La corrupción en la rehabilitación del Metro de Caracas, denunciado por Roche Lander,
Gabaldón, Corrales y otros, contratada con un consorcio en el cual figura una empresa investigada en el caso Gûrtel.

El Obscuro Negocio en
el Contrato del Metro

Después de Pudreval, Chávez y su gente no tienen compón, los casos de corrupción florecen como espinito, y todo arranca cuando convirtió a PDVSA en la pulpería del régimen, estaba consciente en el año 2002 que la espita a la corrupción, abierta y sin freno, se expandiría por el régimen. PDVSA se convirtió en Putrevsa, sin control alguno por parte del Auditor Interno, la Contraloría General y los auditores externos, se convirtió en una caja negra inauditable, fuente primaria de la [pullquote]No me hace falta el Gulag, Camboya o Europa para sospechar que una
izquierda ideológica puede encubrir una política fascista y una moral espúrea.

Tomas Abraham. [/pullquote]corrupción política que se cuela por todas las rendijas de la administración y en especial del alto gobierno.

Las importaciones y las contrataciones externas, los desconocidos acuerdos comerciales suscritos, abrieron además la participación de altos funcionarios de gobiernos amigos, traders, comisionistas y agentes, que participaron y participan activamente en el Festín de Baltasar. Ali Baba y los cuarenta ladrones son unos niños de pecho, comparados con la mafia que gobierna.

La estatización de empresas nacionales y extranjeras, la emisión de bonos de la república, la importación de viviendas, alimentos, plantas industriales completas, medicamentos, dotación de hospitales, triangulaciones, contratos de construcción otorgados sin licitación a empresas nacionales e internacionales y compras militares conforman una vasta telaraña de negocios sucios como no se había visto en la historia de la república.

Todos los males del país y especialmente la inseguridad, la inflación, la pobreza, el desabastecimiento, el deterioro de la red educacional y asistencia pública, el desempleo, son básicamente consecuencias de la corrupción en su sentido más amplio, como lo define la propia ley.

El Caso Gürtel:

La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción, como consecuencia de la Operación Gürtel adelantada por los investigadores españoles. Entre las investigadas se encuentra la empresa Constructora Hispánica, que ha realizado diferentes obras en muchas comunidades de ese país, y está siendo investigada por su presunta vinculación con el denominado “caso Gürtel” y la trama de cobros ilegales, de facturas falsas, financiamiento político ilegal y posible legitimación de capitales, montada por el empresario Francisco Correa, con estrechos vínculos. El presidente de Construcciones Hispánicas, ha sido llamado a declarar en varias oportunidades y Alfonso García Pozuelo, directivo de la misma ha sido imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la organización que dirigía Correa.

La Agencia Tributaria española sostiene que por corrupción, sólo en el año 2003, Constructora Hispánica pagó al menos, 600.000 euros, a través de empresas de maletín que emitían facturas falsas y que además dispusieron el dinero en efectivo en billetes de 500 euros, de las cuentas bancarias de la sociedad. La Agencia Tributaria, el SENIAT español, asegura que no conoce el destino de estos flujos de tesorería maquillados, que se declaran pagados a personas intermediarias vinculadas al entramado de corrupción.

Se ha iniciado en ese país una investigación judicial por la trama de corrupción política, a cual se le atribuye vinculación con el PP, la cual se ha iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la mira en el pago de comisiones por la adjudicación de obras públicas. Parte de esas comisiones, según los indicios, podrían haber llegado a la tesorería del PP.

Enrique Carrasco y Alfonso García Pozuelo son nombres que surgen en los documentos de contabilidad requisados en el curso de la operación judicial contra red de corrupción que dirigía Francisco Correa, ya imputado. Sus nombres figuran vinculados al supuesto pago de comisiones ilegales, que se compartían entre los participantes del tinglado de corruptelas mediante la adjudicación de contratos.

Alfonso García Pozuelo, también ha sido imputado. Es presidente de la Constructora Hispánica – parte del consorcio de la rehabilitación del Metro- y canceló, según la investigación, 925.000 euros a la organización dirigida por Francisco Correa.

