-nacional.com
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EL NACIONAL
El hampa entró a 395.754 casas en Venezuela en 2009. El pánico no termina
en las calles. Ciudadanos son víctimas de robos, hurtos y secuestros en sus casas.
Rejas y balcones son los más
usados para protegerse
El 64,4 % de los venezolanos teme ser víctima del hampa en sus hogares. Los delitos más comunes son el hurto, el secuestro y los robos colectivos en edificios.
En una quinta se lee en un discreto cartel: “Peligro. Alto voltaje”. Detrás del portón, con el aviso, Mercedes García dueña de la propiedad confiesa que tiene miedo de abrir la puerta.
“No estamos seguros en casa. Ahora no podemos confiar en nadie”, afirma.
Su vivienda está en construcción, pero cuenta con dos cámaras, cerca electrificada y otras tecnologías para afrontar el hampa. En cinco meses ha escuchado historias de robos, secuestros y dos asesinatos de vecinos en sus domicilios en ese sector de Prados del Este.
“La del frente una casa de fachada blanca cubierta de arbustos fue asaltada el domingo. Arriba, en la calle Amazonas, supe que mataron a una señora para robarla en su casa.
También escuché de otro señor que asesinaron unos ladrones que huían”, dice la mujer.
Las cifras del INE reportan que en 2009 ocurrieron 395.754 delitos en casas y apartamentos en todo el país.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, 57,62% de los robos y hurtos se registraron en el barrio o la urbanización donde vivían los afectados. El sondeo del Instituto Nacional de Estadística también indica que 69,5% de los hogares atacados por el hampa era de los estratos IV y V.
Luego del robo colectivo a las residencias Palmira en Terrazas del Ávila, dos familias se mudaron del edificio. “Eso espantó a la gente. Nos ataron con un precinto de seguridad de los que usa la policía. El atraco duró seis horas, sabían a qué apartamentos ir.
Vestían y hablaban bien”, contó un testigo.
“Yo llegué unos minutos después del incidente, pero me dio dolor ver asustados a los niños por haber sido sometidos. Nos dejó mal esa situación”, dijo Hugo Fuentes, residente del edificio. Lo mismo ocurrió con un vecino de origen libanés que decidió irse del país al presenciar el robo colectivo en residencias Altos de Manzanares.
Los habitantes de las urbanizaciones y vecindarios del oeste y suroeste de Caracas también entran en la estadística.
Daniel Velásquez contó que un grupo de adolescentes asaltó su casa en el sector Los Telares, en la UD-7. “Me pedían dinero, pero yo no tenía. Me golpearon y amarraron. Robaron los pocos corotos: plancha, secador de pelo y ropa”, relató.
Él sólo goza de una protección: ojos bien abiertos. Explica que el resguardo policial no llega a las casas en los barrios.
“Hay malandritos, drogadictos, que siempre están buscando a quién quitarle para comprar su vicio”, añade.
Alerta.
Los habitantes del este de Caracas han detectado un modus operandi común: “Son bien planificados, usualmente conocen a sus víctimas. Esperan que alguien esté saliendo, algunas veces los interceptan y otras entran cuando la puerta queda medio abierta”. Así lo explica José Antonio García, director de la Asociación de Vecinos de Terrazas del Ávila.
Por la manera de actuar, Donovan Cassidy, vecino de Terrazas del Ávila, cree que los que robaron su casa fueron agentes de seguridad. “Tenían entrenamiento policial, se veía. Eran cuatro hombres. Había uno `bueno’ que intentaba tranquilizarnos, y otro `malo’ que constantemente amenazaba”, afirma.
A él lo robaron el 27 de julio al mediodía cuando estaba leyendo un libro en el estudio de su casa. Escuchó un ruido, al voltear sintió el cañón de una pistola en su cabeza. Le ordenaron que entregara una caja con dólares, que no existía.
“Mi esposa y yo fuimos maniatados. Afortunadamente, no nos hicieron nada, pero en menos de 30 minutos se llevaron joyas y objetos de valor.
Pusieron la casa patas arriba. A veces piensan que uno es rico por vivir en esta zona, pero no es así”, agrega.
