Conflicto de competencias civil y
militar por caso de uniformados
■ “Efectivos implicados en caso Orope deben ser investigados por tribunales civiles”.
■ Habitantes de Orope, Táchira, denuncian violación de derechos humanos por parte del ejército
■ Walter Márquez afirmó que es una irresponsabilidad del mandatario regional apoyar estas acciones.
■ Uno de los aprehendidos murió al ser obligado a ingerir gasolina por los funcionarios que los detuvieron.
■ Caso Falcon, Caso Orope Táchira y Caso la bombilla Petare, segun Torres los funcionarios castrense estan calificados para patria segura.
■ Los efectivos de Fuerte Morotuto los obligaron a ingerir grandes cantidades de gasolina, hundiéndoles la cabeza en los toneles donde era almacenada.
Aunque funcionarios del Gobierno regional han criticado las protestas realizadas con motivo de la muerte y torturas a las que fueron sometidas más de 18 personas, la legislatura nacional y convenciones internacionales prohíben este tipo de hechos, así el detenido sea el criminal más peligroso del mundo.
Diputados regionales y nacionales, en compañía de familiares de detenidos por el operativo militar del Ejército en el que resultó muerto un joven de 24 años de edad, que estaba en custodia de los uniformados, exigieron que se respete la jurisdicción civil para que se investiguen los hechos ocurridos en la localidad de Orope, municipio García de Hevia, el pasado 9 de julio.
“El juez primero de control, Mike Andrews Parada, ordenó la investigación en jurisdicción penal ordinaria, pero los militares están investigando el hecho e intervino un tribunal militar. Aquí no hay que plantear un conflicto de competencias porque se paraliza la investigación y entonces le correspondería al Tribunal Supremo de Justicia tomar la decisión. Solicitamos que el Ministerio Público intervenga para que se respete la jurisdicción penal ordinaria”, dijo el diputado Walter Márquez.
Agregó que a la jurisdicción militar le correspondería realizar las indagaciones disciplinarias a los militares del 251 Batallón Caribes de Fuerte Morotuto que participaron en el desmantelamiento de un depósito ilegal de gasolina.
“Hubo un grave error operacional, en virtud de que los funcionarios militares que participaron en el hecho no están preparados para enfrentar una situación de combate del contrabando y manejar una relación con la población civil. El asesinato de Reny Adolfo Suárez Julio tiene que ser investigado al igual que las torturas a las que fueron sometidos los hombres y adolescentes que estaban cuando llegó la comisión militar.
También estamos pidiendo la detención del comandante Aquiles Lapadula, responsable intelectual de esta operación en el que muere una persona y causan agresiones a otros, así como unos tenientes y sargentos”, agregó.
Más acciones . Siete adultos e igual número de adolescentes fueron detenidos por los uniformados. Los menores de edad fueron puestos en libertad, mientras que los mayores fueron remitidos al Centro Penitenciario de Occidente. Sus parientes aseguraron que fueron capturados por pasar por el lugar.
“Lo que queremos es que lo suelten. Les damos cinco días de chance o volvemos a tomar las calles de Orope. Esto es una injusticia”, dijo Leonor Sánchez, madre de uno de los detenidos.
Flor Muñoz, hermana de otro de los detenidos, contó que los estaban procesando por secuestro, contrabando y paramilitarismo. Reiteraron que al momento del operativo militar fueron golpeados, rociados con gasolina y expuestos al sol.
Hpy, ante una posible negativa de discutir el caso en plenaria, el asunto será presentado por los diputados tachirenses en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
Walter Márquez irresponsabilidad:
Considera que el gobernador del estado estimula con su verbo a las fuerzas militares para que ejecuten acciones violatorias de los derechos humanos
Una investigación a través de los tribunales civiles y no militares, a los funcionarios castrenses que presuntamente cometieron los hechos violentos ocurridos en Orope, solicitó el día de ayer el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Walter Márquez, quien explicó que el delito de asesinato no es militar, por lo que debe ser remitido a un Tribunal Penal Ordinario.
Considera que lo ocurrido en el municipio García de Hevia fue un grave error operacional, porque a su juicio los militares que actuaron no estaban entrenados, ni tenían los equipos necesarios y suficientes para realizar actuaciones que son de carácter policial. Asegura que los soldados no tienen la formación psicológica para manejar casos como el de Orope.
Por ello, criticó que los funcionarios presuntamente implicados en este hecho vayan a ser investigados por los tribunales militares, y no en un Tribunal Penal Ordinario como se estipula en estos casos, y dijo que más que plantear un conflicto de competencias, la jurisdicción militar debe declinar y entregar el expediente al tribunal penal ordinario.
Insistió en que el comandante del operativo, Aquiles Lapadula Sira, debe ser detenido, y no sólo los tenientes y sargentos, pues fue él quien dio la orden y por lo tanto es el autor intelectual de los hechos. “Los otros son autores materiales, así que exhortamos al gobernador del estado que sea vigilante para que se cumpla la ley y no continúe estimulando soluciones represivas en la frontera, porque allí se tienen que hacer trabajos de inteligencia, trabajos preventivos y que los grupos que actúen cumplan con el código de conducta de las Naciones Unidas”.
Destacó que lo único que ha hecho el mandatario regional es estimular a las fuerzas militares con sus declaraciones, para que los militares ejecuten acciones en las que se violen los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
“Es una irresponsabilidad del gobernador, pedirle a la población que respete los operativos policiales y militares cuando es obligación como primer mandatario regional, exigir que cualquier operación policial o militar, se haga dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos. El gobernador tendrá que releer todo el marco constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque lo que ocurrió en Orope más allá del lamento, amerita de vigilancia para que los operativos estén enmarcados dentro de las leyes”, expresó.
