El “pensamiento inquisitivo”
priva ahora en Venezuela

De la crisis bancaria ocurrida a finales de 2009 hay 18 detenidos, pero solo dos de ese grupo eran dueños de bancos, el resto eran empleados, asesores y técnicos.

A manera de contrastar con las crisis bancarias vividas en los tiempos de la “cuarta república” el presidente Hugo Chávez al explicar la situación que padecían siete instituciones bancarias intervenidas a finales de 2009, afirmó que: “este Gobierno revolucionario mete presos a los banqueros y garantiza los depósitos del pueblo”. Y para que no quedara duda de ello expresó que: “el único auxilio que les damos a los banqueros es llevarle comida, allí donde están presos”.

Transcurridos año y medio de esas intervenciones la realidad es que, de los 18 detenidos que hoy pagan por los delitos bancarios, sólo dos fueron dueños de bancos: Ricardo Fernández Barruecos (que se encontraba en proceso de compra) y Cesar Camejo, de Casa Propia, junto a ellos 3 directivos o ex presidentes, mientras el resto eran empleados bancarios con larga trayectoria profesional, asesores e incluso hay un empleado que fue mensajero de una entidad a quien se le ha impuesto una pena de 7 años.

De ese grupo de detenidos destaca la historia de dos altas funcionarias bancarias: Verónica Cubek, quien fuera vicepresidenta de operaciones de Inverunión y Sorangel Vaamonde, vicepresidenta de Central, quienes llevan un año y ocho meses detenidas. Cada una de ellas con carreras profesionales recocidas en el sector bancario y quienes hoy pagan las deudas de quienes tuvieron el privilegio de salir del país alertados por las inminentes intervenciones. A ninguna de ellas se les comprobó haberse beneficiado o poseer bienes de fortuna provenientes de alguno de los supuestos delitos.

Esposada y sin derechos:

Verónica Cubek, madre de unas gemelas de seis años de edad, se destacó como una mujer exitosa en una ascendente carrera en el sector bancario. De Banesco pasó a la Casa de Bolsa Uno Valores como gerente de operaciones y de allí a vicepresidente de operaciones de Inverunión, cuando fue llamada por Gonzalo Tirado, para perfeccionar el modelo de negocios de la empresa recién adquirida por el grupo.

Mirarse esposada al paral de una litera de mala muerte nunca estuvo en su imaginario. Sin sospechar que un día formaría parte de un drama semejante, a mediados de junio de 2009 fue llamada por Gonzalo Tirado para ocupar el cargo de vicepresidente de operaciones de Inveruunión, que estaba en proceso de compra por su grupo. Para ella significaba un retador proyecto profesional. Pero apenas seis meses después la entidad sería intervenida por desvío de fondos públicos.

Es de resaltar que el cargo “operaciones” está referido a la operatividad integral de la institución. En este caso las funciones asignadas a Cubek, estaban orientadas al funcionamiento eficiente, productivo y ajustado a las regulaciones, de la institución. En esas funciones la hoy acusada de desvío y apropiación de fondos públicos, no tenía autoridad para tomar decisiones referente a negocios, créditos y tesorería.

Hay que recordar que desde febrero de 2009, diez meses antes de la intervención, Gonzalo Tirado había comprado Inverunión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición y por tanto durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra) ambos accionistas fuera del país.

Desde que asumiera el cargo hasta la fecha de la intervención, las diferencias entre Cubek y la directiva del banco se hizo sentir en distintos momentos debido: “al desorden y poco apego a las formas como se manejaban las decisiones” según revela Verónica Cubek. De allí que la alta funcionaria, aún sin vislumbrar lo que se avecinaba, el 17 de noviembre de 2009 presentó su renuncia al grupo para ser efectiva partir del día 24 de diciembre de 2009, fecha en la que se iría de vacaciones, para no regresar.

Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior. Es en esa misma fecha que Sudeban comienza la inspección.

Tal como lo había planeado, Verónica Cubek salió de vacaciones y viajó al exterior dejando pendiente su salida definitiva de la institución. Sin embargo regresó a Venezuela el 16 de enero de 2010, cuando ya era visible que se produciría la intervención. Sin comprender la magnitud del problema, se puso a la orden del director a cargo, Harry Madden, a fin de colaborar con el proceso que se llevaba a cabo.

No era banquera, no era accionista, ni era miembro de la junta directiva, pero el día 18 de enero a las 9 y 30 de la noche, el CICPC se presentó en su casa para pedirle colaboración y testimonio, en relación a la investigación que se llevaba a cabo. Cubek incluso condujo su propio vehículo. Luego de una hora sin ser notificada de nada, fue conducida a un pequeño cuartito y esposada a una litera donde pasó la noche amarrada a un paral de la descolorida litera. Un funcionario alcanzaría a decirle que había sido una orden telefónica desde la Fiscalía General de la República.

