Carlos Escarrá y Omar Barboza opinan sobre las
recientes expropiaciones anunciadas por Chávez
Carlos Escarrá: El dirigente del PSUV dijo que, en la cuarta república confiscaban para beneficiar a adecos y copeyanos, aunque reconoció que se expropiaron 52 parques nacionales entre ellos Morrocoy y El Ávila para el disfrute de todos.
En la quinta república, las expropiaciones tienen un fin político: ganar adeptos en la clase media que, en los últimos comicios, ha rechazado el proyecto político de Hugo Chávez: “El Estado protege a la clase media, a parejas jóvenes, profesionales. Ese es el sentir de las medidas. Aclaro: las residencias no se les dará a un tercero, sino a quienes vienen pagando”, explicó el diputado de Aragua.
Omar Barboza: “Mientras el oficialismo se reúne para amenazar, intimidar, buscar pleitos y adular; la Unidad se reúne para trabajar, para buscar soluciones reales a los problemas reales”, dijo.
Chávez, lideró domingo 31 de octubre de 2010, su programa de radio “Aló presidente” en el que volvió a destacar la importancia que el eje Venezuela-Brasil-Argentina tiene para la integración de Suramérica, el gobernante habló desde Caucagua (Venezuela). EFE/PALACIO DE MIRAFLORES
Tras ganar por amplia mayoría las elecciones
presidenciales de diciembre de 2006
El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció este domingo la expropiación de una empresa siderúrgica y de seis proyectos urbanísticos dentro del plan de nacionalización de áreas “estratégicas” que inició en enero de 2007. Chávez emprendió la nacionalización de empresas de “sectores estratégicos” como el petrolero, el eléctrico, el telefónico y el alimentario.
En febrero de 2009, el mandatario obtuvo una nueva victoria en el referendo sobre la reelección indefinida, que le permitirá presentarse a un nuevo mandato presidencial en 2012, y reavivó el proceso estatizador con la toma, en mayo de ese año, de 76 empresas de servicios petroleros en el estado occidental de Zulia.
La cronología del proceso de nacionalizaciones es la siguiente:
2007
– Febrero.- El Gobierno firma la compra de la compañía eléctrica Seneca y del 82,14% de Electricidad de Caracas, ambas controladas por capital estadounidense.
– 1 mayo.- La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) toma simbólicamente el control de los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco, con reservas estimadas en 316.000 millones de barriles, tras acordar la creación de empresas mixtas con mayoría estatal.
– Mayo.- El Gobierno nacionaliza la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV). Además, eleva al 92,98% la participación estatal en Electricidad de Caracas con una OPA.
– 26 junio.- Las estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhilips rechazan formar una empresa mixta con mayoría accionarial de PDVSA en la Faja del Orinoco e inician un litigio contra el Gobierno venezolano.
2008
– Enero.- Treinta y dos campos petroleros de la Faja del Orinoco pasan oficialmente a control estatal.
– 14 marzo.- Nacionalización de una cadena frigorífica y la empresa Lácteos Los Andes para garantizar la “soberanía alimentaria”.
– 3 abril.- Hugo Chávez anuncia que nacionalizará “toda la industria cementera” del país.
– 3 abril.- Hugo Chávez anuncia que nacionalizará “toda la industria cementera” del país.
– 9 abril.- Chávez ordena la nacionalización de la siderúrgica Sidor, del grupo italoargentino Ternium Techint.
– 31 julio.- Chávez anuncia que nacionalizará el Banco de Venezuela, filial del español Santander (decisión que quedó entonces congelada).
– 18-19 agosto.- El Gobierno acuerda comprar la cementera francesa Lafarge y la suiza Holcim (por 552 millones de dólares y 267 millones, respectivamente) y expropia la filial de la mexicana Cemex. Aún no se ha llegado a un acuerdo con Cemex.
– 27 agosto.- Aprobada una ley que nacionaliza el transporte interno de combustible, del que PDVSA ya controlaba el 49%.
– 5 noviembre.- El Gobierno anuncia la nacionalización en 2009 de la mina de oro “Las Cristinas”, explotada desde 2002 por la empresa canadiense Crystallex.
2009
– 28 febrero.- El Gobierno ordena la intervención y control militar de empresas arroceras a las que acusa de los desabastecimientos. La principal afectada es Alimentos Polar.
– 4 marzo.- Chávez ordena expropiar las plantas procesadoras de arroz de la empresa estadounidense Cargill, a la que acusa de “violar” la ley de producción de alimentos con precios controlados.
4 marzo.- Chávez ordena expropiar las plantas procesadoras de arroz de la empresa estadounidense Cargill, a la que acusa de “violar” la ley de producción de alimentos con precios controlados.
