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Laureano Márquez premiado en Washington por su periodismo crítico

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El venezolano Laureano Márquez, humorista y columnista del Diario opositor “Tal Cual”.

 

Recibió en la capital estadounidense
uno de los Premios de la CPJ

 

 El CPJ premió a varios periodistas que han llevado a cabo su trabajo en medio de las fuertes adversidades de los gobiernos de sus países. Un periodista de Etiopía, Rusia e Irán también recibieron un galardón.

Premio CPJ por su “periodismo crítico” en medio de la “represión” a la libertad de expresión en Venezuela

El periodista Márquez agradeció hoy el premio que considera “un reconocimiento a todos los comunicadores venezolanos que realizan su trabajo en medio de las más complejas adversidades para la libertad de expresión y la libertad de las ideas”. También alabó hoy el poder del humor, que describió como “uno de los recursos que tienen las sociedades históricamente para enfrentar la arbitrariedad y el autoritarismo”.

Otros de los periodistas que fueron premiados en una ceremonia en Washington fueron el etíope Dawit Kebede, quien fue encarcelado durante un episodio de violencia en las elecciones de Etiopía en el 2005.

Asímismo la rusa Nadira Isayeva, que ha sufrido de forma reiterada el acoso de los servicios de seguridad en la volátil región caucásica por su información sobre la violencia y los militantes islámicos en la zona.

El cuarto galardón recayó sobre Mohammad Davari, que permanece encarcelado en Irán por haber denunciado en su página web Saham News las violaciones, la tortura y el abuso en el ahora clausurado Centro de Detenciones Kahrizak.

Por su parte, Carlos Lauría, coordinador para el programa de las Américas del CPJ, dijo a Efe que “más allá de que diga que respeta la libertad de expresión el Gobierno venezolano ha tomado medidas en sentido contrario”.

“Aquellos que son críticos son fascistas, agentes del imperio”, apuntó Lauría, quien considera ese tipo de acusaciones “una muestra marcada de intolerancia”.






En el Olímpico: Policía Metropolitana arremetió contra aficionados (Video)

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En el Olímpico las fuerzas policiales reprimieron a un grupo de fanáticos
que se encontraban en las gradas.

Luego de finalizado el partido entre
Caracas y Deportivo Petare (2-2)

 

Caracas.- El encuentro entre Caracas y Deportivo Petare en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela dejó mucho más que el empate 2-2 que acerca a los rojos al líder del campeonato Real Esppor.

Después de finalizado el partido, la Policía Metropolitana arremetió contra los fanáticos que se encontraban en las gradas, generando un clima de caos en el recinto universitario.

Este caso se une al ocurrido el sábado en el Misael Delgado de Valencia, durante el juego entre Carabobo y Real Esppor (1-0).


EL UNIVERSAL | Torneo
Apertura domingo 21 de noviembre de 2010

Expediente: Se complica el jucio al Cacique Sabino

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El juicio por homicidio contra el cacique Sabino Romero y otros dos yukpas confronta
la pretendida vocación indigenista del Estado: ¿hasta dónde es verdad que se
reconocen sus costumbres?

El proceso al líder yukpa continúa su curso
en la justicia criolla, pero ha dado un viraje

 

El otro cacique imputado ahora quiere que siga el proceso en los tribunales ordinarios. El caso plantea un enorme reto para el Estado. ¿Quién juzga a quién…? No es poca cosa lo que pretende la defensa del cacique Sabino Romero en el juicio que se le sigue por los sucesos ocurridos el 13 de octubre en una comunidad yukpa de la Sierra de Perijá: que se aplique el Artículo 260 de la Constitución y se active eso que en el papel se conoce como la jurisdicción especial indígena. Cosa que, de momento, nunca se ha hecho en la práctica. O al menos no de manera oficial.

Lo que se busca, en concreto, es que sean las instancias de las comunidades yukpa las que resuelvan la situación generada tras un enfrentamiento entre caciques y grupos rivales que dejó saldo de dos muertos y cinco heridos.

Sabino, el también cacique Olegario Romero y Alexander Fernández fueron imputados por los delitos ocurridos ese día, lo que incluye los homicidios de la joven embarazada Mireña Romero y de Ever Castro.

Desde el primer momento, más allá de intentar demostrar la inocencia de los imputados, los abogados defensores centraron su estrategia en esa solicitud: que la justicia ordinaria del Estado venezolano decline su competencia para llevar adelante procesos relacionados con hechos sucedidos dentro de asentamientos indígenas.

Pero la estrategia ha chocado una y otra vez con una pared y los tres yukpas continúan detenidos en la cárcel nacional de Trujillo.

Ricardo Colmenares, representante legal de Sabino y de Fernández, sabe que la tarea es compleja y cuesta arriba: “Si se logra, éste sería un caso emblemático que crearía jurisprudencia en el continente”, señala: “Estamos forzando a que se cumpla lo que dice la Constitución, que Venezuela es un Estado pluricultural”.

