Pagos a diputados y generales Piden investigar denuncias de Makled.
Makled tenia “una nómina” de
funcionarios y parlamentarios
Podemos solicitará a la Fiscalía General y a la AN investigar las denuncias de Walid Makled, quien dijo que financió a 40 generales, ministros, diputados oficialistas venezolanos y funcionarios de Cuba.
El secretario general de esa organización, Ismael García, considera grave que Makled tuviera “una nómina de funcionarios y parlamentarios” y que los poderes públicos no reaccionen: “Así como la fiscal Luisa Ortega Díaz actúa si hay adversarios del Gobierno, debe determinar quiénes eran y por qué recibían dinero de este señor buscado por Estados Unidos, Colombia y Venezuela”.
Dijo que el caso de diputados tiene que averiguarlo el Parlamento en pleno y exhortó al Consejo Nacional Electoral a revisar cuentas: “Llegó la hora de auditar la política en forma permanente. Pablo Escobar financió a partidos en Colombia y eso no puede permitirse en el país”.
Makled declaró: “Por medio de Acosta Cárlez aporté 2 millones de dólares para la campaña del Sí en 2004”.
HERNÁN LUGO-GALICIA
Judicial | Sucesos
EL NACIONAL
En Venezuela nunca se alzaron voces contra el acuerdo suscrito en 1989 por el Gobierno español, presidido por Felipe González, y el de Carlos Andrés Pérez para traer a 11 terroristas de la ETA, expulsados de Argelia por el fracaso del diálogo entre el gobierno del PSOE y la banda terrorista.
Nadie criticó que a los terroristas vascos se les diera una oportunidad de vivir en paz y libertad en el país. En realidad, la sociedad venezolana permaneció indiferente a ese acuerdo y a esa presencia, hasta que comenzaron a señalar desde España que algunos miembros de la ETA en Venezuela se habían integrado al proyecto revolucionario que lidera Hugo Chávez, con quien se identifican ideológicamente. Desde ese momento, los servicios de inteligencia intensificaron el seguimiento, comenzaron a hacer pública las conexiones escalofriantes de ETA en América Latina, entre ellas, con las FARC, y se estableció el vínculo a raíz del atentado perpetrado en el año 2003 al club social El Nogal, en Bogotá, que arrojó un saldo de 36 muertos y 160 heridos.
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Curso intensivo en C4 En el auto del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional Española, se señala que en el año 2003 miembros de las FARC acordaron con ETA un intercambio de adiestramiento militar por entrenamiento en fabricación y utilización de explosivos, en campamentos de las FARC en territorio venezolano. “En agosto de 2007, los etarras Martín Capa e Ignacio Domínguez Achalandabaso impartieron en la selva venezolana en una finca cercana a Guasdualito, estado Apure, un curso teórico-práctico de unos 20 días a 13 miembros de las FARC y a 7 de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, bajo la dirección del comandante Pizarro, sobre técnicas avanzadas en el manejo del explosivo C4, de mayor capacidad destructiva que la dinamita, pero con menor volumen, de fácil adquisición en Venezuela y más fácil transporte, manipulación y distribución, encargándose el meritado Ignacio de las sesiones sobre la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas”. Según el auto judicial, el curso de manejo de armas y explosivos fue repetido al bloque Caribe de las FARC, al que acudieron vía terrestre desde Maracaibo, acompañados por un funcionario de la DIM en un vehículo-escolta con militares venezolanos que fue organizado por Arturo Cubillas y la española Remedios García, señalada como miembro de la comisión internacional de las FARC.
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¿Cuál es el Atún? A los graves señalamientos hechos contra Arturo Cubillas se suma el caso de José Lorenzo Ayesterán, detenido en Francia en marzo de este año, junto al número uno del aparato militar de la ETA, Ayesterán, alias “Fanecas”, que estuvo 26 años en el país, trabajaba en ATÚN EUSKAL CARIBE, con sede en Marigüitar, estado Sucre. Para el momento de su detención tenía 6 requisitorias de la Audiencia Nacional de España; su caso confirma las sospechas de que algunos de los miembros del colectivo etarra en Venezuela se encuentran activos. Involucrado, al menos, en 18 atentados cometidos entre los años 1978 y 1983, el “Fanecas” estuvo a punto de recibir la nacionalidad venezolana en 2006 para evitar responder como Cubillas a la Justicia española. La etarra María Asunción Arana Altuna, viuda de “Argala”, un peligroso etarra que fue asesinado, es actualmente funcionaria en la dirección de Información del Ministerio Agricultura y Tierras, y obtuvo la nacionalidad venezolana junto a Arturo Cubillas en agosto del 2004. La nacionalidad venezolana sirve para burlar la justicia y humillar el sentimiento de las víctimas de los crímenes producidos por esos miembros de la ETA.