– 6 marzo.- Intervención de 1.500 hectáreas de tierras de la multinacional papelera irlandesa Smurfit Kappa, “para sembrar caraotas (fríjoles), maíz, sorgo, yuca, ñame”.
– 15 marzo.- Chávez ordena la toma militar de los puertos de Maracaibo y Puerto Cabello, ante la resistencia de las autoridades regionales a transferir su gestión al poder central.
– 18 marzo.- La Alcaldía del Caracas firma un acuerdo amistoso de desalojo de un solar de Coca Cola-Femsa.
– 26 marzo.- Chávez anuncia que la aerolínea Aeropostal, intervenida en noviembre de 2008, se convertirá en empresa de “propiedad social”.
– 8 mayo.- Nacionalización de 60 empresas de actividades petroleras complementarias (transporte, inyección de agua, vapor o gas) en el lago de Maracaibo (occidente).
– 10 mayo.- El presidente Chávez expropia 10.000 hectáreas de latifundios para fomentar la producción de alimentos.
– 15 mayo.- El Gobierno venezolano inicia la “ocupación temporal”, por 90 días, de una planta productora de pasta de la trasnacional estadounidense Cargill.
– 21 mayo.- Chávez anuncia la nacionalización de cuatro empresas metalúrgicas, Matesi, Comsigua, Orinoco Iron, Venprecar, y una fabricante de tubos de acero sin costura, con capitales japoneses, mexicanos, europeos y australianos.
– 21 mayo.- El mandatario venezolano encabeza el acto de toma de control de la “Planta Compresora de Gas PIGAP II”, expropiada a la firma estadounidense Williams Companies Inc.
– 3 jul.- El Gobierno venezolano formaliza la compra del Banco de Venezuela, filial en el país del Grupo Santander, con un primer pago del total de 1.050 millones de dólares acordados, en un acto que contó con la presencia del presidente de la entidad española, Emilio Botín.
3 jul.- El Gobierno venezolano formaliza la compra del Banco de Venezuela, filial en el país del Grupo Santander, con un primer pago del total de 1.050 millones de dólares acordados, en un acto que contó con la presencia del presidente de la entidad española, Emilio Botín.
– 14 oct.- El Gobierno venezolano decreta la “adquisición forzosa” del Complejo Hotelero Margarita Hilton, tras vencer el 13 de octubre de 2009 el contrato que tenía la cadena Hilton para su gestión, según explica el Ministerio de Turismo.
– 21 oct.- El Gobierno venezolano interviene dos centrales azucareras como paso previo a su expropiación, una de ellas de capital colombiano.
2010
– 19 ene.- La oficialista Asamblea Nacional venezolana declara de “utilidad pública e interés social” la cadena de hipermercados Éxito, perteneciente al grupo francés Casino, y un centro comercial caraqueño, como primer paso para la expropiación de esos bienes.
– 20 ene.- Chávez firma el decreto de expropiación de los seis mercados de la cadena Éxito.
– 7 feb.- Chávez ordena la expropiación de un conjunto de edificios en el centro de Caracas para “recuperar su valor histórico”.
– 13 feb.- El gobernante venezolano anuncia que aceptó una propuesta del grupo francés Casino y comprará el 80 por ciento de su paquete accionarial en la empresa Cativen, propietaria de los expropiados hipermercados Éxito y de la cadena de automercados Cada.
– 27 abr.- Chávez firma el decreto de expropiación de unos galpones de las empresas Polar, la mayor productora y procesadora de alimentos del país, a la que recomienda resignarse y no resistirse a la medida.
– 12 may.- El Gobierno venezolano anuncia la nacionalización de la Universidad Santa Inés, en Barinas, el estado natal de Chávez, por presentar supuestas “irregularidades administrativas”.
– 13 may.- El Gobierno venezolano decreta la expropiación de la empresa de alimentos Sociedad Mercantil Molinos Nacionales (Monaca), participada mayoritariamente por el grupo mexicano Gruma.
– 6 jun.- Anunció de “adquisición forzosa” de las empresas Envases Internacional y Aventuy, fabricantes de envases de aluminio y cartón para alimentos, respectivamente. Además, se decretó la expropiación de la Empresa Industria Nacional de Artículos de Ferretería y de nueve comercios, cuatro en Caracas y el resto en el interior del país.
– 24 jun.- Orden de nacionalización de 11 taladros petroleros de la empresa estadounidense Helmerich & Payne (H&P).
– 3 oct.- Nacionalización de la empresa “Agroisleña”, con capital español y la principal distribuidora de productos para el campo, con 82 puntos de venta y ocho silos en todo el país.
– 25 oct.- Orden de expropiación de la sucursal en Venezuela de la empresa estadounidense Owens Illinois, líder mundial en la fabricación de envases de vidrio para bebidas, alimentos, medicamentos y cosméticos.
