El caso Odebrecht pasa a ser letal
con el suicidio de Alan García.
Con el suicidio del ex presidente peruano Alan García suman cinco las personas vinculadas a las investigaciones sobre sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en América Latina que se quitaron la vida o murieron en circunstancias no del todo aclaradas.…”.
■ PERÚ: Se suicidó Alan García, ex presidente peruano.
■ La de García no es la primera muerte relacionada con el escándalo continental de Odebrecht, ya que en Colombia han muerto tres personas, dos testigos en el caso de la constructora brasileña y el hijo de uno de ellos, en una rocambolesca y poco clara sucesión de hechos con el uso de cianuro por medio.
■ El caso de corrupción Odebrecht ha pasado de ser devastador a ser literalmente letal con el magnicidio, en forma de suicidio, este miércoles, del ex presidente de Perú Alan García.
Lima, Perú.— El dos veces gobernante de Perú (19985-1990 y 2006-011) y una de las figuras más destacadas, y polémica, de la política latinoamericana contemporánea, se descerrajó una bala en la cabeza cuando un grupo de fiscales y policías se presentaron en su domicilio de Lima para arrestarlo por su presunta implicación en los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, reseña la agencia EFE.
El 17 de abril Perú amaneció con la noticia del suicidio de quien fuera dos veces presidente, (1980-1985 y 2006-2011), Alan García. El ex mandatario decidió quitarse la vida antes de ser detenido por integrantes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, que estaban en la puerta de su domicilio cumpliendo una orden judicial de detención preventiva por 10 días.
El equipo fiscal que investigaba en Perú las derivaciones de la operación Lava Jato había ordenado la detención preventiva de García por presuntos pagos irregulares en la construcción del Metro de Lima y por supuestos aportes de la constructora a su campaña para las elecciones de 2006.
La muerte de García se sumaba así a las de otras cuatro personas —tres en Colombia y una en Brasil— casi todas figuras clave de las investigaciones que se desarrollan en sus países sobre el esquema de corrupción de Odebrecht.
los políticos que gozan de fuero privilegiado por la importancia de su cargo y que, por lo tanto,
solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo Federal.
La muerte del fin del mundo:
El magistrado brasileño Teori Zavascki tenía 68 años cuando el helicóptero en el que viajaba junto a otras tres personas se desplomó en el océano, cerca de la localidad de Paraty, en el sudeste de Brasil, causando la muerte de los cuatro.
Era 20 de enero de 2017, y Zavascki, como encargado de supervisar las investigaciones que realizaba la justicia de su país ante el caso de corrupción de la estatal Petrobras, se aprontaba a decidir si reconocía como evidencia los testimonios de unos 80 ejecutivos de Odebrecht, empresa con la que la petrolera brasileña había realizado varios contratos.
Los testimonios eran conocidos como las “acusaciones del fin del mundo”, por la cantidad y jerarquía de las personas que, se presumía, estaban involucradas en el caso, entre ellos el entonces presidente Michel Temer.
Desde el principio hubo rumores sobre un posible atentado, y el hijo del juez, Francisco Zavascki, llegó a decir que su padre pudo haber sido asesinado para atrasar las investigaciones.
“No puedo no pensar que no mandaron matar a mi padre”, escribió poco después del siniestro.
Tras dos años de investigaciones, la fiscalía archivó el caso el pasado mes de enero asegurando que no había indicios de homicidio y que se trató de un accidente causado por la fuerte lluvia que caía en Paraty cuando la avioneta intentaba aterrizar.
Otro suicidio:
El del peruano García no fue el primer suicido de un implicado en el caso Odebrecht que se llevó sus secretos a la tumba.
En diciembre de 2018, el ex secretario de transparencia de la Presidencia de Colombia y ex cónsul de este país en Londres, Rafael Merchán, quien serviría como testigo en el caso de sobornos de Odebrecht, se suicidó en su apartamento en Bogotá.
Unos días antes un juez había admitido a Merchán como testigo en la investigación contra el ex director de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.
Andrade es investigado a raíz de la adición del contrato de concesión de la obra Ruta del Sol II, un entramado de carreteras, en la que participó Odebrecht junto con su socia local, la firma Corficolombiana.
El ex funcionario sostuvo que no recibió sobornos de la multinacional, pero reconoció que sí la había beneficiado para que le fuera adjudicada la adición del contrato y que se reunió con directivos de la firma implicados en los sobornos.
El testimonio de Merchán era importante para la defensa de Andrade en el caso de Odebrecht, que habría pagado unos 29 millones de dólares en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos de obras de infraestructura, según datos de la fiscalía.
En un comunicado, la familia de Merchán indicó que su suicidio fue por motivos personales, sin hacer mención a Odebrecht.
El caso Pizano:
Menos de dos meses antes del suicidio de Merchán, otras dos muertes vinculadas a Odebrecht sacudieron a Colombia. El 8 de noviembre de 2018, el ex supervisor especial de la concesión Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, testigo clave en la investigación, murió de un infarto.
Pizano, quien había sido diagnosticado con un cáncer linfático y no tenía según sus médicos muchas expectativas de vida, fue encontrado desmayado en su hogar en Bogotá y murió camino al hospital.
El diagnóstico fue paro cardíaco fulminante, y el cuerpo de Jorge Pizano fue cremado.
Tres días después, su hijo Alejandro Pizano, que había regresado de España para asistir al funeral del padre, bebió agua saborizada de una botella que estaba en el escritorio de su padre y falleció por envenenamiento con cianuro.
