Han pasado 136 días desde el descubrimiento del primer lote de
contenedores de Pdval con alimentos descompuestos.
El escándalo de los
alimentos dañados
Gobierno recurre a la manipulación del mensaje para mantenerse
Expertos en comunicación afirman que la ciudadanía debe analizar los mensajes que recibe con una actitud crítica y compararlos con la realidad.
Sin embargo hasta la fechasólo hay 3 detenidos cuya audiencia preliminar se ha pospuesto 7 veces. Expertos consideran que el efecto del caso en la imagen del Gobierno puede llevarlo a replantearse parte de su estrategia comunicacional.
Un mes después del primer hallazgo, 72% de los venezolanos, según Hinterlaces, pensaba que el Ejecutivo no hacía lo suficiente para investigar y sancionar a los culpables.
El profesor Iván Abreu, ex titular de la cátedra de Opinión Pública de la Escuela de Comunicación Social de la UCV y autor del libro El imperio de la propaganda, asegura que la estrategia de atribuir al adversario la responsabilidad de los propios errores y omisiones principio de transposición desarrollado en la Rusia socialista de Vladimir Lenin y perfeccionado por Joseph Goebbels para el nacionalsocialismo alemán se le agotó al Gobierno y los resultados electorales así lo revelan.
“Por eso ha comenzado a recurrir a la técnica del reposicionamiento, que consiste en no atacar al adversario sino reforzar su propia gestión, en este caso a través de Pdval, intentando difundir un mensaje positivo sobre su desempeño”, afirma.
Frente al espejo:
Desde mediados de agosto los televidentes pueden observar una propaganda que intenta recomponer la maltrecha imagen de Pdval: el estereotipo de madre joven y pobre, sin esposo, con dos hijos, prepara un desayuno que incluye café, arepas de harina de maíz, caraotas refritas en aceite Diana, carne mechada, leche y jugo de naranja Los Andes.
“La misión más importante de mi vida dice la mujer es hacer felices a mis hijos, verlos crecer sanos y fuertes (…) Pero lo que más me da tranquilidad es que ahora puedo conseguir, a precios justos, los alimentos que consumen día a día. Ahora tengo a Pdval. Yo defiendo a Pdval. Yo defiendo el alimento de mis hijos. El que esté en contra de Pdval está en contra de nuestros hijos, porque Pdval es el alimento del pueblo”.
El escándalo de los alimentos dañados no es el primero en que el Gobierno ha usado el principio de transposición.
Fernando Egaña, abogado, profesor de Estudios Políticos de la Unimet y ex ministro de Información, cita algunos ejemplos: acusar a la oposición de preparar fraudes electorales, atribuirle al sabotaje la responsabilidad de la crisis de los servicios públicos, acusar por adelantado a los organizadores de marchas no oficialistas de que causarán desórdenes, responsabilizar a las autoridades universitarias de atentar contra los recintos académicos e identificar oposición con la subversión de los principios democráticos constitucionales. Como si estuviera frente a un espejo, el discurso oficial “carga sobre el adversario lo que se hace y no se puede reconocer”, señala.
Abreu identifica otros principios de la propaganda sistematizados por estrategas de la Rusia socialista y de la Alemania fascista que aplica el Gobierno venezolano: “El ad-hóminem, que es responder un argumento no yendo a la raíz de éste sino desacreditando al declarante; la apelación a la autoridad, utilizando la figura del Libertador, escudarse en sus ideas para justificar las cosas que hace el Ejecutivo; infundir miedo en los electores sobre los posibles resultados; la definición del enemigo interno (la oligarquía, la oposición política) y el externo (Colombia, el imperio) para tener siempre alguien a quien atribuirle la culpa, y la distracción; es decir, tratar de desviar la atención de la opinión pública de los escándalos, entre otros”.
Sobre la respuesta a esas estrategias, Egaña considera que la oposición debe actuar cada vez más unida.
Abreu sostiene:
“Cuando tienes que defenderte, desvirtuar, desmentir o aclarar lo que otro dice, significa que el otro tiene la iniciativa”. Indica que la oposición tiene que desarrollar su propia agenda y mensaje.
Agrega que la ciudadanía también puede responder con una lectura crítica de esos mensajes, compararlos con la realidad y preguntarse si quien los emite se ajusta a los hechos o los exagera.
MARU MORALES | ENFOQUE
mmoralesp@el-nacional.com
Judicial | Sucesos
EL NACIONAL
Rafael Luciani abre la puerta de su oficina y sólo tiene que dar unos pocos pasos para encontrarse con un regalo de la naturaleza: el Ávila.
Señala que el Gobierno debe
leer los resultados del 26-S
Desde el segundo piso de la sede del Instituto de Teología para Religiosos, del que es coordinador, la montaña parece un gigante hipnotizado.
Una gigantografía.El clima de paz que allí se respira cuadra perfectamente con la personalidad del filósofo: es de un talante muy suave; no se lo imagina uno segregando bilis. Una de sus vocaciones es la música.
Le gusta escuchar Mozart. Toca piano y compone. Pero las partituras han quedado para el terreno estrictamente privado. Su otra vocación la más fuerte está volcada hacia lo religioso.
No es sacerdote. Es laico.
Tiene un doctorado en Teología Dogmática (una rama que analiza las verdades comprendidas en la fe cristiana) por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y se ha dedicado a indagar la relación que existe entre política y cristianismo. Una de las materias que dicta se denomina Cristología Bíblica: en ella analiza el perfil histórico de Jesús. ¿Era socialista el hijo de Dios? Luciani es una voz autorizada para despejar la interrogante.
–Durante el siglo I, que es cuando Jesús vive, hay dos concepciones de mesianismo que están en el ambiente: la del mesías davídico (el político) y la del mesías espiritual.
Para entonces, se esperaba la llegada del mesías davídico, que vendría con una fuerza militar a liberar al pueblo judío de los romanos, el imperio de ese momento. Pero Jesús se presenta bajo una imagen que queda distinguida claramente cuando entra a la sinagoga de Nazaret y lee el texto de Isaías.
Al final del escrito, está asentada una estrofa que Jesús omite intencionalmente. El texto dice: “Este es el año de la gracia y de la venganza”. Pero Jesús culmina la lectura cortándolo en el año de la gracia. Porque haber citado la otra expresión, el año de la venganza, era propia del mesías davídico que esperaban. Jesús asume un mesianismo en el espíritu.
¿Qué significa eso? El espíritu es una realidad para la que no existe una forma concreta. Si uno lo ve de una determinada manera, necesariamente tiene que excluir a los que no lo ven así. El espíritu es la realidad de Dios, en la que todos cabemos.
Luciani lleva chaqueta gris y un pantalón azul de gabardina. Una camisa a cuadros morada (el color del Nazareno) y zapatos de cuero. Elegante.
Sus manos están pulcras. De vez en cuando las mueve para darle vida a su relato.
–Fue tal la reacción de quienes lo escucharon en la sinagoga de Nazaret que el propio evangelista Lucas narra cómo trataron de matar a Jesús porque él no se había asumido como lo que ellos esperaban: un mesías político. En otro episodio aparece la figura de Pedro, que lo reconoce como mesías.