Ser o no ser:

En su argumentación, Colmenares apunta que el Estado quedó definido como una “nación multiétnica” de acuerdo a la letra de los artículos 119 al 126 de la Constitución que consagran los derechos de los también llamados pueblos originarios. De hecho, el 119 reconoce cultura, usos, religiones y costumbres y la defensa interpreta que eso debe incluir sus concepciones de aplicación de justicia. Y esos derechos colectivos, recuerda, son de cumplimiento inmediato.

En el Artículo 260 de la Constitución estaría reconocido lo que el abogado identifica como la Jurisdicción Especial Indígena: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

El componente esencial de esta jurisdicción es el derecho consuetudinario o tradicional: el conjunto de normas aceptadas y aplicadas por la comunidad a lo largo del tiempo, que no necesariamente están escritas porque se transmiten de forma oral y son susceptibles de cambios y operan sin la presencia formal del Estado. Tienen, además, valor cultural y forman parte de la identidad de los colectivos indígenas.

Colmenares cita a expertos en la materia que refuerzan la idea de que dentro de los asuntos que forman parte de este derecho está la definición de los hechos que pueden ser considerados delitos o faltas; sus sanciones respectivas y el manejo y control de la forma de solucionar los conflictos internos.

Eso no es todo:

Machiques me cargan arrechera porque estoy rescatando tierra ancestrales”.

Colmenares esgrime el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por Venezuela y aprobado según Gaceta Oficial del 17 de octubre de 2001. El artículo 8 de ese acuerdo recomienda que al aplicarse la legislación nacional a los pueblos indígenas debe tomarse en consideración las prácticas de su derecho consuetudinario. El artículo 9.1 es más específico: “… deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas promulgada en diciembre de 2005 consolida la noción de la potestad que tienen estos pueblos para aplicar sus normas. El artículo 132 es fundamental en esta discusión: “La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras”.

La Lopci establece los lineamientos de esa jurisdicción y su posición frente a la justicia ordinaria. Señala que podrá decidir sobre cualquier tipo de situación o conflicto, salvo delitos contra la seguridad de la Nación, de corrupción, tráfico de armas y drogas, crimen organizado y crímenes de tipo internacional, como genocidio y lesa humanidad.

Y en el artículo 141 presenta un mandato claro: “Los jueces, al momento de dictar sentencia definitiva o cualquier medida preventiva, deberán considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas, y decidir conforme a los principios de justicia y equidad. En todo caso, éstos procurarán establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural”.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de septiembre de 2007, completa el marco: en sus artículos 34 y 35 reconoce los sistemas y la jurisdicción propia de los pueblos indígenas.

Esta batería normativa forma parte de la documentación que el abogado Colmenares ha presentado en las distintas instancias por las que ha transitado el expediente de sus defendidos. Y eso incluye una corte de apelaciones y el Tribunal Supremo de Justicia.

Colmenares ha hecho énfasis en que el caso cumple con los supuestos del Artículo 260: los imputados son indígenas, los hechos violentos ocurrieron entre ellos, sucedieron en territorios considerados indígenas y pertenecen a etnias que tienen instancias para la administración y aplicación de justicia. Pero de nada ha servido: el juicio continúa su lenta marcha en los tribunales de la justicia criolla.

No es fácil:

El 23 de octubre de 2009 el juzgado de primera instancia en lo penal del Municipio Rosario de Perijá (Zulia) dictó privativa de libertad para los tres yukpas y negó la pretensión de los defensores de que se declarara incompetente para llevar adelante el proceso. Pero sí aceptó los argumentos de los abogados sobre violaciones a procedimientos formales establecidos en la Lopci, como la presencia de un intérprete en las tomas de declaraciones a indígenas. El tribunal ordenó anular los testimonios recabados por la policía científica que sustentaban las acusaciones y ordenó realizarlas según los parámetros de la Lopci. Los defensores concluyeron que sin testimonios sus representados debían quedar en libertad. Pero eso no sucedió.

Así que ambos equipos de abogados y los fiscales acusadores apelaron. La Corte de apelaciones de Zulia declaró sin lugar los recursos y confirmó las decisiones tomadas por el tribunal de Perijá. El abogado Colmenares acudió a la Sala Constitucional del TSJ a presentar un recurso de amparo que fue rechazado sin resolver el problema medular: ¿se juzgan o no los hechos en un consejo indígena? Los magistrados, al parecer, escurrieron el bulto.

El juzgado de Perijá presentó el Artículo 43 de la Constitución para sostener su posición: “El derecho a la vida es inviolable”. Y razonó que ese derecho ampara “a todos los venezolanos, llámese indígenas o criollos, aunado al hecho de que está por encima de los códigos y las leyes, que rigen a este país”.

