La represión, última
arma chavista…

La represión aumenta en los barrios pobres a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales, una unidad de la Policía Nacional creada por Maduro, que acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales…”.

■ El director del Foro Penal, Alfredo Romero, apunta que, pese a las fracturas, el régimen conserva su aparato represor.

■ Los defensores de derechos humanos han alertado de que cualquiera, delincuente o inocente, puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales.

■ El terror se ceba en los barrios pobres de Venezuela. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional está en el punto de mira por tomarse la justicia por su mano: acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos.

■ Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social. Su único hijo, el barbero Cristián Charris, fue asesinado por los policías en el barrio de Petare, al este de Caracas, en septiembre de 2018. “Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto”, argumenta. Pocos reconocieron a los oficiales, vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas.

Caracas.- Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escuchó esta historia y otras parecidas cuando estuvo en Venezuela, en junio pasado. “Hablé con la señora Bachelet. Ella se había reunido con el fiscal general, Tarek William Saab, que decía no tener denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero que nosotros le mostramos otra realidad”, recuerda Miriam Gamarra, madre de un joven asesinado por policías en el distrito capitalino de Las Adjuntas.

Su hijo fue arrestado por participar en las protestas antigubernamentales de 2017. Tras ser liberado, el hombre de 21 años no pudo conseguir un empleo. Nadie quería contratarlo por sus antecedentes penales. El 13 de mayo, oficiales de las FAES entraron a su casa y le preguntaron su nombre, él respondió: “Luis Alfredo Ariza Gamarra”. Fue fotografiado en el salón de su vivienda, luego llevado afuera. En la calle, los testigos escucharon un disparo. “Le pusieron un arma, una gorra y dijeron que se trató de un enfrentamiento”, añade su madre.

Resistencia a la autoridad:

Un total de 6.856 personas han fallecido por “resistencia a la autoridad” entre enero de 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número “inusualmente alto” y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a las FAES.

La recomendación ha sido desechada por Nicolás Maduro. El mandatario venezolano gritó a los cuatro vientos todo su apoyo al cuerpo armado en julio, pocos días después de conocerse el contundente informe del equipo encabezado Bachelet. “¡Qué viva las FAES!”, exclamó en un acto de graduación de oficiales, donde aprobó unos nueve millones de euros para reforzar la Policía Nacional.

Carmen Arroyo recopiló testimonios sobre la muerte de su hijo. Todos son anónimos, pocos desafían a las fuerzas de seguridad gubernamentales por miedo a represalias. Los que presenciaron el asesinato coinciden en que la escena del crimen fue manipulada para proteger a los policías. Su caso se encuentra paralizado en los tribunales, no hay detenidos. “Ni siquiera tengo acceso a una copia del expediente, pese a que me corresponde como víctima. Difícilmente se hará justicia con este Gobierno, porque necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares para que no protestemos. Mucha gente es valiente y está denunciando, aunque él (Maduro) reafirme a sus asesinos”, explica.

La represión creció al ritmo que descendió la aprobación del chavismo. La Operación de Liberación del Pueblo, un programa de seguridad creado en julio de 2015, acumuló un pavoroso récord de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales. La actuación fue rechazada por organismos internacionales después de más de 40 masacres y cientos de crímenes. Asediado por las críticas, Maduro modificó su nombre a Operación de Liberación Humanista del Pueblo y su acción fue desapareciendo. En consecuencia, las FAES se posicionaron como el nuevo represor en los barrios.

Sus detractores dicen que es un escuadrón de la muerte diseñado a la medida del régimen. Pero W. C., un oficial que desertó de la temible policía, culpa a grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento. “Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos se han disparado desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos, porque ellos obedecen las directrices del régimen. Los policías estamos formados para servir y proteger al pueblo. Eso es a partir de octubre de 2017, aproximadamente”. El actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, es señalado en una investigación del portal Runrunes como exlíder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas, por estar supuestamente vinculado con homicidios desde 2000.

