Demandan nulidad de contrato
que entrega cedulación a Cuba
■ Pedirán al TSJ que anule el contrato de cedulación.
■ El diputado Abelardo Díaz solicitará la interpelación de El Aissami.
■ Díaz recalcó el “manejo antipatriótico e irresponsable” del Gobierno.
■ La Mesa alerta que empresa cubana tiene 10 empleados en su nómina.
■ Oposición sospecha que manejaran data de identificación con fines electorales.
El diputado Abelardo Díaz anunció que solicitarán la interpelación del ministro Tareck el Aissami, para que informe sobre la entrega de recursos y funciones al gobierno de Raúl Castro
El representante de la MUD considera que el contrato suscrito con la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas convierte la cedulación electrónica de Venezuela en la más cara del mundo. Díaz habló de “megaguiso”, porque la contratista es una firma de maletín que ya subcontrató con un consorcio mexicano-holandés, que cumplirá con 95% de lo ofrecido. El profesor de la UCV Carlos Colina denunció el contrato ante la Defensoría del Pueblo.
El diputado a la Asamblea Nacional, Abelardo Díaz (Copei-Táchira), denunció que la empresa informática cubana, Albet, a quien el Gobierno de Hugo Chávez asignó un contrato para procesar la cedulación venezolana, apenas tiene en su nómina 10 empleados y no cuenta con la capacidad tecnológica para proveer el software y el chip, por lo que subcontrató el 95% de los servicios a una empresa de capital mixto (holandés y mexicano) llamada Gemalto, que cobrará 40,5 millones de dólares.
El diputado, que integra la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dijo que el martes 2 de agosto solicitarán en la Asamblea Nacional la interpelación del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, para que explique el por qué de la entrega discriminada de recursos y funciones en todas las áreas al Gobierno cubano.
“Se trata de la cedulación más cara del mundo” dijo el parlamentario en rueda de prensa y recordó que el contrato otorgado a Cuba es por 170 millones de dólares. Por eso calificó el acuerdo como un “megaguiso”.
Díaz recalcó el “manejo antipatriótico e irresponsable” del Gobierno al otorgar el control de la cedulación a Cuba y dijo que la Mesa exigirá que el manejo de esa data sea redimensionado en el contrato, para que sea manejado exclusivamente por venezolanos.
“El Gobierno cubano va a poder meterse abiertamente en la data de identificación de los venezolanos, con la posibilidad de hacer cambios y modificaciones en ella y va a poder entregar documentos de identificación venezolanos a ciudadanos de otros países”.
Díaz exigió al Gobierno que “no se nos robe la identidad de los venezolanos y que respete la identidad que tenemos”.
Piden que la Defensoría investigue:
Carlos Colina, profesor de la UCV e investigador de seguridad de datos, denunció ante la Defensoría del Pueblo el contrato entre la empresa del Gobierno cubano Albet y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela para la implementación de la nueva cédula electrónica en el país.
Explicó que los términos del contrato violarían los artículos 28 y 60 de la Constitución: derecho a la protección del honor, la intimidad y confidencialidad y de acceder a la información personal que sobre ellos tengan entes públicos o privados.
Albet será la única que tenga acceso a los códigos fuente de los software desarrollados para la nueva cédula y limita la participación de técnicos venezolanos.
Exigió que se publiquen los términos del contrato con la firma antillana para que los conozcan los venezolanos y, si infringen la ley, pidió que se revise y se anule el acuerdo. Colina se refirió a la subcontratación que hizo Albet, a nombre del Estado, para que Gemalto le provea las tarjetas, los chips y el software de la nueva cédula. “Dos empresas extranjeras controlarían nuestros datos personales y privados”.
Por: Adriana Rivera
Política | Opinión
EL UNIVERSAL
viernes 29 de julio de 2011
