“La AN no tiene junta directiva válida y todos sus
actos son nulos por usurpación de autoridad”
Juan José Mendoza, al igual que Maikel Moreno, ambos habitantes de lujosas casas en El Hatillo, buscan hacer hoy con los diputados lo mismo que hicieron con los alcaldes en 2017. Ambos están sancionados y acusados en el informe de delitos de lesa humanidad de la OEA…”.
■ Magistrado Juan José Mendoza de la Sala Constitucional del TSJ: En 2017 esta sala declaró la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional, en consecuencia se anuló el acto parlamentario el 5 de enero de 2017 y se decidió que cualquier actuación será nula.
■ Durante la gestión de Juan José Mendoza 39 de los 77 alcaldes opositores fueron destituidos, privados de libertad, tenían orden de aprehensión, prohibición de salida del país, les quitaron competencias o fueron inhabilitados por la CGR por el TSJ en 2017.
Caracas.- A Juan José Mendoza le encargaron este lunes la responsabilidad de anunciar la sentencia anulando las acciones de la AN. El dictamen provino del TSJ reconocido por la Asamblea Constituyente.
La sentencia deja sin efecto el acto de instalación del Poder Legislativo del pasado 5 de enero de 2019, por omisión y usurpación de autoridad .
Entre otras cosas, Mendoza dijo que cualquier decisión relacionada con las finanzas y las relaciones internacionales es responsabilidad exclusiva de la Presidencia.
Mendoza, magistrado de la Sala Constitucional, es un trujillano que fue juramentado por Cilia Flores en diciembre de 2010 como miembro del TSJ. Antes fue diputado por el PSUV.
En febrero de 2017 fue nombrado como reemplazo de Gladys Gutiérrez en la Presidencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además fue nombrado segundo vicepresidente del máximo órgano judicial.
En sus primeros meses en el cargo dictó seis sentencias que afectaban las atribuciones del Parlamento, con la llegada de la mayoría de la oposición a la Asamblea Nacional.
También es director de la Escuela Nacional de la Magistratura y su juramentación como magistrado causó revuelo en su momento porque dirigentes de oposición consideraban que no reunía las credenciales para ocupar una silla en el máximo tribunal del país debido a su conocida militancia política.
Sin embargo esa no es la única polémica en la que ha estado involucrado Mendoza. En agosto de 2012 el defensor de la jueza María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, denunció que el magistrado intentó destituirla.
Con ello, según Graterol, pretendía corregir el error de suspenderla de su cargo sin que mediara un proceso, pese a ser jueza titular. No contento con ello, ordenó ese año reabrir la averiguación por la muerte del periodista y diputado Fabricio Ojeda, asesinado en junio de 1966
En mayo de 2011 asumió la Inspectoría General de Tribunales.
Lo más controvertido estaba por llegar. En junio de 2014 defendió la participación de efectivos militares en actos políticos, algo que contraviene abiertamente la Constitución.
“La participación de los integrantes de la Fanb en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática”, dijo en ese momento Mendoza, que es un militar retirado.
Las alcaldías de oposición atacadas por el Gobierno:
Desde el 11 agosto 2017, un total de 39 de las 77 alcaldías que la oposición ganó en diciembre de 2013 han sido –las instituciones o sus máximos representantes- objeto de medidas judiciales o administrativas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y de sus poderes subyugados. Esto equivale a que 51% de las autoridades municipales han sido destituidas de sus cargos, estuvieron o están en prisión, tienen orden de aprehensión, prohibición de salida del país, fueron despojados de sus competencias o inhabilitados. Además, han sido denunciados en Fiscalía o demandados y su Contraloría o su Policía Municipalfueron intervenidas.
Transparencia Venezuela identificó que 5 alcaldes fueron destituidos y estuvieron o están en prisión: Enzo Scarano (San Diego, Carabobo); Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira); Antonio Ledezma (Metropolitano, Distrito Capital); DelsonGuárate (Mario Briceño Iragorry, Aragua) y Alfredo Antonio Ramos Acosta (Iribarren, Lara).
Otros 5 alcaldes legítimamente electosen 2013 fueron destituidos y tienen orden de aprehensión: Warner Jiménez (Maturín, Monagas); Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui); Carlos García (Libertador, Mérida); Ramón Muchacho (Chacao, Miranda) y David Smolansky (El Hatillo, Miranda). Omar Lares (Campo Elías, Mérida), a pesar de que no se ha anunciado su destitución, también tiene orden de aprehensión, mientras queLumay Barreto (Páez, Apure) fue simplemente destituida.
