El informe se destaca las restricciones
impuestas en la AN a los periodistas
■ Rechazan ante la SIP controles del Gobierno a Internet.
■ CNP y SNTP demandan acceso a las fuentes de información.
En el documento que se analiza en la sesión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en San Diego, EEUU, se cuestionan las reformas a la Ley Telecomunicaciones y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos donde “se extienden las restricciones a Internet de una manera desproporcionada”.
Los gremios están recopilando todas las denuncias de los casos en el que se le impide a los periodistas acceder a las fuentes informativas, para ofrecer un informe a los organismos internacionales
A su inquietud habitual por los peligros que enfrentan periódicos y emisoras de radio y televisión en la República Bolivariana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) suma otra preocupación: la amenaza contra Internet.
“Los portales informativos en el país son obligados a aplicar censura previa y controles para aquellos que escriben o comentan un hecho publicado”, recoge el informe sobre Venezuela presentado ayer en la reunión de medio año de la SIP, que se realiza hasta el sábado en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos.
En el documento cuestionan las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, aprobadas por la pasada Asamblea Nacional en diciembre. “Esas reformas extienden a Internet las restricciones que ya existían sobre la radio y la televisión abierta de una manera desproporcionada”, alertan en el texto suscrito por Gilberto Urdaneta, vicepresidente regional para la Libertad de Prensa e Información en Venezuela.
La SIP señala que esos instrumentos legales “aumentan el número de exigencias, multas, prohibiciones y sanciones a los medios que usan el espectro electromagnético”.
En particular, recuerdan que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones faculta al Gobierno a revocar o suspender las habilitaciones, concesiones o permisos, “cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la nación o cuando así lo exija el orden público o la seguridad”.
AN no TV:
Al enumerar las “violaciones más importantes a la libertad de expresión” ocurridas en el país en estos meses, la SIP destaca las restricciones impuestas a los periodistas en la AN.
“Las informaciones en el seno de la Asamblea ahora llegan en un ambiente totalmente controlado por afectos al Gobierno”, destacan, tras rechazar que la directiva del Poder Legislativo niegue a los medios independientes el acceso al salón de sesiones.
Sin embargo, este reclamo no se circunscribe solo al Parlamento. “A los medios de comunicación independientes se les continúa amputando el acceso a fuentes gubernamentales de alta jerarquía”, plasman en el informe, donde aseguran: “continúan las trabas burocráticas, anillos de seguridad, agresiones, amenazas y gritos de ofensas de los seguidores del Presidente hacia los periodistas”.
Lista negra:
Desde el 29 de octubre de 2010 hasta el 30 de marzo de 2011, la SIP contabilizó 57 ataques contra los medios de comunicación y periodistas del país.
En esa lista figuran las agresiones propinadas a equipos de Globovisión y Televen en el municipio Morán, estado Lara; la ofensa sufrida por la corresponsal de Globovisión en el estado Bolívar, Lorena Cañas, la expropiación del canal “Tele Yaracuy”, el cierre de Musicable Higuerote 97.7 FM, el ingreso de efectivos de la Guardia Nacional a Onda Costera 95.1 FM en Ocumare de la Costa, estado Aragua, y el intento de invasión a galpones propiedad del diario El Nuevo País.
La SIP también denuncia las “persecuciones” contra el dueño de Globovisión, Guillermo Zuloaga, el director de la revista Zeta, Rafael Poleo, y la periodista Patricia Poleo. Además, llama la atención sobre el “acoso” que padecería el presidente editor de El Nacional.
“En Venezuela los intentos por controlar el ‘poder de la prensa’ marchan por caminos insospechados, así vemos el interés del Gobierno en hacerse de una hegemonía comunicacional, manejando cadenas completas de radio, televisoras, medios impresos y portales en Internet”, concluye.
– En la lista de agresiones sufridas por los medios presentada ante la asamblea de la SIP, destaca una manifestación contra el diario La Prensa del estado Barinas. “La protesta se llevó a cabo luego de que el gobernador de Barinas, Adán Chávez, en forma sistemática dijera en cadena de radio y TV que ese medio formaba parte de la oposición”, recoge el informe.
– La SIP da cuenta de que el Gobierno asumió el 20% de las acciones de Globovisión, que pertenecían al banquero Nelson Mezerhane, y reseña las amenazas del presidente Hugo Chávez contra ese canal.
Gremios recopilan información para efectuar denuncia en entes internacionales. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones interiores, el Ministerio de Información, la Vicepresidencia de la República, la Asamblea Nacional, a todas esas instituciones ha enviado cartas -infructuosamente- el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) para abordar el tema de las limitaciones de acceso a las fuentes informativas gubernamentales para los periodistas.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó durante una rueda de prensa, que esas gestiones forman parte de los procedimientos previos para presentar el problema del acceso a las fuentes informativas como un caso ante organizaciones internacionales.
“Si en el camino recibimos respuesta a las solicitudes estaría resuelto el problema que es lo que nosotros queremos, garantizar el acceso a las fuentes de información”, declaró.
Como parte de las acciones que el gremio periodístico efectuará, el secretario general del CNP-Caracas, Hernán Lugo, informó que todas las seccionales del Colegio de Periodistas se van a declarar en alerta para hacer presiones en municipios y estados para que se aprueben ordenanzas que tengan que ver con acceso a la información.
Por su parte, la presidenta del CNP, Silvia Alegrett, informó que están recopilando todas las denuncias. “Cada vez que a un periodista se le impide el acceso a una fuente o es agredido se recaba para llevarlo a instancias nacionales e internacionales”, explicó.
Sobre la situación que viven los periodistas que cubren la fuente legislativa, Dayimar Ayala, del diario Tal Cual, narró: “hemos visto como se ha ido cerrando la información, prohiben el acceso al hemiciclo y nos confinan a la sala de prensa “. Aseguró que el asunto no es un capricho de los periodistas sino la exigencia del derecho a estar informados que es de todos los ciudadanos.
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
ppenaloza@eluniversal.com
viernes 8 de abril de 2011