El criterio que se impuso en esta decisión es que se trata de delitos graves (homicidios) y “hasta los actuales momentos no están dadas las condiciones para que estructuralmente pueda ser constituido un Tribunal Especial en el que deban ventilarse estos tipos de delitos entre los indígenas”. Además, el juzgado señaló que por la “complejidad del asunto” y “la magnitud del daño causado” mal podría declinar su responsabilidad ante una jurisdicción especial “que aún no ha sido compatible con la jurisdicción ordinaria”. Y aceptó que en el caso de conflictos internos “de menor gravedad” en los que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 260, no habría mayor dificultad en dejarlos en manos de la comunidad indígena.

También advirtió que la zona donde ocurrió todo no es formalmente territorio indígena porque aún no se ha hecho la demarcación.

Colmenares planea acudir nuevamente al TSJ y más adelante, tocar a las puertas del sistema interamericano con este caso que también será presentado por una ONG británica ante el Foro permanente de asuntos indígenas de la ONU: “Por violación de los derechos colectivos”.

El panorama interno, sin embargo, luce aún más complicado que cuando inició esta pelea. Al comenzar el proceso la defensa del cacique Olegario Romero, rival de Sabino, coincidió en la solicitud de que el caso pasara a la justicia indígena. Eso cambió: “Revocó a sus defensores y negoció con conocidos abogados de los ganaderos de la zona”, asegura Colmenares: “Ahora pide que lo juzgue la justicia ordinaria”.

Los fiscales acusadores, continúa su denuncia Colmenares, presentaron al tribunal el acta de una asamblea promovida por organismos oficiales y agentes del Estado en el que apenas 15 caciques deciden que el caso de Sabino siga su curso en el juzgado criollo. “Eso no tiene validez, en la zona hay más de 100 caciques. Aquí, para hablar claro, lo que se quiere es desviar el asunto diciendo que el malo es Sabino porque es el líder que se opone a la demarcación oficial de tierras que los obliga a seguir conviviendo con los hacendados. Hay mucho interés en sacar a los yukpas de la parte alta de la Sierra”, dice el abogado. Y asoma un extraño porvenir: “Allí hay hasta uranio. Existen mapas de Corpozulia que demarcan la Sierra para su explotación. Y figuran empresas del Medio Oriente”.


OSCAR MEDINA | EL UNIVERSAL
ommedina@eluniversal.com
domingo 21 de noviembre de 2010

ALBERTO BARRERA TYSZKA: La multiplicación de los cochinos

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Si los funcionarios del Gobierno usaran el Metro, no habrían hecho el ridículo
acusando de saboteadores políticos a unos simples ciudadanos.

La multiplicación
de los cochinos

 

Al primero, lo vi en la farmacia. Estaba de pie, a un costado de la caja registradora.

Parecía ausente. Como si no lo afectara demasiado el movimiento que había en el lugar: dame dos jeringas, ¿tienen prednisona?, estoy buscando un gel para el salpullido.

Él permanecía ensimismado, mirando un anaquel lleno de preservativos. Parecía un cerdito nihilista. Era azul.

Después, empecé a verlos en todos lados y a cada rato. Sentí que, por fin, la gran invasión tantas veces anunciada, había llegado. La famosa invasión marrana, asimétrica y de cuarta generación, ya estaba aquí.

En plena mitad de noviembre.

Cochinos verdes, grises, rojos y rosados, también morados, hasta marrones y casi negros, algunos incluso con dos colores, como si fueran un raro injerto, otros con las narices desteñidas. Todos, eso sí, de gran tamaño. Enormes. Pero con la o estirada. Enooormes. Cuando detuve el carro frente a la caja de un estacionamiento, apareció de pronto uno frente a mí. Estaba amarrado con alambres, pero me miraba fijamente. Estaba tan cerca, sentí que podía besarme. Un beso puerco. Casi parece el nombre de una película española.

Comencé a imaginar la ciudad tomada por estos animales plásticos. Vi a un fiscal de tránsito, agitando las manos en una esquina, con un silbato en la boca y un cochino amarrado, a la manera de un koala, en la cintura. Vi también a un árbitro en el estadio dejando cuidadosamente un cerdo colorado junto a la almohadilla de la tercera base. Justo después de una rueda de prensa, imaginé a un ministro sacándose del bolsillo un puerquito verde y pasándoselo por delante a todos los periodistas presentes.

Vi a miles de ciudadanos usando cachuchas con la forma de un marranito echado; todos deambulaban por las calles, saludándose siempre con breves y sugestivas inclinaciones de cabeza. Soñé la fatalidad de un secuestro express en el que todos los delincuentes estaban armados con jamones de cañón corto y con chuletas 9 milímetros.

Si yo fuera Jorge Giordani, me preocuparía. Por supuesto que yo no soy un experto económico. Tengo la aritmética del sentido común. Creo que no sólo hay que evaluar las cifras de la macroeconomía sino que también, a veces, resulta saludable mirar la calle y ponderar otros síntomas. Por ejemplo: si los funcionarios del Gobierno usaran el Metro de Caracas, aunque fuera una tarde al mes, no habrían hecho el ridículo acusando de saboteadores políticos a unos simples ciudadanos hartos de las fallas del servicio.

