Solicitan a Interpol declarar “alerta
roja” contra 15 militares y 7 civiles

■ “Buscan culpables necesarios para el 11-A”

■ Abogados dudan que la Fiscalía quiera hallar a responsables.

■ Defensores de los comisarios sentenciados a 30 años repudiaron solicitud de alerta roja para 22 personas.

■ El penalista José Luis Tamayo, abogado de los tres comisarios y los seis policías sentenciados por lo ocurrido en abril de 2002, recordó que los pistoleros absueltos fueron grabados mientras disparaban.

■ Discriminación. Por petición del PSUV, la Asamblea debatió sobre lo ocurrido en la fecha. El oficialismo se apoyó en un video presentado por Fernando Soto, pero la oposición no pudo transmitir el que había preparado.

■ Cambiar la historia. El diputado Carlos Berrizbeitia advirtió que por mucho que inventen no podrán alterar los hechos. “La gente vio al Presidente montarse en un carro con unos curas y unos militares y entregarse”, recordó.

■ Censurado Lucas Rincón. La intervención del entonces ministro de la Defensa, en la que anunció la renuncia del primer mandatario, no fue incluida en el material presentado, lo que fue motivo de debate en la cámara.

Para los abogados de los tres comisarios de la Policía Metropolitana sentenciados a 30 años de cárcel por los hechos del 11 de abril de 2002, la reciente decisión del Ministerio Público de dictar orden de captura internacional contra 22 personas presuntamente implicadas en dichos sucesos está dirigida a perseguir a personas de la oposición a las que el Gobierno quiere incriminar.

“La Fiscalía no tiene intención de hallar la verdad, sino que busca culpables necesarios y convenientes para el 11 de abril”, afirmó María del Pilar de Simonovis, esposa y abogada del comisario Iván Simonovis.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, indicó que solicitará a la Interpol que active el alerta roja contra 15 militares y 7 civiles supuestamente involucrados en los hechos de abril de 2002, que dejaron 19 muertos, más de 100 heridos y que produjeron la salida del poder del presidente Hugo Chávez por 48 horas.

“En lugar de dictar órdenes internacionales de captura deberían interrogar a personas que están en el país: que le pregunten a Francisco Arias Cárdenas por qué dijo que Chávez había coordinado a los francotiradores. Que le pregunten a Casa Militar por qué no actuó”, propuso la esposa de Simonovis.

Ortega Díaz aseguró además que se creará una comisión especial que investigue lo ocurrido. “Averiguaremos las agresiones de las que fue víctima, en esos días el presidente de la República”, dijo.

El penalista José Luis Tamayo, abogado de los comisarios y de los seis policías sentenciados, repudió la medida. “Lo que debería estar haciendo la fiscal es averiguar quiénes mataron a las personas que cayeron en la avenida Baralt”, dijo, a propósito de que los pistoleros que dispararon el 11 de abril y que fueron absueltos se encontraban en ese lugar.

Yajaira Castro de Forero, esposa y abogada del comisario Lázaro, duda que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación seria.

“La fiscal ha perdido la vergüenza. Si en el juicio de los policías muchos expertos aseguraron que era imposible recolectar pruebas, cómo van a hacer a estas alturas cuando ya casi ha pasado una década”, acotó apropósito de que el Ministerio Público tomó la decisión luego de nueve años de los hechos.

La fiscal indicó que los uniformados solicitados serán Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Pedro Pereira Olivares, Daniel Comisso Urdaneta, Luis Camacho Cairú, Rafael Damiani Bustillo, Carlos Molina Tamayo, Néstor González González, Romel Fuenmayor León, Enrique Medina Gómez, Edgar Bolívar Ramírez, Henry Lugo Peña, Vidal Martínez, Marcos Ferreira y Julio Rodríguez Salas.

El alerta roja también pesará sobre los abogados Allan Brewer Carías y Daniel Romero Matute, el empresario Isaac Pérez Recao, Víctor Manuel García, el sindicalista Carlos Ortega, el periodista Alfredo Peña y el actor Orlando Urdaneta.

Cambiar la historia:

AN Mendoza y Machado ausentes.

En video del PSUV eliminaron palabras de Lucas Rincón.

A propuesta del PSUV, la Asamblea Nacional dedicó su décimo segunda sesión ordinaria del año a debatir sobre el golpe de Estado de 2002, y para ello se apoyó en un video de 11 minutos presentado por el propio presidente del Legislativo, Fernando Soto, que mostró imágenes y testimonios del 11 de abril de hace nueve años.

La declaración del alto mando militar encabezado por el entonces ministro de la Defensa, general Lucas Rincón, quien anunció la renuncia del primer mandatario, no fue incluida en el material. A partir de ahí se inició el debate.

El primero en intervenir fue Héctor Navarro (PSUV), quien presentó a consideración de la plenaria un “pronunciamiento a nueve años del golpe de Estado de 2002, de la disolución de los poderes públicos y de la acción-cívico militar que restauró el orden constitucional”, centrado en destacar que fue la acción ciudadana la que permitió el retorno de Chávez al poder y en acusar a la “derecha fascista apoyada por el imperialismo interno y externo” la que intentó subvertir el hilo constitucional.

De seguidas, William Ojeda (UNT) indicó que para la bancada opositora lo importante es condenar todos los golpes contra la democracia. Reclamó que en el video de Soto no apareciera Rincón. “Ese día el Alto Mando se pronunció y aquí pretenden ocultarlo”.

La posición fue rebatida por Iris Varela (PSUV), quien sostuvo que “la renuncia no puede ser que alguien salga y diga que el Presidente renunció”.

Enfatizó que la oposición nunca pudo probar la dimisión.

Criticó la ausencia de María Corina Machado y Enrique Mendoza en el debate.

El diputado Carlos Berrizbeitia respondió que la gente sabe lo que pasó ese día: “El pueblo vio a Chávez montarse en un carro con unos curas y unos militares porque él se entregó. Después de nueve años quieren cambiar la historia pero no pueden. El pueblo sabe que ese fue un golpe militar”, sentenció.

Finalmente, el diputado Juan Carlos Caldera presentó una propuesta de acuerdo alterna a la del PSUV. Planteó un rechazo de la Cámara a todos los golpes de Estado y acciones que intenten subvertir el orden constitucional. Como era de esperarse, los parlamentarios del PSUV alzaron su mano para apoyar el documento de Navarro.

En la sesión también intervinieron José M. González, Freddy Bernal, William Dávila, Earle Herrera, Carlos Escarrá, Cilia Flores, Alberto Castelar y Aristóbulo Istúriz.

AN no TV:

El canal de la Asamblea Nacional, ANTV, no mostró ningún cambio en su línea editorial, centrada en favorecer las intervenciones del PSUV. En la sesión de ayer, por ejemplo, la oposición no pudo transmitir un video que preparó para la ocasión sobre su versión de los acontecimientos. El audio de las intervenciones subía cuando hablaban los oficialistas y bajaba cuando lo hacía la oposición. William Ojeda se sirvió de un grabador para reproducir la declaración de Lucas Rincón, pero el volumen se volvió casi inaudible.

Berrizbeitia trató de usar su laptop para mostrar una entrevista de Francisco Arias Cárdenas el 11-A en la que acusaba a Chávez de golpista, pero no se escuchó nada.

Por: DIANA LOZANO PERAFÁN
dlozano@el-nacional.com
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