MARIANELLA SALAZAR
msalazar@cantv.net
Política | Opinión
EL NACIONAL
El organismo comicial busca la modalidad más adecuada para
terminar el desfase existente con las votaciones pendientes.
El viernes inicia período
para las postulaciones
El Consejo Nacional Electoral aún no ha decidido si los gobernadores y alcaldes electos en las votaciones del 5 de diciembre mandarán por cuatro años o si estarán en su cargo hasta 2012, cuando se realicen los mega comicios presidenciales, regionales y municipales y se deban renovar las autoridades públicas en todo el ámbito nacional.
Los rectores evalúan ambas opciones, pero desde hace tiempo el CNE busca una vía para finiquitar el desfase que existe con los procesos pendientes y elegir en votación única, que sería en 2012, a todas las autoridades por igual, lo que inclinaría la balanza a la idea de que los mandatarios gobiernen por un periodo de sólo dos años.
En los municipios Arismendi (Nueva Esparta), Panamericano (Táchira), Bocono (Trujillo) y Maracaibo (Zulia), al igual que en Guárico, las faltas son absolutas, mientras que por culminación de mandato se renovarán autoridades en Amazonas, Achaguas (Apure), Miranda (Carabobo), Carrizal (Miranda), Miranda (Trujillo), Manuel Monje y Chirgua (Yaracuy) y Miranda (Zulia).
Desde el viernes y hasta el lunes los partidos podrán postular candidatos, y el 28 y 29 de este mes serán convocados para escoger la posición en las boletas. El CNE evalúa dos modalidades: hacerla como en otras elecciones, en la cual organizaciones nacionales seleccionan primero y luego los regionales, mientras que la otra es la escogencia global desde las oficinas regionales.
En estas elecciones los tarjetones serán diferentes, es decir, habrá 13 modelos. El partido con mayor número de votos lista obtenidos en los comicios de concejales de 2005 será llamado primero para escoger su posición en el instrumento municipal. En Guárico y Amazonas elección regional se tomarán en cuenta los votos lista correspondientes a los comicios del Consejo Legislativo realizados en 2008 y 2004, respectivamente.
Al igual que en las parlamentarias, en esta oportunidad también se empleará el criterio de las alianzas perfectas, que permite que los partidos con candidatos únicos se ubiquen juntos en la boleta. Esta modalidad fue criticada por la oposición, que consideró que su aplicación beneficiaba al oficialismo.
El 26 de este mes, una vez terminadas las postulaciones, se sabrá con exactitud el número de alianzas perfectas para estas elecciones. El CNE espera la participación de 57 partidos nacionales y 129 regionales.
JOSÉ JAVIER MORONTA
Política | Opinión
EL NACIONAL
La asamblea fue suspendida, luego de que lanzaran una bomba
lacrimógena en la Sala de Conciertos.
Todavía no hay acuerdo en la
Universidad Central de Venezuela
La reunión pautada para discutir y debatir las deficiencias del presupuesto asignado por el Ministerio de Educación Universitaria a la Universidad Central de Venezuela para cubrir las necesidades de 2011, no terminó como se esperaba.
Una bomba lacrimógena fue accionada dentro de la Sala de Conciertos de la UCV, donde se llevaba a cabo la asamblea, a las 12:30 pm justo cuando miembros de la comunidad universitaria ejercían su derecho de palabra. Para el momento del hecho, el recinto cuya capacidad es de 500 personas estaba completamente lleno.
Amalio Belmonte, secretario de la universidad, afirmó que la reunión comenzó con la exposición de las autoridades rectorales sobre las cifras presupuestarias y las carencias que afronta la institución por la falta de recursos.