Lo mismo pasa con la economía. No está de más que Giordani y que Merentes, que suelen ser unos optimistas a toda prueba, que siempre nos dicen que todo está bien, se dieran una vueltecita, caminaran un rato, vieran con sus propios ojos nuestro festival de alcancías. Este año, los cochinos llegaron antes que las gaitas. Este año, los cochinos llegaron antes que el amigo secreto. Eso también debería ser un indicador económico.

¿No podríamos hacer de los cerdos un valor estadístico? ¿Cuántos cerditos caben entre las promesas del Gobierno y las necesidades del pueblo? El discurso oficial lleva demasiados años prometiéndonos el paraíso. Repiten que seremos una potencia. Dicen que aquí hay petróleo y gas como zancudos. Tenemos tanto dinero que podemos ser solidarios con nuestros hermanos del continente. Aquí todo el mundo va a tener trabajo, vivienda, seguridad…El socialismo es ganarse la lotería con el número de la cédula de identidad.

Pero, al mismo tiempo, el discurso oficial no hace más que satanizar cualquier riqueza, toda la riqueza. Vivimos en un proceso de constante generalización del mal.

No hay unos constructores que han especulado y delinquido y que, por tanto, deben ser juzgados por la ley. No. Se trata de todos los constructores, de toda la industria de la construcción, de todo el sistema. El Gobierno cree que la destrucción es un acto de justicia.

Somos un país rico que piensa que toda riqueza es ilegítima. Nuestra identidad también necesita un diván.

Debemos desear y despreciar lo que tenemos, lo que somos. Nos gobierna una élite que pretende convertirse en Estado, que sataniza el dinero pero que habla y dispone del dinero de todos como si solo fuera suyo. Este podría ser la utopía de algún salvaje neoliberal: un poder sin controles.

Merentes dice que “Venezuela ya entró en la senda de recuperación del crecimiento”. Giordani asegura que “hay una clara tendencia de reversión de la caída de la economía”. Pero, en la calle, el paraíso se ve cada vez más lejos. Hay reclamos, protestas, paros. Estamos invadidos. En la calle sólo vemos la multiplicación de los cochinos.


ALBERTO BARRERA TYSZKA
abarrera60@elnacional.com
Política | Opinión
EL NACIONAL

Día del Estudiante: “Es incongruente una revolución sin el apoyo de los jóvenes”

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Estudiantes de 18 universidades marcharon en Caracas el 14 de octubre para protestar
por las políticas gubernamentales que buscan cercar las universidades

Diego Scharifker: gobierno se empeña en cerrar
puertas y ver a los estudiantes como enemigos

 

El Día del Estudiante tiene su origen en la huelga en la que participaron los jóvenes el 21 de noviembre de 1957 para denunciar un régimen autoritario que acosaba a la prensa, no permitía debates en el Congreso ni la integración de comisiones defensoras de los derechos humanos. Fue la protesta que desencadenó los sucesos del 23 de enero de 1958 y dio comienzo a la democracia.

Los estudiantes levantan la voz otra vez, por razones semejantes a las de hace 53 años y en defensa de las libertades, lo que demuestra que más de una década de un gobierno que se autodenomina revolucionario no los ha convencido de sus alegadas bondades.

Diego Scharifker, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, afirma que los jóvenes no se sienten reflejados en un proyecto de país que no trabaja por un futuro mejor, sino que se empeña en cerrar puertas y ver a los estudiantes como enemigos.

Eso explica que la mayoría de los centros estudiantiles de las principales universidades del país estén en manos de jóvenes críticos de las políticas oficiales.

El más reciente ejemplo de ese cuestionamiento son los resultados de las elecciones estudiantiles en la UCV el 12 de este mes: la presidencia de la Federación de Centros Universitarios y 8 de las 9 secretarías en disputa quedaron en manos de sectores críticos del Gobierno, que recibieron más de 11.000 votos en 2 planchas, mientras que los grupos que se autodenominan revolucionarios ­que participaron en los comicios divididos en 5 planchas­ recibieron alrededor de 3.900 sufragios. Una correlación de fuerzas de aproximadamente 67% y 32%.

De acuerdo con José Francisco Valery, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCAB, de las federaciones más representativas del país, en términos de población estudiantil (Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, Universidad de Los Andes y Universidad de Oriente), sólo una ­la UDO­ cuenta con una representación estudiantil que comparte las ideas del Gobierno.

José Vicente Carrasquero sostiene que la política de rechazo que aplica el Gobierno contra quienes piensan distinto es lo que aleja a los jóvenes.

“En Venezuela se da el extraño caso de una revolución excluyente que busca dividir, lo cual hace que los jóvenes busquen otros espacios”, señala el politólogo.

Añade que “el sueño de la utopía, característico de la juventud, es lo único que explica que algunos jóvenes pasen inadvertido el desastre de estos 11 años de administración chavista y el fracaso del socialismo soviético y cubano”.

