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    DESALOJOS: En Maripérez denuncian desalojos a la fuerza

    Los comerciantes aseguran que deben trasladar la maquinaria pesada pero que no disponen de un lugar para almacenarla.

    “Libertador nos pone de rodillas”

     

    ■ Miembros de la Alcaldía iniciaron el desalojo de locales en Maripérez

    ■ Zoilo Lozano, también afectado, afirmó que no se encuentran locales para alquilar, debido al marco jurídico que plantea la nueva Ley de Arrendamiento. “No tengo a dónde ir” dijo.

    ■ Emil Mezerhane, dueño de Materiales S.A. y uno de los comerciantes obligados a desalojar, afirmó que les ordenaron mudarse ayer, o se llevarían sus pertenencias a un depósito judicial.

    ■ En ventas de empanadas, talleres de reparación de radiadores, de motos y de vehículos provenientes de compañías de seguros, funcionarios de la Fundación Caracas y de la Misión Vivienda iniciaron el desalojo de comerciantes.

    ■ Los gastos de las demoliciones de comercios frente al parque Arístides Rojas corren por cuenta de propietarios que, además, recibieron multas millonarias y amenazas de la dirección de Control Urbano de Libertador para retirarse de sus puestos de trabajo. Algunos camiones trasladaron enseres.

    Entre la Av. Andrés Bello y calle Zulia de Maripérez funcionarios y obreros de la Fundación Caracas (Fundacaracas), institución de la Alcaldía de Libertador, iniciaron ayer el desalojo de cuatro locales comerciales que por más de 30 años funcionaron en la parroquia El Recreo. Se supo que otros 46 comercios serán sometidos a la misma medida. En total, 84 trabajadores serán afectados.

    Emil Mezerhane, dueño de Materiales S.A., informó que funcionarios de Fundacaracas y Control Urbano de Libertador “someten” a los propietarios de talleres de motos, ventas de radiadores, expendios de empanadas y negocios dedicados a la reparación de vehículos provenientes de compañías de seguros para que abandonen sus lugares de trabajo. En caso contrario serán decomisadas sus pertenencias y llevadas a un “depósito judicial”.

    Los comerciantes recordaron que la misma estrategia de multas seguidas de desalojo forzado fue utilizada frente al barrio Santa Rosa de la avenida Libertador para que los propietarios abandonaran sus comercios sin protestar, ni exigir indemnización. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, desalojó del lugar a 17 comerciantes y a nueve familias que hoy aún viven en galpones. En junio 2009 Rodríguez prometió 150 viviendas en ocho meses. Dos años después, no se levanta la primera vivienda, y aún cuando la construcción se reactivó hace unos meses, en las últimas semanas no se observa movimiento.

    “Dale gracias a Dios que te di 15 días para desalojar tu negocio en Maripérez (frente al parque Arístides Rojas), y no los 15 minutos que viniste a perder aquí conmigo”, afirman que les dijo Sergio Sánchez, director de Control Urbano de Libertador, a los comerciantes que le pedían prórroga para ubicar un local donde trabajar.

    “Libertador nos pone de rodillas. No dejan a nadie de pie. Sánchez, ex miembro del grupo M28 de la Universidad Central de Venezuela ha atacado al comercio con apoyo de la Alcaldía”, resaltó Mezerhane.

    Se conoció que el director de Control Urbano, Sergio Sánchez, fue suplantado recientemente de su cargo. En la Alcaldía de Libertador informaron que Daniele Digiminiani, quien estaba al frente de la dirección de Documentación e Información Catastral, ahora es el director de Control Urbano.

    Zoilo Lozano, comerciante, relató por su parte que la Alcaldía de Libertador no respetó lo acordado en las mesas de diálogo y reuniones con la Sindicatura Municipal, el alcalde Rodríguez y con la directora de Fundacaracas, Paola Posani. “Se haría un estudio para indemnizarnos y buscar un local. Pero no cumplieron. Luego nos pidieron firmas para desalojar y me negué porque no tengo a dónde ir. Hoy nadie te alquila locales ni espacios para depósitos porque el marco jurídico que plantea la Ley de Arrendamientos cerró completamente el mercado”, señaló Lozano.

    Al antiguo autocine Andrés Bello llegaron camiones y miembros de la Misión Vivienda que informaron a 50 comerciantes que deben salir de las dos hectáreas que ocupan. “Nos amenazaron que llegarán arrasando con todo, en el depósito Los Nacientes de la calle Zulia”, agregó Lozano.

    Mezerhane señaló por su parte que los gastos de las demoliciones son pagados por los comerciantes. “Nos multan con Bs. 16 millones que no tenemos y encima debemos pagar por demoler. La Alcaldía funciona como un ente de cobros irregularidades para arruinarnos. Estamos en zona residencial (R8) y comercial y no en áreas verdes como señalan”, culminó.

    Propietarios, además, recibieron multas millonarias y amenazas de la dirección de Control Urbano de Libertador para retirarse de sus puestos de trabajo.

    “Me dejan sin trabajo ni casa”:

    La salida de 50 comerciantes de la calle Zulia de Maripérez afectará directamente a cinco familias que por más de cinco años residen en estos locales y cumplen labores de vigilancia y atención de clientes.

    Juan Alexander Hernández, informó que la Alcaldía de Libertador no le garantiza una casa, tras las demoliciones en Maripérez.

    “Vivo en el local Materiales S.A con mis dos hijos y mi esposa. Me dejan sin trabajo ni casa con la medida de la Alcaldía”, resaltó.

    Los dos hijos de Hernández asisten a un colegio cercano al parque Arístides Rojas. Él relató que se vino de su natal Barrancas (estado Barinas) a trabajar a Caracas por su familia.

    “En la ciudad no conozco a más nadie y no quiero vivir en un refugio, como ha ocurrido en otros casos (Santa Rosa). Encima afectan el colegio de mis hijos de dos y cinco años”, indicó.

    Hernández no quiere que la Alcaldía de Libertador lo obligue a salir de Maripérez. “Necesito un trabajo y mi casa en la zona”, destacó.

    Mientras que en comercios de procesamiento de cartón y papel, estacionamientos, herrerías y en el depósito Los Nacientes cinco familias y cuatro vigilantes se quedarán en la calle, informó Zoilo Solano, comerciante de Maripérez.

    “En la Alcaldía nos indicaron que ellos deben continuar con nosotros. Pero como los vamos a asumir si nos quiebran, nos multan y encima no pagan indemnización. Otras 13 familias que viven cerca de la quebrada de Maripérez se quedarán hasta febrero 2012”, precisó.


    Por: JORGE HERNÁNDEZ
    EXPROPIACIONES | ECONÓMIA
    EL UNIVERSAL
    martes 8 de noviembre de 2011

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