Y Jesús le responde: “Aléjate de mí, Satanás”. Uno pudiera creer que está refiriéndose a él como una entidad diabólica. Sin embargo el texto, en el contexto del siglo I, no se refiere a eso. El término Satanás tiene que ver con el sujeto dividido. La expectativa que tiene Pedro de Jesús es la del mesías político. Y por eso Jesús le responde de una manera frontal y muy fuerte, diciéndole: “Aléjate de mí, tú divides, tu expectativa es de división, que es el mesianismo de la venganza, el mesianismo davídico, el mesianismo político por la fuerza”. Cabría preguntarse: ¿Por qué Jesús anda con sujetos tan distintos, a los que mantiene cohesionados, pero sin convertirlos en una comunidad de homologados? Jesús no puede ser socialista en el sentido de asumir un proyecto político que implique el camino de la fuerza, la venganza o la exclusión. Ahora, que su praxis sea una praxis social, con incidencia en lo político, en lo económico, con incidencia en todo ámbito, ciertamente que sí.
Es autor de los libros La palabra olvidada: de la significación a la simbolización, Despertar a la abundancia de la vida y El misterio de la diferencia: un estudio tipológico de la analogía en el pensamiento de Tomás de Aquino, Erich Przywara y Hans Urs von Balthasar. Sesudo. Nada qué ver con Paulo Coelho.
–La Revolución Francesa toma en cuenta tres principios: libertad, fraternidad e igualdad. Esos valores están inspirados en el cristianismo. Pero no se puede imponer la igualdad a costa de la fraternidad.
Esa sería una praxis del mesianismo davídico. Yo tomo el poder, excluyo a los que no pertenecen a mi círculo, a mi visión de mundo. Los que quedamos somos los iguales y, a partir de esos que quedamos, construimos una hermandad cerrada, excluyente. Para Jesús, la relación que existe entre libertad, igualdad y fraternidad es algo muy distinto. Jesús asume de los profetas que la libertad es el valor fundamental. El eje central de toda la historia del Antiguo Testamento gira alrededor de ella. Entiende que no hay libertad sin entender el modo como se construye. Y para él, el único modo que tiene sentido es el fraterno. La tolerancia es un valor que me permite reconocer que el otro está ahí: la fraternidad implica que yo asumo al otro. Es un concepto mucho más amplio. Pero la fraternidad no es agarrarnos de las manos y caminar: implica un ejercicio de construcción de un espacio común. La expresión de Maquiavelo de que el fin justifica los medios no existe en Jesús.
Aunque el Ávila está cerca, hace calor. Luciani enciende el aparato de aire acondicionado.
Se prepara para responder otra pregunta: ¿Puede haber fraternidad en la Venezuela de hoy? –Uno pudiera pensar que dentro del proyecto (chavista) hay elementos que tratan de construir, con una intención muy positiva, el bien común. Pero si vemos el proyecto en su conjunto nos damos cuenta de que, para llegar a la construcción global del socialismo del siglo XXI, se pretende destruir lo que existe: partir de cero. Y sólo los que estén de acuerdo con esa idea pueden tener acogida o, como decimos en cristianismo, hospitalidad. No hay fraternidad porque eso forma parte del modo como se entiende el proyecto y como se pretende construir: a través de la imposición. ¿La búsqueda de la igualdad? Claro que sí. Pero eso no significa homologar. Si se pretende dar a alguien algo a cambio de una fidelidad absoluta, yo no estoy haciendo a esa persona sujeto: la he convertido en objeto de dependencia. Los medios tienen que coincidir con la creación de espacios comunes. Si no, el fin se convierte en algo impuesto, sea un proyecto político o una visión religiosa.
Vivió y estudió en Estados Unidos, Italia y Alemania.
Así que habla inglés, italiano y alemán. También domina el francés, el latín y el griego.
Políglota.
–Las elecciones parlamentarias han derribado un mito: el Gobierno siempre ha dicho que las clases más pobres favorecen su proyecto. Hemos ido descubriendo en los últimos años que no es así. Todos los estratos sociales están pidiendo pluralidad. En cualquier ámbito social y económico hay quienes aprueban y desaprueban el proyecto. Se cae el mito de la lucha de clases: los ricos contra los pobres. Y eso es un espacio positivo para la reconciliación. Los venezolanos quieren que el país se construya entre todos. Si ese mensaje no se sabe leer, entonces quedará otra vez más develado el tipo de praxis sociopolítica que adoptan quienes tienen el poder. Lo que está ocurriendo ahora es lo que nosotros en el cristianismo y especialmente en la teología llamamos un signo de los tiempos, que el Gobierno debe saber interpretar. Venezuela demanda un camino de recomposición y de concordia. Lo curioso es que, a pesar de que la reconciliación ha sido negada en el pasado reciente, el pueblo ha decidido, a esta altura, que no quiere sino reconciliarse. Y ese mensaje no viene de ningún proyecto político ni de ningún partido ni de ninguna figura: el deseo de reconciliación está en la calle.
Su oficina tiene un aire zen.
No resaltan los colores. Hay pocos objetos. Un escritorio.
Una computadora. Una pequeña biblioteca.
–El cambio que se ha producido en la Asamblea Nacional nos permitirá ver si prevalece una praxis totalitaria o si todos seremos sujetos. ¿Por qué? Porque veremos si una propuesta de ley es fruto del diálogo o si es impuesta porque tengo mayoría de votos.
¿A quién favorece? ¿Favorece a unos cuantos? ¿Favorece a la sociedad en su conjunto? ¿O favorece sólo a los que participan de ese ideal? En el comunismo, para llegar a una sociedad de iguales absolutos, se le trata de imponer al otro ese sistema. Sin embargo, aquí hemos visto una reacción contraria en la sociedad: está dando una señal de que quiere la creación de espacios comunes que hagan libre al sujeto, que es el sentido de la palabra liberación. Pero liberación no significa quitar a unos para poner a otros en su lugar. Significa, en el contexto de la sinagoga de Nazaret donde Jesús lee el texto de Isaías, que el individuo decida por sí mismo, que sea autónomo, que se desprenda de aquello que lo ata. La liberación no es de unos: se construye entre todos y si no, no es liberación.
GLORIA M. BASTIDAS
gloriabastidas@gmail.com
Política | Opinión
EL NACIONAL
El profesor e investigador señala que la ley de comunas establece la subordinación del autogobierno comunal al Ejecutivo.
Sobre las comunas, un tema ensamblado por fases que ha ido ganando terreno entre las prioridades del Ejecutivo y el Legislativo, el economista, profesor e investigador de la UCV y la UCAB Ronald Balza Guanipa ha redactado varios ensayos: “Comunas y comunismo en el siglo XXI” (revista SIC, número 727, 2010), “Sobre comunas y colectivos: antecedentes del socialismo” (Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI de Margarita López Maya, volumen II, 2009) y “Del golpe de Estado al socialismo bolivariano” (Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, 2009).
–La ministra de las Comunas, Isis Ochoa, dijo que hay 218 de estas organizaciones en construcción. Esto, a pesar de que la ley que las rige no está aprobada.
¿Cuál es el estatus jurídico de las comunas?
–De acuerdo con el Plan de la Nación 2007-2013, “la justicia está por encima del derecho”. Para el Gobierno el estatus jurídico importa menos que sus propios planes.
–¿Encuentra relación entre el proyecto de comunas de Hugo Chávez y alguno de los antecedentes de este modelo en el mundo?