“Antes de comenzar, anotamos en una hoja el derecho de palabra y todo se desarrolló con normalidad. Hubo libertad de expresión para todos los sectores. Cuando le tocaba hablar a Tibisay Hung, profesora de la universidad, alguien activó dos bombas lacrimógenas dentro del recinto y se produjo el caos”, relató.
Añadió que los que sabotearon el acto agredieron a los asistentes e hirieron al presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Víctor Márquez, y al presidente de la Federación de Centros Universitarios, Roderick Navarro: “Cuando se dispersaron los gases, las autoridades intentamos regresar a la sala para continuar el debate, pero fuimos atacados. Nosotros somos los primeros interesados en mantener el diálogo. Esas bombas las lanzó alguien que tenía interés en alterar la armonía del debate y en desconocer los argumentos contundentes presentados por las autoridades de la universidad”.
En la reunión participó también José Guerra, director de la Escuela de Economía, quien entre otras cosas explicó que el nivel de inflación actual disminuye en la práctica el dinero asignado por el ministerio.
“En el Banco Central de Venezuela, una secretaria gana más que un profesor de la UCV, que tiene un doctorado. No somos menos que los demás y debemos exigir salarios justos para todos los empleados universitarios”, sentenció.
Un desconocido activó una bomba lacrimógena en la Sala
de Conciertos, lo que afectó a cerca de 500 personas.
Sin salida:
Luego del incidente, un grupo de estudiantes afectos al Gobierno denunció que habían sido víctimas de ataques físicos y verbales por parte del presidente de la Asociación de Profesores.
Kevin Ávila, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, aseguró que no los invitaron a participar en el debate. “Nos acercamos porque nos enteramos de que se estaba llevando a cabo esa reunión. Pusimos unas pancartas en el escenario exigiendo un presupuesto justo. Nos preocupa que las autoridades sean incapaces de ejecutar de manera eficiente los recursos que se otorgan a la universidad”, afirmó.
Cecilia García Arocha, rectora de la universidad, lamentó la situación y dijo: “La gestión de las autoridades de la UCV ha sido transparente. Esta es una universidad libre, plural, democrática y autónoma y así seguirá siendo. Volvemos a llamar al diálogo pacífico y pedimos al vicepresidente de la República Elías Jaua y al ministro Edgardo Ramírez que nos reciban para resolver este problema que nos afecta a todos”.
García Arocha afirmó que solicitarán al Cicpc que inicie las averiguaciones por el suceso y agregó que esperan pronta respuesta. “Hasta ahora, no tenemos responsables de los hechos de violencia que han ocurrido en la universidad”, aseveró.
ANDREA SMALL CARMONA
asmall@el-nacional.com
Educación | Política
EL NACIONAL
Alejandro Lagrenade, el dueno de Umissa firmo con el gobierno de Hugo Chávez un negocio por US$ 150 millones para proveer a Venezuela de casas prefabricadas.
Piden datos del convenio
La AN desea que Teodoro Bolívar les informe cuál fue el destino de estas viviendas que debieron construirse en 2007. Los diputados de la Asamblea Nacional por el estado Cojedes citaron a su gobernador, Teodoro Bolívar, para que les informe el estatus del convenio de construcción de casas con Uruguay, cuya negociación en 2006 encabezó su antecesor, Johny Yánez Rangel.
La casas son de pesima calidad y el negocio se hizo pagando coimas a los testaferros de Chavez.
“Queremos saber hasta qué punto está involucrado Cojedes en las irregularidades denunciadas públicamente, si se piensa continuar la construcción y si hay cargos por el incumplimiento del convenio. La gobernación, durante la gestión de Yánez, fue parte de ese acuerdo; por esa razón llevaron las casas uruguayas al estado. Queremos que Bolívar nos diga si sabe qué pasó con un plan que podría resolver el déficit local de viviendas”, dijo Juan Bautista Pérez, coordinador de ese bloque parlamentario.
El acuerdo firmado hace 4 años con la empresa Umissa establecía la importación de 12.193 casas prefabricadas procedentes del país sureño.
La responsabilidad de su ensamblaje es del Ministerio de Vivienda venezolano y el plazo para su ejecución era de un año, pero la Contraloría General de la República, en su informe de 2009 difundido en agosto pasado, determinó que sólo se han construido 11, pese a que se ha cancelado 45% del total de 155,47 millones de bolívares establecido en el convenio. Señaló que parte de los kits con los materiales para su construcción reposan en los puertos, aunque no pudo precisar cuántos se han recibido.
