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    ELPAIS.es: ONU ratifica presencia del ELN en Venezuela

    “Petro, reconoció que en Venezuela
    hay presencia de miembros del ELN…”

     
    “El tercer informe de la misión de Naciones Unidas dedica largos pasajes al arco minero del Orinoco, donde la guerrilla colombiana ha colaborado con el gobierno venezolano…”.

    [karma_by_kadar__simple_player title=”Régimen de Maduro se une al ELN en guerra contra disidentes de las FARC…” src=”https://reportero24.com/wp-content/uploads/2022/03/ELN-Mar-28-2022.mp3″]

    AUDIO: HRW denuncia complicidad de Venezuela con el ELN; combates entre grupos armados ilegales han obligado a desplazarse a más de 3.800 personas en los departamentos fronterizos de Arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela, y se han registrado decenas de asesinatos…”.


    Venezolanos cruzan el río Arauca, la frontera natural entre Venezuela y Colombia, para refugiarse en Arauquita, Colombia. Sólo en julio, el grupo armado ocupó tres nuevos sectores en el municipio fronterizo de Táchira. Los expertos creen que hay guerrilleros colombianos en la mitad de los estados del país y cuentan con la connivencia del régimen de Maduro

    Régimen de Maduro se une al ELN en guerra contra disidentes de las FARC, señala informe. Guardia nacional venezolana habría robado ganado en zona rural de Cúcuta. Así lo denunció el ganadero James Álvarez, quien asegura que se llevaron 80 reses. La guerrilla colombiana del ELN aprovechó los confinamientos para expandir vertiginosamente su presencia en territorio venezolano.

    La guerrilla colombiana del ELN ha tenido una presencia intermitente en varias zonas del estado Bolívar, el mayor estado de la vecina Venezuela, y ha mantenido “vínculos de colaboración” con el Gobierno de Nicolás Maduro, señaló esta semana el tercer informe de la misión internacional independiente de la ONU sobre Venezuela. Las avanzadas territoriales del ELN tienen un modus operandi: llegan, reúnen a la población y le imponen reglas.

    Táchira, Venezuela.- La misión internacional independiente de la ONU sobre Venezuela, fue creada para investigar graves violaciones de derechos humanos. Un líder indígena contó a la misión que el gobierno venezolano otorgó al ELN concesiones para la explotación aurífera a orillas del río Cuyuní, cerca de la frontera con Guyana, y otro testigo que hizo incursiones en otras minas de la misma región.

    El nuevo informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ordenada por las Naciones Unidas se centra en dos temas que considera prioritarios en sus investigaciones.

    De un lado, los crímenes de lesa humanidad relacionados con los servicios de inteligencia del Estado venezolano, un apartado en el que describe patrones y modos de actuación en la persecución de opositores al Gobierno de Maduro. Y de otro, la situación de derechos humanos en la región del arco minero del Orinoco y otras áreas del enorme estado Bolívar, una región rica en minerales como el oro, diamantes, coltán y bauxita.

    El Ejército de Liberación Nacional, (ELN) la última guerrilla activa en Colombia, ha estado presente del otro lado de la frontera por lo menos desde la década de los años 70, y expandió su presencia en territorio venezolano después del acuerdo de paz que selló el Gobierno de Colombia con la extinta guerrilla de las FARC a finales de 2016.

    Algunos analistas ya lo catalogan como una guerrilla binacional, aunque no así el documento. Según varias fuentes, reseña el informe, el ELN llegó a acuerdos con autoridades estatales venezolanas para controlar recursos mineros, ha estado involucrado en la explotación de oro, diamantes y coltán, y para el año 2020 tenía presencia en al menos 12 de los 23 estados del país.

    De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, los rebeldes se financian en al menos un 60% a través de la minería en la República Bolivariana de Venezuela. Según testimonios recogidos por la misión, “existen vínculos de colaboración entre el Gobierno venezolano y el ELN”.

    El informe señala que “el Gobierno permitió la entrada del ELN con el propósito de “limpiar” las minas de “sindicatos” no aliados con el Gobierno, especialmente aquellos que no les estuvieran pagando “cuotas o vacunas”.