El politólogo John Magdaleno califica de incongruente que exista una revolución que no cuente con el apoyo de los jóvenes. Considera que lo que atenta contra el Gobierno es su escaso interés en mejorar las condiciones del estudiantado.

“La mengua financiera para las universidades, la desmejora en becas, el bajo presupuesto para investigación y la precaria remuneración de los profesores demuestran el escaso valor que el Gobierno le otorga a los jóvenes”, expresa.

El historiador Antonio García Ponce afirma que la débil popularidad del socialismo del siglo XXI entre la juventud se debe a que “sus proposiciones son retrógradas porque luchan por una concepción histórica liquidada en 1989 y 1991, con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética”.

Recordó que la teoría marxista-leninista ya ejecutó su misión histórica y fue incapaz de cumplir las expectativas que generó.

“Los jóvenes ahora buscan una visión que ofrezca nuevas perspectivas para los países, especialmente aquellos que se encuentran en desarrollo, como es el caso de Venezuela. Quieren el desarrollo de las fuerzas productivas y la liquidación de la pobreza, y están claros en que esto sólo es posible bajo una democracia que respete los derechos humanos”, manifestó.

Analistas y líderes estudiantiles advierten que la juventud no se siente reflejada en un proyecto de país que no trabaja por un futuro mejor


Por: ALEX VÁSQUEZ S.
Educación | Política
EL NACIONAL

CASTO OCANDO: debe asegurarse de que Makled no será torturado en Caracas

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Roger Noriega, ex funcionario del Departamento de Estado, advierte que
Colombia “debe asegurarse de que Makled no será torturado
si es entregado a Caracas”

 

Estados Unidos presiona por las pruebas del supuesto narco
Sentencia de 30 años podrían aplicar a Makled en Venezuela

 

En el congreso de Estados Unidos han expresado preocupación acerca del manejo del caso Makled por el gobierno de Obama. El anuncio del Gobierno de Colombia de que el empresario acusado de narcotraficante Walid Makled será extraditado a Venezuela en lugar de Estados Unidos, incrementó las presiones en círculos oficiales norteamericanos, debido a las pruebas que podría aportar para destapar los vínculos del gobierno chavista con el narcotráfico, de acuerdo con expertos y funcionarios consultados.

El Departamento de Estado dejó en claro el “interés de juzgar a Makled en Estados Unidos”, aunque expresó respeto por la decisión de Colombia.

La fiscalía venezolana afirma que Makled era investigado desde 2006 por la presunta comisión de tres delitos: legitimación de capitales, tráfico ilícito de drogas y asociación para delinquir. Las acusaciones se ampliaron para incluir dos acusaciones de homicidios: el del periodista Orel Zambrano, un frecuente crítico del supuesto narco; y la del veterinario Francisco Larrazábal, propietario de la hacienda vecina a la de Makled, donde fueron incautadas 400 panelas de cocaína en noviembre 2008. Por esos delitos, Makled podría enfrentar hasta 30 años de prisión, la pena máxima establecida por el Código Penal venezolano.

En Estados Unidos es acusado de “conspirar para importar narcóticos”. Específicamente se le señala de intentar introducir varios cargamentos de cocaína, entre ellos uno de 5,6 toneladas de la droga, que fueron incautadas en México en 2006. Estos delitos podrían acarrearle pena de cadena perpetua. Sin embargo, Makled podría salir literalmente a la calle bajo el programa de protección de testigos si aporta suficiente evidencia en un tribunal federal para enjuiciar “a personas del más alto rango dentro o fuera del Gobierno de Venezuela, que participaban en la red de narcotráfico dirigida por Makled”, indicó un experto legal familiarizado con el juicio en Nueva York.

Existe un creciente interés en Estados Unidos por las pruebas que Makled asegura tener sobre sus vínculos con altos militares y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. Estados Unidos “está pidiendo la extradición de Makled, con la esperanza de llegar a un acuerdo para obtener la documentación que necesita para destapar la red de cocaína dentro del Gobierno venezolano”, dijo Douglas Farah, experto del Centro Internacional de Evaluación y Estrategia, con sede en Washington.

Roger Noriega, ex alto funcionario del Departamento de Estado en el gobierno de George W. Bush, aseguró que las agencias y la Fiscalía Federal “tienen en la mira las redes criminales en Venezuela”, y “Makled está preparado para implicar a ministros y militares”.

Noriega advirtió a Colombia que “está obligada a asegurarse de forma determinante que Makled no será torturado si es entregado a Venezuela, como signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”.

Las presiones en Estados Unidos para que Colombia envíe a Makled a Nueva York podrían incrementarse notablemente en las próximas semanas, sobre todo a partir de enero, cuando el Congreso esté bajo control republicano.

El representante republicano por Florida Connie Mack envió a mediados de esta semana una misiva a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y al fiscal general, Erick Holder, en la que pide explicaciones por la tardanza de Washington en formalizar la petición de extradición.

Mack expresó “extrema preocupación” y “descontento” por el manejo del caso Makled por el gobierno de Obama.