No tiene bienes de fortuna:

Sorangel Vaamonde era vicepresidenta de finanzas de Central Banco Universal. La acusan de apropiación de recursos financieros y asociación para delinquir como cómplice del banquero Pedro Torres Ciliberto, de quien se señala que dirigía una banda de crimen organizado para estafar a los ahorristas de la cual ella era una “cómplice necesaria”.

Sorangel se presentó voluntariamente ante el tribunal 11 de Control del área Metropolitana de Caracas, el 23 de febrero de 210, cuando se enteró que estaba siendo investigada por el caso de la intervención del Central. Cabe destacar que al momento de la intervención la propia junta interventora le pidió a Vaamonde que se quedara trabajando con ellos. Trabajó directamente con la junta desde el 5 de diciembre de 2009, día de la intervención del banco y la posterior junta directiva del Banco Bicentenario, colaborando en todo lo concerniente a la intervención y a la fusión de diferentes bancos para la creación del nuevo banco Bicentenario, hasta el 30 de diciembre de 2009. Así lo hizo, sin saber que detrás existía una orden de captura en su contra que no se había hecho efectiva. Cuando se entera se retira y comparece ante el juzgado.

Sorangel es madre de dos hijos, y al igual que otros empleados detenidos, cuanta con una hoja profesional intachable de 24 años en el área bancaria, según describe su abogado, Lorenzo Bustillo.

Es de recordar que Central Banco Universal fue comprado por el grupo liderado por Pedro Torres Ciliberto, al empresario Alejandro Gómez Sigala, desde mayo de 2009, seis meses antes de la intervención ocurrida a partir del 4 de diciembre de ese año. Sorangel Vaamonde fue designada entonces como vicepresidenta de finanzas el 30 de julio de 2009, cuatro meses antes de que se produjera la intervención.

Pero según aclara su abogado Lorenzo Bustillos, su defendida no tenía autonomía para aprobar o rechazar créditos. Aunque era tesorero del banco, rendía cuentas a un tesorero corporativo, quien era el que tomaba las decisiones del grupo financiero. Según explica el abogado, cuando un crédito llega a la junta directiva de la entidad, ha pasado ya por el departamento de crédito y aprobado por su vicepresidente, donde se supone que ya se verificaron todos los requisitos.

Violaciones al debido proceso:

Si en algo coinciden los abogados de ambas procesadas es que prácticamente ninguna de sus actuaciones ante la justicia ha sido procedente y a pesar de no haber en los expedientes claridad que detallen los hechos cometidos por los acusados, han pagado ya casi dos años de prisión entre retardos procesales y violaciones al derecho a la defensa.

En la desesperación de no ver una salida al largo proceso, Verónica Cubek optó el pasado 11 de febrero por aceptar la “admisión de los hechos”. Esta es una figura que contempla el Código Orgánico Procesal Penal (Coop) que consiste es una salida ante la Fiscalía, en la cual se negocia la mitad de la pena del delito impuesto, si se admiten los hechos imputados.

Dilcia Quevedo, ex magistrada y abogada de Verónica Cubek, considera que es una figura perversa por el modo como se utiliza en Venezuela, no acorde con el espíritu de la Ley.

Considera que ante el retardo procesal que impera en el sistema judicial venezolano, los imputados se sienten acorralados, se desesperan, ante una situación en la que se les niegan todos los recursos de la defensa. No se cumplen los lapsos procesales, se violan los procedimientos y así “quiebran tu voluntad para doblegarte”. Y ante la imposibilidad de lograr justicia les proponen que “admitan los hechos”. Así pues que en el caso de Verónica Cubek, aún siendo inocente, luego de ocho meses sin juicio, sin ni siquiera poder ver el expediente completo y poder preparar su defensa, optó por esa figura. Según quedó escrito en sus alegatos: “para poder estar con sus hijas”. Pero en lugar una la sentencia menor ofrecida, que es lo que se suele negociar, le dieron la media con la mayor cantidad de años: 7 años, 4 meses y 15 días. Al menos su abogada, Dilcia Quevedo reconoce el buen trato que su defendida ha recibido de los funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata donde permanece recluida.

Este “pensamiento inquisitivo” que priva en Venezuela, al que alude la abogada, lo cuestionó la propia Fiscal General, Luisa Ortega Díaz (Últimas Noticias 24-06-2011) cuando señaló que La Constitución y el Coop, consagran el sistema acusatorio como modelo procesal, en virtud del cual se encuentran plenamente vigentes los derechos a la presunción de inocencia y a ser juzgado en libertad Aún así, el sistema penal venezolano culturalmente sigue dominando el pensamiento inquisitivo que enarbola la privación preventiva de libertad como principio”.

Por: Francisco Olivares
@folivares10
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