No se trata a de otra cosa
sino de una olla montada..
■ Con motivo de la ola de detenciones y procesos abiertos sorpresivamente en contra de comerciantes por la presunta comisión de delitos de usura, especulación y remarcaje de precios.
Lo primero que debemos analizar es la fecha o el momento en que se realizan esas inspecciones (a menos de veinte días de la celebración de los comicios municipales), y con la arbitrariedad con que se ejecutan estas acciones, las cuales evidencian la inseguridad jurídica que se vive en el país, así como el irrespeto y quebrantamiento de los derechos humanos y garantías de los ciudadanos. No solo derechos económicos, libertad de mercado o libertad personal sino que atacan también directamente los derechos políticos.
Analicemos el caso específicamente en Carabobo concretamente en el municipio Valencia, aunque situaciones parecidas están ocurriendo en todo el país.
Hemos visto como impunemente tanto desde el Ejecutivo Nacional como desde el regional se somete al escarnio público al candidato a la Alcaldía de Valencia; se le califica de ladrón, de especulador, de corrupto, no solamente, sin tener pruebas sino que ellos, los jefes de los Ejecutivos tanto nacional como regional deberían ser los primeros en garantizar los derechos a todos los ciudadanos y de cumplir con la Constitución y demás Leyes de la República.
Efectivamente atacan al candidato alcalde Miguel Cocchiola, por la presunta comisión del delito de usura, pero, en un estado de derecho de justicia que propugna los valores superiores de su ordenamiento jurídico, y de su actuación, según el artículo 2 del texto constitucional, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, sería imposible desde el punto de vista jurídico que priven de libertad al candidato Cocchiola, ya que se debe respetar el principio de presunción de inocencia, pero además para nadie es un secreto que no se trata a de otra cosa sino de una olla, de una patraña montada desde el Alto Poder para sacar del juego político al virtual ganador de la alcaldía valenciana como así lo reflejan todos los sondeos de opinión, incluyendo los contratados por el oficialismo.
Son muchísimas las razones; que impedirían jurídicamente una eventual detención del diputado Cocchiola, la primera sería que desde hace seis años, cuando Cocchiola decidió incursionar en la política cedió sus acciones en IMECA; segunda; es diputado y tiene inmunidad parlamentaria, que si bien es cierto pudieran allanársela, utilizando tal como lo han venido haciendo a la Fiscal General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia como los carniceros del régimen, no es menos cierto, que para ese eventual allanamiento deben cumplirse unos procedimientos donde se le garantice el debido proceso al diputado Cocchiola.
Podrán solicitar antejuicio de méritos que en todo caso lo debe incoar la Fiscal General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, claro está si estuviéramos en democracia esa solicitud debería efectuarse si encontraran elementos de convicción de la comisión de un hecho punible, luego, en caso de prosperar la solicitud fiscal la Asamblea Nacional, necesariamente tendría que aprobar el allanamiento. Para los legos pudiéramos decir que la actuación del TSJ es una especie de permiso jurídico que debe otorgar la máxima instancia judicial para que se le investigue penalmente al diputado, y la aprobación de la Asamblea Nacional es la autorización política de excluir a un miembro del Poder legislativo de la prerrogativa de la inmunidad de la cual gozan constitucionalmente los parlamentarios. Hay algo que debemos afirmar con precisión, en un gobierno democrático donde se respeten las garantías, el hecho de que a un diputado le allanen la inmunidad, de ninguna manera quiere, que es culpable, ni tampoco se debe entender como una inhabilitación política, para seguir representando al pueblo y/o presentarse como candidato.
Solo mediante una sentencia definitivamente firme que declare a Miguel Cocchiola contra la cual no exista recurso alguno es que pudieran excluirlo de la contienda electoral, el próximo 8-D, y que además lo declare culpable y lo inhabilite políticamente, y en menos de tres semanas, eso sería jurídicamente IMPOSIBLE porque ni existen elementos que puedan convencer a una persona sensata de que Cocchiola ha cometido un hecho punible, ni tampoco existe el tiempo necesario para que los tribunales operen conforme a Derecho. Insisto eso es en democracia, pero como todos sabemos que estamos luchando contra unos barbaros, que no respetan el estado de derecho, ni la vida de las personas, mucho menos sus libertades, es una sentencia cantada que Cocchiola, aun siendo inocente y sin habérsele seguido un debido proceso ya el régimen le tiene su calabozo preparado. No hay que ser adivino para saber que eso ocurrirá.
Por ejemplo ayer acabaron la Ley habilitante de manera ilegal e inconstitucional. Los regímenes dictatoriales como el que padecemos en Venezuela tratan recubrir sus arbitrariedades utilizando las instituciones.
Así, repito, hemos visto detenciones, sentencias, absurdas interpretaciones de artículos constitucionales, allanamientos de inmunidad parlamentaria, confiscaciones, y un sin número de desafueros apoyados en un andamiaje “jurídico-institucional” artificiosamente construido por el régimen para darle apariencias de “legalidad” a sus tropelías.
Pues bien esa ley que ayer la Asamblea Nacional le otorga a Nicolás Maduro para supuestamente combatir la especulación y la corrupción, ha sido el producto de una de las más groseras y arbitrarias acciones de este régimen. En primer lugar, la AN jamás debe despojarse de una de sus principales funciones como lo es controlar al gobierno y a la administración pública (art 187.3 CRBV), pero como si eso fuera poco, recurrieron a la malvada interpretación, haciendo ver que un diputado cuya inmunidad haya sido allanada debe cesar en el ejercicio del cargo; eso es incorrecto, pues el TSJ dio la autorización jurídica para la investigación de la diputada Aranguren y la AN dio la autorización política, pero la diputada Aranguren sigue siendo diputada pero sin la prerrogativa de la inmunidad de la cual gozan los diputados esto es no ser sometidos a ningún juicio penal; que dicho sea de paso, el ser sometido a un juicio no determina necesariamente la responsabilidad o culpabilidad, por eso se llama juicio. Ella ha debido estar presente tanto en la primera como en la segunda discusión de la habilitante, pues sigue siendo representante del pueblo hasta que no cesen por sentencia definitiva firme y se declare su culpabilidad e inhabilitación política por condena penal.
Hoy, luego de presenciar la cadena nacional de Maduro al momento de ponerle el ejecutese a ese adefesio jurídico, que lo habilita a seguir persiguiendo a sus opositores que cada día se multiplican, es imposible no pensar que no solamente impedirán el regreso del diputado Miguel Cocchiola, sino que repito, el calabozo ya lo tienen preparado.
Ahora bien, conversando anoche con una colega abogada coincidimos en lo siguiente: Mientras en Venezuela no se quiebre la falsa institucionalidad y mientras exista pinceladas de supuesta democracia, iremos de mal en peor. Por ejemplo: Si Cocchiola no vuelve o no lo dejan regresar, lo lógico sería que denuncie su situación, que salgan a la palestra los “capos” de la política venezolana (que existen tanto en chavismo como en oposición), y empezar a generar situación de descontento. Pero si se lanza otro candidato sin ni siquiera denunciar esa situación y pretendemos hacer ver que nada paso, no sólo Cocchiola queda como culpable sino que también perderemos la alcaldía de Valencia “limpiamente” porque seguiremos jugando al juego del chavismo. Y por supuesto continuará el psicoterror que al dictador de hoy le ha dado buenos resultados.
Por: Pablo Aure
@pabloaure
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Politica | Opinión
Miercoles 20 Noviembre del 2013
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