–La relación ha sido expuesta por el propio Presidente. Puso a Mao al lado de Bolívar y Jesucristo como inspiradores de sus ideas en la Universidad de Beijing y ha repetido varias veces que Mao debió morir feliz, porque la China actual es su obra y, a diferencia del Libertador, pudo culminarla en vida. Además, en el Aló, Presidente del 11 de junio de 2009 recomendó el libro ¿Cómo es la comuna popular? de Chu Li y Tien Chieh Yun, y leyó la página en la que dice que la comuna china estaba “bajo la dirección del Comité Central del Partido”. Por supuesto, del Partido Comunista Chino. Aunque en repetidas ocasiones el Presidente se ha distanciado de la Unión Soviética, no debe olvidarse que el Gran Salto de Mao de 1958 se hizo de un modo muy similar a las colectivizaciones de Lenin y Stalin, y que también concluyó con la muerte por hambre de millones de personas.
–¿El financiamiento del Estado puede derivar en un control político?
–La subordinación del autogobierno comunal al Ejecutivo se hace explícita cuando la ley comunal define la ciudad comunal como un “sistema de unión de comunas (…) agrupadas entre sí, con fines políticos, administrativos y económicoproductivos (…) en concordancia con los lineamientos establecidos en los planes nacionales y en los programas y las políticas dictados por el Ejecutivo”, que establecerá su forma organizativa y de funcionamiento en el decreto de creación del Distrito Motor de Desarrollo al que pertenezca.
Por un lado, se afirma que la comuna es un espacio socialista sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular.
Por otro, tal espacio se considera expresión de un modelo socioeconómico legitimado por el Estado y no por el pueblo. El control político no sólo se hace evidente en la ley al subordinar los planes de las comunas con los del Ejecutivo. A escala local, la ley de comunas crea un medio alternativo de justicia comunal, cuyas decisiones tendrían carácter vinculante para los habitantes de la comuna.
–¿Las empresas de propiedad social que garantizarán el autosustento de las comunas son, en realidad, de quién?
–Son propiedad del Gobierno, puesto que éste aporta medios de producción que no pueden ser vendidos por nadie; fija los precios y salarios que considera “justos”; establece relaciones de producción, intercambio y uso del excedente que no pueden ser modificadas por los miembros y dirige su actividad hacia lo que cree más útil dentro de sus propios planes.
–¿Encuentra económicamente rentable una empresa de propiedad social en pleno siglo XXI?
–Su propósito no es ser rentable, es satisfacer las necesidades de la población. El problema es que el Gobierno decide cuáles son las necesidades y deslegitima cualquier otra que no encaje en su ética socialista.
–¿Es posible pensar que en una fase más avanzada de las comunas el Estado sea dueño de buena parte de los medios de producción?
–El sector privado aún produce 70% del producto interno bruto. Poner en manos del Gobierno buena parte de los medios de producción implicaría un extraordinario proceso de destrucción. Incluso, Lenin y Mao tuvieron que detener sus colectivizaciones al observar sus resultados.
–¿Cuáles son las perspectivas de la economía si llega a instaurarse una sociedad con preeminencia de lo colectivo sobre lo individual?
–En los países en los que se ha intentado negar lo individual ha sido inevitable la represión. Los comunistas han supuesto que al eliminar la propiedad privada acaban con el poder de unos hombres para explotar a otros. Mientras la lucha de clases se lleva a cabo, se admite la represión o “reeducación” de unos por otros.
Lo que no han podido explicar es cómo el poder concentrado en un partido sin contrapesos puede devolverse al “pueblo”. Por otro lado, a pesar de los esfuerzos por crear “hombres nuevos”, los comunistas no han logrado suprimir las peores actividades ilegales ni dentro ni fuera de sus partidos.
Son ejemplos la mafia rusa y la prostitución en Cuba.
–¿Cuáles son las bondades de los modelos de propiedad social y colectivo?
–Las hay, siempre que correspondan a la unión voluntaria de sus miembros. Un ejemplo son las viejas cooperativas de taxis que comparten la propiedad de edificios, radios y su propio nombre, que también establecen sus propios estatutos y medidas disciplinarias.
Al Presidente no le gustan las cooperativas ahora porque le parecen capitalistas: en las de taxis, por ejemplo, los miembros son dueños de sus carros y de su ingreso, trabajan para sí mismos y la cooperativa.
–¿Se puede hablar de propiedad pública o social cuando el verdadero dueño de los medios de producción es el Estado y no los comuneros?
–Es un asunto retórico. Si la propiedad es del Estado y el Estado no se regula a sí mismo, los comuneros pueden ser explotados de un modo peor que los empleados de una empresa privada regulada.
–¿El de las comunas es un modelo caduco o puede ser reinterpretado para lograr el beneficio de la población?
–El problema con el modelo es la supresión, en última instancia, de la voluntad individual. El Gobierno sólo admite la voluntad del “hombre nuevo”, que debe ser creado por el partido, en palabras del Che. La cooperación y las asociaciones voluntarias entre personas no son una novedad.
Al presentarse como único defensor admisible de la solidaridad y destruir deliberadamente las alternativas, el Gobierno destruye la posibilidad de elegir voluntariamente. Con ello pervierte la solidaridad y labra nuevos caminos a la explotación de unos por otros.
La toma de decisiones esta centralizada, Comisión y pueblo,
en posición adelantada.
El decreto presidencial que le ganó
la carrera a la ley y a la Constitución
En la Gaceta Oficial 39490 del 18 de agosto de 2010 se publicó el decreto 7620, firmado por Hugo Chávez Frías, a través del cual se creó la Comisión Presidencial para el Impulso a las Comunas.
Señala el decreto que el Presidente está “convencido de la necesidad de abrir un verdadero espacio geográfico socialista, en el que el pueblo organizado, de manera directa, ejerza la gestión de las políticas públicas de su entorno”.
Chávez está convencido de la necesidad de abrir un espacio geográfico socialista.
El convencimiento de Chávez obvia que los únicos espacios geográficos reconocidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela (artículo 16) son los estados, el Distrito Capital, las dependencias federales y que el territorio se organiza en municipios. Soslaya también que el adjetivo “socialista” que acompaña a su certeza es inconstitucional.
El decreto se asienta en los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 de la carta magna, sobre la obligación del Presidente de la República de dirigir la acción de gobierno, administrar la hacienda pública nacional y fijar el número y competencia de los organismos de la administración pública nacional.
La diputada Pastora Medina dijo días después de la publicación del decreto que se trataba de un golpe de Estado: “La comisión va a imponer un modelo de organización territorial que no figura en la carta magna y suprime cualquier debate sobre el tema. Primero tendrían que reformar la Constitución para luego crear las comunas”.
Ulises Daal, parlamentario del PSUV, aclaró que la comisión presidencial dará viabilidad y eficiencia a un modelo de organización popular que ya está en funcionamiento. “El pueblo se adelantó; el Ejecutivo y el Legislativo tenemos que responder”.
¿Y la gente? El vicepresidente ejecutivo, nueve ministros, el presidente del Banco Bicentenario, el comandante general de la Milicia Bolivariana y el presidente del Instituto de Ferrocarriles son los miembros de esta comisión.