Cofavic, una ONG defensora de los derechos humanos, cuenta unos 9.500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018, un tercio cometidos entre 2017 y el año pasado. Casi la totalidad de las víctimas son hombres menores de 25 años. “Esto demuestra que no son hechos aislados, sino que ocurren de manera sistemática y que, lamentablemente, tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional”, explica Liliana Ortega, directora de la organización.

El país está sumido en una crisis de derechos humanos. A excepción del Gobierno de Maduro, decenas de países y organismos multilaterales advierten el desmoronamiento de la justicia. Ortega detalla las trabas en las averiguaciones sobre violencia del Estado. “Las líneas de investigación son precarias (…) La representación de las víctimas en las investigaciones es también muy débil. Hay una serie de carencias que son fueros de impunidad. Eso produce una multiplicación de estos crímenes en Venezuela, porque la impunidad tiene un efecto multiplicador”, zanja.

El régimen conserva su aparato represor:

“Nunca has visto lo peor en Venezuela”. Habla el abogado Alfredo Romero, que lleva 18 años tratando con el horror en Venezuela, con quienes sufren el aparato represor del régimen chavista. Es el director presidente de Foro Penal venezolano, la ONG cuyo objetivo es claro: “Que se haga justicia”. Así se titula también el documental que se ha exhibido este viernes en la Fundación Once en Madrid en el que se narra su historia desde su origen en abril de 2002 hasta 2014. “Hemos de hacer una secuela. Queda mucho por contar”, señala Alfredo Romero (Caracas, 1969).

Mientras usted está leyendo este artículo, hay decenas de venezolanos de los que nadie sabe hacinados en cárceles infrahumanas. Un ejército de voluntarios, abogados y profesionales diversos, defensores activos de los derechos humanos se ponen en marcha cada vez que acude a ellos un familiar de un desaparecido. Registran el caso, lo documentan, acuden en su búsqueda a hospitales y cárceles, y cuando comprueban que está arrestado batallan por su liberación.

“Luchamos contra el olvido. Lo peor para un preso es el olvido”, remarca Romero, que se acuerda del nombre y detalles de cada caso. “Ahora hay 522 personas presas por razones políticas. Mañana el número puede variar”. De ellos, 109 son militares. Desde 2014 han registrado más de 15.000 detenciones arbitrarias motivadas por razones políticas. Detrás de cada una de estas cifras hay una tragedia humana.

Lo peor en su recuerdo más reciente es no poder ofrecer consuelo a Rufo Chacón, de 16 años, que perdió los dos ojos al recibir el impacto de cientos de perdigonazos de soldados gubernamentales en una protesta motivada por la falta de gas en Táchira el primer día de julio de 2019.

Para mí conocer significa ver y no puedo ver nada… Se me acabó la vida”, dijo Rufo Chacón, que perdió los dos ojos por perdigonazos…”.

“Le llevamos a Caracas. Era la primera vez que estaba en la capital. Le pregunté dónde quería ir para entretenerle mientras esperábamos para saber qué decían los médicos. Me respondió: ‘Para mí conocer significa ver y no puedo ver nada’”, evoca Romero, quien confiesa que se sentía impotente ante la desgracia del joven. “¿Cómo vamos a ayudar a Rufo?”, agrega. La madre de Rufo, Adriana, ya dijo que su niño se quería morir al conocer su desgracia. “Se me acabó la vida”, repetía.

El ‘Inframundo’:

Lo peor que ha vivido Alfredo Romero le traslada a la Tumba, cinco pisos bajo el suelo, o al llamado Inframundo, uno de los peores centros de detención de Venezuela.

“La última vez que fui tenía que taparme la boca con las manos o con un pañuelo para que no me entraran moscas. El lugar donde los abogados veíamos a los detenidos es un vertedero. Allí llevaron a muchos arrestados en las manifestaciones del 23 de enero (cuando asumió como presidente encargado, Juan Guaidó). Los recluyeron en celdas sin ventilación. No tenían agua ni para beber ni para lavarse. Los que salían tenían problemas psicológicos”, señala Romero, quien en Caracas se mueve con protección de la Corte Interamericana tras recibir amenazas.