Es un caso “que podría haber expuesto a la luz mucho del mal comportamiento de Hugo Chávez y su gobierno”, y ahora que será extraditado a Venezuela “perderemos información vital”.

Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, criticó al Gobierno de Colombia por una decisión que “no transmite confianza sobre el compromiso en la lucha contra las drogas”.

“El gobierno de Obama debe, con firmeza y resolución, demandar que Makled sea enviado a Estados Unidos”, dijo Joel Hirst, experto del influyente Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de pensamiento con sede en Nueva York. “Una nueva Cámara con mayoría republicana puede recordarle a Santos que la aprobación del Tratado de Libre Comercio puede estar cerca, pero sólo si evita que las políticas regionales interfieran con su compromiso de acabar con el tráfico de drogas”.


CASTO OCANDO | EL NACIONAL
Judicial | Política

El Editorial: Ventana al fracaso, Central Pío Tamayo

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Central Pío Tamayo:
Ventana al fracaso

 

Pío Tamayo, poeta y teórico, hombre de la Generación del 28, perseguido por la dictadura de Juan Vicente Gómez, fue uno de los precursores venezolanos del socialismo. Es una gran ironía del régimen militar que su nombre esté ahora vinculado a un gran fracaso de las ideas que postuló. La incapacidad, el oportunismo y la mala fe de quienes controlan la revolución bolivariana, convirtieron el central azucarero Pío Tamayo en una burla y en un despojo a los trabajadores, a los obreros del central y a los productores de caña del estado Lara.

Esta es una historia que debe ser conocida porque se trata de una bochornosa experiencia que se repite a lo largo y ancho del país. Lo que en el central ha venido sucediendo desde 1999 no puede ser calificado sino de desastre: una década de confusión que está desembocando en la ruina de los trabajadores y, como decimos, también de los productores. En definitiva, del fracaso de un país que se autoabastecía y que ahora está condenado a la importación de más de 750.000 toneladas de azúcar, quemando nuestras divisas, creando empleos en otros países y estimulando la producción ajena.

El central Pío Tamayo es el testimonio de un engaño. El Gobierno les propuso a los trabajadores y los productores que asumieran el control de la empresa. Que capitalizaran sus prestaciones y los pagos pendientes, con lo cual tendrían 51% de las acciones. Esto suponía que tomarían las decisiones, pero nunca fue así. Los comisarios del régimen los desplazaron desde el primer momento.

Como en cualquier empresa del capitalismo salvaje, el Estado, vale decir el Gobierno, les rebajó la participación accionaria. Si con la mayoría no contaron para nada, ya esta maniobra dejó a trabajadores y productores en la calle. Este fue el desenlace de la promesa de que en siete años serían los propietarios del central. El Estado capitalista, además, los dejó sin una autoridad ante quien apelar, porque esta es otra de las características del régimen autoritario.

Estas prácticas de improvisación oficialista se reflejaron sobre la marcha en la caída de la producción azucarera en Lara, un estado azucarero por excelencia. Como en el fantasmagórico central Ezequiel Zamora de Barinas, otro fiasco de la revolución, la mano de los cubanos ha estado presente.

Presumen de ser los grandes expertos, y lo fueron, en efecto, en otras épocas, pero el comunismo acabó también con la producción de azúcar en el país que estuvo entre los más grandes exportadores del mundo. Al central Pío Tamayo lo dotaron, por si fuera poco, con maquinaria traída de Cuba, que resultó obsoleta.

El caso del central larense ilustra la tragedia de innumerables trabajadores, como la malversación de recursos en manos de comisarios políticos inexpertos, pero inapelables, que elevaron el número de obreros a 600. Por consiguiente, allí no hay sino pérdidas. Un espejo, en fin.


Por: Redacción
Política | Opinión
EL NACIONAL

EE.UU. dispondrá de Makled mientras es extraditado a Venezuela

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El embajador colombiano en EE.UU., Gabriel Silva, aseguró que el narcotraficante
Walid Makled estará a disposición de las autoridades estadounidenses mientras
es extraditado a Venezuela.

Makled, alias “El Turco”, permanece recluido
en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita

 

El diplomático indicó en una entrevista que hoy publica el diario El Tiempo que por razones “de trámite y de compromiso” Santos decidió privilegiar el envío de Makled a Venezuela y no a Estados Unidos.

Tal como se comprometió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. “La cooperación judicial y de inteligencia con EE.UU. lleva muchas décadas. Colombia es el país que más nacionales y extranjeros ha extraditado a Estados Unidos. Todas las personas, incluido este personaje, están a disposición de EE.UU.”, dijo.

Silva agregó que a Estados Unidos se le hizo la oferta de que mientras se extradita a Venezuela, “se le pondrá a disposición de las autoridades” de ese país.

Desde la cárcel colombiana donde se encuentra recluido, Makled declaró recientemente a medios venezolanos y colombianos que tiene pruebas de sobornos y otros actos de corrupción que implican a altos oficiales de la Fuerza Armada Venezolana y funcionarios relevantes del Gobierno de Hugo Chávez.