Tienen 11 atribuciones. Algunas son: orientar la sincronización de las comunidades organizadas con las instituciones y misiones del Ejecutivo y con los estados y municipios, así como con el sector privado; coordinar los planes para la transformación del sistema productivo local y crear y administrar una base de datos sobre las organizaciones comunales, proyectos e identificación de problemas.
Crear comisiones para dirigir desde el poder central al poder popular no es nuevo. La novedad está en que, por ejemplo, la comisión presidencial para el fortalecimiento del poder popular fue instalada después de la aprobación de la derogada Ley de los Consejos Comunales de 2006 y había miembros de estas organizaciones comunitarias en la instancia de toma de decisiones. Aquí no fueron invitados los comuneros y todos los miembros que pertenecen al poder central.
Ante la dificultad de dirigir desde Caracas un proceso que se inició en todo el país, la comisión de los consejos comunales fracasó y le asignó a Fundacomunal sus funciones de revisar los proyectos y asignar recursos. ¿Un espejo para la comisión que impulsará las comunas?
El socialismo del siglo XXI que propone Hugo Chávez hay que acercarse
a una nueva semántica.
Algunos conceptos son “novedosos”
Y otros, refritos de regímenes como el soviético, el cubano o el chino.
Consejos comunales:
“En el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social”.
(Ley Orgánica de los Consejos Comunales, sancionada el 26 de noviembre de 2009).
Comuna:
“Es una entidad local socialista, constituida por iniciativa del pueblo soberano organizado, donde y a partir de la cual se edifica la sociedad socialista”. La integran “comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento; y en cuyo ámbito los ciudadanos y ciudadanos ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular, con un régimen de propiedad social y un modelo de desarrollo endógeno y sustentable”. (Proyecto de ley de las comunas, aprobada en primera discusión en junio de 2010).
Estado comunal:
“Forma de organización político social, fundada en el Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del Estado comunal es la comuna”. (Proyecto de ley de las comunas).
Parlamento comunal:
“Máxima instancia del autogobierno en la comuna, constituida por las asambleas de ciudadanos y ciudadanas de las comunidades que la integran, instaladas con tal carácter en sus respectivos ámbitos territoriales, cuyas decisiones se expresan mediante normativas en materia de convivencia ciudadana o mandatos en los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de actos de gobierno en espacio territorial de la comuna”. (Proyecto de ley de las comunas).
Banco de la comuna:
ganización económico-financiera de carácter social que gestionará, administrará, facilitará y controlará, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal, los recursos financieros, retornables y no retornables, y los no financieros de ámbito comunal (…) para la construcción del Modelo Productivo Socialista”. (Proyecto de ley de las comunas).
El empresario de origen libanés, preso en Colombia, revela sus conexiones
con el alto gobierno chavista.
La fortuna que amasó durante 8 años
de negocios con apoyo oficialista
Niega ser un narcotraficante.Desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, a dos horas al noreste de Bogotá, el empresario de origen árabe Walid Makled, acusado por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos de ser uno de los más importantes capos de la droga, habla extensamente por primera vez acerca de sus vinculaciones con el gobierno de Hugo Chávez y su caída en desgracia a fines de 2008.
Fue presentado por el Gobierno de Colombia como el tercer capo de la droga más peligroso del mundo. El de Estados Unidos lo acusa de enviar 10 toneladas mensuales de cocaína a ese país.
Y el gobierno chavista lo responsabiliza de dirigir una tenebrosa red de distribución de narcóticos. Pero él dice que es inocente y que tiene pruebas para demostrarlo en cualquier tribunal internacional.
Señala que gran parte de sus inversiones se la expropiaron a finales de 2008, cuando una comisión de la DIM decomisó un cargamento de cocaína en una finca administrada por su familia en las afueras de Valencia.
Tres de sus hermanos fueron encarcelados, acusados de narcotraficantes. Walid huyó a Cúcuta, donde fue capturado el 19 de agosto.
Mientras espera ser extraditado, Makled revela que pagaba dineros y mantenía en nómina a altos funcionarios del gobierno chavista, incluidos generales, ministros y diputados, y que tiene los documentos para probarlo.
Desde el sitio de reclusión conversó vía telefónica en forma exclusiva con El Nacional.
–¿Cómo comenzó su relación con el gobierno chavista?
–A través del ex gobernador Acosta Cárlez, yo colaboré con 2 millones de dólares para la campaña del Sí en 2004.
–¿Cómo obtuvo usted las concesiones en Puerto Cabello y el aeropuerto de Valencia?
— Esa concesión era originalmente de unos familiares del gobernador Salas Romer, a quienes les compré la maquinaria de esa amlacenadora por 3,4 millones de dólares, debido a que Acosta Cárlez se las quería quitar. Acosta Cárlez me dijo que para tener la concesión debía pagarle 12 millardos de bolívares.
Entonces le hice 5 cheques de 1.000 millones de bolívares cada uno. Y estando en mi oficina él me llamó a que lo acompañara en un acto; y en ese acto dice: el señor Makled está donando 5 millardos. Pero yo no estaba donando 5 millardos, estaba pagando una almacenadora que me vendió. ¿Qué hizo el ciudadano gobernador? Esos 5 cheques se los entregó a varias fundaciones que eran de sus hermanos y de sus cuñadas.
–¿Se consideraba chavista?
–Nosotros apoyamos bastante el proceso, creíamos bastante en ellos, hasta que fuimos vilmente traicionados por mucha gente. Durante el paro petrolero yo presté todas mis gandolas para que ellos pudieran resolver la situación del transporte del combustible. Y me pagaron quitándome mis empresas. Por eso le pido a la oposición venezolana que mande una comisión de la nueva Asamblea Nacional para que oigan lo que yo estoy diciendo, y mostrarles las pruebas.
–¿Conoció personalmente al presidente Chávez?
–Directamente a él no. Pero sí a parte de su gabinete.
–¿Estuvo alguna vez en Miraflores?
–No, pero sí en varios lugares donde él estuvo. Era de las personas que me sentaba en la primera fila.
–¿Cómo explica usted el cargamento de droga que decomisó la DIM en la finca de su familia en el estado Carabobo?
–Los generales Orlando Rodríguez y Cliver Alcalá tienen que explicar de dónde sacaron esa droga y la metieron en mi finca.
–¿Los acusa usted de sembrarles esa droga.
–Claro, cien por ciento. Imagínese una persona que se esté ganando de 6 a 8 millones de dólares. ¿Qué necesidad tiene de tener en su finca una droga y a nombre de uno? Eso no cabe en la mente de nadie. Todo el expediente está viciado completamente. Pero yo tengo todas las pruebas, gracias a Dios logré sacar las pruebas de toda la gente que trabajaba conmigo, la gente que yo le colaboraba, y la que tenía metida en mi nómina.
–¿Qué pruebas tiene?
–Vauchers, números de cuentas donde les he depositado, cuentas a nombre de esposas de ellos, cuentas a nombre de hermanos de ellos. En mis nóminas tenía a ministros, hermanos de ministros, generales, almirantes, contraalmirantes, coroneles y cinco diputados de la Asamblea Nacional, a quienes les regalé un carro último modelo a cada uno. También quiero denunciar al general Néstor Reverol. Él ha manejado mis empresas durante 23 meses.