El grupo Essentium, controlado por la familia Monje Tuñón, ha volatilizado la identidad de Constructora Hispánica y la ha rebautizado como Assignia Infraestructuras, un portavoz de esta empresa en declaraciones dadas recientemente en Caracas, como repuesta a la rueda de prensa donde se denunciaron las irregularidades de la contratación, afirmó que ello, era un simple cambio de nombre, que en nada modificaba el contrato suscrito entre el Consorcio y el Metro. Vale señalar que tanto Construcciones Hispánicas, como Assignia, tienen el mismo domicilio en Madrid.

El Contrato del Metro:

Recientemente un grupo de ex Ministros y un ex Contralor General de la Republica, denunciaron las posibles irregularidades en la contratación por adjudicación directa a un Consorcio constituido en Madrid el 25/09/2008, del contrato para ejecutar la rehabilitación de la Línea 1 del Metro por la cantidad de US$ 1.863 millones. Los fondos serian provistos por FONDEN, incluyendo un adelanto de US$ 200 millones.

Para la rehabilitación de dicha línea, el Ministro de Infraestructura, presentó al Presidente de la Republica el Punto de Cuenta en cual fue aprobado. En el mismo ha debe estar anejo, el Acto Administrativo, que motiva la aprobación, con los particulares y características relativas al carácter vinculante del mismo. El 03/04/2008 el Ministro de Infraestructura, teniendo como sustento la aprobación del Presidente, aprueba la contratación por adjudicación directa, ignorando las actuaciones legales que había suscrito tanto en la promulgación, como en la modificación de la Ley de Contrataciones, las cuales generan per se, responsabilidad penal, civil y administrativa.

Debe destacarse que en el ínterin, el 10/03/2008 el Presidente aprobó en consejo de Ministros, la publicación de la Ley de Contrataciones Públicas, la cual derogó la Ley de Licitaciones. Quince días más tarde el 25/03/2008 se modifica y ordena la reimpresión de dicha Ley. Es de hacer notar que la Disposición Transitoria Primera de la misma, prorrogó la vigencia de la prohibición de las adjudicaciones directas. Es decir, que la adjudicación al consorcio español del contrato de rehabilitación del Metro, violaba una disposición expresa de la nueva Ley, modificada a la carrera.

El 25/09/2008 se constituyó en Madrid una Unión Temporal de Empresa (CONSORCIO), entre las cuales participaba Constructora Hispánica, empresa que desde el año 2007 se vinculaba a la trama de corrupción del empresario Francisco Correa, que estaba siendo investigada dentro de la Operación Gürtel, y el cual podría tener alguna conexión con el caso conocido como operación Astapa.

Ocho días después de la constitución del consorcio en Madrid, el 03/10/2008 se firma en Caracas el contrato MC-4094, entre el Metro de Caracas y el consorcio constituido ocho días antes. Sin duda alguna la administración chavista tiene una aventajada escuela de negocios Robolucionarios. Es la eficacia del descontrol como política de un régimen que no tiene institucionalidad, porque los órganos de control son dependientes de la hegemonía militar, y están a cargo de una sargentería obsecuente y cómplice.

Un Contrato Chimbo:

Para la fecha en que el Presidente de la Republica tomó la decisión de iniciar el procedimiento, estaba vigente la Ley de Licitaciones, en consecuencia el contrato de marras se regía por esa ley y no por la Ley de Contrataciones Públicas, aun cuando el sustento de la adjudicación directa era la urgencia de realizar la rehabilitación de la línea 1, con una empresa que no existía, cuando el Presidente, el Ministro de Infraestructura y el Presidente del Metro toman las respectivas decisiones administrativas.

El Acto Administrativo motivado que dio inicio al proceso adjudicatario en forma directa, se presume inexistente, porque resulta casi increíble que el total del contrato y los 200 millones de dólares de adelanto existían, estaban determinados, calculados, ofertados, 240 días antes que existiese el consorcio (UTE). Milagros de la necrofilia o premonición de paleros para los negocios redondos, “Hecho en Socialismo”.