A pesar de que la Contraloría señaló que las 11 viviendas están distribuidas en Vargas, Falcón y el Distrito Capital, el diputado Pérez afirmó que ha visto instaladas más en Cojedes. “Hay 5 ó 6 cerca del hospital de San Carlos y me informaron que en Macapo hay otras 30. No entiendo por qué están dispersas. Me sorprende que se paralice un plan de vivienda cuando en el estado hay problemas en esa área”. Dijo que se acogerán a la emergencia en ese ámbito decretada por el presidente Hugo Chávez, para exigir la construcción de las soluciones habitacionales uruguayas.
La subcomisión de Vivienda de la AN espera incluir esta semana en su agenda el tema de este convenio binacional. “De ser cierto que esa importación está abandonada, el Presidente se molestará. Quiere decir que los funcionarios que han manejado ese acuerdo no están en sintonía con el proceso”, dijo el presidente de ese ente parlamentario, Carlos Espinoza.
Por su parte, el director de Umissa, Alejandro Lagrenade, aseguró al diario El País de Uruguay que son más de 3.000 las que se han ensamblado en Venezuela, aunque no precisó en qué ciudades. Dijo que hay 16 funcionarios de esa compañía en Venezuela a la orden del Ministerio de Vivienda para la instrucción en su ensamblaje.
“El Gobierno de Venezuela está decidiendo dónde instalar el resto. El contrato continúa vigente; a nosotros nos falta enviar unas 3.000 viviendas, está todo perfecto”, expresó.
Durante los últimos 11 meses han sido intervenidos 13 bancos, de los cuales 7 están siendo liquidados y 5 pasaron a manos del Estado. Se han alegado las más diferentes razones para proceder de esta manera. Desde operaciones poco sólidas hasta manejos fraudulentos. El último en ser intervenido, el pasado jueves, fue Bancoro. En este caso las autoridades declararon que se trata de falta de liquidez y dijeron expresamente que el banco no presenta problemas de solvencia.
Cualesquiera sean los motivos, las múltiples interrupciones de las operaciones financieras no dejan de ser preocupantes en cuanto afectan a los ahorristas, sometidos a todo tipo de dificultades; al público en general, que observa como las autoridades no son capaces de preverlas o prevenirlas; así como a la economía nacional. Además, erosionan la confianza en las instituciones y pudieran ser síntoma de que algo no está funcionando como debiera.
En los casos reseñados, se trata de institutos relativamente pequeños, cada uno de los cuales, afortunadamente, no compromete la solidez del sistema financiero nacional. Pero es posible conjeturar que existan factores comunes que hayan podido debilitar a entes muy diversos entre sí y que hasta hace poco parecían funcionar satisfactoriamente.
Dos de estos factores se detectan fácilmente. Primero, el retiro repentino de los depósitos públicos, al cual se le han atribuido diferentes motivos. Segundo, la profunda recesión económica que vive el país, la cual condiciona la capacidad de pago de los prestatarios, así como la demanda de créditos y las posibilidades de otorgarlos. El hecho de que, además del estancamiento de la producción y el aumento del desempleo, los venezolanos deban enfrentar la mayor inflación de América Latina, no es ajeno a lo anterior.
Si se añade el constante cambio de las normativas y modalidades y la inseguridad jurídica, tendríamos un tercer factor común que hace más peligrosas las debilidades que hayan podido presentar las instituciones intervenidas.
Los supervisores dicen que en cada una de ellas habría responsabilidad de sus administradores. Pero, según responden estos últimos, también podría no haberlas. En todo caso, la responsabilidad final sobre el funcionamiento del sistema financiero nacional recae sobre el Gobierno, debido a que se trata de un servicio público que necesita generar confianza. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela aseveran que sus acciones están destinadas a asegurar un sistema estable en el futuro.
Pero lo cierto es que no han logrado generarlo en el presente.
En el caso especial de Bancoro, se debe añadir el impacto en el estado Falcón. No olvidemos que se trata de un ente de raíces regionales originado en la privatización del Banco de Fomento Regional de Coro, el cual articuló el sistema financiero en toda esa zona.
El gobierno de Luckachenko compra crudo con subsidio y
el excedente lo revende a precio de mercado.
