FISCALÍA VERIFICÓ
TRÁFICO DE ÚREA

■ Pequiven firmó acuerdo ilegal para saldar cuentas con Walid Makled.

■ Fiscalía no ha interrogado a generales señalados de favorecer al supuesto narcotraficante.

■ El 14 de julio de 2007, la petroquímica recibió un cheque por 7,59 millardos de bolívares, el mismo que el detenido mostró como prueba de sus vínculos con el Gobierno.

■ El presidente de la petroquímica, Saúl Ameliach. favoreció al supuesto narcotraficante con cuatro contratos por adjudicación directa para la distribución de químicos, entre ellos el usado para la fabricación de cocaína.

Testigos interrogados por la Fiscalía afirman que el ex gobernador de Carabobo Luis Felipe Acosta Carlez, facilitó el acceso al negocio. El general José Gregorio Montilla Pantoja admitió haber intercedido para que Makled pagara sus deudas. Después de cinco años de averiguaciones, el Ministerio Público no ha establecido responsabilidades.

El cheque que mostró Walid Makled en su más reciente aparición pública como “prueba” de sus relaciones con el Estado venezolano, corresponde a un acuerdo ilegal mediante el cual Pequiven exoneró al supuesto narcotraficante por el incumplimiento de los contratos que le había concedido para la distribución de urea, así como de una deuda que ascendía a 7,83 millardos de bolívares.

Las investigaciones del Ministerio Público son concluyentes en cuanto a la responsabilidad penal de Walid Makled por el desvío, incluso hacia el exterior del país, de la urea que recibía de Pequiven: en vez de llegar a los productores agrícolas venezolanos para que la utilizaran como fertilizante, se habría usado como precursor químico para la elaboración de cocaína o de explosivos.

Los reportes fiscales soslayan la responsabilidad de los altos funcionarios civiles y militares que le facilitaron el acceso al negocio de la urea y que no aplicaron con efectividad las disposiciones legales sobre la riesgosa distribución de una sustancia controlada.

Entrada con Acosta Carles:

La empresa Inversiones Makled no tenía mayor experiencia en el negocio de los fertilizantes, por lo cual resulta extraño que la junta directiva de Pequiven, encabezada por Saúl Ameliach, le haya otorgado por adjudicación directa cuatro contratos. Además, para 2004 el Gobierno había sido informado de los resultados de las investigaciones de la DEA sobre la vinculación de Makled con el tráfico de drogas.

Freddy Quintero, quien se desempeñaba como gerente de Mercadeo de Fertilizantes de Pequiven, ofreció una pista al ser interrogado por el Ministerio Público el 13 de octubre de 2008: “Se realizó una visita al Complejo Petroquímico de Morón de un grupo de representantes de dicha empresa ­Inversiones Makled­ acompañados de algunos miembros del equipo de campaña del entonces gobernador Acosta Carlez, los cuales llevaron los recaudos requeridos para el otorgamiento de la distribución y para la firma del contrato…”.

Después de constantes requerimientos telefónicos para conocer su versión, Acosta Carlez sólo dijo: “Los medios pretenden erigirse en jueces.

Únicamente ofreceré declaraciones ante la Fiscalía”.

El más controversial de los contratos fue identificado como 2GA05GL127 y suscrito el 10 de agosto de 2004 por Julio Carpio, gerente general del Complejo Petroquímico Morón, para distribuir fertilizantes en todo el territorio nacional, sin especificación de productos, cantidades y destinatarios.

La amplitud de la negociación le permitió a Makled colocar en Santa Elena de Uairén 280 toneladas de urea, según el reporte de incautación que hizo el Seniat.

La Guardia Nacional inspeccionó los depósitos localizados en el sector Flor Amarillo de Valencia, el 30 de septiembre de 2004, y detectó un faltante de 7,89 toneladas de urea perlada y 3,49 de urea granulada.

