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Thursday, November 21, 2024
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Connecticut: Illarramendi tenía inversiones en una empresa nuclear


Administrador de PDVSA culpable de fraude en EEUU

Ex asesor de Pdvsa se declaró
culpable de fraude en EEUU


 

Francisco Illarramendi quien administraba los fondos de retiro de la estatal, dijo que cientos de millones de dólares de sus clientes para montar un fraude bajo el esquema Ponzi, según declararon los fiscales.

Francisco Illarramendi, ex asesor de Petróleos de Venezuela y quien administraba los fondos de retiro de la estatal, se declaró culpable de usar cientos de millones de dólares de sus clientes para montar un fraude bajo el esquema Ponzi, según declararon los fiscales. Llarramendi podría ser condenado hasta a 70 años de prisión, además de perder todos sus bienes y recibir la orden de restituir los aportes de sus inversionistas

Francisco Illarramendi, quien se declaró culpable de usar dinero del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela para montar un esquema de fraude estilo Ponzi, se había convertido en uno de los principales accionistas de una empresa de tecnología nuclear, según la investigación que la Comisión de Valores (SEC) emprendió en su contra.

Illarramendi, quien podría ser condenado a 70 años de cárcel por cargos relacionados con el fraude y la obstrucción a la justicia, había invertido unos $23 millones en “una compañía de energía nuclear establecida en la Costa Oeste de Estados Unidos” a través de los fondos que administraba, señaló la declaración jurada presentada por la SEC.

El banquero venezolano-estadounidense admitió el lunes su culpabilidad ante una corte federal de Connecticut.

Aunque la declaración de la SEC no divulgó el nombre de la compañía, un comunicado emitido por la desarrolladora de tecnología de nueva generación para la construcción de plantas nucleares NuScale Power Inc, nombró al fondo controlado por Illarramendi, Michael Kenwood Group, como su principal inversionista.

NuScale, fundada en el 2007, diseñó un reactor nuclear modular de agua ligera y de tamaño escalable. Pese a las estrechas relaciones entre Illarramendi y el gobierno del presidente Hugo Chávez, expertos dijeron que una eventual transferencia de esa tecnología a Venezuela hubiera sido difícil de ejecutar debido a las estrictas reglas aplicadas a la industria.

Entre las compañías de inversión administradas por Illarramendi se encontraba un fondo de cobertura que administraba al menos $540 millones. Según la declaración de la SEC, el 90 por ciento de ese monto provino de los Fondos de Pensiones y Previsión de los Trabajadores de PDVSA.

Chávez ha declarado en diversas oportunidades sus intenciones de desarrollar la energía nuclear en Venezuela. Una experta familiarizada con NuScale señaló que la empresa trabaja en el diseño de reactores modulares pequeños, cuya construcción normalmente requiere de inversiones muy inferiores a las requeridas en la construcción de plantas tradicionales, lo que facilita su instalación en zonas remotas.

Sin embargo, las normas contempladas en el Acta de Energía Nuclear prohíben la transferencia de equipos, información o insumos derivados de esta tecnología a terceros países, salvo que estos firmen en un acuerdo bilateral con Estados Unidos. “Muchas de las empresas que están desarrollando este tipo de tecnologías están hambrientas de capital y sostienen conversaciones con inversionistas extranjeros, lo cual es permitido”, dijo la experta, quien pidió no ser identificada.

“Pero eso no quiere decir que el inversionista extranjero puede tener acceso a esta tecnología”.

La tecnología tampoco puede ser empleada para el desarrollo de bombas atómicas, añadió. “Lo máximo que se podría hacer con esta tecnología es obtener el material para crear una bomba sucia, pero eso puede hacerse con cualquier cosa que sea radioactiva y sería muy difícil de obtenerlo de una manera segura en este tipo de planta. Sería más fácil usar desperdicios médicos”, explicó.

Los fondos administrados por Illarramendi también tenían inversiones por $20 millones en una compañía que se encontraba en las etapas iniciales en el desarrollo de alternativas de transporte urbano libre de emisiones e inversiones de menor cuantía en una empresa de desarrollo de tecnología energética y en una acerera española, señaló el documento de la SEC.

La comisión de valores, sin embargo, no divulgó los nombres de las compañías. Según las autoridades estadounidenses, Illarramendi, de 42 años, pagó los retornos prometidos a sus clientes haciendo uso de los aportes obtenidos a través de nuevos inversionistas y falsificó documentos para justificar los beneficios. “Como resultado de este esquema, los inversionistas y acreedores del fondo de Illarramendi enfrentan la potencial pérdida de cientos de millones de dólares”, dijo la fiscalía federal de Connecticut en un comunicado.