Leyes violadas:
El diputado Walter Márquez comentó que el Gobierno nacional y regional debe respetar en todos sus operativos a la Convención Interamericana de la Organización de Estados Americanos -OEA- para prevenir y sancionar la tortura, pues acotó que las actuaciones de Orope ocurrieron al margen de las convenciones internacionales y las normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Destacó que también se violó la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, porque menores de edad fueron torturados.
Más temprano:
“Eran las 12 del mediodía, iba pasando frente a la casa por donde se estaba realizando el operativo, cuando los militares nos agarraron y nos metieron. Allá nos acostaron y nos echaron gasolina y gasoil, después nos entraron a patadas, nos pusieron las manos atrás y nos amarraron con tirrajes”.
Así relata Alejandro -seudónimo usado para ocultar su verdadero nombre por ser menor de edad-, de 16 años de edad, lo ocurrido el pasado martes 9 de julio de 2013, en la población de Orope, del municipio García de Hevia del estado Táchira, cuando un grupo de funcionarios del Ejército, presuntamente a cargo del comandante del Batallón José Cornelio Muñoz -Fuerte Morotuto-, Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, desmantelaron un depósito clandestino de combustible, operativo durante el cual falleció el joven Renny Suárez de 24 años de edad.
“Alejandro”, acompañado de otros dos menores de 14 y 15 años de edad, que fueron detenidos aquel día y puestos en libertad a las 11 de la noche, presenta quemaduras en el lado izquierdo de su rostro, al igual que otro de sus compañeros.
También presenta – también sus compañeros – signos de tortura en sus manos, codos y abdomen.
Asegura que las quemaduras en brazos y rostro fueron producto de que después de que los rociaron de gasolina y gasoil, los efectivos castrenses los sacaron y los arrodillaron al sol durante más de una hora.
Indicó que ellos no sufrieron daños tan graves, pues algunos de los mayores de edad que también pasaban por el frente cuando fueron detenidos, presentan quemaduras más graves, sobre todo en la espalda.
Mostrando las torturas en las manos, los menores explicaban que la cinta adhesiva usada como esposas por los integrantes del Ejército, estaba tan apretada que los daños fueron inminentes, al igual que el dolor ocasionado.
Otros ocho menores de edad corrieron con la misma suerte.
Unos por estar cerca de la casa donde se ocultaba el combustible, otros por estar pasando por allí para trasladarse a otro lugar y otros más por ir a “curiosear” el operativo, en el cual aseguran que había más de 300 funcionarios.
“Yo me estaba ahogando porque teníamos la cabeza hacia abajo, les dije que me estaba ahogando y levanté la cabeza, cuando me metieron una patada por la cabeza y me lanzaron contra el suelo. Así estuvimos como dos horas”, explicó.
El baño:
Al culminar este episodio, los jóvenes fueron llevados hasta el Fuerte Morotuto, en donde estuvieron sentados durante un rato en el pasto, para luego bañarlos.
A uno de ellos no les quitaron la cinta adhesiva para que se desvistiera, sino que le arrancaron toda la ropa. Mientras los bañaban fueron sometidos a maltratos verbales. “El teniente nos decía muchas groserías”, dijo.
El joven de 14 años – con el seudónimo de José -, relató que mientras iban en la camioneta camino a Morotuto los amenazaron con caerles a tiros si se lanzaban. “Nos montaron en una camioneta y nos decían que si nos tirábamos, que nos agarraban y nos pegaban un tiro”.
Según explicaron, para quitarles el olor a gasolina les llevaron todo tipo de jabones, enjuague y colonia.
Después les dieron leche y finalmente los dejaron en libertad.
El resto de los menores fueron trasladados al día siguiente a los tribunales y al albergue de menores en donde están recluidos actualmente.
“Ellos nos decían que si hacemos lo que estamos haciendo -denunciar- nos buscaban y nos metían presos, y que nadie nos iba a sacar. “Que ellos nos buscaban”, agregó una de las víctimas.
Supuestamente los culpan no solo por el supuesto delito de contrabando de gasolina, sino también de paramilitarismo.
Renny Suárez:
Sobre la muerte de Renny Suárez, de 24 años de edad, de la cual se han presentado varias versiones, los menores lograron ver algunos de los tratos a los cuales fue sometido.
“El muchacho no se quería dejar amarrar, entonces mocharon una pimpina y la llenaron de gasoil y lo metían de cabeza, hasta que el chamo no podía más y quedó quieto”.
Indicaron que a diferencia de ellos, Suárez sí estaba dentro del depósito clandestino cuando comenzó el operativo.
Violaciones:
A pesar de que voceros políticos regionales, ligados al oficialismo, han alegado que las protestas realizadas por la comunidad de Orope, ante la muerte de Renny Suárez y las torturas a las que fueron sometidas más de una decena de personas, no tienen sentido porque están defendiendo a quienes cometen un delito, la legislatura venezolana prohíbe que ocurran torturas, así se trate de delincuentes.
El artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho al respeto de la dignidad humana, establece que “Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
De igual manera, indica que “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido o la dignidad inherente al ser humano”; así como que “Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece en su artículo 3 que serán responsables del delito de tortura: los funcionarios públicos que ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo no lo hagan.
Mientras que en el artículo 4: “El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente”.
Finalmente, su artículo 5 explica: “no se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas (…) Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura”.
Por ello, lo ocurrido en Orope viola las leyes nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, pues a pesar de que pudieran o no estar incursos en algún delito, nada justifica los malos tratos o torturas a las que habrían sido sometidos.
Lopna:
La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, indica en su artículo 32, el Derecho a la Integridad Personal, el cual en su parágrafo primero especifica que: “Los niños, niñas o adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. (Mariana Duque, Diario Los Andes, 14.07.13)