– 31 oct.- Chávez ordena la expropiación de la firma Siderúrgica del Turbio (Sidetur), filial del principal grupo siderúrgico privado de Venezuela, Sivensa, y de seis conjuntos urbanísticos paralizados, así como la “ocupación temporal” de otros ocho, la mayoría en el entorno de Caracas.
El temor a las expropiaciones y la inseguridad jurídica entre las causas
La encuesta de Kreab & Gavin Anderson arroja
que 60% no recomienda al país para abrir un negocio
Venezuela se ha convertido en un lugar poco atractivo para las inversiones extranjeras. 60% de las empresas españolas manifestó en un sondeo de la consultora Kreab & Gavin Anderson, que no recomiendan al país para establecer nuevos negocios e invertir; 32% dijo que el riesgo es muy elevado y ni siquiera tienen entre sus planes ejecutar algún convenio o negociación bilateral.
El estudio efectuado entre asociaciones empresariales, consultores profesionales, escuelas de negocios y líderes de opinión pública-, indica que peligra el capital extranjero debido a la ausencia de seguridad jurídica, el aumento de la delincuencia, la crisis institucional y las decisiones de expropiación y estatización de empresas, además de medidas económicas como las limitaciones para repatriar dividendos.
“Esta situación se agrava por la creciente arbitrariedad del Gobierno en sus decisiones económicas con la toma de empresas y la intención de aprobar el proyecto de ley de propiedad social que afecta la propiedad privada”, señala el informe.
El sondeo refiere que el índice de valoración de la inversión española en el exterior, elaborado por el Club de Exportadores, refleja que el clima adverso de Venezuela lo coloca en el último lugar de Latinoamérica que elegirían las empresas ibéricas para establecerse, con excepción de sectores estratégicos como el petrolero, que hasta ahora están resguardados por convenios entre gobiernos.
El reporte sostiene que a la mayoría de los empresarios les preocupa las decisiones contra el sector privado. “No es un país recomendable para mantener una presencia empresarial confortable, tranquila, y la mayoría de las empresas que permanece allí lo hace porque les sale muy costoso abandonar la inversión y no tienen posibilidades de repatriar capitales”, agrega el estudio.
Los consultores sugieren a las empresas españolas reducir al máximo la exposición para evitar riesgos. Desde mantener un bajo perfil hasta ser cautelosos con las relaciones laborales y gubernamentales.
Se indica que más que invertir dentro del país, se puede aprovechar el potencial del comercio, porque Venezuela necesita todo tipo de bienes y garantiza el pago por los altos ingresos petroleros.
“La principal manera de poder invertir y negociar con éxito en Venezuela, pasa por la búsqueda previa de acuerdos políticos y por establecimiento de cautelas como hacer respetar el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones”. También señala que para 96% de los encuestados la extrema inseguridad jurídica y la inestable situación política son los principales obstáculos. “La iniciativa empresarial está muy castigada, no sólo la internacional, sino también la local, hay leyes que de aprobarse alejarían aún más las inversiones”.
El estudio refiere que si el Gobierno obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional expropiará las 15 mayores empresas del país.
En los últimos años la presencia de compañías españolas se ha reducido. Se mantienen Movistar, operadoras de hoteles Sol Melía y Hesperia, Repsol, Duro Felguera, BBVA, Santander con Bancrecer, seguros Mapfre, Inditex y los consorcios Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles, Dimetronic, Cobra y Constructora Hispánica.
Ficha técnica:
Tipo de estudio: Sondeo de percepción sobre Venezuela. Se realizaron entrevistas de profundidades con los expertos.
Muestra: Participaron 30 entidades españolas del ámbito asociativo empresarial, consultoras, escuelas de negocios y medios de comunicación.
Empresa encargada: Kreab Gavin Anderson (www.kreabgavinanderson.com), una multinacional líder en consultoría de comunicación, especializada en comunicación financiera y corporativa con más de 350 profesionales de 40 nacionalidades y que cuenta con cerca de 500 clientes en 25 países. Kreab Gavin Anderson tiene oficinas en los principales centros financieros y políticos mundiales.
ESTUDIO | KATIUSKA HERNÁNDEZ
khernandez@el-nacional.com
Política | Opinión
EL NACIONAL
Los propietarios del complejo de Miravila levantan la mano para mostrar que permanecerán en la propiedad para evitar que sean tomado por ocupantes "ilegales".
Los propietarios del complejo de Miravila levantan la mano para mostrar que permanecerán en la propiedad para evitar que sean tomado
por ocupantes "ilegales".
Hubo análisis y reflexiones. Y, por parte del
presidente el alzamiento de una nueva bandera
“Ocurrió después de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, cuyos resultados estuvieron por debajo de las expectativas del oficialismo”.
En su reciente gira por Asia y Europa, Chávez firmó convenios para construir 10.000 viviendas con Rusia, 5.000 con Bielorrusia, 10.000 con Irán y 12.000 con Portugal.