El Foro Penal es la defensoría del pueblo, sobre todo de los que no tienen recursos”, señala el alcalde Antonio Ledezma…”.

Asiente a su lado el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, en España desde hace casi dos años después de sufrir persecución política en Venezuela. “Es la defensoría del pueblo, de los que no tienen recursos, de todos los venezolanos”, afirma Ledezma. Junto a su esposa, Michi Capriles, acudió hace años en demanda de ayuda por el asesinato de un joven allegado a la familia de ella.

La represión del régimen chavista va in crescendo. En 2017 aumentan las detenciones y arrestan a mujeres. Las torturas con descargas eléctricas o los abusos sexuales ya son algo habitual. En 2018 se hicieron sistemáticas las torturas.

En 2019 continúa todo lo anterior pero añaden en su punto de mira a las familias de los militares rebeldes y todo aquel, incluso menores, que participe en alguna protesta. “En 2002 pensaba que nuestra tarea iba a acabar pronto pero cada vez es mayor”, apunta. Con un sentido del humor muy venezolano, asegura que son la única empresa en el país que cada vez cuenta con más personas trabajando. Más de 7.000 distribuidos en 14 grupos en todo el mundo.

Una mujer interpela a Alfredo Romero porque quiere contar su historia. Entre sollozos habla de su hijo, el capitán Camargo, quien fue torturado salvajemente en prisión, hasta el punto de ni siquiera conocer a su madre cuando fue a verle a prisión por primera vez. Relata cómo vendió todo lo que tenía para conseguir que le dejaran en libertad. “Firmé que salía sano y salvo, pero estaba destrozado”, rememora.

Romero recuerda el caso, incluso que cumplían años el mismo día, el 7 de enero, y en una ocasión se felicitaron en la cárcel en esa fecha. No sabía que había podido salir de Venezuela rumbo a Chile.

“Jamás el régimen va a dejar de utilizar la represión. Es su herramienta más efectiva. Es su capital. Usa la represión como mecanismo de control político. Cuando al régimen se le debiliten las unidades represivas perderá el poder”, explica Alfredo Romero a EL INDEPENDIENTE.

Y detalla: “Puede debilitarse económicamente. Militarmente, algo que está pasando. O el apoyo de la población. Nunca dejará que se debiliten las unidades represivas. Perdería el control, son unidades de contrainteligencia que vigilan a los militares, a los que ahora persiguen de forma muy tenaz”. No reducen la represión, pueden excarcelar pero luego encarcelan en lo que llamamos puerta giratoria.

Primeras fracturas
Antes de que llegara la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en junio pasado, había más de 800 presos políticos y ahora hay 522, pero la represión continúa. “Por primera vez, es cierto, hay cierta fractura en el Sebin y en el DGCIN porque se han opuesto al gobierno”, explica.

“El régimen cuenta con el olvido y con la memoria selectiva. Tenemos memoria selectiva. Nos vamos olvidando de determinadas informaciones. Estamos pendientes de un caso y luego se olvida”, reflexiona Romero, autor del libro Relatos de muerte en vivo y coautor de Crímenes de lesa humanidad, una perspectiva venezolana.

Santiago, un joven que fue detenido cuatro días después de las protestas de 2017, ahora colabora con Foro Penal como “defensor activo“. Lo hace porque siente que tiene una deuda pendiente porque no se olvidaron de él y pudo salir. Para Santiago es fundamental combatir la “banalización” de la represión. Participa activamente en las campañas para que no se normalicen situaciones excepcionales de violación de los derechos humanos.

El Foro Penal venezolano lleva numerosos casos, entre ellos el del general Óscar Pérez, que se levantó contra Maduro y fue ajusticiado. Pudo verlo todo el mundo a través de las redes sociales.