    La misión ha recibido información acerca de que el ELN ha tenido presencia en distintos municipios del estado de Bolívar por lo menos desde el 2018, y ha llegado a instalar puestos de control o “alcabalas” en las carreteras y en zonas muy cercanas a puestos de control oficiales.

    Maduro garante del ELN:

    La misión apunta, sin embargo, que la presencia del ELN en Bolívar ha disminuido sustancialmente desde mediados de 2020. El ELN se ha fortalecido militarmente en los últimos años y se ha expandido tanto en Colombia como del otro lado de una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros en la que operan un archipiélago de grupos criminales.

    Human Rights Watch ha denunciado que las fuerzas de seguridad venezolanas han sido sus cómplices, al punto de realizar “operaciones conjuntas” con el ELN, aunque Caracas siempre ha negado oficialmente la presencia de la guerrilla en su territorio. En su búsqueda de la “paz total” para Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro, con mes y medio en el poder, ya ha puesto en marcha un diálogo con el ELN.

    También ha restablecido las relaciones con Venezuela, como parte de un proceso gradual de normalización de unos lazos completamente rotos desde 2019, y le ha pedido a Maduro que sea garante de la negociación con el ELN, una propuesta que el heredero de Hugo Chávez aceptó casi de inmediato. En su día, Chávez acompañó los diálogos de La Habana que permitieron el desarme de las FARC.

    Los investigadores no han podido visitar Venezuela para realizar sus pesquisas sobre el terreno debido a que el Gobierno de Maduro no autoriza su presencia. La misión, ordenada originalmente por la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet, busca una prórroga de dos años.

    La semana pasada Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú anunciaron que proponen una resolución al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 26 de septiembre con ese propósito, pero Colombia aún no se ha sumado a esa iniciativa, a pesar de las críticas de las organizaciones de derechos humanos.

    Gobierno otorga concesiones al ELN:

    Entre los hallazgos que documenta la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en su tercer informe, destacan las presuntas concesiones que habría otorgado el gobierno venezolano al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para explotar oro en el estado Bolívar.

    Fuentes entrevistadas por los expertos de la ONU informaron que las autoridades venezolanas dieron la permisología a la guerrilla colombiana para la extracción aurífera en las orillas del río Cuyuní, por la comunidad de San Martín de Turumban, en áreas cercanas a la línea fronteriza con Guyana, en el municipio de Sifontes.

    Otro testigo agregó que el ELN también hizo incursiones en las minas Guasipati, Las Claritas y en el Kilómetro 88 del municipio de Sifontes.

    “Según testimonios recogidos por la misión, existen vínculos de colaboración entre el gobierno venezolano y el ELN. El gobierno permitió la entrada del ELN con el propósito de ´limpiar´las minas de ´sindicatos´no aliados con el gobierno, especialmente aquellos que no les estuvieran pagando cuotas o vacunas”, se lee en la investigación.

    Economías ilícitas:

    La participación de los grupos ilegales en la industria del oro en la región del Arco Minero y en otras zonas también estaría vinculada a otras economías ilícitas como el tráfico de drogas, armas, combustibles, medicamentos o alimentos y la tala ilegal.

    “Estas actividades les vinculan a los cárteles de la droga y a otros grupos delictivos de otros países como Colombia o México”, recoge el informe.

    Aunque los reportes sobre la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano son de vieja data, la documentación de la misión, que aplica una metodología rigurosa de comprobación, arroja luz sobre el vínculo que existe entre el gobierno de Nicolás Maduro y el ELN. Esto adquiere relevancia, luego de que el mandatario venezolano aceptara ser el garante de la negociación que inicia el gobierno de Gustavo Petro con este grupo guerrillero.

    La misión cree que existen motivos razonables para creer que el ELN ha estado involucrado en la minería de oro, diamantes y coltán con la que financia sus tropas y actividades. “Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales explica que el ELN se financia en al menos un 60% a través de la minería en la República Bolivariana de Venezuela”, refieren los expertos independientes.

