Clodosbaldo Russián solicitará que se
reforme la Ley contra la Corrupción
■ Pedirán reforma de ley.
■ Para que se sancionen con más severidad los daños al patrimonio público.
El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, propuso elevar hasta 18 años el lapso de las inhabilitaciones políticas impuestas como sanción accesoria a los funcionarios incursos en irregularidades administrativas en el ejercicio de sus cargos.
Russián anunció a través de Venezolana de Televisión que solicitará a la Asamblea una reforma de la Ley contra la Corrupción, para establecer mayor severidad en casos de daños al patrimonio público.
En opinión de Russián, los que ejercen funciones de elección popular están más obligados a actuar con transparencia y pulcritud, por lo cual se manifestó en contra de privilegios que permitan evadir las sanciones que aplica la Contraloría General de la República.
En el informe anual que el contralor general presentó el martes ante la Asamblea, figuran 125 inhabilitaciones dictadas durante 2010.
Entre los sancionados están los ex gobernadores Jorge Carvajal (Bolívar), por contraer compromisos sin disponibilidad presupuestaria, y Ramón Martínez (Sucre), por demora en su declaración jurada de patrimonio.
También fueron inhabilitados: el ex alcalde del municipio Maracaibo del estado Zulia, Manuel Rosales, por falseamiento de datos en declaraciones juradas de patrimonio; el ex alcalde del municipio Independencia del estado Táchira, Jesús Vivas, por concierto con contratista; el ex alcalde del municipio San Rafael de Onoto del estado Portuguesa, Edgar Miranda, por ocultamiento de datos en declaración jurada de patrimonio; la ex alcaldesa del municipio Libertador del estado Aragua, Nancy López, por inobservancia de la Ley de Licitaciones; y el ex alcalde del municipio Barinas del estado Barinas, Rogelio Peña, por ordenación de pago ilegal.
Otro de los sancionados fue el general Manuel Rosendo, ex jefe del Cufan, en su condición de presidente de la Fundación Proyecto País, por irregularidades en la celebración de un contrato con el Banco Industrial de Venezuela.
Todas estas inhabilitaciones se han impuesto a pesar de que el Estado ha sido denunciado por violación de los derechos políticos, a través de la imposición de sanciones administrativas que esconderían el propósito de eliminar contendores electorales. En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará sentencia en el caso del ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, uno de los afectados por las inhabilitaciones.
Clodosbaldo Russián también se refirió a la administración del presupuesto asignado a las universidades nacionales: “Hay una práctica constante por parte de los consejos universitarios de creer que forman parte de un Estado dentro del Estado, tipo la Pdvsa vieja, y en consecuencia pueden legislar y distribuir los recursos de acuerdo con su real saber y entender”.
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