Policías prevenidos:
El comisario Freddy Rodríguez Rico, director de la Policía de Baruta, ordenó mayor circulación de agentes en vacaciones, fines de semana y días feriados. “La gente sale de sus casas y los delincuentes saben que están solas. Debemos brindar más vigilancia, pero también depende de que los vecinos tomen medidas de prevención”, asevera.
La teoría del comisario Daniel Jóvez, director de la Policía de Chacao, es que cuando el asaltante entra a una vivienda opta por el hurto. “Es más sencillo. Entran, en el caso de los edificios, haciéndose pasar por proveedor de algún servicio y con herramientas forcejean puertas de algún apartamento solo”, explica.
Un delincuente apodado “Cara Cortada” hizo estragos en 10 viviendas de Chacao en 2009. “Está detenido. Tenía una habilidad increíble para entrar a residencias. Se llevaba objetos que pudiera vender rápido: computadoras portátiles, joyas, relojes, además de dinero en efectivo”, dijo el director de Polichacao.
Con apariencia de estudiante universitario, “Cara Cortada” logró escaparse en dos oportunidades de los agentes del municipio. Buscaba uniformes y credenciales de compañías de servicio, estudiaba los apartamentos solos y engañaba a los vigilantes.
Al consumar el delito, salía tranquilamente de las residencias, incluso saludaba a través de las cámaras de seguridad. No operaba con ninguna banda.
Secuestros también:
De acuerdo con el modus operandi que han observado los agentes policiales, el plagiario suele captar a su víctima en las cercanías de sus viviendas.
José Pérez salía una mañana de su casa en El Hatillo cuando lo interceptó un hombre disfrazado de médico. “Luego llamó a los demás, unos cuatro.
Tenían mucha información sobre mí. Me hicieron entrar a la casa otra vez para pedir rescate y duré seis horas secuestrado ahí”, cuenta.
Él es uno de los cuatro casos de plagios denunciados este año en el municipio. Según las estadísticas, 38% de las víctimas de secuestros no denuncia. “Los secuestradores tenían miedo que alguien notara mi estadía. Cuando se sintieron seguros, uno de ellos me sacó de la casa y nos fuimos en un carro”, recuerda.
Pérez sospecha que lo siguieron durante meses, pues varias veces notó un carro que se paraba cerca de su casa. “Lo único que me quedó fue la impotencia”.
Aunque en los municipios Sucre, Chacao y Baruta hay denuncias de personas secuestradas cuando entraban o salían de sus residencias, las estadísticas de los expertos indican que por cada plagio denunciado hay cinco que no se denuncian.
Ingenio contra el hampa:
La incursión de delincuentes en las viviendas estimuló la instauración de mecanismos de seguridad alternos. En Prados del Este, la asociación de vecinos aplicó un sistema que consiste en apretar un botón del celular para avisar a los policías cuando está ocurriendo un delito.
“La alerta es recibida en un centro de operaciones que actúa rápidamente y envía una patrulla policial”, explica Werner Lenke, director de la Asopraes.
Alrededor de 200 familias están afiliadas al dispositivo en la urbanización.
Lo inventó un vecino, Pietro Peseifeltri, que estaba preocupado por la inseguridad. “A veces lo accionan por error, pero sí ha servido para evitar crímenes”, asegura Lenke. En Terrazas del Ávila optan por métodos menos complejos. Instalaron 25 cámaras de seguridad en distintos puntos capaces de captar las placas de vehículos. “Permiten detectar con detalle quién transita en la zona. Si alguien comete un delito, el rastreo será más fácil para la policía”, dice José Antonio García, presidente de Asotea. También pagan a una empresa de seguridad para tener vigilantes en las avenidas. Con el desarrollo de esos mecanismos, la comunidad tiene esperanzas de recobrar la tranquilidad.
Amanecer en las discotecas y salir en grupos son medidas para esquivar la delincuencia.
Por el hampa, bajan las ventas
en los locales nocturnos
La requisa es minuciosa. En la entrada, oscura, dos vigilantes corpulentos un hombre y una mujer ordenan abrir los bolsos. Sin notificar, cachean cuidadosamente a los clientes. “Son las reglas: unos deben pasar y otros no”, advierten.
La entrada a una discoteca, en Caracas, recuerda la de una cárcel. Los clientes lucen despreocupados, están acostumbrados a revisiones exhaustivas en sus salidas grupales.