La ONG encontró que Antonio Ledezma (Metropolitano, Distrito Capital) y Eveling Trejo (Maracaibo, Zulia) fueron despojados de sus competencias, mientras que a José Barreras (Palavecino, Lara) y al encargado de Chacao, Moisés Carvallo les dictaron medida de prohibición de salida del país.
La siempre complaciente Contraloría General de la República inhabilitó políticamente a Enzo Scarano (San Diego, estado Carabobo); Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira) y Alirio Guerrero (Jáuregui, Táchira).
Por último, el seguimiento arrojó que Pedro Loreto (Infante, Guárico) también fue arrestado, por menos de 72 horas.
Como si fuera poco, 12 alcaldes han sido denunciados ante la Fiscalía General: 1. Enzo Sacarano (San Diego, Carabobo), 2. Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui), 3. Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira), 4. Antonio Ledezma (Metropolitano, Distrito Capital), 5.DelsonGuárate (Mario Briceño Iragorry, Aragua), 6.José Luís Machín (Barinas, Barinas), 7. Ronald Aguilar (Antonio José de Sucre, Barinas), 8. Ramón Rodríguez (Bejuma, Carabobo), 9. Alejandro Feo La Cruz (Naguanagua, Carabobo), 10.Yovanny Salazar (Chaguaramos, Guárico), 11. Alfredo Ramos (Iribarren, Lara), 12. Warner Jiménez (Maturín, Monagas).
El récord de los ataques a los alcaldes de la MUD lo lleva el Tribunal Supremo de Justicia, que entre mayo y julio ha sentenciado 49 veces en contra de los gobiernos municipales de oposición. En segundo lugar, está la Contraloría General de la República, con 18 (3 inhabilitaciones políticas y 15 intervenciones de contralorías municipales)y por último, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz con 9 intervenciones a las policías municipales. (Transparencia Venezuela)
*Juan José Mendoza Jover:
El ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y hoy miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Director de la Escuela Nacional de la Magistratura nació en el estado Trujillo. Fue juramentado en diciembre de 2010 como magistrado, aunque su designación fue criticada por factores de la oposición por considerar que no reúne las credenciales para ocupar una silla en el máximo tribunal del país. En mayo del año siguiente asumió la Inspectoría General de Tribunales.
En agosto de 2012, el abogado José Amalio Graterol, defensor de la exjueza Lourdes Afiuni, denunció que Mendoza Jover, intentó destituir a Afiuni para corregir el error cometido al suspenderla de su cargo sin que mediara un proceso, pese a ser jueza titular. Ese mismo año ordenó reabrir la averiguación por la muerte del periodista y diputado Fabricio Ojeda, asesinado en junio de 1966.
Una de sus decisiones más polémicas la dictó en junio de 2014. Con respecto a la intervención de efectivos militares en proselitismo político dijo: “la participación de los integrantes de la Fanb en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática”.
De Las Monjas a Dos Pilitas:
El magistrado siguió la senda trazada por el defenestrado Luis Velázquez Alvaray y en 2010 dejó su curul en el Parlamento, la cual consiguió en el 2000 con el respaldo del extinto Movimiento Quinta República y posteriormente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, para irse a la Sala Constitucional.
Durante el tiempo que ha estado en el TSJ ha dictado fallos polémicos, como el que en 2014 facultó a los militares a participar en marchas y mítines y más recientemente dejó casi moribunda la Ley que la Asamblea Nacional aprobó para otorgarle el cestaticket a los pensionados.
Sin embargo, también ha dado qué hablar por otros motivos. En 2014 el presidente Nicolás Maduro reveló que el vehículo del magistrado sufrió un atentado, cuando dos sujetos en moto comenzaron a dispararle. “Por suerte el carro estaba blindado”, relató el mandatario, quien apuntó que Mendoza no iba en el mismo, sino su hija.
Del hecho no se supo más nada, pero en el máximo juzgado no descartaban que el mismo estuviera vinculado con algún caso que el funcionario tuvo.
Por: Astolfo Villarroel
Juan Francisco Alonso
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Ciudad | Táchira/Zulia
Caracas, miercoles 16 de enero, 2019
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