Esas empresas han generado en ese tiempo 140 millones de dólares. Esos 140 millones tendrían que estar depositados en un tribunal y no están.
–¿Y ese dinero es producto de qué? ¿Cómo producen sus compañías 140 millones de dólares en 23 meses?
–Muy fácil. Nosotros tenemos 9 almacenadoras en uno de los puertos más importantes. Eso lo puede corroborar el gobernador del estado Carabobo, que es una persona seria.
–¿Pero se trata de negocios lícitos?
— Claro, cien por ciento lícitos. Nosotros manejábamos 14.000 contenedores al mes.
Les manejábamos toda la carga a Ford, General Motors, la Chrysler, a Iveco, todos esos fabricantes nacionales. Teníamos contratos con las líneas navieras más importantes del mundo, entre ellas Lloyd y Merck.
–Sin embargo, hay acusaciones de que usted se enriqueció a través del narcotráfico.
–Acuérdate que ellos agarraron mis empresas y con mi dinero empezaron a hacer una campaña de desprestigio de narcotráfico. Imagínese la gran mentira que yo maté un capo colombiano, el más grande de Colombia.
–Se refiere a la acusación de que asesinó a Wilber Varela, alias “Jabón”, uno de los jefes del Cartel del Norte del Valle.
–Claro, una cosa ridícula.
–Un informe de la DEA afirma que usted envió hasta 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos todos los meses.
–Eso fue una campaña sucia que me hicieron. Yo soy de nacionalidad venezolana, nunca he ido para Estados Unidos, no tengo ni siquiera visa, nunca he salido de Venezuela.
–Las acusaciones en su contra dicen que enviaba cargamentos de droga por barco y por avión a Estados Unidos.
–Eso es lo que dicen por Internet.
–Pero según la agente de la DEA Yvonne Schon usted dirigía personalmente las operaciones de narcotráfico en Puerto Cabello.
–Cuando hay tanta plata se presta para muchas cosas.
Cualquiera puede hacer un informe. Arrancaron con la mentira de que yo maté a este narcotraficante Varela, que me dicen aquí en Colombia que ha matado a más de 1.500 personas.
–Pero hay un documento de la DEA.
–Cuando tú eres un empresario exitoso, hacen de todo para desprestigiarte. A mí me hicieron un capo, imagínese, de empresario y padre de familia, mucha gente que conoce de la colonia árabe de Valencia, como una persona respetuosa.
–También dicen que tenía relaciones con un narcotraficante vinculado con la guerrilla de las FARC, que se llama José María Corredor Ibagué, alias “el Boyaco”.
–Le vuelvo a decir: los malandros que tienen mis compañías agarraron y comenzaron a meter cosas por Internet.
Que Walid Makled era esto, esto y esto. ¿Por qué no dicen que Walid Makled tenía concesión de fertilizantes, que se la otorgó el hermano del vicepresidente del PSUV, Saúl Ameliach? ¿Eso por qué no lo dicen?
–¿Era esta la concesión para vender fertilizantes de Pequiven?
–Claro, yo podía distribuir fertilizantes a toda Venezuela. Ellos me despachaban 900 gandolas al mes de la petroquímica. No tenía necesidad de andar en cosas ilícitas.
–Otra de las denuncias es que usted distribuía fertilizantes para ser usados en la fabricación de cocaína.
–Por favor, ese fertilizante me lo dio la gente de Pequiven para despacharlo para allá. ¿Qué tengo que ver ahí?
–¿Está dispuesto a ir a un tribunal internacional para defender su inocencia?
–Claro, por Dios.
–Recientemente circuló la copia de un carnet del Tribunal Supremo de Justicia a su nombre, firmado por el magistrado Eladio Aponte Aponte. ¿Cómo obtuvo ese carnet?
–De ese tema no quiero hablar todavía.
–¿Qué pasó con los 3,4 millones de dólares que usted tenía en el Caracas International Banking Corporation, en Puerto Rico, y que fueron decomisados por el Gobierno estadounidense bajo la presunción de que eran dineros productos del narcotráfico?
–Esos 3,4 millones estaban en Citibank. Pero el banco del señor Nogueroles tenía un puntico más de interés y agarramos esos 3,4 millones de dólares y los pasamos al CIBC, a través de otro banco.
–¿Pero el origen de ese dinero era legítimo?
–Legítimo cien por ciento, si estaba en Citibank, imagínese.
Yo le estoy diciendo que todo es un vil montaje.
–¿Usted dice que el informe de la DEA es una mentira, un montaje?
–Claro, por favor.
–Pero el dinero fue congelado porque era suyo, bajo acusaciones de que provenía del narcotráfico.
— A Zuloaga le sembraron las acusaciones de unos carros, a Mezerhane le sembraron conexiones con paramilitares, y a los Makled lo más cochino que hay, que es la droga. Si yo soy narcotraficante, todo el gobierno de Chávez es narcotraficante. Trabajaban conmigo ministros, generales, contraalmirantes, hermanos de ministros, generales de aviación.
–¿Y usted tiene todas las pruebas de estas relaciones?
–Yo hablé de una lista de 15 generales. A esos 15 generales yo les tengo pruebas. Pero también hay 25 generales que los conozco, que son amigos míos y no puedo hablar nada de ellos. A esos los ayudaba así por afuerita, pero no tengo un soporte para decir que recibían dinero de mí.
–Usted afirma que tiene una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares.
–Es más que eso. Nosotros somos una familia que ha venido trabajando por 30 años.
–¿Y dónde está esa fortuna, en Venezuela o en el exterior?
–Déjeme explicarle. Yo cuando hablo de esa suma estoy metiendo las empresas que están en manos del Gobierno.
Del Gobierno no, en manos de cuatro generales delincuentes. Son tan descarados, que el que está manejando Aeropostal es el hermano del (ex) presidente del Banco de Venezuela, Orellana. ¿Qué le parece?
–¿Quiénes son estos generales que manejan ahora sus empresas?
–¿Cómo es posible que un general viva en una casa de 3, 4 millones de dólares, como vive el general Néstor Reverol? ¿Cómo es posible que su familia en Cabimas viva en una casa de 2 millones de dólares? Claro, con la plata de los Makled.
–¿El dinero que usted dice haber pagado a generales, ministros y contralmirantes, lo pagó fuera de Venezuela, por ejemplo en cuentas en Suiza o Estados Unidos?
–Hubo unos pagos dentro y fuera de Venezuela y hubo unos depósitos en bolívares en cuentas de ellos y de familiares de ellos. Esos depósitos serán entregados a los respectivos gobiernos.
–¿Qué otros negocios tenían los Makled con el Gobierno?
–Teníamos un Mercal al mayor, donde la gente hacía cola para comprar. Ahí nosotros teníamos ese negocio con el Gobierno. Por cierto, cuando me quitaron mis empresas, el Gobierno me debían a mí 300 millardos. También esa plata se la robaron. Yo también les prestaba a ellos 10 gandolas que iban para el Fuerte Tiuna, para la Policía Militar en Caracas, donde yo cargaba 10 contenedores con pura mercancía para los cubanos. Y esa mercancía se iba para Puerto Cabello. De allí iba directo al barco, no pasaba por ningún tipo de control aduanero.
–¿Qué tipo de mercancía salía para Cuba?