“Me dices que en 6 meses se levanta un edificio (…) Viceministro, ministros, pónganse a planificar como si fuera una guerra”, dijo el mandatario en octubre.
Pero las primeras acciones de alto impacto son la “adquisición forzosa” de seis edificios y la “ocupación temporal” de otros ocho, a cuyas compañías constructoras se acusaba de cometer irregularidades, como cobros ilegales y demoras deliberadas en las entregas. También la expropiación de una importante fábrica de varillas.
Este jueves, el vicepresidente Elías Jaua reiteró que estas medidas buscan “proteger a esos centenares de familias que fueron estafadas por las empresas inmobiliarias”.
Déficit:
Pero, según estimaciones del sector de la construcción, en Venezuela, con sus 26.000.000 de habitantes, faltan de dos a tres millones de viviendas. Tener un techo propio es una aspiración de muchos, al alcance de pocos.
Y entre estos pocos, se cuentan dueños de apartamentos en edificaciones expropiadas u ocupadas, para algunos de quienes la medida es fuente de incertidumbre, más que garantía con sello estatal.
En la urbanización Mirávila, en las cercanías de Caracas, los vecinos no han dejado de hacer guardia día y noche, para evitar posibles”invasiones”.
De los 2.980 apartamentos de que consta el conjunto, sólo 100 no han sido vendidos. Pero muchos están sin ocupar, mientras esperan por papeleo o porque sus dueños los terminen, ya que no incluyen acabados como pisos, frisados y cocinas.
Los vecinos dicen que, según la constructora, hay unas 20 denuncias en curso. “Esto es una arbitrariedad, no hay necesidad de afectar al resto de las familias. Que tengamos una Guardia Nacional en la puerta, personas vestidas de rojo en los alrededores, es una forma de intimidación”, le dice a BBC Mundo María Jouveth Cotte, una de las propietarias.
Precisamente, el vicepresidente Jaua reiteró que el gobierno ni alienta ni permitirá las invasiones. Y atribuyó a maniobras de oposición los incidentes en los que grupos se han apersonado en algunos de estos edificios, con intención de tomarlas.
Es que no hay garantías de nada:
La Guardia Nacional nos dice que va a protegernos y le creemos la mitad. ¿Tú crees que aquí ha venido un fiscal a garantizarnos nuestros derechos? Esto lo están haciendo a lo bravo”, añadió Fernando Flores, junto a Cotte.
Crisis de construcción:
Mientras tanto, constructoras y autoridades han estado acelerando la entrega de los apartamentos terminados a quienes tienen sus títulos en regla. Los unos para demostrar que están haciendo el trabajo, y los segundos “por la presión de los compañeros, por los temores mal fundados por esta campaña mediática”, según dijera una alta funcionaria pública en una de tales entregas este jueves.
“Creo profundamente que el gobierno va a cumplir su palabra, porque hemos observado que los desarrollos urbanísticos que ha entregado el Ejecutivo en estos últimos años son construidos con mucha calidad”, le dijo a la agencia oficial AVN Horacio Rangel, dueño de un apartamento expropiado que espera beneficiarse pronto.
Estoy muy contenta y orgullosa por todo lo que ha hecho el presidente Hugo Chávez, porque hizo valer nuestros derechos en la compra de viviendas”, expresó Mayerlín Barrios, quien se dijo afectada por el cobro ilegal de otra constructora.
En paralelo, continúa sin estar claro cómo se acelerará la generación de nuevos techos. En rueda de prensa, el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, señaló que la construcción privada se verá minimizada, debido al desestímulo a la inversión que ocasionarán las recientes medidas.
Por la iniciativa estatal, no son pocos los que tienen dudas, más aún en medio de estrecheces económicas y crisis en el suministro de insumos como el cemento.
Esto ha sido un tema cíclico. En otras oportunidades, cuando el fracaso en políticas de vivienda alcanza puntos de quiebre, el gobierno plantea que ahora sí viene una transformación”, le dijo a BBC Mundo el analista político Fernando Egaña.
Se estima que en casi 12 años de mandato de Chávez, se han construido entre 300.000 y 350.000 viviendas, equivalente a lo que gobiernos anteriores hacían en cinco años.
“La evaluación que hacemos hoy (es que) están raspados; yo estoy raspado también. Apenas 10.000 viviendas en cinco meses”, dijo Chávez en junio de 2005.
Ahora renueva su promesa de darle prioridad al asunto, con alcance más allá de su audiencia tradicional (los sectores populares), hasta la clase media, a la que se coloca como principal beneficiaria de las medidas de expropiación.
Una apuesta grande, de cara a las elecciones presidenciales de 2012, para las que Chávez se ha declarado desde ya en campaña.