El Departamento de Justicia también informó que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a dos venezolanos en Florida por sus presuntas vinculaciones con el caso. Los detenidos son Juan Carlos Guillén Zerpa, un contador de 43 años, y Juan Carlos Horna Napolitano, un residente de Pembroke Pines de 40 años.

La SEC ya había congelado unos $53 millones en activos controlados por Illarramendi y por su firma, MK Capital Management LLC, mientras conducía una investigación sobre las actividades del fondo de cobertura.

Esa decisión propinó un duro golpe a las operaciones de NuScale, empresa que se vio obligada a recortar el gasto. “Es trágico que nos hemos visto forzados a recortar nuestras operaciones y es un tremendo contratiempo a nuestros esfuerzos por introducir sistemas de energía limpia al mercado”, comentó el presidente ejecutivo de la compañía, Paul Lorenzini, en un comunicado poco después de anunciar las medidas de austeridad.

Ex asesor de Pdvsa:

El banquero venezolano-estadounidense Francisco Illarramendi, quien administraba gran parte de los fondos de retiro de la estatal Petróleos de Venezuela, se declaró el lunes culpable de usar cientos de millones de dólares de sus clientes para montar un fraude bajo el esquema Ponzi, dijeron fiscales federales.

Illarramendi podría ser condenado hasta a 70 años de prisión, además de perder todos sus bienes y recibir la orden de restituir los aportes de sus inversionistas. El banquero administraba varios fondos de cobertura, uno de ellos con un monto cercano a los $540 millones.

Según versiones de la prensa venezolana, cerca de un 90 por ciento del mencionado monto pertenecía a los trabajadores de PDVSA, al tiempo que el banquero previamente se desempeñó como asesor financiero de la estatal petrolera.

Illarramendi, de 42 años, pagó los retornos prometidos a sus clientes haciendo uso de los aportes obtenidos a través de nuevos inversionistas y falsificó documentos para justificar los beneficios, dijo el fiscal federal del estado de Connecticut, David Fein.

‘‘Creemos que este caso representa el mayor juicio de cuello blanco alguna vez conducido por esta oficina”, comentó Fein.

“Como resultado de este esquema, los inversionistas y acreedores del fondo de Illarramendi enfrentan la potencial pérdida de cientos de millones de dólares”, dijo la fiscalía en un comunicado.

El Departamento de Justicia también informó que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a dos venezolanos en Florida por sus presuntas vinculaciones con el caso. Los detenidos son Juan Carlos Guillén Zerpa, un contador de 43 años, y Juan Carlos Horna Napolitano, un residente de Pembroke Pines de 40 años.

Illarramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y de conspirar para obstruir a la justicia y engañar a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), añadió el fiscal.

La SEC ya había congelado unos $53 millones en activos controlados por Illarramendi y por su firma, MK Capital Management LLC, mientras conducía una investigación sobre las actividades del fondo de cobertura.

Según funcionarios de la SEC, Illarramendi trató de engañar a los investigadores, suministrándoles una carta falsificada a fin de ocultar la desaparición de activos dentro de su fondo.

La carta falsificada, entregada durante la investigación conducida entre diciembre y enero, declaraba que el fondo contaba con unos $275 millones en activos que en realidad no existían.

Según los documentos de la fiscalía, Illarramendi le habría pagado a Guillén y Horna más de $3 millones para producir el documento.

“Illarramendi sabía que la SEC estaba tras la pista de su esquema y acrecentó su fraude tratando de engañar al personal de la comisión”, declaró David P. Bergers, director de la oficina de ese organismo en Boston.

Según la investigación realizada por la Comisión de Valores, Illarramendi administraba varios fondos, incluyendo uno que presuntamente tuvo hasta $540 millones bajo su cargo.

No obstante, gran parte de ese monto se ha perdido.

“Debido al mal manejo de Illarramendi y su esquema Ponzi, el fondo preserva activos valorados substancialmente por debajo de ese monto”, dijo la SEC.

Gran parte de las inversiones obtenidas por Illarramendi fueron aportadas por los Fondos de Pensiones y Previsión de los Trabajadores de PDVSA, cuya junta administrativa reconoció a finales de febrero que los $53 millones congelados le pertenecían, en vista a una ola de preguntas provenientes de los empleados de la empresa.

La junta, sin embargo, aseguró en ese momento que los fondos seguían generando réditos.

“En la actualidad, aunque temporalmente ‘congeladas’, las inversiones siguen obteniendo los rendimientos correspondientes, y está en marcha el respectivo proceso de contabilización, necesario para el posterior reintegro a los inversionistas”, dijo la junta de administración en un comunicado emitido el 24 de febrero.


Por: Antonio Maria Delgado
adelgado@elnuevoherald.com
@DelgadoAntonioM
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