Llama la atención además, que el argumento de “urgencia” para la adjudicación directa, pareciera ser la regla de oro de las contrataciones del régimen, dando un plazo de tres años y seis meses, y cuatro años para la ejecución de las obras, a los cuales si se añaden los retardos propios de las empresas militarizadas como el Metro de Caracas C.A., se podrían convertir en cuatro años y cuatro años ocho meses. Esa urgencia reglamentaria solamente es eficaz cuando se la aplica Cilia a las focas de la Asamblea Nacional. Aquí y ahora no hay urgencias, solo negocios particulares y destrucción galopante de toda la infraestructura del país, despilfarro de recursos, falta de mantenimiento y corrupción.

También abre un cúmulo de interrogantes el hecho que ni el Ministro, ni el Presidente del Metro, ni las Consultorías Jurídicas de ambos entes, ni la Procuraduría General de la Republica, así como ninguno de los abogados que participaron en la redacción y revisión del contrato se diesen cuenta de la vigencia, por efecto de la disposición transitoria de la Ley de Licitaciones en materia de adjudicación directa. ¿Dónde estaba el Procurador General?

Con las perlas de este contrato se puede hacer collares para adornar la corrupción del régimen. A titulo ilustrativo se pueden formular preguntas, que requieren respuestas del régimen y especialmente de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría: ¿Si no existía el consorcio, como se pudo precisar el monto ofertado por la realización de la obra? ¿Es una coincidencia feliz que el monto contratado sea el mismo que se colocó en el acto motivado? ¿Hay urgencia para la realización de una obra cuando el plazo de ejecución del contrato es de tres años seis meses a cuatro años o de cuatro años a cuatro años y ocho meses? ¿Es posible que el Ministro de Infraestructura, que firmó en el Consejo de Ministros, tanto en la Ley de Contrataciones Públicas como su modificación, siete días después, no se haya dado cuenta de la Disposición Transitoria Primera? ¿La Procuraduría General de la Republica no revisa los contratos de interés público, que el país suscribe con empresas extranjeras por cantidades milmillonarias? ¿Ningún funcionario investigó en internet el historial de las empresas que formaban el consorcio? ¿Los servicios de información del estado Venezolano no tenían ninguna información del escándalo Gürtel? ¿No llamó la atención que la empresa COBRA, integrante del consorcio, tiene un capital pagado de 31 mil euros? ¿Existe un contrato de fiel cumplimiento que proporcione garantías a la Republica? Si el Presidente aprobó en la cuenta del Ministro US$ 200 millones, ¿por qué en el contrato aparece un adelanto de 100 millones? ¿Quién pulverizó los 100 millones y donde está la diferencia? ¿Fue una equivocación de buena fe o una sobrefacturación? ¿El contrato tiene efectos retroactivos? ¿La retención de un porcentaje pagado por cada evaluación otorga a la Republica una garantía de fiel cumplimiento? ¿Cuál es la tasa de cambio aplicable al contrato, dadas las modificaciones que ha sufrido el valor de las divisas? ¿Por qué todas las clausulas del contrato favorecen al contratista?

Las repuestas a estas interrogantes debe ofrecerlas el gobierno. Mientras el pesado silencio de la impunidad pasea los pasillos de los tribunales, mientras la justicia se ponga en manos de militantes de la obediencia debida, mientras los 3 chinos de PDVAL sean los responsables de Pudreval, el país seguirá dando tumbos, barranco abajo, hasta que se construya una nueva mayoría, capaz de entender el reto, que es necesario construir entre todos una unidad convencida que el fascismo estalinista debe ser derrotado democráticamente.

El contrato para la Rehabilitación de la Línea 1 del Metro, sin duda es producto de la desviación del desdichado precepto leninista, que los sindicatos son la correa de transmisión entre las masas y el partido, sustituido por la práctica somocista que la corrupción es la correa de transmisión de la robolución militarista.

Freddy Rios Rios.
friosrios@gmail.com
@doserre

Sobre los problemas de la ideología y las relaciones
económicas internacionales.