El mandatario venezolano reiteró hoy su confianza en que Santos cumplirá su palabra y el presunto narcotraficante Makled será extraditado a Venezuela.

“Creo en la palabra del presidente Santos”, dice el gobernante venezolano en el texto que publica todos los domingos bajo el título “Las Líneas de Chávez”.

Chávez advierte en sus “líneas” que la decisión de Santos se sobrepuso al deseo de EE.UU. de que Makled les fuese entregado para “para que vomite toda clase de acusaciones contra la Revolución Bolivariana, contra su liderazgo político y militar, y así incluir a Venezuela en la lista negra de países que apoyan al narcotráfico”.

Por su parte, Santos aseguró que cumplirá la promesa dada a Chávez de extraditar a Venezuela y no a Estados Unidos a Makled.

En la entrevista que también publica hoy El Tiempo, el mandatario colombiano indicó que Estados Unidos le informó oficialmente que entiende “perfectamente” las razones de su decisión de enviarlo a Venezuela y no a EE.UU.

“He dicho que cuando dos países solicitan al mismo delincuente en extradición, se debe atender la primera solicitud que llegó. Y en este caso, fue la de Venezuela”, indicó.

“Además le di mí palabra al presidente Chávez de extraditarlo a Venezuela y la voy a cumplir”, subrayó.

Walid Makled, venezolano de origen sirio, fue detenido, con apoyo de la DEA (Departamento Antidrogas de EE.UU.), el 19 de agosto pasado en un retén de carretera cerca de la población de Patios, en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Según las acusaciones, Makled utilizó la compañía venezolana Aeropostal y almacenes de carga en Puerto Cabello, en ambos casos bajo control de él y de su familia, para operaciones financieras de lavado de activos y otras relacionadas con el encubrimiento de dinero procedente del narcotráfico.

Además, Walid Makled está acusado en Venezuela de ser el autor intelectual de los asesinatos del abogado y periodista Orel Sambrano y del médico veterinario Francisco Larrazábal en enero de 2009.

Makled, alias “El Turco”, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento colombiano de Boyacá.


EFE – web@laverdad.com
Bogotá – 21/11/2010




Capturado violador en serie buscado en Maracaibo

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El CICPC, informó de la captura del ciudadano requerido por las autoridades
por nueve casos de violación en el municipio Maracaibo.

 

Se conoció que el hombre formó parte
de una agrupación gaitera de la región

 

Como “El Pedófilo de Maracaibo” fue bautizado el sujeto que violó al menos a 12 niñas indefensas quienes abordaron su destartalado Araya vinotinto sin saber lo que les esperaba. Fuentes de la Policía Regional develaron que el nombre del individuo es José Luis Montilla Pérez de 36 años de edad, es casado con tres hijas, padece de sífilis y antiguamente interpretaba el órgano y hacía coros en las agrupaciones Iluminación Gaitera y Látigo Gaitero.

El supervisor de delegación del CICPC-Zulia, Comisario Pastor Contreras ofreció una rueda de prensa en la que presentaron al degenerado con una capucha negra que le cubría toda su cara, refiriéndose a él como “El Pedófilo de Maracaibo”. No obstante, Contreras prefirió no adelantar muchos detalles entorno a su nombre, ocupación u otras características pues al ser sus víctimas menores de edad; deben actuar con mayor cautela.

Fuentes ligadas a la investigación captaron una foto del violador justo antes de que este fuera trasladado del recinto.

Comparación del retrato hablado con el rostro del imputado

En horas de la mañana circularon rumores sobre la pertenencia de éste individuo al grupo Gaiteros del Pillopo, sin embargo, eso sólo se debió a una confusión entre comisarios de distintos cuerpos de seguridad. Posteriormente el vocero encargado para dar información sobre el caso, Pastor Contreras, desmintió esa versión; esclareciendo que el sujeto no guarda ningún tipo de relación con el reconocido conjunto.

A Montilla le fue incautado un auto modelo Renault color blanco que adquirió recientemente; pues al sospechar que el CICPC estaba tras su pista, decidió cambiar el Araya vinotinto en el que cometía sus fechorías; haciendo un ”trueque” con un oficial de la Policía de Ciudad Ojeda.

De forma extraoficial se supo que el sujeto, además de violar a 12 niñas de entre 9 y 12 años de edad, también frecuentaba abusar de su esposa, aun no se descarta que también violara a alguna de sus tres hijas. Aunado a esto, el depravado sexual sufre de sífilis.

El hombre vive en la tercera etapa de la victoria, y fue allí donde finalmente después de largos meses de investigación se logró la captura. Al menos 20 hombres y mujeres del CICPC y de otros organismos trabajaron día y noche exclusivamente en este caso por varios meses.

“El Pedófilo de Maracaibo” fue puesto a la orden la Fiscalía segunda de los derechos del niño y del adolescente. En horas del mediodía fue trasladado hasta el centro de arrestos preventivos del El Marite, al oeste de la ciudad.


