148 presos murieron en las prisiones en
100 días de gestión de Iris Varela

■ Problema penitenciario requiere gerencia, experiencia, voluntad y recursos.

■ Piden incrementar monto de dinero para alimentación de los reclusos.

■ El OVP objeta el proyecto de Código Penitenciario por contener muchas fallas, explicó Humberto Prado.

■ El Observatorio Venezolano de Prisiones afirma que en lo que va de año se han registrado más muertes de reclusos que en 2010.

■ La falta de una efectiva política penitenciaria ha contribuido a que nuestras cárceles sean las más violentas de América Latina, afirmó hoy Humberto Prado, director de la asociación civil Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

■ Humberto Prado, director del OVP, solicita descentralizar los centros de reclusión y aumentar el personal penitenciario, de seguridad y técnico. También subir a 50 bolívares diarios por preso el presupuesto para la alimentación, actualmente de 9 bolívares.

■ Otro motín: En el internado judicial Rodeo III se reportaron 15 heridos como consecuencia de un enfrentamiento de reclusos con la Guardia Nacional y el Servicio Penitenciario cuando se realizaba una requisa.

De enero a octubre de 2011 se han registrado 489 muertes violentas de reclusos en las cárceles y retenes policiales del país, según lo refleja el balance realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones. En todo 2010 hubo 476 víctimas.

La cifra incluye 32 fallecidos y 112 heridos en los retenes policiales. El Marite tiene 6 muertos y 3 heridos; y Cabimas, ambos en el Zulia, 13 fallecidos y 53 lesionados. En el Departamento de Aprehendidos del Cicpc, en Caracas, 3 muertos; Guaiparo, en Bolívar, 2 fallecidos, y en Politáchira, 8 muertos.

La estadística indica que en los 100 días de gestión de la ministra Iris Varela, desde el 26 de julio al 3 de noviembre, se han registrado 148 muertos y 225 heridos en los penales del país. De enero a julio ha habido 59 fugas de presos, 8 de destacamentos de trabajo; 6 de tribunales; 19 de hospitales, y 26 de cárceles. En las requisas incautaron 302 chuzos, 53 chopos, 9 revólveres, 11 pistolas y escopetas, 2 subametralladoras y 2 granadas. Se han registrado 11 huelgas de hambre, 4 huelgas de sangre, 6 retenciones de familiares y una retención voluntaria.

Entre las recomendaciones que OVP hace al Ministerio de Servicio Penitenciario para mejorar las condiciones de las cárceles, se encuentran descentralizar esos establecimientos como lo establece el artículo 272 de la Constitución, así como aumentar el personal penitenciario, de seguridad y técnico-administrativo.

Mención aparte merece lo relacionado con el presupuesto destinado a la alimentación de la población penal que actualmente es de 9 bolívares diarios para cada recluso. El año pasado era de 11 bolívares. Prado sugiere que la suma sea aumentada a 50 bolívares. En prisiones de Europa la cantidad es de 59 euros diarios y en Colombia es de 20 dólares.

El OVP recomienda un plan de construcción a 5 años de 14 cárceles, por lo menos. También sugiere incorporar algún proyecto con respecto al tratamiento de los familiares de los reos, así como aumentar los sueldos de los directores y personal de las cárceles; sincerar la cifra de presidiarios para 2011 e incorporar recursos para un programa integral y permanente de formación para el trabajo, salud física y mental de los reclusos.

Retroceso:

En torno al proyecto de Código Penitenciario Prado dijo que tiene ausencia de mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos humanos de los presos. Igualmente menoscaba la figura del juez de ejecución.

“Propone una nueva organización administrativa compleja y centralista, a pesar de preverse la desconcentración de los servicios. Por lo tanto, es inconstitucional visto que el artículo 272 de la Constitución ordena descentralizar los servicios penitenciarios”, agregó.

Indicó que ese proyecto presenta un retroceso en algunos derechos que tienen actualmente los reclusos, como por ejemplo “las normas sobre el trabajo penitenciario, en franca contradicción con el principio constitucional de la progresividad de los derechos”.

Señaló que contempla un pésimo procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas para los presos, así como una confusa e incompleta normativa para su clasificación lo que podría generar más caos. “El proyecto no prevé la vacatio legis del Código, algo que es gravísimo”, dijo. Sugirió que se tomen en cuenta las recomendaciones que hagan al texto.

Para el director general del OVP el problema carcelario no se arregla con buena disposición ni pareciéndose a la hermana Teresa de Calcuta. “Se necesita gerencia, experticia, disposición y recursos, cuestión que no han tenido ninguno de los 11 ministros y 17 directores de Prisiones que han pasado por esos cargos”.

15 heridos en Rodeo III:

Por lo menos 15 reos del Internado Judicial Rodeo III resultaron lesionados durante un enfrentamiento con funcionarios de la Guardia Nacional y del Ministerio para Servicio Penitenciario.