La Integración como Problema

Aun cuando fuese verdad que el Comandante-Presidente hubiese leído a Marx y Engels, que los manuales del viejo comunismo calificaban como “pensadores geniales y sobresalientes revolucionarios” y se hubiese quemado las pestañas abrevando en la fuente del socialismo científico y el materialismo dialectico, no tendría elementos para comprender los principios de la integración económica desarrollados principalmente en la postrimería del siglo XX. El único intento real de algo similar a la integración, intentado por el comunismo fue la CAME, impuesta a troche y moche por la URSS a los países satélites, y según el Ché, mas depredadora que el capitalismo salvaje. La CAME fue una resultante estratégica de la guerra fría, que se derrumbo junto al muro de Berlín.

Lo anterior nos lleva a adelantar que la ideologización de las relaciones económicas internacionales es un barranco insalvable y la mejor demostración del presupuesto, es que China al amparo de un acomodaticio eslogan “un país, dos sistemas”, es hoy miembro de la Organización Mundial del Comercio, vaticano de la globalización.

Al amparo de nuevos asertos de los estudiosos del comercio internacional, se intuye que, no es verdad que hoy son sostenibles como verdades absolutas, ni la teoría de las ventajas comparativas, ni las bondades de la economía de mercado. Hay mucho más, todo un sistema jurídico regulador de las relaciones económicas internacionales y de los factores de producción, donde no escapa lo social.

La integración es un instrumento que al mismo tiempo que garantiza la promoción de la actividad fabril interna, en base a la complementariedad de las economías nacionales, promueve las exportaciones, al amparo de políticas tarifarias, es decir, arancelarias. La integración como política de Estado no puede ser ideológica, ni estar sometida a los cambios de jefes de gobiernos, de hecho, el más grave problema de la integración sudamericana ha sido que no ha logrado pasar siquiera la etapa de la unión aduanera, por cuanto ni los gobiernos, ni los sectores productores privados han creído que la integración es el instrumento más seguro de la inserción de los países en el comercio global, salvaguardando sus intereses nacionales

Desde los inicios del régimen chavista se ha marcado un fuerte sesgo anti integracionista que ha terminado dejando a Venezuela fuera de la comunidad andina, el G-3 y sin perfeccionar su ingreso al MERCOSUR. Es decir, comercialmente estamos en el peor de todos los mundos y la aduana nacional se niega a aplicar la Preferencia Arancelaria Regional vigente en la normativa de ALADI.

Aquí está el detalle:

En días pasados el economista Antolinez, afecto al régimen, señalaba en critica edulcorada, que uno de los problemas trascendentes de estos largos años, ha sido la ausencia de economistas en la conducción de la política económica, indicaba la presencia de sociólogos, ingenieros y matemáticos, para no hundir la estocada a fondo. Lo cierto es que hay muchos militares, ingenieros, politólogos, piratas, toderos y recoge latas en las altas esferas del gobierno, burócratas que tienen el común denominador de la obsecuencia y falta de talento.

Para muestra, un botón, el Ministro de Comercio Richard Canán, quien en razón de su cargo debía dirigir la política comercial del país, en recientes declaraciones, sostenía que no habrán problemas de abastecimiento, porque se había adelantado una “política de sustitución de importaciones” y resaltaba su total desconocimiento de la materia, afirmando que “se habían sustituido las importaciones de Colombia por importaciones de Nicaragua, Uruguay, Argentina y Brasil”. Este es un régimen desnudo de Academia, hasta un muchacho de bachillerato conoce que la sustitución de importaciones fue la política adelantada por la CEPAL para alcanzar un desarrollo económico sustentable. Junto a la teoría de la dependencia, se agoto hace varios lustros hasta que la ignorancia lo bautizo como desarrollo endógeno.

Sostiene además el ciudadano Canán que los 47 buques fondeados en Puerto Cabello, serán desviados a Maracaibo y La Guaira para su descarga, y ello se debe a que se presento “un pico en las importaciones”, lo cual demuestra además las minusvalías e incapacidades de planificación y manejo de crisis, de la Comisión Central de Planificación, los Ministerios de Comercio, Alimentación, Industria y Salud, y las carencias operativas y funcionales de Cembal, Cadivi, Seniat y Bolipuertos.

En los últimos diez años, todos los Ministros son más o menos de la misma talla, entre Samán y Canán, la diferencia es de tono rojo, su preclara inexperiencia es insubsanable en una materia que requiere experticia y especialización..