El precio del barril se calcula
con un descuento de 30%
Petróleos de Venezuela enviará más crudo a Bielorrusia del volumen que consume esa nación europea, que está en un nivel de 25.000 barriles diarios.
Esta situación es mencionada por analistas energéticos debido a que se podría repetir la práctica que tenía el gobierno de Alexander Luckachenko con Rusia, de comprar excedente de barriles de crudo con descuento y revenderlos a precio de mercado.
“Este acuerdo producirá un buen efecto financiero y económico para nosotros”, dijo el Presidente bielorruso en declaraciones que recoge la página de Internet www.president.
gov.by sobre los beneficios de la alianza.
El convenio implica un envió que en promedio alcanza los 200.000 barriles diarios, que se venderán con un descuento por el orden de 30%, según fuentes de la empresa. En este momento, cada barril se facturaría a un precio de 35 euros o 48 dólares, mientras que la media del crudo venezolano está en 70 dólares.
También el presidente Chávez resolvió el traslado del crudo a Bielorrusia luego de la gestión hecha ante el Gobierno de Ucrania para enviarlo por el oleoducto Odessa-Brody.
Lección del Kremlin:
Una de las razones que distanció a los gobiernos de Moscú y Minks, en materia energética, se debió a que Bielorrusia tenía como norma adquirir el petróleo ruso con un subsidio de 36%, restringía el consumo en su propio mercado y parte de los volúmenes adicionales se transaban nuevamente utilizando como referencia la cotización del crudo Brent.
En la actualidad, el consumo petrolero de Bielorrusia está en 175.000 barriles diarios, según reportan organismos internacionales, y sólo se autoabastece en 20% de ese volumen toda vez que su producción interna alcanza los 33.400 barriles por día, por tanto, se ve obligada a importar cerca de 141.000 barriles diarios que principalmente eran enviados por Rusia.
Los despachos de crudo ruso a Bielorrusia llegaron a los 400.000 barriles diarios, pero buena parte pasó a ser exportada por la empresa estatal Belarusneft a Alemania y a Polonia; y de acuerdo con fuentes de la empresa esa práctica intenta mantenerse con el crudo venezolano, pero con una mejor cuantía.
“Es claro que este acuerdo perjudica a Pdvsa y sólo es una ayuda del presidente Chávez a su amigo Luckachenko”, dijo el economista Orlando Ochoa.
ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
arojas@el-nacional.com
Economia | Política
EL NACIONAL
Hace tiempo que he estado tentado a escribirte. Me decido ahora cuando reincides en tu planteamiento de desbaratar las alcaldías y gobernaciones porque, según tu criterio, de lo contrario “no podrá avanzar el proceso”.
Éste es uno de los temas que quizás, algún día, podremos conversar en un espacio de serenidad y reflexión, sin los tremendismos verbales que se han convertido en léxico cotidiano de tu partido. Pero desde ya te adelanto que con tu planteamiento sólo contribuyes a reforzar lo que ya ha quedado al descubierto: que el centralismo a ultranza es la piedra angular de la política del Gobierno.
Tú y yo sabemos muy bien que no hay espacio en la Venezuela de hoy para una auténtica distribución del poder. No hay forma ni manera de que los consejos comunales e inclusive las comunas puedan actuar con autonomía real, mientras dependan de la cabuya que le suelten o le recorten desde Miraflores. Y es sumamente irresponsable echar a andar la tesis de que las gobernaciones y alcaldías son absolutamente prescindibles. Se trata, Aristóbulo, de instancias tan legítimas como la Presidencia de la República, nacidas de la voluntad popular.
También sabes que se volvió puro gamelote, y del bueno, el fulano Poder Popular. No existe. No va más allá del discurso político electoral o del apellido que ahora llevan los ministerios de siempre. No se traduce en más poder para la gente, para el ciudadano común, sino en un estatismo agobiante que se traduce en largas colas para comprar un pollo más barato, en un suplicio para ser atendido en los hospitales, para conseguir productos de primera necesidad o inclusive para retirar un cadáver de la morgue.
No estoy en contra de distribuir el poder entre la gente, pero eso que tú llamabas en La Causa R la “teoría del queso rallado” no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestro país.
