Atentan contra figuras militares
y políticas cercanas al Gobierno
■ Los nuevos sicarios perdieron el miedo.
■ Algunos casos más sonados de sicariato en Venezuela en la última década.
Danilo Anderson: El Fiscal IV de Ambiente y con competencia nacional del Ministerio Público, fue asesinado el 18 de noviembre de 2004 al explotar la camioneta que conducía en Los Chaguaramos, Caracas. Investigaba los casos de firmantes del “Carmonazo” del 11 de abril de 2002, entre otros. Los autores materiales, Otoniel y Rolando Guevara, fueron sentenciados a 27 años y nueve meses de prisión el 20 de diciembre de 2005. A su hermano Juan Bautista le tocaron 30 años de prisión. Aún se desconocen los autores intelectuales.
Orel Sambrano: El periodista del semanario ABC de Valencia murió el 16 de enero de 2009 en Valencia, cuando una pareja de motorizados le dio un tiro a la cabeza. En su columna denunciaba las vinculaciones de Walid Makled y el negocios turbios. Rafael Segundo Pérez, ex funcionario de la Policía de Carabobo, fue condenado a 25 años de prisión luego de admitir relación en los delitos de sicariato y asociación para delinquir. Víctor Reales Hoyos y Álvaro Ospino, jefes de la banda de sicarios Los Piloneros fueron detenidos en Colombia el 14 de mayo de 2011 y extraditados a Venezuela.
El autor material, Arístides José Carvajal Salgado, fue asesinado un año después del crimen en un enfrentamiento con la policía. Actualmente se investiga la implicación de Walid Makled, procesado por los delitos de homicidio, tráfico de sustancias, estupefacientes, le legitimación de capitales y asociación ilícita.
Francisco Larrazábal: El veterinario fue asesinado el 5 de enero de 2009 en el haras San Francisco, Carabobo, del cual era uno de los socios. Una pareja de motorizados llegó al lugar y uno de ellos le disparó, con un modus operandi similar que le dio muerte a Orel Sambrano. Las investigaciones policiales dedujeron la relación entre los autores materiales e intelectuales del caso del periodista. La Policía de Carabobo presume que querían callarlo: dio testimonio un año antes sobre el decomiso de 400 kilos de droga en el fundo El Rosario, perteneciente a la familia Makled, que limitaba con su hato.
Gamal Richani: el abogado y ex fiscal nacional de aduanas fue asesinado en una de las entradas del Sambil de Valencia el 4 de noviembre de 2005 por dos sujetos que iban en moto. Investigó casos polémicos relacionados con corrupción y narcotráfico. La banda de sicarios Los Piloneros, también implicados en los asesinatos de Orel Sambrano y Francisco Larrazábal, fueron identificados en mayo de 2011 como posibles autores del asesinato. Es uno de los 18 crímenes de los que sería responsable Makled.
Pierre Gerges: el vicepresidente de Reporte Diario de la Economía fue asesinado el 2 de junio de 2008 en una bomba de gasolina en Chuao, Caracas. Dos motorizados le propinaron 12 disparos. Familiares y abogados sospecharon que el verdadero objetivo de los asesinos era en realidad su hermano, Tannous Gerges, propietario del diario. Éste, un año antes, había denunciado a la PTJ (hoy Cicpc) que recibía amenazas de muerte por publicar casos de corrupción en el medio.
Gustavo González: El diputado por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y secretario general del Consejo Legislativo del Estado Miranda fue asesinado el 2 noviembre 2009 cuando almorzaba en un restaurante en Los Teques. Un sujeto desconocido le disparó en la cabeza y luego huyó en una moto. El Ministerio Público comisionó la investigación a Yoselina Fernández, fiscal 3º del estado Miranda.
Arturo Erlich: Agente de inversión y representante del Banco Nacional de París en Venezuela, entidad en la que depositó 45 millones de dólares del portafolio de inversiones de Fogade, que después se reportaron como desaparecidos justo en la época en la que fue asesinado por sicarios en Las Mercedes, Caracas, en junio de 2006.
Freddy Farfán: Fue vicepresidente de financias de Fogade y socio de Antonio Erlich, agente financiero relacionado con la desaparición de 45 millones de dólares del fondo de inversiones de Fogade. Después de asesinaron de este último en 2009 se radicó en Miami y se dedicó al negocio de bienes inmuebles. En 2010 regresa a Caracas a rendir declaración ante los tribunales, fue secuestrado y luego su cuerpo es encontrado sin vida con cinco tiros en la carretera vieja de Guarenas.
Rubén Gamarra: El propietario de la Nueva Prensa de Guayana y Nueva prensa de Oriente murió por envenenamiento el 17 de noviembre de 2008. Su viuda Jaloussi Fondacci, quien se encuentra en prisión, es investigada como la principal sospechosa de la planificación del asesinato. También se encuentra detenida Solange Sánchez, secretaria de la víctima.