Las realidades del comercio internacional y la búsqueda de una inserción favorable, han determinado las prioridades de la diplomacia comercial, hoy los embajadores en el ámbito mundial no solo son políticos, sino que venden, promueven exportaciones, son agentes de las políticas comerciales. No puede existir duda que es mucho mejor para Venezuela por ejemplo, negociar con los Estados Unidos, con Mercosur, con la Unión Europea, como miembro de la Comunidad Andina que negociar en solitario, por la fortaleza institucional que significa el Arancel Externo de la Comunidad, frente a terceros.

La autarquía franquista roja:

El comercio, en la paz y en la guerra, ha marcado las relaciones de los países. Venezuela por largo tiempo, sosteniendo una política petrolera de Estado, concreto éxitos notables, el más destacado fue la fundación de la OPEP, que marco un punto de inflexión, en las relaciones de los países productores y las empresas petroleras trasnacionales. La OPEP reúne cuota y precio, actúa en el mercado sin tener cuenta la teoría del valor marxista, pragmáticamente impuso orden en el mercado petrolero internacional en beneficio de sus prioridades nacionales.

Venezuela en el comercio mundializado anda como el judío errante, solamente tiene vigentes acuerdos preferenciales, uno con Chile y otro con Mercosur suscrito a través de la Comunidad Andina y las preferencias concedidas en Aladi. En diez años se han firmado miles de acuerdos comerciales que nadie conoce, a menos que explote un escándalo como el del fideicomiso argentino, que es parte del Convenio Integral de Cooperación, el cual en seis años se ha modificado catorce veces.

Estos convenios no han sido publicados en la Gaceta Oficial, son invisibles, como las compras PDVSA, secretos de Estado, depositados en la caja negra de la discrecionalidad.

El régimen promueve como forma de integración el ALBA, una sigla que no dice nada económicamente, bajo las cuales se encubren los subsidios incontrolables, carentes de transparencia que Chávez otorga a sus socios políticos. El ALBA esta signado por la ideologización que Chávez ha impuesto a las relaciones internacionales y constituye más bien una claque, que actúa bajo su jefatura en los foros en los cuales participan, conjunta o separadamente. Ejemplo son los casos Zelaya, MCCA, OEA, Consejo de Seguridad ONU y Cumbre del Ambiente.

El ALBA es una nada torpe, insignificante en la política internacional, que se sustenta en las ambiciones de Chávez, la renta petrolera venezolana y una “banda” de vivos que viven explotando la megalomanía del Teniente Coronel. De esta queda el infeliz desarrollo endógeno, heredero de la autarquía franquista,

UNASUR condenada al fracaso:

Cuando los expertos latinoamericanos desarrollaron la política de integración, apuntaron hacia la creación de una unión aduanera que se perfeccionara en el mediano plazo en un mercado común, teniendo como ejemplo la Europa que se formo a partir de la Comunidad del Carbón y el Acero, hoy la Europa de los 27.

Por falta de voluntad política por una parte, y por la otra a los intereses hemisféricos de los Estados Unidos, además de las disparidades de las economías regionales, la ALALC solamente trasmutó las iniciales a Aladi, quedando como un foro para la liberación de las tarifas arancelarias sin trascender mas allá de los tratados de libre comercio que se generaron a partir de la lista común.

La prueba del fracaso de ALALC-Aladi es, primero la creación del Grupo Andino, después del Grupo de los Tres y posteriormente MERCOSUR. Transcurrido más de 40 años Sudamérica no ha podido construir una unidad multinacional económica coherente que le permita ingresar satisfactoriamente en el “Spaghetti Bowl”, aprovechando las ventajas que otorga las negociaciones comerciales en bloque para la defensa de los intereses regionales.

El viejo sueño de crear la unión sudamericana de naciones, como una entidad supranacional de derecho público, cuya normativa, ingresara al derecho interno desde su publicación en fuente originaria, está cantado que fracasara en UNASUR, porque Brasil, el único interés que tiene hoy en Latinoamérica radica en su concepción de sub-imperio regional, interlocutor en el grupo de los veinte, y miembro del BRIC. Por otra parte la designación de Néstor Kirchner como Secretario General promovido por Chávez, por su desprestigio genera ruidos innecesarios en la construcción de un foro de tal importancia, sin dejar de destacar que muy pocos países han depositado el documento de ratificación de Tratado.