–Todas las semanas salían 10 gandolas. En esas gandolas los cubanos metían colchones, neveras, lavadoras, cocinas, de todo. Un general de la Policía Militar me pedía el apoyo. Y nadie se atrevía a revisar esa mercancía.
El Gobierno insiste en impulsarlas pese a que esa figura fue
rechazada por los venezolanos en el referéndum de 2007
La legislación aun no ha sido
aprobada en segunda discusión
El avance silencioso de las comunas. Aunque la ley que regirá a esta nueva organización geopolítica aún no ha sido aprobada, ya están en formación comunas en todo el país. Tienen banco, formas alternas de justicia y un abultado presupuesto. Pero ningún mecanismo que las obligue a rendir cuentas
La de Rosa Contreras es una comuna piloto. Queda en Carapita, se llama Victoria Socialista y es una de las 52 que recibió en junio 924.447 bolívares fuertes para arrancar las operaciones del banco comunal. Ella está contenta y ajetreada.
La sede del Banco de la Comuna, en el que ella es miembro del comité de aprobación, está en el módulo de multifunciones de Fundacomunal, frente a la estación del Metro de Caracas, en Carapita. Es un gran edificio de concreto, en el que refugiaron a 150 familias que quedaron damnificadas por las lluvias de las últimas semanas. En el sitio entra y sale gente con bolsas de ropa y zapatos; afuera hay hileras de baños portátiles.
En una oficina impregnada por el trajín, en la que acopian colchones para los afectados, hay avisos que la identifican como la sede de la institución bancaria. En apariencia es precaria, pero tiene muchos recursos otorgados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero adscrito al Ministerio para las Comunas que están depositados en una cuenta del Banco Bicentenario.
Contreras recuerda que desde 2008 maceraban la idea de fusionar los consejos comunales de su sector con la intención de convertirlos en comunas. Comenzaron con 6, que se unieron para solucionar un grave problema de infraestructura. “Se fueron integrando más y llegamos a 17. Hoy somos 18. Por nuestra constancia y disciplina llegamos a convertirnos en comuna en construcción”, dice.
Tanto Contreras como los voceros públicos se cuidan de utilizar siempre el apellido de “en construcción” al hablar de esta figura organizativa. La razón es sencilla: saben que no existe ninguna legislación que norme su existencia. La ley de comunas fue aprobada en primera discusión este año y no tiene un reglamento redactado.
Tampoco está establecida en la Constitución.
Es, hasta nuevo aviso, un modelo de participación y autogobierno ilegal.
“Están inaugurando comunas y dando financiamientos como si tuvieran personalidad jurídica. Ningún dinero público puede darse a una institución sin legalidad. Las comunas son sociedades `de hecho’ de consejos comunales”, indica Gerardo Blyde, alcalde de Baruta y abogado, que formó parte del grupo Fuerza de Alcaldes por la Democracia para frenar el avance del modelo.
Aun así, como la comuna Victoria Socialista hay otras 217 formándose en todo el país y recibiendo recursos públicos de diversos organismos. El miércoles, por ejemplo, la comuna Juan 23 de la parroquia 23 de Enero de Caracas recibió 1,6 millones de bolívares fuertes de la Alcaldía de Caracas y Fundacomunal para obras de infraestructura y culturales.
El concepto, que se viene masificando desde 2007, cuando apareció definido en la rechazada reforma constitucional, ha calado en las organizaciones comunitarias aupadas por el Gobierno, en especial en los miembros de los consejos comunales que han comprendido que deben imbricarse en una nueva unidad de participación para adecuar sus proyectos al socialismo del siglo XXI y, también, a su engranaje de adjudicación de recursos.
De los consejos comunales a las comunas hay un salto cualitativo notable. Los primeros permiten al pueblo organizado gestionar recursos para solucionar problemas de las comunidades. La comuna es, claramente, “una entidad local socialista” y una “nueva instancia de gobierno territorial”, de acuerdo con lo estipulado en la ley de comunas. Es la más depurada figura de la preeminencia de lo colectivo sobre lo individual, de lo que el Gobierno llama “nueva ética socialista”.
Contreras cree que también hay una diferencia: “En la comuna se erradica el individualismo. Mi lema es `de todos y para todos’. Ahora entendemos que tus problemas también son míos, más allá de la poligonal de cada consejo comunal”.
Isis Ochoa, ministra para las Comunas y Protección Social, afirmó en mayo de 2009 que a través de las comunas el pueblo organizado irá trabajando en la construcción de “un nuevo modelo político-territorial” que permita la migración de las competencias de la administración de lo público hacia las comunidades. Esto a pesar de que los cambios en la división político-territorial son una materia reservada para reformas constitucionales.
Un atajo:
Una cadena de decretos y acciones presidenciales han contribuido a que el modelo comunal avance con velocidad, sobre todo en los últimos cuatro meses.
El 31 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial la creación de la Asociación Cooperativa Banco de la Comuna Socialista; el 9 de junio, Chávez anunció la fundación de 52 bancos de la comuna y les otorgó recursos por 48 millones de bolívares fuertes (más de lo asignado en el presupuesto nacional para la Misión Identidad, la Misión Milagro o Barrio Adentro Deportivo); el 22 de junio, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y con carácter de emergencia la ley de comunas y la ley del sistema económico comunal (que retoma el uso del trueque y las monedas comunales) y, el 16 de agosto, se creó la Comisión Presidencial para el Impulso de las Comunas.
La revisión de estas fechas demuestra que antes de que fuera discutida y aprobada la legislación, ya Chávez había otorgado abultados recursos a las comunas. Lo hizo amparado en el decreto del 31 de mayo, que asume que el banco es una asociación inscrita en la Superintendencia Nacional de Cooperativas, aun que el artículo 1 establece que su finalidad es otorgar financiamiento a los proyectos “de los consejos comunales y las organizaciones del poder comunal que hacen vida en las comunas”, que como ya se ha dicho no existen formalmente. Peor aún, los límites de los conceptos “comuna” y “banco comunal”, entre otros, ni siquiera habían sido definidos por los parlamentarios.
Un gran promotor del modelo es el propio presidente Chávez, que se embarcó en una especie de “tour comunal 2010” en el último mes: visitó las comunas Antonio López en Guárico y Villas de San José en Lara; estuvo en Tinaquillo, Cojedes, donde dijo que había tres comunas armándose y también fue al Bosque Tobías Lasser, en Caracas, donde se preparan para dar el brinco a esta “unidad geohumana”.
Chávez ha repetido que la comuna es la célula del socialismo. Si existiera tal cosa como un hematólogo comunitario, le daría la razón.
Su interés por la “nueva geometría del poder” (uno de los cinco motores revolucionarios) está influenciada por la tesis de que el territorio es político y estratégico, como lo sostiene la Geografía Radical propuesta por Ricardo Menéndez, hoy ministro de Ciencia y Tecnología.
Por eso va mucho más allá con las comunas. “Una comuna agregada con otra va conformando los distritos motores.
Tiene que haber un comando en cada comuna y luego un comando nacional de comunas”.
Blyde considera que esta propuesta afectará al individuo y sus necesidades: “Para lograr un control más efectivo, el Gobierno promoverá la unión de comunas y de esta manera los intereses individuales quedarán desdibujados, al final de la escala, y privarán los intereses colectivos. Es la concepción marxista. No digo que sea buena ni mala, pero es distinta a nuestra Constitución”.