“Lamentablemente, el proceder de la revolución bolivarista siempre está desde el punto de vista de la retórica conectada con variables de marketing político (…) Pero en el fondo, la clase media no se va a beneficiar; todo lo contrario”, señaló Egaña.
Personas que acuden al Gobierno en busca de ayuda se
quejan de cambios frecuentes en los requisitos.
La espera es de más de cinco
años para recibir una casa
Entre los ciudadanos que acuden al Viceministerio de Articulación Social del Ministerio de Vivienda, en la antigua sede del Conavi en Las Mercedes, las quejas principales son la espera prolongada para recibir una casa y los cambios frecuentes en los requisitos.
La más reciente modificación es la exigencia de una carta del consejo comunal que certifique la necesidad de vivienda de la persona.
Carmen Altuve, que vive alquilada con sus dos hijos en Brisas de Propatria, asegura que aunque su caso es conocido por las autoridades desde 2004 cuando participó en el censo del Fondo de Desarrollo Urbano hace dos meses le pidieron una constancia del consejo comunal para comprobar su condición de inquilina.
A Rafael Rodríguez, que habita junto con su mamá una casa en la carretera a Los Teques que resultó afectada por la construcción del Metro, también le exigieron una carta del consejo comunal que diera fe del problema, a pesar de que ingenieros de la empresa estatal comprobaron en 2005 los daños en la vivienda.
Rodríguez dijo que en principio la compañía Metro de Los Teques se encargó de inspeccionar las edificaciones afectadas y censar a quienes vivían en ellas, pero luego pasaron el caso al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Lamentó que en los cinco años transcurridos desde que ocurrió el percance no ha recibido una respuesta.
“Siempre dicen que falta algún requisito”, señaló.
Altuve, que acude una vez al mes al viceministerio para conocer el estatus de su caso, cree que la solicitud de otros requerimientos es una estrategia de los organismos gubernamentales ante la imposibilidad de brindar una solución a las personas. “Hay que tener mucha suerte o buena palanca para que te asignen una vivienda”, expresó.
El sector de la construcción no ha podido recuperar el crecimiento obtenido en años anteriores
Quejas sin respuesta:
Yureima Adams, vocera del consejo comunal del sector Bermúdez 2, en Coche, denunció que 21 familias damnificadas por las lluvias a mediados de año permanecen en refugios porque la viceministra de Articulación Social, Egla Rengifo, no ha cumplido la promesa de asignarles viviendas en la urbanización Cacique Tiuna.
Adams mostró una carta, fechada el 10 de septiembre de 2010, en la que se promete reubicar a los damnificados y a otras 50 familias que permanecen en viviendas de alto riesgo. Lamentó que sus quejas no han sido escuchadas, a pesar de que entregaron misivas al presidente Hugo Chávez y al vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.
Por Alejandro Hinds
Vivienda| Política
EL NACIONAL
Expropiaciones apuntan a restituir los derechos a la vivienda de numerosas
familias afectadas por el abuso de las empresas constructoras.
La restitución del derecho a la vivienda
“Más que expropiaciones de propiedades privadas, las intervenciones que viene haciendo el Gobierno Nacional a varios proyectos habitacionales son hechos que apuntan a restituir los derechos a la vivienda de numerosas familias afectadas por el abuso de las empresas constructoras”, sostuvo la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Ramírez recordó que estas expropiaciones fueron ordenadas por el Gobierno Nacional tras analizar centenares de denuncias hechas por familias que entregaron todos sus ahorros y recursos económicos para adquirir apartamentos y viviendas, que no han recibido a la fecha o se les pretendía obligar a pagar hasta tres y cuatro veces el valor inicial acordado con la constructora.
“Esta es una restitución del derecho a la vivienda que está consagrado en la Constitución y que era violado por estas empresas que aplicaban cobros del Índice de Precios al Consumidor o incumplían directamente los contratos firmados con las familias”, recordó.
Ramírez señaló que las constructoras terminan generando estos desarrollos habitacionales y trasladan su responsabilidad bajo la figura de asociación civil, “y entonces inventan cuotas especiales y cualquier tipo de subterfugios para tratar de sacarle el dinero a la gente con algo tan anhelado como es un techo, lo que se transformó en una práctica en el país.
Añadió que la Defensoría del Pueblo considera que el Estado actuó de manera constitucional al intervenir en esta problemática.
En este punto, recordó que en un reciente encuentro mundial de defensores del Pueblo, realizado en Hamburgo, Alemania, se reiteró que las violaciones de derechos humanos no son única y exclusivamente un área en la que los acusados pueden ser los Estados o gobiernos.
“Hay un consenso, que ha llegado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de que las empresas privadas también pueden violar derechos humanos de la población y este es justamente el caso que estamos viendo con estas constructoras en Venezuela”, explicó.