Por: José Alejandro Urdaneta 



Misión: “Madres del Barrio” sólo crece en presupuesto

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Nancy Pérez Sierra, ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, reconoció que cuatro años
después de creada la Misión Madres del Barrio hay fallas en el acompañamiento de las beneficiarias.

“Llegó el momento de revisar la misión”
se desvirtuó objetivo del programa

 

El barrio Nazareno de Casalta II, en Catia, es un bastión de la Misión Madres del Barrio: hay más de 60 amas de casa inscritas en el programa y en toda la parroquia Sucre hay 4.010, la mitad de las beneficiarias en toda Caracas. Ese fue el lugar seleccionado para que la ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Nancy Pérez Sierra, hiciera un balance del proceso de censo y evaluación del programa social que se lleva a cabo esta semana.

Decenas de mujeres, unas con los hijos al cincho, esperan alrededor de El Bolivariano 2010, la empresa socioproductiva de Marisol Méndez, una beneficiada de la misión que logró abrir un negocio de productos de limpieza hechos por ella y otras madres. “Soy madre soltera y lo que hizo Marisol me da ánimos para meter mi proyecto”, dice Famaris Jiménez.

Las mujeres esperaban a Pérez Sierra con papelitos de peticiones y, también, con denuncias precisas. Dos veces fue interrumpida por lugareñas y sus desazones: Edulfa Arroyo, líder comunitaria, dijo en voz suficientemente alta ­para que todos la escucharan y luego aplaudieran­ que el Centro de Diagnóstico Integral de la zona tenía cinco años paralizado porque “la cooperativa se llevó los reales”. Señaló que al presidente Chávez le llevaron una foto tomada en un CDI ya construido en El Valle y le hicieron creer que era el inconcluso de El Nazareno.

La ministra la escuchó con atención y desenfundó un teléfono, con el cual hizo una llamada para tratar de solucionar el asunto. Colgó y siguió su camino.

“El Presidente pidió evaluar el proceso revolucionario para rectificar el rumbo en caso de que sea necesario. Estamos aplicando las tres R a la Misión Madres del Barrio para mejorar el impacto social. Ya tiene 4 años y llegó el momento de revisarla en beneficio de las madres que reciben asignación, pero que necesitan más impulso”, indicó la ministra.

Pérez Sierra reconoció que lo más difícil ha sido lograr que las mujeres den el salto largo de recibir la pensión a convertirse en empresarias sociales.

“Estas visitas nos permiten conocer las fallas. Una madre del barrio nos dijo que ya tienen una empresa socioproductiva, pero necesita un impulso. La idea es que el Estado las saque de esa situación de pobreza, pero ellas tienen que tener una actividad en las que se liberen de la dependencia económica del Estado, tener actividades productivas para ellas y para su comunidad. Esta es una misión hermosa, que sólo es posible en socialismo”.

Muchas de las amas de casa ya sobrepasaron, hace rato, el plazo para recibir el pago mensual (máximo un año) y se convirtieron en becadas. “Una vez que tienen una asignación no se les puede quitar, sólo cuando estén liberadas, con un ingreso propio”, dijo Pérez Sierra.

El censo servirá para depurar la misión y trazar caminos a futuro. El destino final será Miraflores. “Los resultados se le elevarán al Presidente de la República y es él, dentro del plan estratégico de la nación bolivariana, el que determinará por dónde va el rumbo, en qué línea de trabajo se debe ubicar a una u otra madre, qué actividad socioproductiva se va a realizar.

Hay unas ideas que vienen de él y hay proyectos que vamos recogiendo del pueblo”.

Norma Romero Marín: Viceministra del Poder Popular para la Igualdad y Equidad de Género, Afrodescendencia y Etnicidad.

Recordó la funcionaria que entre 2007 y 2010 se han realizado 2.260 proyectos a un costo de 64 millones de bolívares en total. “Este año esperamos financiar un total de 1.198. Vamos a terminar con un presupuesto de 1,5 millardos de bolívares”, informó. Esto quiere decir que de un presupuesto inicial de 713,15 millones de bolívares otorgado por el Ministerio del Despacho de la Presidencia, el monto casi se duplicó gracias a los créditos adicionales.

El cielo se había encapotado y la ministra hablaba sobre el valor que le da a las mujeres el gobierno de Hugo Chávez. “Esta revolución tiene rostro de mujer”, afirmó. Una habitante del lugar aprovechó el simbolismo del discurso para dar la cara por ella y sus vecinas. “Si hablamos de derechos de la mujer, nosotros estamos siendo atropelladas por la policía de Caracas y el Cicpc. Queremos una orientación porque tenemos madres intimidadas y amedrentadas”. Pérez Sierra le explicó que la represión no era una política de este gobierno y le ofreció hacer otra llamada ­como la del CDI­ para informar sobre su caso. Las nubes anunciaban tempestades.


Siete Días | Ciudad
EL NACIONAL
Domingo 21 de Noviembre de 2010

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