Así las cosas, el ALBA y UNASUR son mas producto del voluntarismo que de la construcción con bases firme de organismos supranacionales de integración económica, la economía no se puede ideologizar, la tesitura legal es sumamente difícil, no se alcanzan por “las leyes objetivas del desarrollo histórico” ni por las “fuerzas creativas del pueblo”, en el comercio internacional se transan mercancías y servicios.

La ilegalidad hecha gobierno:

No existiendo institucionalmente política comercial, aduanera y arancelaria, y ante el incumplimiento de los compromisos comerciales suscritos por el país, un régimen cerrado de restricciones a la importación y un sistema heterodoxo de control de cambio, se ha destruido la industria nacional, está cercada no tan solo para el abastecimiento interno sino también para exportar excedentes.

La integración es una necesidad para los países emergentes, si quieren ingresar eficientemente en el mercado internacional. Sin políticas de exportación serias e incentivos legítimos, es imposible ingresar a otros mercados. El ejemplo Chino es una pauta importante a transitar, partiendo de la base que a los viejos paradigmas, el socialismo democrático moderno ha renunciado. La planificación central, el intervencionismo económico, la lucha de clases, el colectivismo, el comunalismo, el estatismo quedaron atrás, como el todo de un fracaso histórico, no tiene dolientes, solo quedan las excepciones de los autócratas disfrazados de comunistas.

El socialismo moderno apunta hacia otros horizontes, al mercado con justicia social, sin excluidos, que antes era un anatema, busca y garantiza la inversión extranjera e incentiva la empresa privada, la producción exitosa es la única manera de acabar con la pobreza. Por lo demás en esta materia donde prevalece un ego trasnochado, como decía Argelia Ríos en su artículo el viernes, solo se alza la presencia de ”….gobiernito cursi, con ínfulas de grandeza” y agrego yo, en cuestiones de integración, solo se expresa en “relinchos de caballo capón”. Como dice Carlos Fuentes, con resultados desafortunados, “seguimos siendo el territorio de la utopía”, y por nuestros errores, el pasado siempre nos pasara factura.

Freddy Rios Rios.
friosrios@gmail.com
@doserre
Director de Espacio Abierto

Uno de los problemas que influye en el desbastecimiento y la
inflación es la destrucción de la Aduana como institución.

Ahí está Pudreval
para demostrarlo

Una de las pruebas más evidentes del desastre de las instituciones del Estado, es lo ocurrido con la aduana nacional. El proceso de modernización aduanera en Venezuela se inicio en el primer gobierno del doctor Caldera, ya Venezuela era miembro de ALALC y era necesario adoptar la Nomenclatura de Bruselas como base del Arancel de Aduanas, trasponer la tarifas con gravámenes específicos a términos preferentemente ad-valoren y actualizar toda la legislación aduanera.

La reforma apunto hacia la estandarización de la legislación que se venía dando en las aduanas del mundo como consecuencia de dos hechos puntuales, por una parte la fundación del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, como organismo intergubernamental, con el objetivo de normalizar mediante convenios internacionales la regularización de las funciones y actividades que realizan como interventores previlegiado en el comercio trasfronterizo. La otra fue la concreción de la Comunidad Económica Europea, estos dos hechos transformaron por completo el concepto de las aduanas y su posición ante el comercio, adquirió nuevas funciones, nuevas potestades y se convirtió en un agente de transformación. Dejo de ser la fuente de recaudación, que nació en Grecia y se perfecciono en Roma, para convertirse en el “portorium”, de ahí paso a España, y de España se traslado a América para buscar un destino superior al servicio del Estado y de los ciudadanos.

La segunda reforma aduanera se inicio con el primer gobierno del presidente Pérez, y tuvo como objetivo dos hechos principales, uno la redacción de una Ley Orgánica de Aduanas que recogiera las nuevas instituciones jurídicas-aduaneras, y que fuese un instrumento eficaz para la aplicación de la política comercial, aduanera y arancelaria de la República. La otra fue convertir la Dirección de Aduanas en Direccion General separándola de la Dirección de Rentas, con el objetivo de establecer la nítida separación existente entre la relación aduanera y la relación tributaria.