Y si no lo recuerdas, decías que el poder era como un kilo de queso que debía ser rallado para que llegara a la mayor cantidad de personas. Pero resulta, Aristóbulo, que al desbaratar las gobernaciones y alcaldías, o al ahogarlas financieramente como viene ocurriendo, quien asume sus competencias es el Gobierno central, por intermedio de una burocracia cada vez más lenta pero a la vez más insaciable. El queso, por el contrario, ahora está más compacto que nunca.
Lo que ocurre, Aristóbulo, es que en el plan que tú compartes no hay espacio para la diversidad, y mira que eras parte de la que reivindicábamos en los minutos finales del puntofijismo cuando fuiste alcalde, cuando Andrés Velásquez ganó en Bolívar, Ramón Martínez en Sucre y Clemento Scotto en Caroní, por citar ejemplos muy familiares para ambos.
Y ésta es la motivación principal de las líneas que hoy te escribo. La Venezuela que se expresó el 26 de septiembre reclama cambios, reclama inclusión, rechaza el sectarismo, deplora el abuso de poder, la sujeción al pensamiento único y al líder infalible. Pero también reclama apego a la carta magna, ésa que está vigente, y que tú y yo, junto a otros venezolanos, redactamos luego de un proceso de debate inédito en nuestro país.
Insistir en acabar, destruir o desaparecer las gobernaciones y alcaldías sin modificar la Constitución es un golpe contra ella y una señal de desprecio a las claras señales que se derivan del resultado electoral. Y es un doble golpe cuando lo lanza quien fuera vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Tal vez la vida misma se encargue de que en un futuro, no muy lejano, admitas lo perjudicial que ha sido promover la concentración de poder en una sola persona y confundirla con el poder de todo un pueblo.
La abogada Tamara Adrián se postuló a última hora. Se escogerán
9 principales y 32 suplentes.
Los ciudadanos podrán objetar
Tamara Adrián se identifica orgullosa: abogada Summa Cum Laude de la Universidad Católica Andrés Bello, doctora en Derecho Summa Cum Laude de la Universidad de Paris, profesora de la Universidad Central de Venezuela y la Ucab, transexual, lesbiana y defensora de los derechos de la población sexodiversa. Sin duda, destaca entre las aproximadamente 300 personas que formalizaron sus postulaciones para el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
La tarea no concluyó ayer a las 5:00 pm como estaba previsto, pues a esa hora Adrián, que se postuló para la Sala Constitucional y la de Casación Civil, y otras 50 personas esperaban ser atendidas.
Como si fuera un proceso electoral, la secretaria del comité de postulaciones judiciales, María Rodríguez, dijo que mientras hubiera personas en cola se mantendría la recepción de documentos.
Son 41 vacantes: nueve magistrados principales y 32 suplentes. En la Sala Constitucional se cubrirán las faltas de Jesús Eduardo Cabrera, Pedro Rondón Haaz, Arcadio Delgado y Carmen Zuleta de Merchán. En la Sala Electoral serán reemplazados Luis Alfredo Sucre Cubas, Rafael Rengifo Camacaro y Luis Martínez. En la Sala Político-Administrativa, Hadel Mostafá Paolini y en la Sala Penal Miriam Morandi.
En algunos casos, las faltas tienen su origen en el régimen de jubilaciones especiales acordado por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual los magistrados podrían evitar una merma en sus salarios por efecto de una ley de emolumentos que fue engavetada.
La designación de suplentes es una deuda más antigua, pues sus períodos vencieron en 2006. El período de los suplentes se aumentó de dos a cuatro años con la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Concluido el lapso de postulaciones, hoy se publicará la lista de aspirantes a efectos de eventuales objeciones por parte de cualquier interesado, que podrán ser contestadas por los afectados a fin de determinar su procedencia. Se verificarán las credenciales de los aspirantes, incluso con el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado.
El comité de postulaciones aplicará un examen preliminar. Los que lo aprueben serán entrevistados para conformar una primera lista de elegibles que se presentará ante el Consejo Moral Republicano.
La fiscal general, el contralor general y la defensora del pueblo realizarán una segunda evaluación de los aspirantes y presentarán la lista definitiva de candidatos a la AN, donde se realizará la selección definitiva.