Betty Araujo: Fue asesinada de dos disparos el 27 de marzo de 2008 en la avenida las Aulas de Los Chaguaramos después de bajarse de su camioneta. Dos motorizados la interceptaron cuando iba a entrar a un consultorio, el parrillero se bajó y le dio tres disparos. Aunque llevaba joyas y un reloj costoso, no le robaron pertenencias. Se presume venganza. Su esposo era comerciante relacionado con el negocio de bingos y casinos.
Jacinto López: Siete disparos cegaron la vida del periodista y productor audiovisual el 11 de enero de 2009, en Cabudare, Lara. Ese día fue secuestrado por cuatro delincuentes junto a su colega y amigo Ricardo Maracaputo, a quien no lograron matar. Ocho fiscales del Ministerio Público han conocido el caso desde entonces. Las autoridades judiciales consideran que el móvil fue un atraco mientras que familiares consideran la posibilidad de condena o retaliación. Los presuntos responsables son Borin Temito Guevara Colmenares y Leonardo José Gómez Sira, aún libres.
Andreina Gómez Guevara: La estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello perdió la vida el 13 de mayo en Montalbán II, Caracas. El autor material, Jhonathan Javier Rodríguez, cumple pena de 15 años. En enero de 2012, Milagros de Armas, heredera del Bloque de Armas, fue condenada a 20 años por asumir su responsabilidad en el homicidio de la universitaria. Todavía está pendiente el juicio contra José Manuel Franco López, quien fue novio de De Armas y para la fecha del asesinato estaba saliendo con víctima.
María Gabriela Casado: el 17 de junio de 2010 fue asesinada al frente de su casa en Ciudad Bolívar por disparos que salieron desde una camioneta, al ser confundida con su hermana, Mariela Casado, quien era juez rectora del estado Bolívar para ese momento. Fueron privados de libertad seis personas por la presunta comisión de los delitos de robo agravado de vehículo automotor, asociación ilícita para delinquir y cómplice no necesario en la comisión de sicariato. El autor material, Edgar Nava, murió en el momento de su detención por parte de funcionarios de la policía de Bolívar.
Jesús Aguilarte, exgobernador de Apure, murió 10 días después de recibir cuatro tiros de dos hombres en Maracay (Ara) el 24 de marzo de 2012. Cuatro semanas después, Wilme Moreno, general del Ejército y exdirector de Inteligencia Militar, falleció al ser alcanzado por cinco disparos de 10 que le propinaron dos hombres aún no identificados, en Anzoátegui. El 6 de febrero de este mismo año, José Cairo, escolta del gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, fue asesinado por las balas originalmente dirigidas al mandatario regional.
Los nuevos sicarios:
Son tres de los casos más sonados en lo que va de 2012 que reúnen las características del asesinato por encargo: descarga de muchos disparos como modus operandi, ausencia de robos y desconocimiento de los verdaderos motivos y nombres de los autores intelectuales. A todos los une un silencio residual, como el que queda del último fogonazo de una bala.
Las víctimas ya no son sólo ciudadanos de a pie, sino figuras conocidas del mundo militar y de la política regional. Ya no se registran únicamente en la frontera, sino que se han extendido a otros estados del país. Algo está cambiando en la manera de matar a sueldo. Hay quienes sospechan que los nuevos sicarios perdieron el miedo. A propósito del asesinato del general Moreno el pasado 19 abril, el gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, dio algunas pistas sobre la nueva expresión de este fenómeno: “La falta de temor de actuar en contra de personas que lograron cierta trascendencia pública”.
Además de las tres muertes mencionadas, en febrero intentaron matar de cuatro balazos a Tomás Bello, alcalde de Pariaguán (Anz). Por ese caso fue apresado Javier Peña (UNT), ex presidente de la Cámara Municipal de esa entidad, junto con otros cinco sujetos.
En Venezuela no existen cifras exactas sobre los asesinatos a sueldo, también conocidos como sicariatos. Una de las dificultades para su identificación es que son englobados dentro de las estadísticas de homicidio que manejan los cuerpos policiales.
Sin embargo, expertos coinciden en que esa modalidad delictiva, si bien es de larga data en Venezuela, registra un inquietante aumento en los últimos años.
Sustentan sus afirmaciones en el número de muertes en los sindicatos de obreros de la construcción por la lucha de cupos que responden a las particularidades del sicariato. Según la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 273 trabajadores y líderes sindicales fueron asesinados entre 2005 y noviembre de 2011.
Aparte, se apoyan en las recientes noticias sobre muertes registradas en la prensa que arrojan indicios de sicariato.