También intentan que se esclarezca el asesinato de siete indígenas pemones el 22 y 23 de febrero de este año en Kumaracapay. “No hay investigación abierta. Aún así hemos llevado el caso ante la Corte Interamericana, ante la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y el Tribunal Penal Internacional”, dice Romero, uno de los fundadores de Foro Penal junto con Gonzalo Himoib. Muchos de estos casos acaban en un limbo.

Recuerda entonces el primer caso de tortura por motivos políticos que llegó al Foro Penal. Fue el caso de un joven detenido por las protestas del 18 de febrero de 2014. Entonces dentro y fuera de Venezuela les miraban con incredulidad.

“Lo llevaron al Sebin, le meten la cabeza en agua y usan descargas eléctricas. Querían que acusara a Antonio Ledezma de organizar las protestas. Le dije que lo denunciara ante el tribunal. Así lo hizo y yo denuncié. Fue una denuncia alarmante. Hoy día hablar de descargas eléctricas ya no es noticia, es lo común, ni de asfixia con bolsas plásticas, ni es noticia hablar de una desaparición forzosa o ni siquiera el asesinato de un menor. Estos regímenes utilizan esta limitación de la memoria selectiva de manera muy efectiva”, detalla el abogado.

Por ello, lo que hacen desde Foro Penal es “incrementar el costo político de la persecución política a través de acciones que tenemos estructuradas, no sólo la asistencia legal, campañas, conciertos, charlas, con el fin de recordar a todos que mientras estamos aquí hay gente que sufre la represión”.

Una lucha de 18 años:

Los fundadores de Foro Penal no planificaron su creación, sino que lo fundaron como consecuencia de lo que pasaba en Venezuela. La primera persona que asistieron fue María Capote, madre de Jesús, un chico de 18 años asesinado de un tiro en la cabeza el 11 de abril de 2002.

Gonzalo Himiob, abogado especializado en ciencias penales y criminológicos, conocedor de la situación de los derechos humanos en las cárceles, cuenta cómo un grupo de personas empezó a reflexionar si el país era el deseado para sus hijos. Dos ONG, Vive y Foro Penal venezolano, se fundieron en el Foro Penal. Fueron los primeros en llevar una causa al Tribunal Penal Internacional de La Haya a denunciar que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Quien quiera denunciar una violación de los derechos humanos o una desaparición forzosa se puede poner en contacto con el centro de denuncias del Foro Penal por vía telefónica, por un correo electrónico o un formulario accesible en la web www.foropenal.com.

No se encargan de denuncias anónimas y el denunciante ha de ser familiar directo de la víctima o la propia víctima. Estudian los datos recibidos y valoran si hay indicios de que se trata una violación de los derechos humanos. Si hay conformidad con los afectados, designan un abogado que asistirá gratuitamente en el proceso.

A su vez, los llamados “defensores activos” ayudan a localizar a los desaparecidos, visitando cárceles, hospitales o lugares donde podrían encontrarles. Desde fuera de Venezuela, participan y promueven campañas internacionales y buscan fondos para la organización, no ligada a ningún partido.

Es un trabajo que no tiene fin. Cada día hay retos diferentes. Dan cuenta de ello en su cuenta de Twitter, donde recuerdan a los asesinados y a los que aún están encarcelados. El lema, que entonan cuando se reúnen o imparten charlas que a veces amenizan con música, dice: “No hay que hacer justicia por nuestra mano pero está en nuestras manos que se haga justicia”. Romero también es autor de canciones.

El régimen chavista los ha acusado de estar al servicio de la inteligencia de EEUU y de recibir financiación de Washington. Romero asegura que los abogados que colaboran prestan su tiempo a la causa de los derechos humanos y la mayoría, como él, siguen trabajando de forma privada. Reciben aportaciones pero asegura que no son financiados por partidos políticos. Cuentan con apoyo de Civil Rights Defenders de Suecia, y han trabajado en coordinación con la Robert F. Kennedy Human Rights Foundation.