“Yo nací viendo esto. Mis papás se alarman cuando digo que rumbearé. Pero es que ellos vivieron otra época“, afirma Ronaldo Hernández.
La época que refiere el muchacho terminó cuando Caracas pasó a ser la ciudad más violenta del mundo. “¡19.000 homicidios! Eso es una atrocidad, Venezuela nunca había tenido tantos asesinatos en un año. Por eso, intento salir menos”, dice José Manuel Rodríguez, un profesional que cenaba en Las Mercedes Ingeniero, 45 años de edad, canoso, tiene un curioso hábito: mirar insistentemente el reloj. El jueves salió a medianoche con su pareja, aunque evita estar en la calle al anochecer. Opta por restaurantes o la arepera donde se le entrevista. Hace una semana, ese sitio fue asaltado. Dos muchachos entraron para arrebatar carteras. “Eso indignó a los clientes, que los capturaron. Prácticamente fueron linchados”, cuenta José Manuel D’Aponte, el encargado de la arepera Caracas.
El comerciante ha presenciado secuestros, hurtos y golpizas. D’Aponte nota un declive en las ventas por la inseguridad.
No es el único perjudicado:
El hampa deambula en los puestos de perros calientes, taxis y discotecas. “Hay lugares escogidos por los delincuentes. En los barrios se ven más asesinatos y en el este de la ciudad, secuestros y robos”, dicen unos jóvenes en plaza Altamira.
El sitio, junto a Chacao y Las Mercedes, atrae a quienes quieren divertirse. Además de ser zonas comerciales, las personas que las frecuentan indican que allí hay menos delitos.
“Venimos porque estamos seguros. Hay zonas horribles, como el centro, que ya no pueden frecuentarse”, dicen unos muchachos en Teatro Bar, otro local en Las Mercedes.
Detrás le siguen una pareja de novios, Jean Paul Zune y Ruth Rivas, que convirtieron sus salidas nocturnas en operaciones comando. “Ella trabaja en la noche, la recojo y llegamos a su casa. Ahí, en Terrazas del Club Hípico, la dejo rápido porque la última vez me robaron el carro. Ni siquiera nos damos un beso”, señala Zune.
Encerrados es mejor:
Probablemente, algunas familias que iban a cenar en la arepera de D’Aponte decidieron escoger otros lugares. “Encerrados es mejor. Vengo con mis niños a pasear al Sambil, pero me recojo temprano”, relata Carmen Torres, ama de casa. Camina de prisa a la puerta del centro comercial. Son las 10:00 pm, reside a 4 cuadras pero prefiere pagarle 40 bolívares a un taxi para llegar a casa.
Hace dos viernes, 15 personas fueron asaltadas en la cola para comprar boletos en el cine de Centro Plaza. “Eran dos hombres, bien vestidos, con pistolas. Robaron a todo el mundo y salieron del centro comercial voladísimos”, cuenta Nelson Rojas. A él la escena le pareció una película de terror.
Película de terror:
En los cines de los centros comerciales de Chacao, el desfile de personas comienza a partir de las 6:00 pm. “Somos de Ciudad Bolívar, tenemos dos semanas en Caracas y salimos por primera vez en la noche al cine”, dice Salvador Azrak.
Las advertencias sobre la delincuencia en la ciudad han impedido los paseos nocturnos con sus hijos. Sólo tienen una recomendación: ir a centros comerciales. A pesar de que son lugares de recreación favoritos por brindar seguridad, no se salvan de la ola delictiva.
Pagar por la seguridad:
El patrullaje en las noches es circunstancial en el este de Caracas. Arnaldo Rodríguez, encargado de la discoteca B52 en Las Mercedes, indica que tienen resguardo. “La mayoría de los problemas se dan en la puerta. Nos caen a botellazos cuando impedimos que entren malandros. Por eso, tenemos que buscar más refuerzos”.
Él recibe con palmadas a los agentes policiales y ofrece algo de dinero para afianzar la protección. “Hay que darles un regalito, aunque siempre están pendientes”.
Para los comerciantes informales, la tarifa es menor.
“Mi jefe me dice que no dejemos de regalarle perros calientes a los policías”, explica el encargado de un puesto ambulante.
En algunos restaurantes disponen de un botón en la entrada, los policías de Baruta lo oprimen para dejar constancia de su paso y de su control.
MAOLIS CASTRO
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