En una ciudad con alquileres prohibitivos

La única opción para los miles de venezolanos que no quieren vivir en un rancho pero no pueden pagar mil o más bolívares mensuales por una habitación en un edificio, son las pensiones.

El 10 de abril, Chávez habló de expropiar aquellas “cuyos dueños no den la cara”, y la semana pasada lanzó la idea de convertir algunas de las más de doscientas pensiones que existen en San Juan (que tienen entre 20 y 40 habitaciones) en casas de abrigo para parturientas.

Alfredo Padilla, director del Inaesin (Instituto de Altos Estudios Sindicales), cuenta que desde entonces varias pensiones de las parroquias Santa Teresa y Santa Rosalía han sido visitadas por miembros de los llamados gobiernos parroquiales (una figura creada por la Alcaldía de Libertador) y han anunciado a sus dueños la intención de convertirlas en casas de la tercera edad.

Todas las pensiones de la capital han sido sometidas a inspecciones en estos dos últimos meses, y la fiscalización y puesta al día que se está haciendo en San Juan no es más que un proyecto piloto que debería extenderse a toda la ciudad.

“Para poner orden y controlar condiciones y alquileres”, aseguran desde el Gobierno, pero Padilla cree que la intención es apropiarse de las pensiones como una manera de matizar el tremendo déficit habitacional (casi 800 mil viviendas sólo en Caracas y 2 millones a nivel nacional) que el propio Gobierno ha creado con su ineficiencia: “Disminuye la producción de cemento y cabillas, baja la construcción de casas y entonces se quieren apropiar de lo que no supieron construir”.

Francisco Neri, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria, cree que las pensiones son una alternativa en una ciudad en donde el congelamiento de los cánones de arrendamiento ha hecho que prácticamente no existan casas en calquiler (“El mercado de la renta inmobiliaria no existe en Venezuela”), y que si se pretende tomar estas edificaciones para darles otro uso se estaría agravando el problema de la falta de vivienda.

Aquiles Martini, actual presidente de la Cámara Inmobiliaria piensa por su parte que transformar estas viejas casas en casas de abrigo para parturientas sería tanto o más costoso que construir nuevas edificaciones: “Son estructuras viejas, precarias, no tienen las tomas de corriente o de agua… lo veo muy complicado”.

Visiones encontradas:

Quienes han sido encargados por la Alcaldía Libertador para realizar inspecciones en todas las pensiones de San Juan, aseguran que a nadie se le forzará a vender, que todo será negociado, y que no se expropiará a la fuerza a nadie.

Sin embargo, apenas terminan esa frase, dejan una ventana abierta: “No se expropiará a nadie siempre y cuando cada quien tenga todos los documentos en regla”.

Algunos inquilinos creen que este movimiento puede ser positivo: “En las reuniones se ha hablado de la posibilidad de bajar el alquiler de 300 mil a 120 mil mensuales, y ojalá también arreglen las paredes de las habitaciones que están al fondo, que tienen muchas filtraciones”, dicen unos inquilinos de la pensión Gilcar que prefirieron no ser identificados.

Ramón Belisario, en otra pensión de San Juan, tiene la esperanza de que se controlen los aumentos de tarifa: “Desde el primero de febrero nos empezaron a cobrar 310 bolívares, no hay ningún control”.

Por el contrario, desde una pensión de Santa Rosalía, David Gómez teme quedarse sin el techo bajo el cual ha vivido por casi veinte años. Y tiene semanas haciéndose una pregunta muy pertinente: si su pensión la convierten en geriátrico y las de San Juan en casas para embarazadas ¿A dónde van a ir los inquilinos?

Por: Javier Brassesco
EL UNIVERSAL | Ciudad