Utilitarias:
La comuna en la que participa Rosa Contreras va a abrir cuatro empresas de propiedad social: una herrería, una bloquera, una carpintería y una panadería. Ya refaccionaron una carretera y la valla de la obra dice que fue realizada por la comuna Victoria Socialista. Por ahora, aunque ella y todos los que la acompañaban visten de rojo, la figura tiene talante utilitario.
Así pasó con los consejos comunales. Una encuesta de la UCAB para el Centro Gumilla, hecha entre 2007 y 2008, demostró que 70% de los problemas que impulsan la participación de la gente está asociado a la vivienda y sus servicios. Isis Ochoa lo reconoció en una entrevista en mayo de 2009. “Si no hay proyectos para la vivienda, la gente no se motiva. Las comunas y los consejos comunales no pueden ser organizaciones clientelares”, lamentó.
Igual que en los consejos comunales, las comunas tampoco tienen mecanismos externos de contraloría y de sanción, establecidos en la ley. La administración de los recursos de las comunas corresponde a sus miembros. “No hay mayor verdugo que la comunidad”, asegura Contreras.
Afirma Blyde que ahora se vende la cara más atractiva de las comunas, ofreciendo dinero para proyectos, pero más adelante se verá que se trata de un gran sistema de control del ciudadano porque, entre otras cosas, el que no sea socialista no cabe en la comuna. “Si tú eres chavista esto no importa, pero si no lo eres esta discriminación importa mucho. En los consejos comunales el ciudadano decide participar; en cambio, las comunas se forman y arropan al que quiera y al que no”.
No hace falta que Contreras diga “patria, socialismo o muerte”. El proyecto de ley no deja dudas: el artículo 38 señala que el plan comunal de desarrollo debe “darle concreción a los lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”. Y este documento indica que se busca orientar a Venezuela “hacia la construcción del socialismo del siglo XXI”.
Enredo práctico:
El artículo único de las disposiciones transitorias de la ley establece que para el año 2011 las gobernaciones y alcaldías deben designar apartados presupuestarios a las comunas. Blyde afirma que el próximo mes los concejos municipales aprobarán el cálculo de ingresos y egresos para el año que viene y todavía la ley de comunas no ha sido sancionada por la Asamblea Nacional ni el Ejecutivo ha redactado el reglamento.
“A pesar de los menguados ingresos de muchos municipios, tendrán que asignarles presupuesto, pero ni siquiera sabemos de cuánto”, dice Blyde. La ausencia de la ley también podría perjudicar el modelo que promueve.
Otro enredo podría ser el solapamiento de funciones entre las alcaldías y las comunas, porque de acuerdo con las funciones asignadas por ley éstas tendrán un medio alternativo de justicia y también podrán diseñar planes de seguridad y defensa, entre otros.
Es decir, un mundo paralelo y autogobernado.
Carlos Romero, abogado y autor del libro Comunas vs municipios (2010), ha dictado 18 charlas sobre el tema.
Asegura que el enfrentamiento entre estas dos organizaciones es inevitable, porque en las comunas hay brazos ejecutores que no tienen relación con el municipio. “Las cartas comunales, por ejemplo, pueden contener directrices contrarias a las ordenanzas municipales. ¿Qué debe, en este caso, acatar el ciudadano? Esto va a mellar la imagen de los municipios y en las elecciones de 2012 la gente sentirá que no vale la pena elegir a los alcaldes si no tendrán capacidad de acción”.
Agrega Romero que el principal temor que ha detectado en sus charlas es que el proyecto de comunas sea el inicio de la instauración de un Estado comunista.
Contreras, que está dedicada 100% a su comuna sin ningún tipo de remuneración, se desmarca de la controversia y cree, más bien, en la coexistencia pacífica: “Yo no pienso que las comunas sustituyan a las alcaldías y gobernaciones porque las personas que allí trabajan poseen un conocimiento técnico que nosotros no tenemos y eso no puede dejarse de lado”.
Romero asegura que la primera reacción de la gente es pensar que deben repetir el proceso de formación de los consejos comunales para embarcarse en el nada fácil proceso de crear una comuna. “Pero luego, al leer el proyecto de ley, comienzan a ver el entramado y se asustan porque consideran que es la implantación del Estado comunista”.
LAURA HELENA CASTILLO
lcastillo@el-nacional.com
Economia | Política
EL NACIONAL
Los datos del INE señalan que entre agosto de 2000 e igual mes de este año
se incrementó en 1.024.595 personas el número de obreros y empleados del sector público.
Buena parte del repunte obedece
al proceso de las estatizaciones
El gobierno de Chávez, en sus comienzos, promulgaba la reducción del número de ministerios, a fin de lograr un aparato estatal menos burocrático. Se planteaba incluso la necesidad de desahogar la nómina pública.
Un Estado que se hace cada vez más grande y un proceso de estatizaciones prolongado son los factores que han llevado a la nómina de trabajadores del sector público a engordar fuertemente en la última década.
Los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que entre agosto de 2000 e igual mes de este año el número de obreros y empleados del sector público se incrementó en 79,2%, lo que significa que en una década ingresaron 1.024.595 trabajadores al aparato estatal.
Diversas empresas, como las cementeras, fueron estatizadas por acción del Gobierno por considerarlas estratégicas para el país.
La información suministrada por el ente gubernamental señala que en 10 años la nómina del Estado pasó de 1.293.227 personas hasta 2.317.822 trabajadores. En agosto de 2000, cuando la administración de Hugo Chávez tenía poco más de un año en labores, los obreros y empleados del sector público representaban 14,6% de la población ocupada, pero ya para agosto de este año significan 19,4% de la ocupación en Venezuela.
En comparación, la nómina del sector privado en la última década ha crecido 27,5%, muy por debajo del ritmo que ha mostrado el Estado, al pasar de 7.546.899 trabajadores en agosto del año 2000 hasta 9.626.500 trabajadores en igual mes de este año. Hace una década la empresa privada empleaba a 85,4% de la población ocupada en el país, mientras que ahora está a cargo de 80,6%, de acuerdo con la información del INE.
El presidente Chávez ha insistido en múltiples oportunidades en la necesidad de detener los ingresos de personal a la nómina pública. Hace dos años, ante las primeras señales de un impacto de la crisis internacional sobre la economía local, el jefe de Estado criticó el tamaño del Estado porque la estructura no resultaba financieramente sostenible, ni siquiera con los altos precios petroleros y con un crecimiento sostenido de la economía.
Por ello, en septiembre de 2008 ordenó a su tren ministerial detener el ingreso de trabajadores al sector público, pero el mandato se incumplió.
Promesas incumplidas:
Una de las promesas presentadas por Chávez cuando era candidato presidencial en el año 1998 era la reducción del número de ministerios, a fin de lograr un aparato estatal menos burocrático y, por lo tanto, más efectivo. Hace una semana el mandatario nacional señaló que la burocracia sigue siendo uno de los grandes problemas del país, y llamó a sus funcionarios a hacer esfuerzos por mejorar la eficiencia del Estado.
Durante sus primeros años de gobierno, la necesidad de desahogar la nómina pública era una política de Estado pues, de hecho, entre sus primeros planes económicos se definía este aspecto como uno de los mandatos más importantes. El objetivo era que las empresas privadas absorbieran los trabajadores que el sector gubernamental no podía seguir manteniendo.