MARU MORALES | EDGAR LÓPEZ
Judicial | Política
EL NACIONAL
De acuerdo con el último censo, aún quedan 1.502 familias en la zona
Los vecinos han reconstruido
apartamentos demolidos
Mientras esperan la reubicación en Caracas.En Nueva Tacagua, la espera tiene un significado elástico. Por ejemplo, Jesús Alberto Carpio vivió la época en que la zona estaba llena de barracas para alojar temporalmente a los damnificados, casi 30 años atrás. En esas estructuras estuvo 2 años, luego de que perdió su casa en el barrio Niño Jesús.
Después, le asignaron un apartamento en el bloque 12 de la terraza KK de la urbanización, donde vivió 27 años. El inmueble, que pagó al Inavi, empezó a agrietarse y lo declararon inhabitable. Se mudó a un bloque vecino, que luce abandonado porque está parcialmente demolido, donde viven 8 familias y el monte y los escombros son las áreas comunes. La promesa era estar allí 2 meses, pero han pasado 6 años.
Esta semana, Carpio pidió permiso en el trabajo para esperar al ministro de Vivienda, Ricardo Molina, que visitaría el lugar ayer. El albañil interrumpirá su jornada hasta mañana, por si el funcionario se retrasa: “La viceministra nos dijo que vendría hoy (ayer), pero lo más seguro es que sea mañana, por eso pedí permiso hasta el miércoles”.
La gente que aún queda en Nueva Tacagua está a la espera de una respuesta definitiva sobre su reubicación. El viernes, un enorme deslizamiento cubrió la vía de acceso a las terrazas KK, L y M y los obliga a subir y bajar por un empinado camino que abrieron el fin de semana. La tierra tapió hasta el segundo piso de uno de los edificios y obligó a los bomberos a instalarse en el lugar y propiciar el desalojo. Pero los que viven allí no quieren ir a refugios.
Johana Arana es la vocera de quienes, desde el viernes, volvieron a vivir el desalojo, aunque muchos prefieren seguir en los apartamentos a pesar del peligro. Son 132 personas que ahora se refugian en una escuela, que ya no funciona como tal, y en las plantas bajas de los edificios. A ellos también los llevaron provisionalmente a esos bloques y ahí han permanecido 11 años.
En el tiempo que ha tardado el Gobierno en construir las viviendas necesarias las familias crecieron. Los apartamentos desalojados, porque los que allí vivían fueron beneficiados con otra vivienda, fueron demolidos por las cuadrillas del ministerio como una forma de evitar invasiones. Sin embargo, muchos han sido reconstruidos.
“Nosotros no somos invasores. Cuando a mí me metieron aquí, mi hijo estaba pequeño; pero 11 años después él tiene su familia y por eso fabricó en los huequitos que quedaron libres”, dijo Arana.
La misma historia. La situación se repite en casi todas las terrazas. En la entrada de la urbanización, los vecinos de los sectores A y B llegaron a “convenios de solidaridad”, para permitir que residentes de las áreas más inestables ocuparan los apartamentos desocupados.
Dalia Belimonte llegó a la zona por esa vía hace dos años.
La cambiaron de la terraza L al apartamento que hoy ocupa. Tuvo que colocarle instalaciones eléctricas y rejas porque, después del desalojo, el inmueble fue saqueado. Aunque el edificio está en pie, empezaron a observar los problemas que vivieron en las terrazas más inestables, también construidas en laderas sobre relleno de tierra suelta: las puertas se trancan, se abren grietas en las columnas y las cerámicas de los baños se despegan. Prefiere estar allí a que la reubiquen fuera de Caracas, donde toda su familia tiene empleo.
A los vecinos les preocupa que se hayan olvidado de las 1.502 familias que quedan en el sector, de acuerdo con el censo de 2009. “Nosotros siempre hemos sido desechados, y ahora parece que nos borraron del mapa”, afirmó Víctor Jaimes.
La espera por el desalojo durante más de una década contribuye al deterioro. El sector tiene 15 días sin recibir agua por la rotura de un tubo. El aseo no llega y el transporte público redujo su oferta.
Quienes viven allí también están preocupados por el crecimiento de un botadero de basura y escombros, que genera una nube de polvo cuando hace viento. “Parece que tenemos un Ojo de Agua 2”.
FLORANTONIA SINGER
fsinger@el-nacional.com
Sucesos | Caracas
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