“No podemos hablar de miles, pero sí ha aumentado. En el pasado no se veían tantos casos de sicarios como en la actualidad. A veces tienden a confundirse con resistencia a robo”, asegura Douglas Rico, comisario retirado de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ, ahora Cicpc).
El sicariato en Venezuela no es un fenómeno reciente. En décadas anteriores, hubo escándalos por muertes ejecutadas por desconocidos de la víctima, como la del abogado Raymond Aguiar (años ochenta) o de la familia Semprún Cedeño en el Zulia entre los setenta y ochenta, recuerda el criminólogo Javier Gorriño, secretario administrativo de Consejo metropolitano de seguridad ciudadana.
También, en la primera década del siglo XXI se presentaron denuncias de asesinatos de campesinos por autores anónimos, que dirigentes del agro venezolano atribuyeron a intereses en contra de la aplicación de la Ley de Tierras en 2001, implantada por el actual gobierno.
Están además los sicariatos pasionales, encargados por las llamadas “viudas negras”, como es el caso de Jalucci Fondache, quien está siendo procesada por el presunto homicidio de su marido, Rubén Gamarra, dueño del diario Nueva Prensa de Guayana (2009); o la de Milagros de Armas, hija del fundador del Bloque de Armas, autora intelectual de la estudiante Andreína Gómez (2007), según describe el abogado criminalista Fermín Mármol García.
Antecedentes. La muerte por encargo ha tenido mayor incidencia histórica en la frontera colombo-venezolana. La organización Una Luz por la Vida-Fundavida, con sede en San Cristóbal (Tác), ha denunciado su creciente aumento. Muchos han estado relacionados con el narcotráfico, pero también con venganzas personales y asuntos pasionales.
Pero en los últimos años, el fenómeno se ha trasladado a otros centros urbanos como Caracas. “La muerte por encargo está tomando fuerza en Venezuela ya no sólo ligada a bandas del crimen organizado o violencia sindical, sino también al hampa común”, analiza Mármol García.
Una de las dificultades para esclarecer los asesinatos asalariados es que no existe relación directa entre la víctima y victimario. El criminal es contratado para matar puntualmente, aclara Gorriño. Por ello, resulta complicado descubrir a los autores intelectuales, dice el criminólogo.
Muchos casos emblemáticos corren el riesgo de convertirse en “cangrejos” policialmente hablando. “¿Dónde están los autores intelectuales de la muerte de Danilo Anderson (2004)? ¿O los de los agentes financieros Arturo Erlich (2006) y Freddy Farfán (2007) , vinculados a la desaparición de 45 millones de dólares de Fogade? ¿O de Pierre Gerges, vicepresidente de Reporte Diario de la Economía (2010)?”, se pregunta Mármol García, para quien la impunidad y el silencio atentan contra la memoria de los venezolanos.
Aunque Venezuela no padece el grado de violencia generado por el narcotráfico en México y Colombia, ese factor no puede dejarse de lado como detonante del crimen. El país es reconocido como puente de las redes internacionales de la droga, subraya el abogado criminalista.
“Aquí no hay escuelas de asesinos a sueldo como ocurre en otros países. Ahora se contrata al delincuente común, muchachos de barrio que se van entrenando en cobrar por matar. Después de los primeros muertos, se les va haciendo todo más fácil”, advierte Rico.
En otras épocas, operaban organizaciones de sicarios colombianos con pericia que se trasladaban a Venezuela para cumplir con las encomiendas y luego se devolvían a su país, cuenta Rico. Ahora no, pues muchos de esos asesinos viven y actúan en las capitales venezolanas.
Cuerpo de ley. Otra de las señales del incremento del sicariato en Venezuela es la tipificación jurídica de este delito. El artículo 12 de la Ley contra la Delicuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, reformada el pasado 3 de mayo, le otorga carácter autónomo al incriminar tanto a quien ordena el asesinato como al agente ejecutor; ambos pueden ser castigados con prisión de 25 a 30 años.
Muchos culpables siguen libres. “El sicariato es el resultado de la impunidad”, sentencia en su blog la periodista mexicana Sanjuana Ramírez, autora de varias investigaciones sobre el crimen organizado en su país. Advierte sobre el peligro de contagio en otros países latinoamericanos, como Venezuela.
Luego del atentado que sufrió Tomás Bello, alcalde de Pariaguán, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, se refirió al tema en marzo pasado. “El sicariato político es una práctica usual en la derecha”, señaló, y expresó temor de que se extendiera en el país. Sin embargo, no ordenó abrir investigación de ninguna otra muerte.
“A diferencia de otros delitos, como el secuestro, en el cual la víctima puede colaborar, en el sicariato la única salida es el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la educación de la sociedad. Mientras la estructura de administración de justicia sea débil, será difícil combatir el crimen”, señala Mármol García.
Por: Lisseth Boon
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Caracas, martes 22 de mayo 2012
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