Señaló que el cobro del Índice de Precios al Consumidor es ilegal y repite la vieja figura del cobro de créditos indexados, aplicado en la década de los años 90 por el mercado financiero.
“Esos créditos indexados no eran otra cosa que el cobro de intereses sobre interés a los solicitantes de préstamos bancarios para la compra de viviendas y vehículos, haciendo que la deuda fuera interminable e impagable”, recordó.
Sería muy grave que el narcotráfico empiece a penetrar la política del país
Clíver Alcalá, encargado de la 4ta Div. Blindada
de Maracay, debe asistir en calidad de testigo
Redacción/Política.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Ismael García, aseveró ayer que el Ministerio Público no tiene excusas para investigar a los involucrados en el caso Makled, cuando el propio Presidente de la República admitió conocer de esto”.
Luego de consignar diversos documentos ante la Fiscalía, García acudió al programa Aló Ciudadano, que transmite Globovisión, donde cuestionó:
“El Presidente (Chávez) dice que decidió tomar distancia de (Luis Felipe) Acosta Carlez porque no se separó de este señor (Walid Makled), ¿cómo es que el Presidente sabía hace tres años en las andanzas que estaba Acosta Carlez y su única decisión fue separarse de él?”.
El diputado insistió en que se investigue a otros altos funcionarios e instituciones del Gobierno implicados. “Por ejemplo, Pequiven siguió vendiéndole insumos a Makled, por cierto, recomendado por algunos generales que aparecen en el documento que hoy (ayer) presentamos”.
Entre los nombres señalados por García figuran además Tareck El Aissami, ministro de Interior y Justicia; su hermano, Firaz El Aissami; Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia; Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas, Nelson Ramis, ex propietario de Aeropostal; y Francisco Ameliach, ministro del Despacho de la Presidencia de la República, entre otros.También aseveró que el general Clíver Alcalá, encargado de la Cuarta División Blindada de Maracay, debe asistir en calidad de testigo, “porque Makled dice que la droga le fue sembrada”.
García aseguró:
“Makled formó parte de toda una estructura que se fue montando en el Gobierno en el manejo de los puertos, en diversas negociaciones; se habla por ejemplo de dos millones de dólares al PSUV en el año 2004, nosotros queremos saber qué pasó ahí. Se trata de un problema que el propio Presidente señala como un caso de narcotráfico”.
“Consigné (ante la Fiscalía) cinco videos, la copia de un carnet con sello húmedo firmada por el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y consignamos ese carnet que acreditaba a Eladio Aponte Aponte para transitar aparentemente libre en el país para entrar y salir ¿Cómo es que el presidente (Hugo Chávez) dijo que hace tres años sabía de las andanzas (de Luis Felipe Acosta Carlez con Makled) y sólo se distanció de Acosta Carlez?”, dijo el diputado.
García señaló que consignó un total de 17 anexos para que se evalúe el caso Makled y los posibles implicados.
Según el documento presentado, García solicitó la comparecencia de varios ciudadanos para que rindan declaración acerca de los hechos donde son reseñados o vinculados con Makled. Ellos son:
“1. Militar en situación de retiro, Luis Felipe Acosta Carlez (ex gobernador del Estado Carabobo).
2.Empresario inscrito en la Cámara de Comercio del Estado Carabobo: Eduardo Batistini (ex propietario del medio de comunicación El Periódico).
3. Fizar El Aissami (hermano del Ministro del Interior y Justicia).
4. Abogado Tareck El Aissami (Ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, con sede en Caracas).
5. Militar en situación de retiro: Ramón Rodríguez Chacín (ex Ministro del Interior y Justicia).
6. Militar en situación de Servicio Activo Nestor Reverol (Director Oficina Nacional Anti-Drogas, con sede en Caracas).
7. Militar en situación de servicio activo Cliver Alcalá (Jefe de la Guarnición Militar del Estado Aragua).
8. Militar en situación de Servicio Activo Orlando Rodríguez (Guarnición Carabobo).
9. Empresario inscrito en la Cámara de Comercio de Caracas: Nelson Ramiz (ex propietario de Aeropostal.
10. Militar en situación de retiro: Francisco Ameliach (diputado a la Asamblea Nacional).
11. Presidente de Pequiven Saul Ameliach.
12. Periodista del Estado Carabobo Ramón Salazar.
13. Miembro de Empresarios Socialistas Carlos Fung”.
Entre las consideraciones contenidas al principio del documento están, primero, la detención de Walid Mackled por ser “uno de los tres presuntos narcotraficantes más buscados del mundo y reclamado en extradición por Estados Unidos” y tener “en su contra una circular roja de Interpol, por casos de homicidio en Venezuela”. Segundo, la posible introducción de más de diez toneladas de droga mensuales a EEUU y Europa por medio del presunto uso de la compañía de transporte aéreo Aereopostal y almacenes de cargas nacionales como extranjeras en el puerto de Puerto Cabello. Tercero, cargos por homicidio del abogado y periodista Orel Zambrano y el narcotraficante y paramilitar colombiano Wilber Alirio Varela (alias Jabón).