    Lucha por el control:

    En la zona del Arco Minero operan presuntamente los denominados “pranatos” (pran es el término que designa al líder de las bandas en las cárceles) y los denominados “sindicatos” (organizaciones ilícitas formadas originalmente por integrantes de las organizaciones sindicales de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar).

    Ambas organizaciones se habrían fusionado en la práctica hasta constituir un solo frente con el cual luchan contra la guerrilla colombiana y otras bandas criminales por el controlar el territorio y el negocio de la minería ilegal.

    “Los grupos ejercen una violencia brutal contra los mineros y la población local, tanto hombres como mujeres, a menudo en forma de castigos corporales. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma desproporcionada por la violencia de género, como su utilización forzada por los sindicatos criminales con fines sexuales”.

    Se especifica también que, aunque el ELN ha estado presente en territorio venezolano desde por lo menos 1970, expandió su presencia en el territorio después del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, el 26 de septiembre de 2016.

    Indicadores recopilados por la misión dan cuenta del aumento de violencia en el estado Bolívar tras la expansión de la minería ilegal. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), por ejemplo, registra que la entidad pasó de ser la cuarta con mayores índices de muertes violentas, en 2017, a ocupar el segundo puesto en 2019 y 2020. Aunque en 2021 el estado cayó al tercer lugar, el OVV identificó que precisamente en las áreas mineras se encuentran tres de los municipios más violentos del país: El Callao, Roscio y Sifontes.

    Con respecto a la violencia de género, según datos recogidos por la ONG Observatorio Guayanés de Violencia basada en género, los casos de violencia contra la mujer aumentaron 18,27% entre 2017 y 2018 y 17,6% entre 2019 y 2020.

    Pueblos indígenas atacados:

    El informe también alerta sobre las amenazas y ataques, por parte de grupos armados criminales, contra líderes y lideresas indígenas de comunidades que han impedido el paso de contrabando o el acceso a minas en su territorio. También se han reportado ataques por parte de representantes del Estado contra estos líderes por haberse opuesto a la militarización de sus territorios.

    Diversas fuentes afirmaron a la misión que en 2018 autoridades militares y del gobierno empezaron a amenazar con la detención de los líderes y lideresas pemones y de los comandantes de las Guardias Territoriales.

    “El Estado ha demostrado un patrón de detención arbitraria y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas acusadas por ´traición a la patria´”, dicen los expertos de la ONU.

    El caso de José Vásquez, comandante de la Guardia Territorial Pemón en la comunidad de Turasen del municipio Gran Sabana, asesinado el 26 de septiembre de 2018, es destacado porque diversas fuentes aseveran que su muerte fue provocada para amedrentar y debilitar a este cuerpo indígena de protección. El Ministerio Público oficialmente acusó a un exfuncionario de la Fanb de homicidio agravado.

    La misión ha documentado casos de ataques violentos dirigidos a obtener el control de territorios indígenas por parte de agentes del propio Estado. Este tipo de ataques se han producido a menudo en el contexto de operaciones militares, como la operación “Manos de Metal” o el plan “Tepuy Protector”.

    “Dados los intereses económicos de las élites militares y económicas venezolanas en la explotación de oro y otros minerales estratégicos existen indicios de que el objetivo real de las operaciones militares en los territorios indígenas de Gran Sabana pueda ser el de asegurar el control sobre los recursos naturales, directamente por el Estado o por grupos afines”, concluyen los miembros de la misión.

    El ELN nació en 1965 como un proyecto político antimperialista inspirado en la revolución cubana y tiene en sus filas a unos 1.500 combatientes, según cifras oficiales. Pese a la mesa de negociaciones, el ELN sigue hostigando a estaciones de policía e infraestructura petrolera en Colombia.

    *Tras la confirmación de que Venezuela hará parte de las negociaciones de paz con el Eln, Maduro afirmo que sería uno de los garantes.

    *Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

     

    *Santiago Torrado. Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.

    MÁS SOBRE EL AUTOR: SANTIAGO TORRADO: “La Cruz Roja considera un conflicto armado los enfrentamientos entre disidencias de las FARC en Colombia…” << >> “Se calienta la frontera con Colombia…”

    Por: Santiago Torrado
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    Caracas, 23 de septiembre de 2022





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