Los explosivos se mandarían a través de
la ruta Caracas-Damasco-Teherán
■ La medida fue discutida en mayo en una reunión a la que asistieron funcionarios de la Cancillería venezolana y Cavim.
■ Venezuela y Siria evaluaron en 2010 la posibilidad de enviar desde Caracas a Teherán explosivos que se utilizarían en la industria de hidrocarburos persa, indica la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que el canciller Nicolás Maduro entregó en enero a la Asamblea Nacional.
El informe da cuenta, en su página 199, de la celebración de una “reunión el 14 de mayo de 2010” con el objetivo de conversar “sobre la exportación desde Venezuela hacia Irán, de cartuchos explosivos utilizados en la producción petrolera”. Se enviarían a través de la “ruta de la aerolíneas Conviasa: CaracasDamasco-Teherán”.
Indica que en el encuentro estuvieron representantes del Despacho del Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) y la Embajada de Siria. No se especificaron sus nombres.
No se pudo obtener información sobre si las conversaciones dieron frutos. Desde la misión diplomática del país árabe no dieron declaraciones. La legación de Irán en Caracas solicitó el envío de una carta dirigida al embajador Abdolrezh Mesri para canalizar una entrevista.
Fuentes de la Cancillería de Venezuela que solicitaron el anonimato dijeron desconocer el tema.
Irán está bajo la presión de varios países por su decisión de continuar con su programa de desarrollo de energía nuclear.
Ellos insisten en que tiene fines militares por lo que exigen su finalización. Las autoridades de la República Islámica han desmentido la acusación.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado desde 2006 7 resoluciones en las que ha aplicado sanciones a Teherán. La última, la 1929, se tomó el 10 de junio de 2010. Endurece las penas militares y financieras contra la República Islámica.
Después del texto, Estados Unidos aprobó en julio la Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión contra Irán, (Cisada, según sus siglas en inglés).
El texto amplía el alcance de las actividades susceptibles de penalizar según la Ley de Sanciones a Teherán de 1996. Las prohibiciones se centran en 3 áreas: invertir 20 millones de dólares o más -incluidos aumentos de 5 millones de dólares en 12 meses- para ayudar a mejorar la capacidad de Irán para desarrollar sus recursos petrolíferos; hacer transacciones individuales de más de 1 millón de dólares o de 5 millones en 12 meses relacionadas con venta, arrendamiento o prestación de servicios, tecnología, información o apoyo que facilite el mantenimiento o expansión de su producción de crudo, y la venta o suministro de productos refinados del petróleo o exportación, arrendamiento o prestación de bienes, servicios, tecnología o apoyo para mejorar la capacidad para importar bienes refinados por más de 1 millones de dólares en una transacción o 5 millones en 12 meses.
Fuentes aseguran que de haberse producido el envío de material explosivo para la industria petrolera iraní Venezuela podría haber violado la normativa legal norteamericana.
El Departamento de Estado notificó a Caracas en febrero de la apertura de una investigación por presuntamente violar la Cisada con la supuesta venta de gasolina a Irán, anunciada en septiembre de 2009 por Chávez, y que el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ha negado.
Fuentes de Washington aseguraron que la investigación continúa. “Analizamos los reportes que aseguran que Venezuela envió gasolina a Irán”, agregaron.
Entre las penas que tiene la ley destacan: rechazo a asistencia del banco de comercio exterior para exportar; negación de licencias para exportar a Estados Unidos u otros permisos, de préstamos de instituciones financieras; cierre del acceso a crédito y a la recepción de un contrato con el Gobierno, y restricción de las importaciones según la Ley de la Emergencia Económica Internacional.
A esto se le suman nuevas sanciones: niegan transacciones en divisas, transferencias de crédito o pagos entre, por, a través o a las instituciones financieras y la ejecución de transacciones con bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense.
Por: ARMANDO AVELLANEDA
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