A continuación en la onda prevaleciente en las orientaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se refundieron en el SENIAT lo aduanero y lo tributario, una institución que nació con débiles sustentos legales, pero con un deseo de perfeccionamiento y profesionalización de los servicios. A finales del segundo gobierno de Caldera, cuando se realizo la última reforma sustantiva de la Ley Orgánica de Aduanas, como consecuencia de la adhesión de Venezuela a la Organización Mundial de Comercio e ingreso a la Organización Mundial de Aduanas, se institucionalizo a objeto de despolitizarla, la figura del Jefe de la Administración Aduanera, como co-formulador de políticas ministeriales que afectan el comercio de mercancía y ejecutor de las mismas.

Se estaba preparando Venezuela para la aduana del Siglo XXI con sus nuevos paradigmas, control y facilitación, reflejado en la transparencia, legalidad del actuar administrativo y mejores prácticas. Una aduana previsible para los operadores económicos, transformar una muralla hermética en una puerta abierta. A esa aduana venezolana contribuyo de manera importante la normativa andina a través de sus Decisiones y Resoluciones, que se internalizaban en el derecho nacional, con su publicación en la Gaceta Andina, andabamos en el camino de la unión aduanera y en el horizonte estaba el mercado común, a final de cuentas en el medio estaba el objetivo de estatuir un Código Aduanero Comunitario perfeccionando la modernización de las instituciones jurídico-aduaneras.

Estando en construcción esa aduana para el Siglo XXI, consustancial con la globalización del comercio, en un mundo regido por normas especiales de acuerdos comerciales, especialmente tratados de libre comercio, que regulan la clasificación arancelaria, la valoración y el origen de la mercancía, cuando Venezuela trataba de insertarse en los mundos internacionales de las aduanas y el comercio, llego el presidente Chávez. De entrada le dio una patada a la legislación que exige, que desde el jefe de la administración aduanera hasta el último funcionario técnico debían ser titulados superiores en materia aduanera, lo cual le permitió la politización del servicio, su militarización, desprofesionalización, hasta convertirlas en un instrumento de terror tributario, cuyo único fin es la recaudación.

Regresamos a la aduana gomecista, la del “Benemérito”, la del “póngame donde haiga”, la de los compadres y los amigos ex militares, la del capricho administrativo y la obediencia debida. La meritocracia de la camisa, franela o gorra roja , suplantó el carácter de la institución y su misión histórica hasta convertirla en una barrera contra el comercio internacional de mercancías

Ya no importan la relación aduanera y la relación tributaria, ni las estructuras jurídico-económicas diferentes ni los sujetos, objetos y finalidad diferentes. No importan los derechos y obligaciones, ni el procedimiento aduanero hasta confundirlos en un procedimiento tributario olvidando su objeto fundamental, la relación aduanera

La aduana roja, ignorante, desconoce la trascendencia de la importación, exportación, transito, trasbordo, deposito aduanero, admisión temporal, importación y exportación temporal, regímenes aduaneros económicos, liberación de derechos a la importación.

Convirtieron a la aduana en un instrumento de terrorismo económico contra el sector privado de la economía, las licencias, permisos, delegaciones, certificados de no producción, certificados de producción insuficiente, control de precios y control de cambios, inciden en el desabastecimiento nacional de mercancías y constituyen uno de los insumos más relevantes de la alta inflación que caracteriza la gestión económica del régimen.

A la aduana le importan las características esenciales de la relación jurídica aduanera, la cual puede existir aun con independencia de los gravámenes a la importación, sin embargo queines dirigen actualmente la Aduana, desconocen que el sujeto pasivo de la relación es la persona que importa o exporta las mercancías, objeto de la relación.

En consecuencia ignoran que el ejercicio de la potestad aduanera tiene que ver principalmente con el destino de la mercancía, destino este que generalmente es el consumo en el territorio aduanero después de su nacionalización.