Además, advirtieron que en las facturas de venta no se precisaban las direcciones de los clientes. El descontrol aumentó desde que Makled comenzó a comprar urea sin una efectiva fiscalización del Cicpc, GN, Darfa y Seniat. Para colmo, el empresario no pagaba oportunamente la mercancía que recibía y acumuló una deuda con Pequiven de 13,7 millardos de bolívares.

Salida con Montilla Pantoja:

En mayo de 2005, Pequiven intentó ejecutar la fianza que Makled había ofrecido como garantía al suscribir los contratos. Un año después de la negociación, se percataron de que había anulado la respectiva póliza un día después de haberla adquirido. Sólo hasta ese momento reconocieron que estaba en peligro el patrimonio público y denunciaron el caso ante la Fiscalía 13 de Carabobo.

El 9 de octubre de 2008, Guillermo Blanco Acosta, gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pequiven, explicó al Ministerio Público cómo Makled intentó evadir la persecución fiscal: “…El 4 de febrero de 2007, durante un desfile en Los Próceres (…) me abordó el general José Gregorio Montilla Pantoja, para pedirme que atendiera en su oficina de la Torre BOD de Valencia a Walid Makled, quien estaba interesado en cancelar la deuda a Pequiven. En conversación telefónica con el ingeniero Freddy Quintero, me manifestó que había recibido una llamada de Luis Felipe Acosta Carlez, con la que le agradecía el favor patriótico por haberle otorgado un cupo a Walid Makled, ya que el favor lo había pedido el mismo general”.

Montilla Pantoja es un general de división del Ejército que formaba parte del entorno del presidente Hugo Chávez, pero que desde hace dos años no tiene cargo asignado.

El oficial confirmó el testimonio de Blanco Acosta: “Yo no sabía que era un narcotraficante. Es un hombre con apariencia de inocentón. Lo conocí en 2004, cuando estuve encargado del traslado de artefactos de línea blanca que compraban los médicos cubanos y los mandaban a sus familiares en Cuba. A cambio de nada, Makled nos ayudaba con el transporte de la mercancía desde Caracas hasta Puerto Cabello, donde se embarcaban hacia la isla”.

El acuerdo:

El arreglo entre Pequiven y Makled fue autenticado en la Notaría Sexta de Valencia. En el documento se especifica que corresponde a un acuerdo reparatorio, conforme al artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, el mecanismo de reparación de daños a la víctima de un delito que pone fin al proceso.

Esa transacción es ilegal por varias razones: 1) los acuerdos reparatorios no proceden cuando están involucrados bienes del Estado; 2) deben plantearse ante el fiscal del Ministerio Público, y 3) deben ser homologados por un tribunal penal.

La ilegalidad fue corroborada por la fiscal auxiliar 13 de Carabobo, Milagros González, quien aseguró que el Ministerio Público no promovió ni intervino en el acuerdo reparatorio, que el caso permanece en etapa de investigación preliminar y que, por lo tanto, no ha sido elevado a tribunal alguno: “Eso lo trajo el señor Walid como prueba”, se limitó a decir la fiscal.

Para el momento en que se suscribió el acuerdo reparatorio, Makled debía a Pequiven 7,83 millardos de bolívares.

Parte del pago (7.596.574.603 bolívares) se hizo a través del cheque de gerencia 66604056 del Banco Nacional de Crédito Pequiven, fechado el 13 de febrero de 2007, el mismo que Makled mostró desde su prisión en Colombia a principios de abril.

Aunque la fiscal Milagros Espinoza rehusó dar detalles de las diligencias realizadas, lo más concreto es que altos funcionarios como Saúl Ameliach, Luis Felipe Acosta Carlez y José Gregorio Montilla Pantoja no han rendido cuentas y que, después de cinco años, el Ministerio Público no ha logrado sancionar a nadie por el tráfico de urea, con el cual se habría fortalecido Walid Makled para figurar como uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo.

Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
NARCÓTICOS | CORRUPCIÓN
EL NACIONAL