“Haríamos lo mismo que hacemos ahora si hay un nuevo gobierno y nos denuncian abusos. Vamos a seguir esté quien esté en el poder. Ahora el objetivo es conquistar la libertad y luego será para no perderla”, añade. Nos cuenta cómo en ocasiones han asistido a funcionarios chavistas que buscaban a sus hijos. “Vienen las madres, generalmente, también son víctimas”.

Están trabajando en un manual para combatir la represión, algo que ponen en marcha todas las dictaduras, de izquierda o de derecha. “No se trata de ideologías. En Venezuela la que se dice llamar izquierda reprime y encarcela. Pero la derecha puede encarcelar. Queremos que otros gobiernos no pasen por lo que hemos pasado y si ocurre que sepan cómo combatirlo. Nos ha costado 18 años entenderlo”.

Su premio es lograr que salga de la cárcel quien está preso injustamente, por pensar diferente, por expresar su desacuerdo con el poder. “Ese abrazo de la libertad es nuestra indemnización”, dice Romero. Recientemente, gracias a una campaña internacional apoyada en las redes sociales, consiguieron la liberación de la clarinetista Karen Palacios el 16 de julio, retenida sin explicaciones y en condiciones insalubres durante 46 días. Esos son los pequeños éxitos que “alimentan” a los defensores de Foro Penal.

Alfredo Romero es un actor relevante en la Venezuela de hoy. Su experiencia le lleva a no ser optimista, pero tampoco es derrotista: “Venezuela está en una situación caótica. Y desde fuera se ve incluso más. Hay un adormecimiento de la población, acompañada de frustración y una depresión colectiva. Hay hambre. No se pueden adquirir productos, aunque hay, porque cuestan el doble que en Estados Unidos. Hay un debilitamiento político de la oposición por la persecución que vive. Los medios están controlados por el régimen chavista. Los venezolanos no viven, sobreviven. Están instalados en el miedo a no tener trabajo, al hambre, a que un hijo pueda ser asesinado, el miedo a salir y no poder buscarse la vida, el miedo a esa separación dramática”.

Ve el país como “una gran cárcel” si bien hay posibilidades de salida. “Políticamente hablando creo que hay una fractura en todos los sectores, también en el gobierno. Hay que brindar fórmulas de salida. Hay que sacar a los represores de la oscuridad. Hay que intentar sacar a los represores de ahí. Nadie sabe cuándo va a ocurrir, un día, tres meses, o podemos quedarnos navegando en esas aguas turbias”.

Alfredo Romero y Gonzalo Himiob son pilares del Foro Penal venezolano. Pero también lo son los miles de voluntarios que colaboran con su tiempo y su esfuerzo en que siga existiendo esta plataforma. Todos coinciden: “Si el Foro Penal venezolano no existiera, no se conocería cómo reprime el régimen chavista. Solo habría oscuridad”.

Mamá Lis, una de las activistas cercanas al Foro Penal, que fue encarcelada por asistir a los presos y a quien impidieron salir del país para someterse a una intervención quirúrgica, decía en una carta en 2017: ” «Pensar distinto no es un delito, es creer que todos tenemos los mismos derechos aunque llevemos banderas distintas (…) Pensar distinto es querer justicia para todos, luchar por la paz y libertad, decir lo que los medios callan por temor». Luz en la oscuridad, voces en el silencio, justicia contra la impunidad.

*Maolis Castro. El Nacional, Venezuela Reportera en las fuentes de Policial (2010), Sociedad y Vida (2011-2014) e Investigación (2014-2015). Periodista entre marzo y julio de 2015 en la sección de Sociedad de ABC, en Madrid (España), producto de la Beca Curso Iberis. En Caracas, Venezuela, reportera colaboradora de Internacional de ABC España desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2016. Productora del documental de WSJ ‘Walking Backwards’: One Woman’s Journey in Venezuela, publicado en mayo de 2018.

Por: Maolis Castro & Ana Alonso
ana.alonso@elindependiente.com @alonsay
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Redacción/EFE
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Caracas, miercoles 28 de agosto del 2019

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