La AN investigará los hechos
ocurridos en sede del Cicpc

■ Desde el lunes sacaron a los presos privilegiados.

■ Aprobaron condena contra actos de vandalismo perpetrados contra imágenes religiosas.

■ Los detenidos tenían tarifas en tres niveles, según el poder adquisitivo y los beneficios solicitados

■ DDHH En la celda conocida como El Fogón había dos presos por metro cuadrado y se turnaban para dormir.

■ La Inspectoría General de la policía científica realizó anoche una supervisión en la División de Aprehensión.

■ En la sede de El Rosal funcionaban tres niveles: el de mayor comodidad para detenidos por estafas o narcotráfico, el de presos comunes no violentos y el de los más peligrosos.

La averiguación iniciada luego de las muertes de 3 detenidos en la celda 1 de la División de Aprehensión del Cicpc (antigua División de Capturas) puso de manifiesto la existencia de un sistema de corrupción que operaba desde 2009, según los testimonios recabados.

Datos en poder de la Defensoría del Pueblo y de la Inspectoría del Cicpc indican que los cautivos en esa instalación tenían que cumplir con un esquema de tarifas que oscilaban entre 1.000 y 5.000 bolívares semanales, para poder permanecer en calabozos menos congestionados, recibir visitas en horas diferentes a las establecidas oficialmente, o disponer de teléfonos y cocina.

En el inmueble, al final de la calle El Retiro de El Rosal, se hicieron modificaciones para aumentar la capacidad de albergue de aprehendidos. Antes podía tener como máximo 40 personas, pero llegaron a estar más de 250 personas.

Una celda para mujeres y seis para hombres:

El lunes, al asumir el nuevo jefe, comisario Carlos Chirinos, sacaron a la docena de detenidos que había en la sexta celda que estaba destinada a los que pagaban más.

Además, los presos disponían de un baño interno, tenían cocina, horno microondas, nevera, teléfonos y otros enseres.

Los aparatos fueron aportados por varios de los detenidos durante la crisis de las casas de bolsa. Estos artefactos fueron sacados ayer en dos camionetas pick-up.

Se suponía que en ese lugar y en la celda contigua, número cinco, estaban los detenidos menos peligrosos, que eran buscados por delitos de drogas, estafas, apropiación indebida o instalación de casinos.

Para los de la celda 6, la tarifa semanal era de 5.000 bolívares, pero algunos banqueros pagaban hasta 23.000 bolívares semanales por permanecer en este espacio. En el calabozo número 5, el canon era de 3.000 bolívares semanales.

Las celdas 3 y 4 tenían prisioneros por lesiones y delitos culposos. Allí pagaban hasta 1.000 bolívares semanales con la esperanza de que los presentaran rápido en los tribunales y continuar el proceso en libertad.

Las celdas 1 y 2 son conocidas como El Fogón debido al intenso calor y a la escasa ventilación. Están al fondo del inmueble. Son las de mayor hacinamiento y con los individuos considerados más peligrosos.

Cada una tiene aproximadamente 16 metros cuadrados y allí han permanecido hasta 40 personas, lo que equivale a 2 personas por metro cuadrado.

“Los presos pasaban las noches de pie allí. No podían acostarse porque no había espacio y tenían que dormir hombro con hombro”, explicó el abogado Rafael Gallardo.

En estas celdas la gente pagaba de acuerdo con sus posibilidades para que les entregaran puntualmente la comida que sus familiares les dejaban en la puerta, para tener un teléfono o simplemente para que les permitieran bañarse.

Para este trabajo se habló con cuatro personas que pagaron directamente distintas tarifas a los funcionarios y que conocían el esquema general de corrupción existente en el lugar.

Los días de cobro eran los lunes y martes.

Agente designado:

A los nuevos detenidos se les indicaba cuál era el funcionario que les cobraría. Ese mismo agente era el encargado de atender los requerimientos del preso para favores como las visitas en horas no autorizadas.

Con la llegada del nuevo jefe, el régimen se endureció. Los familiares no saben a qué atenerse, pues nadie les informa cómo será el nuevo esquema de relaciones. Se espera que hoy se cumpla el horario de visitas, entre 1:00 y las 3:00 pm.