Ese planteamiento no solo no pudo cumplirse por la inestabilidad política y económica que afectó el panorama venezolano desde 2001 hasta el año 2005, sino que el Gobierno comenzó hace cinco años con una política de estatizaciones que, más que aliviar la nómina estatal, la recargó aun más.
Desde mediados de 2005, cuando se emitieron las primeras declaratorias de utilidad pública sobre un grupo de empresas que habían detenido sus operaciones durante el paro, hasta agosto de este año el número de trabajadores a cargo del Gobierno nacional se incrementó en 42,5%, al pasar de 1.625.701 personas en mayo de 2005 hasta 2.317.822 personas este año, de acuerdo a los datos suministrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el ínterin, el gobierno de Chávez ha estatizado a Cantv, las empresas eléctricas, las cementeras, casi toda la cadena siderúrgica, bancos, tierras con vocación agropecuaria e industrias de alimentos, entre otros, lo que ha implicado absorber a una gran masa de trabajadores.
SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL
domingo 10 de octubre de 2010
Hay 10.000 denuncias de familias afectadas que no han
recibido sus apartamentos.
Aunque está prohibido el cobro de ajustes por
IPC en las viviendas varias inmobiliarias lo exigen
La rutina de ir al colegio o de alimentar a un bebé involucra a toda la familia Lanz lo quieran o no. Roberto, el papá, duerme con su hijo de 12 años de edad en la parte superior de una litera. La parte de abajo está reservada para su esposa y su otro hijo de 3 años de edad. Al lado de la cama está la cuna de su pequeño recién nacido.
A medianoche, cuando el bebé llora, todos se despiertan.
En la mañana, cuando los dos escolares se levantan para ir al colegio, es el pequeño quien ve interrumpido su sueño.
Tres años y medio antes eso no pasaba:
Los Lanz vivían en El Llanito. Decidieron comprar uno de los 125 apartamentos de las Residencias Los Pinos en Carrizal para estar más cómodos. Vendieron su apartamento, se endeudaron, pero pagaron los 145.000 bolívares de la cuota inicial. Sin embargo, el cobro de un ajuste según el Índice de Precios al Consumidor postergó indefinidamente la entrega de su vivienda y los confinó a vivir en una habitación de la casa de la abuela paterna.
Sus muebles están desperdigados en casas de varios amigos. Roberto Lanz explica que lo que gana no le alcanza para alquilar un apartamento.
La construcción de las residencias se inició en 2007 y debía culminar 18 meses después, pero se retrasó. La dilación coincidió con la activación de la resolución 110 que prohibió el cobro de cuotas basadas en el IPC para la adquisición de viviendas.
La constructora hizo un segundo contrato que incrementaba el precio del inmueble en casi 100.000 bolívares del costo inicial fijado en 235.000 bolívares. “Ese documento decía que nos reajustábamos al nuevo precio y que renunciábamos a ejercer acciones civiles y penales”, relata.
Juan Arango y su familia también compraron un apartamento en 2006 en el Conjunto Residencial San José del Ávila, en Caracas. Vendieron su carro y otras pertenencias para cancelar las cuotas. Pagaron 100.000 bolívares de inicial pero aún no tienen apartamento. La constructora les impuso una nueva cuota ajustada al IPC. Sus 3 hijos de 22, 13 y 8 años de edad, su esposa y su suegra de 68 años de edad, residen alquilados en la parroquia Altagracia. Ya se les vencieron las prórrogas de arrendamiento y pronto deben desocupar la casa donde viven.
Arango explica que la angustia ha empeorado el glaucoma que sufre desde hace un tiempo. La tensión del ojo se le disparó y ya perdió parte de la visibilidad.
Su esposa sufre de neuritis también por la ansiedad.
Sajid López y su novia compraron un inmueble en la última etapa del Conjunto Residencial El Encantado, en Macaracuay, porque quieren casarse y formar una familia.
Debía ser entregado este año:
La inmobiliaria les informó que hay retrasos. El edificio de 11 pisos en el que esperan vivir apenas tiene 4 construidos. Algunas familias admiten haber pagado 150.000 bolívares adicionales a los 310.000 que costaba el apartamento. La razón: desean recibir su casa, aunque el cobro del IPC sea ilegal.
“Nuestro caso es delicado porque el edificio ni siquiera está construido”.
Ilegalidad. La resolución 110, emitida por el extinto Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y publicada en la Gaceta Oficial 39.197 del 10 de junio de 2009, prohibió el cobro de cuotas basadas en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor en los inmuebles construidos, por construirse o en construcción. Antes de eso, los precios se ajustaban según el IPC fijado por el Banco Central de Venezuela. Pese a la prohibición, el cobro prosiguió.
El diputado Augusto Montiel, presidente de la subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la Asamblea Nacional, es el coordinador de la Sala Situacional creada para defender a los afectados. Montiel señaló que ya se han identificado 30 empresas que han infringido la ley.
INMUEBLES | LISSETTE CARDONA
lcardona@el-nacional.com
Economia | Política
EL NACIONAL
La empresa Agroisleña pasa ahora a ser una propiedad popular en defensa
de los campesinos venezolanos.
Reitera sus señalamientos de oligopolio
El presidente de la República indica en su mensaje semanal “Las Líneas de Chávez” que algunos sectores del país se empeñan en tergiversar la medida con espurias motivaciones políticas. “Procedimos a expropiar por razones de interés nacional”, reiteró.
Las sedes están bajo supervisión del Gobierno (Carlos Hernández)
Caracas.- El presidente de la República, Hugo Chávez, anuncia este domingo que la compañía transnacional Agroisleña pasará a llamarse Agropatria, por cuanto a partir de ahora “es propiedad popular y representa la defensa de los derechos de los campesinos”.
De acuerdo con información de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Chávez expresa esto a través de “Las Líneas de Chávez”, su comentario escrito donde ratifica que la expropiación de Agroisleña busca hacer justicia sobre la tenencia de la tierra y garantizar la soberanía alimentaria.
La agencia oficial reitera que el mandatario alerta sobre algunos sectores del país que se empeñan en atacar la medida “con espurias motivaciones políticas”.
Indicó que la decisión también busca impedir que “el oligopolio que representaba Agroisleña siguiera extorsionando a los campesinos con sus precios y con el elevado interés de sus créditos”, destaca la AVN.
Recuerda Chávez en sus líneas que la directiva de la empresa “fue advertida en varias ocasiones sobre la necesidad de acoplarse a los planes implementados por el Gobierno Bolivariano, sin que estos llamados fuesen atendidos”, expresa ANV. “Procedimos a expropiar por razones de interés nacional”, reitera el Jefe del Estado en su nota.
“Quiero desde aquí expresarles a todas y todos los trabajadores de Agroisleña, que este Gobierno se hace responsable, como se ha responsabilizado siempre, de su estabilidad laboral y de la garantía de todos sus beneficios contemplados en nuestras leyes: contamos con ustedes para que la empresa crezca y rinda sus mejores dividendos al servicio del pueblo trabajador”, señaló.
Refirió además que la revolución agraria comenzará a acelerar por cuanto es necesario acabar con el latifundio en el país.
