Las 47 fincas que serían expropiadas
aún no han sido tomadas

Después de la tempestad viene la calma. Esa máxima parece aplicarse en el sur del lago de Maracaibo. Las consignas, el despliegue militar, las palabras y las acciones del ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, dieron paso a un proceso de negociación y diálogo, en el que Gobierno y productores intentan llegar a un acuerdo.

Pocos quieren hablar, prefieren no entorpecer las negociaciones. Sin embargo, Jesús Iragorri, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, afirma que el Gobierno pensó una cosa y se encontró con otra. “Echaron para atrás y ahora están haciendo las cosas como dice la Constitución.

Creyeron que la gente se iba a atemorizar pero no, los ganaderos y campesinos están allí, firmes”.

Explicó que el Instituto Nacional de Tierras adelanta el proceso judicial, en el que los dueños deben presentar la documentación para justificar la propiedad de las tierras; y el administrativo, en el que se hace el inventario de las fincas.

“Por eso parece que todo está detenido. Si el Gobierno quiere las haciendas estas se deben inventariar y luego debe pagar lo que cuestan”.

Ninguno de los 47 predios que el presidente Chávez anunció serían expropiados ha sido tomado. Se mantiene la presencia militar. La hacienda Bolívar, en el municipio Colón, propiedad de la familia Brillembourg, fue convertida en el centro de operaciones del ministro Juan Carlos Loyo. En El Peonío, propiedad de Jesús Meleán, ubicada a 15 minutos de Santa Cruz de Zulia, se espera llegar a un acuerdo, pero nada está definido.

“Hay un proceso de diálogo, que después del atropello era lo que la gente esperaba”, señaló Juan Romero, diputado electo a la Asamblea Nacional. “Se dieron cuenta de que no era posible una toma a trocha y mocha de las haciendas, no tenían capacidad para hacerlo”.

Romero agregó que el Gobierno partió de premisas equivocadas. “El discurso del latifundio no se podía mantener. Se dieron cuenta de que allí había producción y que la propiedad estaba justificada. Entonces optaron por llamarlos esclavistas y tampoco eso sirvió porque las relaciones laborales son justas y quienes no están de acuerdo pueden acudir a las instancias jurisdiccionales pertinentes”.

Indicó que el Gobierno tiene el derecho de definir si es estratégico vender o no plátanos a Rusia, pero lo adecuado es que sean los ganaderos y campesinos venezolanos los que garanticen la producción. “El Ejecutivo debe llegar a un acuerdo con ellos para que le vendan los plátanos al Estado y así abastecer la demanda internacional”.

JOSÉ GREGORIO MEZA | MARACAIBO
Política | Economia
EL NACIONAL