“Todos los poderes del Estado
están cazando al Gato…”

■ La fórmula antitalanquera nació en Lara.

■ Ejecutivo, Legislativo y un general de la GN torpedean la gestión de Briceño.

■ Si el Gato tiene siete vidas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está dispuesto a ir por cada una de ellas.

■ Desde que dejó el PSUV, el Gobierno ha despojado a José Gregorio Briceño de competencias y desde la AN y los tribunales le han reactivado investigaciones, dándole el mismo trato que a Henri Falcón.

Tan pronto el gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, abandonó el redil chavista, sus antiguos y solidarios camaradas echaron a andar una operación de acoso y derribo utilizando para ello a todos los poderes del Estado.

El divorcio se formalizó el 14 de marzo. Ese día el vicepresidente de la República, Elías Jaua Milano, acompañado por el jefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, anunciaron la expulsión de Briceño de las filas del PSUV por su conducta “antiética” y “antirrevolucionaria”.

Ya caído en desgracia, el mandatario regional exigió la renuncia al director de la Policía de Monagas, general (GNB) Luis Roberto Arrayago. ¿La respuesta? El militar desconoció a la autoridad civil, contando además con la venia del ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami.

A partir de ese momento, el alto oficial de la Guardia Nacional Bolivariana se convirtió en el principal adversario del Gato Briceño en la entidad.

Fuerza de choque:

Rápido Arrayago marcó la línea. El 16 de marzo militarizó PoliMonagas y expulsó al secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Bastardo. Más tarde, Bastardo se alejaría de Briceño para continuar en el PSUV.

Un día después, la planta potabilizadora de agua del Bajo Guarapiche, en Maturín, corrió la misma suerte que la policía: militarizada “sin explicación ni orden de algún tribunal”, según denunció la Gobernación.

El 22 de marzo, trataron de allanar la sede de Operaciones Policiales, donde reposan los expedientes de los efectivos. La oposición de Bastardo impidió la acción; sin embargo, el 9 de mayo Arrayago sí logró su cometido, amparado en una orden dictada por el Tribunal Décimo Tercero de Maturín.

El 26 de marzo le tocó a las oficinas de Ciencia y Tecnología de la Gobernación. Allí buscaron entrar a la fuerza lanzando bombas lacrimógenas, que terminaron afectando a la vecina unidad de diálisis del hospital central de Maturín, de acuerdo con el testimonio del diputado Jesús Domínguez. En medio del ataque, aprehendieron al responsable de esa dependencia regional, Kevin Echenique.

No sería el único incidente que involucraría a Echenique. El 12 de abril se lo llevarían detenido junto a otros dos funcionarios, en un nueva inspección a su despacho. “Se los llevaron esposados, sin orden de captura, aduciendo que habían sido detenidos en flagrancia saboteando las comunicaciones internas de la Policía”, relata Domínguez, quien aclara que la oficina de Ciencia y Tecnología solo se ocupa del servicio de Internet de la Gobernación.

La dirección de Obras Públicas recibió su dosis el 27 de marzo. Ese día, Arrayago intentó ejecutar un registro a esas instalaciones, pero chocó con la resistencia de legisladores nacionales y regionales que respaldan a Briceño. Luego, el comandante de PoliMonagas alcanzaría su objetivo, con el aval de una orden judicial.

La fórmula antitalanquera nació en Lara:

• El estado Lara representó, quizás, el primer laboratorio para experimentar con la fórmula “antitalanquera”.

• En junio de 2010, Falcón denunció que la Vicepresidencia de la República había despojado a la Gobernación de un helicóptero para labores de seguridad.

• Luis Reyes Reyes asumió la presidencia de Corpolara. La disidencia señala que se trata de una Gobernación “paralela”.

• Falcón, primera autoridad civil de Lara, ha chocado con la oposición pública de militares como los generales Jorge González Arreaza, jefe del Comando Regional número 4 de la Guardia Nacional, y su antecesor Luis Alfonso Bohórquez.

• La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, encabezada por Pedro Carreño (PSUV-Lara), lleva adelante cinco investigaciones por corrupción contra Falcón.

Contra los medios:

Los medios cercanos al mandatario regional han sufrido la ira roja. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró en marzo 11 emisoras por considerarlas ilegales. Entre las afectadas estuvo Líder 100.7, que sorprendentemente volvió al aire el 29 de abril. ¿La razón? “Esa emisora es del alcalde de Maturín, José Maicavares. Cuando Maicavares rompió con el Gobernador, la reabrieron”, argumenta Domínguez.

Todo lo que huela a Gato está en la mira. Elementos de la GNB y PoliMonagas allanaron una finca propiedad de la familia de Briceño desde hace 60 años en el municipio Cedeño.

El Ministerio de Relaciones Interiores desmanteló la sede de atención del 171 y ese mismo día, 31 de marzo, el defensor del pueblo local, Luis Cesín, manifestó su solidaridad con Arrayago y fustigó al mandatario regional.

El asedio no ha cesado. En abril, el Seniat ratificó una multa de 9,6 millones de bolívares contra la Secretaría de Infraestructura por el estadio Monumental de Maturín. Igualmente, Arrayago retiró la custodia policial a las instalaciones de la Gobernación y ha señalado que acusará ante la Fiscalía General de la República a Briceño por montar un cuerpo de seguridad paralelo.

Domínguez agrega que los dirigentes que apoyan al Gobernador son hostigados por la Dirección de Inteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y “más de 200 cubanos expertos en espionaje”.

Todos los frentes:

La AN también se sumó a la cayapa. En principio, el PSUV removió de la Comisión de Ambiente a Domínguez y a la diputada María Mercedes Aranguren, quienes rompieron con el PSUV y se fueron con el Gato. Al sacarlos de allí, los rojos se garantizaron la mayoría y evitaron la aprobación de un informe crítico sobre el derrame petrolero en el río Guarapiche.

Por su parte, la Comisión de Contraloría, encabezada por Pedro Carreño (PSUV-Lara), decidió sacar del congelador una serie de investigaciones contra Briceño y su esposa Madelein. Algunas de estas denuncias fueron promovidas en el pasado por factores de oposición como el diputado Juan Pablo García (AD); sin embargo, los rojos las bloquearon. Ahora, las cosas han cambiado.

Por: PEDRO PABLO PEÑALOZA
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EL UNIVERSAL
lunes 28 de mayo de 2012