García señaló en dicho documento: “el supuesto empresario venezolano y también supuesto funcionario del Tribunal Supremo de Justicia, incurrió en la comisión de varios tipos penales sancionados por el andamiaje legislativo penal del Estado venezolano; adicionando que se encuentra en la actualidad requerido por la justicia venezolana; es sumamente grave y cabe destacar ciertas aseveraciones que realiza el Walid Makled García, acerca de hechos muy puntuales que lo vinculan directamente con Altos Funcionarios Gubernamentales activos en cargos de verdadera relevancia dentro de la estructura organizativa del Estado venezolano”.
Los miembros del comité aseguran que, siendo la movilidad urbana competencia de las
alcaldías, podrían contar con representación en la Directiva del Metro de Caracas.
Este viernes recolectaron firmas en
Chacaíto para respaldar la petición
Durante la jornada, custodios del subterráneo les impusieron restricciones. Miembros del Comité de Usuarios del Metro de Caracas se congregaron este viernes en la Plaza Brión de Chacaíto para recolectar firmas que permitan solicitar la incorporación de las alcaldías a la gestión de este medio de transporte.
Los miembros del comité aseguran que, siendo la movilidad urbana competencia de las alcaldías, éstas podrían contar con representación en la Junta Directiva del Metro de Caracas.
Las firmas apoyan un documento dirigido al ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, en la que se solicita “la incorporación a la Junta Directiva del Metro de Caracas tanto de la Alcaldía Metropolitana de Caracas como de las Alcaldías locales involucradas”.
También piden con urgencia la instalación en los andenes de barreras de seguridad que prevengan caídas de los usuarios a los rieles -intencionales o no-, dada la gran congestión del sistema.
Aníbal Sánchez, miembro de la agrupación convocante, explicó que durante la jornada también se escucharon y anotaron sugerencias de los usuarios para mejorar el servicio.
A la recolección de firmas se sumaron como voluntarios algunos transeúntes que manifestaron ser víctimas a diario de las fallas del sistema.
Actividad prohibida:
Funcionarios de seguridad del Metro de Caracas se presentaron en el acceso de la estación Chacaíto que conduce a los Centros Comerciales Único y Arta -donde se encontraba el comité-, para indicarles que no podían recoger firmas dentro de las instalaciones del Metro.
Los invitaron a continuar la actividad fuera de la demarcación de la entrada a la estación, alegando una normativa que impide actividades de venta, publicidad, propaganda y otras en el Metro.
Sin embargo, en los accesos de esta misma estación que conducen al Centro Comercial Expreso Chacaíto, Centro Comercial Chacaíto y Consulado de Colombia, vendedores ambulantes ofrecían diversos productos junto a las escaleras mecánicas.
Al ser cuestionados, los funcionarios alegaron falta de personal para atender estas irregularidades. Posteriormente, permanecieron por algunos minutos vigilando que la restricción impuesta al comité fuese cumplida.
Los usuarios aseguraron a los custodios no pertenecer a ninguna organización política, ya que estos les solicitaron carnets.
Durante la jornada de este viernes la agrupación logró recolectar más de 6.000 firmas.
En los próximos días, los usuarios organizados acudirán a llevar la misiva con todas las firmas recaudadas al ministro Francisco Garcés.
Por Ángela Rodríguez
Ciudad | Transporte
EL NACIONAL
“Estamos ante un hecho punible”, dijo. La titular aseguró que muchas
constructoras recargaron “ajustes inflacionarios”.
“Hay una resolución ministerial que prohíbe
el cobro del IPC”, alegó la funcionaria
Aunque en Venezuela existe una Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la cual aplica en casos de estafa, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, respalda las expropiaciones como pena a las inmobiliarias que violaron la norma al cobrar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, que transmite el circuito Radio Nacional de Venezuela (RNV), la funcionaria indicó que desde el año 2009 fue asignado un grupo de fiscales que inició las investigacio-nes sobre los casos de estafa, usura y fraude.“El IPC no se puede cobrar, porque hay una resolución ministerial que lo prohíbe”, afirmó la fiscal.
Se trata de la prohibición publicada en gaceta oficial del 10 de noviem-bre de 2008, emanada por el Ministerio de la Vivienda y Hábitat.Ortega se refirió a obras habi-tacionales paralizadas, sobre las cuales luego se recargaron ajustes inflacionarios, como el pretendido cobro del IPC que se exigía a los compradores para protocolizar sus documentos de propiedad. “Estamos frente a un hecho punible”, advirtió.Sin embargo, la mencionada resolución advertía que si los productores de vivienda decidían no protocolizar la venta del inmueble deberían, dentro del término de 15 días contados a partir de la decisión, reintegrar al comprador el monto cancelado, más el ajuste por inflación e intereses de financiamiento causados desde la fecha correspondiente a cada uno de los aportes efectuados, hasta la fecha efectiva del reintegro.
