“Estamos ante un hecho punible”, dijo. La titular aseguró que muchas
constructoras recargaron “ajustes inflacionarios”.
“Hay una resolución ministerial que prohíbe
el cobro del IPC”, alegó la funcionaria
Aunque en Venezuela existe una Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la cual aplica en casos de estafa, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, respalda las expropiaciones como pena a las inmobiliarias que violaron la norma al cobrar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, que transmite el circuito Radio Nacional de Venezuela (RNV), la funcionaria indicó que desde el año 2009 fue asignado un grupo de fiscales que inició las investigacio-nes sobre los casos de estafa, usura y fraude.“El IPC no se puede cobrar, porque hay una resolución ministerial que lo prohíbe”, afirmó la fiscal.
Se trata de la prohibición publicada en gaceta oficial del 10 de noviem-bre de 2008, emanada por el Ministerio de la Vivienda y Hábitat.Ortega se refirió a obras habi-tacionales paralizadas, sobre las cuales luego se recargaron ajustes inflacionarios, como el pretendido cobro del IPC que se exigía a los compradores para protocolizar sus documentos de propiedad. “Estamos frente a un hecho punible”, advirtió.Sin embargo, la mencionada resolución advertía que si los productores de vivienda decidían no protocolizar la venta del inmueble deberían, dentro del término de 15 días contados a partir de la decisión, reintegrar al comprador el monto cancelado, más el ajuste por inflación e intereses de financiamiento causados desde la fecha correspondiente a cada uno de los aportes efectuados, hasta la fecha efectiva del reintegro.
La norma jamás abarcó las expropiaciones como pena.Mientras tanto, Tal Cual Digital recordó ayer el caso de Guayana Country Club, un complejo habitacional en Puerto Ordaz, estado Bolívar, cuya construcción está a cargo de la estatal CVG Ferrocasa y un consorcio privado, quienes exigieron a 300 familias el pago del IPC, tras siete años sin concluir el proyecto. “¿El gobierno se puede expropiar a sí mismo?”, cuestionó el medio en la web.
Por: Redacción/Política
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