Venezuela podría ser
paraíso para la insurgencia

Arturo Cubillas Fontán, de 46 años de edad, supuesto responsable de ETA en Venezuela, presunto organizador de los cursos de explosivos a las FARC en la selva venezolana y funcionario de seguridad del gobierno de Hugo Chávez, pasea libre por las calles de Caracas.

Cuando se cumplen 9 semanas del auto de la Audiencia Nacional que decretó su prisión provisional y búsqueda y captura internacional, Cubillas continúa sin ser detenido por las autoridades venezolanas, pese a que Interpol emitió hace 263 días su orden de detención por varios delitos de terrorismo.

La orden de búsqueda y captura de Cubillas apareció el pasado primero de marzo con índice rojo, detención para extradición, en los ordenadores de los 188 países asociados a Interpol, confirmaron al diario El País fuentes policiales y judiciales españolas.

Interpol es la mayor organización de lucha contra el crimen con sede en Lyon, Francia, y entre sus asociados figura Venezuela. Si el etarra abandonara su refugio venezolano sería detenido en cualquier aeropuerto del planeta. “No lo hace porque Caracas se ha convertido en su territorio más seguro”, asegura un mando policial consultado.

La detención de Cubillas que reclama la Audiencia Nacional debería haberse producido el mismo día, primero de marzo, que llegó a Caracas la orden de búsqueda y captura internacional tramitada por Interpol y dictada por el juez Eloy Velasco, señalan fuentes judiciales que destacan la gravedad de las acusaciones: tenencia de explosivos en colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas.

“En el ámbito policial, la detención debería ser inmediata.

Luego ya viene el plano judicial, en el cual se pueden discutir muchas cosas, pero hay una serie de tratados internacionales de colaboración que en este caso obligan a detenerle. Esta situación es anómala”, opina un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El País ha intentado en vano recabar la opinión de Jorge Galindo, director de información del Ministerio de Interior y Justicia.

Marino Alvarado, coordinador de Provea, aseguró que Cubillas continúa en Caracas. “Arturo tiene la condición de refugiado político. No se le puede detener ni extraditar porque tiene la nacionalidad venezolana y la Constitución lo prohíbe. El Gobierno tiene el derecho de calificar si los hechos de los que se le acusan son o no delito aquí”.

Venezuela se ha convertido en la mayor reserva de refugiados y huidos de ETA , en su mayoría veteranos. Algunos volvieron hace poco a las armas. Se teme que Cubillas pueda aprovechar la inactividad policial para seguir su estela y desaparecer como por arte de magia.

JOSÉ MARÍA IRUJO
EL PAÍS PARA EL NACIONAL