La norma jamás abarcó las expropiaciones como pena.Mientras tanto, Tal Cual Digital recordó ayer el caso de Guayana Country Club, un complejo habitacional en Puerto Ordaz, estado Bolívar, cuya construcción está a cargo de la estatal CVG Ferrocasa y un consorcio privado, quienes exigieron a 300 familias el pago del IPC, tras siete años sin concluir el proyecto. “¿El gobierno se puede expropiar a sí mismo?”, cuestionó el medio en la web.
Según la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos de Venezuela,
tres de los gobiernos “cuartorepublicanos” dieron respuestas al déficit habitacional.
Gobiernos de Herrera Campins, Lusinchi y Pérez
superaron al actual en soluciones habitacionales
Expertos de los sectores inmueble y construcción coinciden que las políticas expropiatorias del actual Gobierno no solucionarán el grave déficit de viviendas.
Apesar de la elevada renta petrolera, y de poseer todas las leyes y demás poderes públicos a su favor, el Gobierno que encabeza Hugo Chávez, está “raspa’o” en materia de construcción de casas. En más de 11 años de ejercicio absoluto del poder, apenas ha construido unas 348 mil viviendas, es decir, entre 35 mil y 38 mil unidades anuales en promedio, según estimaciones del Banco Central de Venezuela.
Esto es apenas el 17,5% del total de soluciones habitacionales anuales que deben ser construidas en el país, unas 90 mil cada año, necesarias para eliminar el déficit habitacional venezolano (dos millones de unidades) en 20 años.
En cambio, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos de Venezuela, apunta que en los mandatos de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, se cumplieron las cuotas de viviendas populares, en menos de la mitad del tiempo que lleva Chávez en el poder.
¿Por qué estos gobiernos “cuartorepublicanos” sí aventajaron al actual en materia habitacional?
Para el presidente de la Cámara de la Construcción del Zulia, ingeniero Dietrich Truchsess, la respuesta se resume en una palabra: confianza.“Las recientes expropiaciones de empresas vinculadas al sector construcción generan desconfianza entre los empresarios. De hecho, ya están emigrando a otros países como Panamá y Aruba, donde hay un sólido marco jurídico”, señaló el dirigente.
—El presidente Chávez justifica las expropiaciones porque, a su juicio, muchos constructores son especuladores y violan las leyes.
—“Yo respeto ese criterio, pero pienso que la expropiación debe ser la última medida, ya que un abuso de ella genera desconfianza.
Tildar a todos los constructores de ‘malandros’ es inapropiado (…) La Cámara no avala que algunos constructores hayan cobrado el IPC luego de haber sido eliminado, pero me parecen muy injustas las generalizaciones”.
—El Gobierno también afirma que los constructores sólo hacen villas para los ricos. ¿Es verdad?
—“Lo poco que se está haciendo es terminar los proyectos habitacionales que ya habían empezado. Las empresas constructoras se dirigen a todo tipo de público”.
—Con la reciente nacionalización de Sidetur, el Gobierno controlará el 85% de la producción de cabillas en el país.–¿Cree que el Gobierno cercará al sector construcción?
—“¡A las pruebas me remito! El Estado compró Cemex, y no hay cemento en el mercado. Expropió Sidor, y no hay cabillas ni materiales metálicos… El Gobierno no debería obligar la venta de estos productos a precios regulados, ya que promueven el mercado negro, y hasta algunos comerciantes compran las cabillas aquí a precio preferencial y las revenden en Colombia. Ha quedado demostrado que cuando el Esatdo quiere abarcar todo, se hace más ineficiente”.
—Pero el Gobierno permite la im-portación de materiales a dólar preferencial (Bs.F. 4,30). ¿No deberían abaratarse los costos?
—“En la teoría es así, pero los constructores tenemos que comprar las divisas a través de Cadivi, y eso representa un cuello de botella que padecemos todos los venezolanos”.
—¿Qué le espera al sector construcción del país?
—“Se estima que en Venezuela hay carencia de dos millones de casas, de las cuales 350 mil corres-ponden al Zulia, y esta cifra se elevaría a 900 mil si se incluyen a las familias que viven en ranchos. El Estado venezolano debe invertir alrededor de 15 mil millones de dólares para poder lograr la meta anual. Si se siguen implementando políticas estatales que fomentan la desconfianza entre los em-presarios y constructores, sería muy difícil resolver estos déficit”, puntualizó Truchsess.
de medidas económicas como las limitaciones para repatriar dividendos.