Los lunes, martes y jueves los presos sólo pueden ver a sus abogados.

Testimonios

MRIJ y ONG recabaron informes sobre torturas:

Tanto el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia como organizaciones de derechos humanos recabaron testimonios que corroborarían las versiones sobre torturas y tratos vejatorios, por lo menos, a uno de los fallecidos el jueves 26 de mayo. Estos relatos señalan que varios funcionarios dieron supuestamente una golpiza a Pedro Cipriano Rivero, de 32 años de edad, detenido el domingo 22 por señalamientos sobre complicidad en una violación.

Rivero, un empleado de la Alcaldía de Libertador, se quejaba en voz alta por las condiciones del encierro.

Supuestamente lo sacaron hasta un baño, lo golpearon con un palo recubierto con tela y también sumergieron su cabeza en una poceta. Se pretendía infundir temor a los otros detenidos. Rivero fue devuelto agonizante al calabozo la celda. Se quejaba por el dolor. Murió sentado y diciendo que era inocente. En este lapso los demás entraron en pánico.

Veían cómo Rivero fallecía en medio de un calor que se incrementaba por el hacinamiento. Al menos tres detenidos se desmayaron.

No hay precisión acerca de la forma en que murieron Rubén Arnal y William Pérez, quien también recibió numerosos golpes. Ninguno de ellos había consumido drogas antes de morir.

Muertes en cárceles aumentaron 22%

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, sugirió a la fiscal Luisa Ortega Díaz que separe al Cicpc de las pesquisas que se adelantan por la muerte de tres detenidos en el Departamento de Aprehensión. Agregó que antes de trasladar los presos a Yare y Los Teques debieron entrevistarlos a todos sobre lo ocurrido, porque se trata de un caso delicado. “Hay que recordar que esas personas que murieron estaban en manos del Estado”. Para el momento del incidente había 315 detenidos en cuatro calabozos. Prado señaló que en los tres primeros meses de este año murieron en los penales 124 internos y 266 fueron heridos. Los decesos incrementaron en 22% en comparación con 2010, cuando se registraron 102. Los heridos aumentaron en 11%, porque el año pasado registraron 204.

Actualmente hay 47.000 reclusos en 33 cárceles, y si se suman los 4.500 que están en comisarías y retenes policiales, la cifra asciende a 52.000, indicó Prado.

La Red de Apoyo

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz rechazó los hechos. Solicitó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo abrir una investigación y ofrecer protección a los familiares y testigos.

Pidió al Ministerio del Interior y al Cicpc propiciar una averiguación interna con el fin de suspender a los funcionarios involucrados, y a la AN legislar sobre tortura.

AN Exigieron determinar responsables:

La plenaria de la Asamblea Nacional autorizó ayer a la Comisión de Política Interior, presidida por Cilia Flores (PSUV), a investigar las causas de la muerte de tres detenidos en los calabozos del Cicpc en Caracas la semana pasada.

Por petición de Flores, el Parlamento también aprobó exhortar al Ministerio Público a que determine las responsabilidades a que haya lugar.

Richard Blanco (ABP) solicitó que se constituyera un equipo mixto entre las comisiones de Política Interior y de Régimen Penitenciario, de la que forma parte, y acotó que el calabozo de la policía científica tiene una capacidad para alojar 40 reos, pero actualmente hay 315.

La propuesta fue negada:

En la sesión ordinaria de ayer, los diputados le dieron luz verde a un acuerdo de condena a los actos vandálicos perpetrados contra imágenes religiosas en varias partes del país. Solicitaron la investigación de los hechos y la sanción de los responsables.

El diputado Juan Carlos Alemán (PSUV ) afirmó que las acciones demuestran “la desesperación de algunos facinerosos para opacar los actos de defensa de la soberanía” realizados el fin de semana. Edgar Zambrano (AD) solicitó a la Comisión de Política Interior nombrar un equipo parlamentario que investigue el suceso.

Los diputados también aprobaron de forma unánime un acuerdo de solidaridad con Honduras, luego del proceso de diálogo que permitió el retorno a ese país del ex presidente Manuel Zelaya.

Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
jmayorca@el-nacional.com
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