Y aquí nos topamos con las mercancías y sus relaciones posesorias, con la factura, el documento de trasporte internacional y la declaración de aduana, que son consecuencia de una compraventa internacional.

La aduana es un mundo pluridisciplinario, tiene que ver con el comercio internacional, con la economía, auditoria, los tratados, con el derecho, la ingeniería y la tecnología. Trabaja a dos niveles, el operativo y el normativo, el normativo conduce y participa en las relaciones y negociaciones internacionales de la aduana y las materias coetáneas a la misma.

Sin aduana no hay integración, no hay comercio. En las aduanas se concentra el control del estado sobre todas las mercancías, sanitario, técnico, de calidad, drogas, medicamentos, pesticidas, químicos y un largo etcétera.

La economía venezolana con una alta dependencia de las importaciones, requiere de una aduana eficiente, toda la producción nacional depende de la rapidez del desaduanamiento, las materías primas y los productos intermedios e incluso los productos terminados son insumos del sector productivo nacional, las barreras y la ineficiencia aduanera elevan los costos y en consecuencia esos costos se trasladan al consumidor. Una política anti-inflacionaria coherente y de pleno abastecimiento no puede dejar de tener en cuenta a la aduana como el cuello de botella de dicha política.

Se viven tiempos de temores en el sector privado de la economía, destruidas las instituciones aduaneras, la administración enfoca su actuación única y exclusivamente hacia la recaudación, sin importarle los derechos del importador. La inseguridad jurídica es el signo de los tiempos que corren.

Cada una de las aduanas actúa como un compartimiento estanco. El intendente nacional de aduanas es una figura decorativa. No hay orden jerárquico. Por instrucciones verbales se derogan y desaplican normas vigentes, por ejemplo, todas las normas andinas, entre ellas la Franja de Precios Agropecuarios. Por Decretos violatorios de la Ley Orgánica de Aduana, se otorgan competencias aduaneras a otros ministerios, se imponen ajustes al valor violando las disposiciones del Acuerdo del Valor, se imponen derechos anti dumping fuera del Arancel de Aduanas, se norma el Origen no Preferencial con una Resolución que viola el Acuerdo de Origen.

Todos los días nos alejamos más de la predictibilidad necesaria para los operadores económicos, la normativa aduanera no se aplica uniformemente, ni justamente ni neutralmente. La inseguridad jurídica es tal, que con la sanción y promulgación de la ley anti contrabando, fue derogada toda la materia, que sobre este delito establecía la Ley Orgánica de Aduanas, la última reforma de esta ley, que convirtió el procedimiento de abandono legal en una actividad confiscatoria por parte de la Administración, cuando fue publicada incluyo en su texto la materia derogada, en consecuencia es de suponer que esta modificación de la Ley Orgánica de Aduanas derogo la Ley sobre el delito de Contrabando.

Como se desprende de todo lo citado, la aduana dejo de ser una institución técnico -jurídico para convertirse en un caos administrativo y procesal donde impera la discrecionalidad, caldo de cultivo de la corrupción. Si la aduana cumpliese sus funciones no hubiese ocurrido Pudreval, no estuviesen escondidos 2500 contenedores en el complejo de José, ni tuviésemos problemas con los diamantes negros de Kimberly, ni de trafico de drogas. La aduana es un cascaron vacio, una estructura abandonada, a cargo de militantes políticos, y la puntilla se la quiere dar, una tal Hiroshima, que quiere derogar lo que queda de la venerable Ley de Hacienda Pública Nacional, la cual es la que otorga las competencias fiscales e inspectoras a los funcionarios de aduana que intervienen en los procedimientos de verificación y control.

Si en Venezuela existiese estado de derecho, todos los actos administrativos suscritos por los superintendentes del Seniat, Intendente de Aduana, Gerentes normativos y Gerentes de Aduana, serian nulos de nulidad absoluta, por incumplimiento a la Ley Orgánica de Aduanas, ya que ninguno de dichos funcionarios reúne los requisitos para ejercer los cargos para los cuales fueron desdignados.

A la aduana habrá que reconstruirla y desafortunadamente habrá que comenzar desde cero.

Por: Freddy Rios Rios.
friosrios@gmail.com
@doserre