Tras la muerte de Jorge Pizano, el informativo de televisión Noticias Uno publicó unas grabaciones que el hombre había realizado en 2015 y que había entregado a periodistas con el encargo de que solo se divulgaran tras su muerte o si lograba convertirse en testigo protegido de EEUU.
Mientras se desempeñó como supervisor especial de la carretera, Pizano recopiló documentos, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones que indicaban que Odebrecht habría pagado sobornos para ganar la licitación del proyecto.
En los audios entregados a Noticias Uno se escucha supuestamente a Pizano informando de sus sospechas de sobornos al actual fiscal general Néstor Humberto Martínez, por entonces asesor jurídico de Corficolombiana, la socia local de Odebrecht.
Martínez no tomó ninguna medida entonces; y tras la muerte de Pizano declaró que no recibió pruebas del fallecido supervisor.
Tras una serie de errores de los forenses, que dependen de la fiscalía, la investigación de la muerte de Alejandro Pizano fue archivada y considerada accidental por el juez.
La mayor constructora de Brasil reconoció ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios de la mayoría de los países latinoamericanos para obtener la adjudicación de distintos proyectos de infraestructura.
En detalles:
El dos veces gobernante de Perú (19985-1990 y 2006-011) y una de las figuras más destacadas, y polémica, de la política latinoamericana contemporánea, se descerrajó una bala en la cabeza cuando un grupo de fiscales y policías se presentaron en su domicilio de Lima para arrestarlo por su presunta implicación en los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.
Los sobornos, y posteriores delaciones para mantener a flote su negocio, del emporio brasileño, han llevado a la cárcel o ante la Justicia, y ahora a uno al suicidio, a todos los presidentes peruanos desde el final del mandato de Alberto Fujimori (1990-2000), también encarcelado por corrupción y delitos de lesa humanidad.
La de García no es la primera muerte relacionada con el escándalo continental de Odebrecht, ya que en Colombia han muerto tres personas, dos testigos en el caso de la constructora brasileña y el hijo de uno de ellos, en una rocambolesca y poco clara sucesión de hechos con el uso de cianuro por medio.
Mientras García moría en un hospital de Lima, el también ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) e igualmente acusado y detenido por el caso Odebrecht, era ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico de la capital peruana, donde permanece, por un problema cardíaco.
El ex presidente del Perú Alejandro Toledo (2001-2006) se encuentra huido de la Justicia de su país tras haber sido acusado de recibir de Odebrecht para su usufructo personal una comisión de 20 millones de dólares y contra él pesa ya una petición de arresto y extradición.
La primogénita de Fujimori, Keiko, líder de la oposición, cumple prisión preventiva también bajo la acusación de haber sido sobornada por Odebrecht.
La Fiscalía Anticorrupción peruana mantiene abiertas una acusación e investigación sobre la presunta implicación de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el pago de los sobornos admitidos por Odebrecht.
En Colombia, la Fiscalía General solicitó en su momento la apertura de una investigación sobre la denuncia de la “contribución” de Odebrecht con un millón de dólares a la campaña electoral para la reelección del ex presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Además de la acusación que ha gravitado sobre Santos, en Colombia está encarcelado, entre otros, como acusado confeso de haber sido sobornado por Odebrecht, Gabriel García Morales, vieceministro de Transportes durante la Administración del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Del entorno de Uribe, también ha sido señalado por informaciones de la prensa brasileña procedentes de las delaciones de Odebrecht Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del partido que lidera el expresidente colombiano en las elecciones en las que lo ganó Santos en 2014.
En Panamá pesa una orden de extradición contra dos hijos, ya detenidos en Estados Unidos, del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a los que la banca suiza ha congelado cuentas por valor de 22 millones de dólares que les entregó Odebrecht, según las delaciones procedentes de la propia empresa.
También en Panamá, la Fiscalía General ha formulado cargos contra Amado Barahona, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno (2004-2009) de Martín Torrijos.
En Brasil, origen de todo este escándalo internacional, Odebrecht es parte de un entramado de corrupción en el que están implicadas las principales empresas del país en torno al gigante estatal Petrobras y que propició la crisis que llevó a ser derrocada de la Presidencia a Dilma Rousseff y a la cárcel a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
La práctica del soborno por parte de Odebrecht parece a todas luces sistemática, sin preferencias por gobierno alguno en concreto e inducida o favorecida por sistemas políticos afectados por una corrupción crónica y capaz de infectar a cualquier administración presidencial.
También parece evidente que con las cifras millonarias que destinaba a los sobornos Odebrecht no se iba a jugar la consecución o no de sus fines a la intervención de meros intermediarios o funcionarios de nivel intermedio.
En Brasil, el propietario y ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel, y trasladado a prisión domiciliaria en una de sus mansiones gracias a la llamada “colaboración eficaz” con la Justicia
Condenada indefectiblemente al ostracismo empresarial al menos a mediano plazo, el emporio se dispuso, por lo menos, y caiga quién caiga, a sacar de la cárcel a su propietario.
A consecuencia de las confesiones en Brasil de la empresa, que también opera en Estados Unidos, las autoridades de ese país aplicaron a Odebrecht el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero y abrieron la correspondiente investigación.
Como resultado, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado diciembre de 2016 el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Los datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan textualmente a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” como destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala
Por: Ángel Bermúdez (@angelbermudez)
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Miami-Caracas
Caracas, jueves 18 de abril de 2019
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