Las hostilidades comenzaron ayer a las 6:00 am, cuando los 740 detenidos fueron sometidos a una inesperada requisa inmediatamente después del pase de número.

Los reclusos lanzaron objetos y piedras a los integrantes del Equipo de Respuesta Inmediata, también conocido como Carro Negro, reactivado desde la semana pasada por la ministra Iris Varela. Acto seguido, un pelotón de la Guardia Nacional respondió con bombas lacrimógenas y disparos con cartuchos de perdigones. l recibir el alerta, 30 familiares de los presos se acercaron al penal para exigir información sobre lo que ocurría y un piquete de 20 guardias nacionales les impidió el paso a 300 metros de la puerta. Las detonaciones se escucharon en los alrededores de la instalación hasta las 10:30 am. En ese momento, los guardias pudieron tomar el control del pabellón 4 cuyos ocupantes fueron los últimos en ofrecer resistencia.

Extraoficialmente se informó que los militares no sólo buscaban armas de fuego sino también teléfonos, en atención a una orden impartida por Varela la semana pasada.

“No preguntaron nada ni negociaron con los voceros de los presos. Entraron disparando hasta que llegó el Carro Negro”, afirmó Ana María Jiménez, familiar de un detenido. Al cesar el intercambio de lacrimógenas y pedradas entró una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Miranda en el retén; poco después salió del lugar y, según el jefe de la comisión, no fue necesario el traslado de ningún recluso.

Se indicó que todos los lesionados fueron atendidos en forma ambulatoria por los médicos de la cárcel.

Promesas incumplidas:

Los familiares de los presidiarios se quejaron por el incumplimiento de los compromisos asumidos en septiembre por representantes del Ministerio para el Servicio Penitenciario, durante las negociaciones que determinaron el fin de una huelga de hambre.

El acta firmada en aquella oportunidad señalaba que el Gobierno se comprometía a colocar teléfonos públicos en la cárcel, así como a reparar el sistema de aguas servidas, e instalar aparatos de DVD y televisores para la recreación de los presos. Nada de esto se ha concretado. También se indicaba que la cárcel tendría un servicio médico permanente, pero según Natalie Fernández este aspecto tampoco se ha cumplido. Su esposo, recluido en el pabellón 2, padece de hipertensión y no ha recibido atención. Las autoridades se niegan a llevarlo a un hospital para evaluar su salud.

Los familiares se mantuvieron en los alrededores del Internado Judicial hasta el final del día. María Grisel Zorrilla, representante de los familiares, dijo que se temen algunos traslados a otras cárceles.

Las más violentas de América Latina:

La falta de una efectiva política penitenciaria ha contribuido a que nuestras cárceles sean las más violentas de América Latina, afirmó hoy Humberto Prado, director de la asociación civil Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“La violencia y los homicidios se han radicado en los recintos penitenciarios venezolanos, y pese a la creación de un Ministerio para los Servicios Penitenciarios, la situación sigue de mal en peor”, precisó a Notimex el activista en derechos humanos.

Explicó que en materia de homicidios el año pasado fue “el segundo más alto de la década”, con un saldo de 476 internos muertos, y que este año los decesos se incrementaron en más de un 22.00 por ciento, por lo que la cifra podría verse duplicada para finales de año.

Prado afirmó que este ministerio “no es más que otro ente burocrático” y que la ministra Iris Valera solo ha dado muestras de desconocer la realidad penitenciaria, al extremo de llegar a culpar a gobernadores y alcaldes de su incompetencia.

“En las cárceles del país se han agudizado los motines, las riñas y los secuestros a custodios y familiares, como el ocurrido hace poco en el penal Tocuyito (en el centro del país), donde los presos mantuvieron cautivos a varias decenas de personas.

Señaló que mientras los tribunales retrasen los procesos judiciales y las autoridades ignoren las solicitudes de los presos para que se les traslade a sus lugares de origen, la situación de conflictividad continuará con su secuela de muertos y heridos.

Explicó el jurista que en materia alojamiento las cárceles venezolanas tienen una capacidad para 14 mil internos y existen más de 50 mil.

“Eso significa que existe más de un 366.00 por ciento de hacinamiento, por lo que pienso que el gobierno en lugar de malgastar tanto dinero en burocracia debería emplearlo en dar mejores condiciones a la población reclusa”, argumentó.

El analista indicó que hace poco viajó a España y compartió experiencias con una serie de organizaciones civiles en cuanto a cómo debería ser la cárcel del tercer milenio y los procedimientos judiciales en Latinoamérica.

Al comparar el sistema penitenciario español con el venezolano, enfatizó que España tiene casi 78 mil presos de los cuales 9 mil 500 están con procedimientos judiciales, es decir en prisión preventiva y el resto está sentenciado.

“Mientras tanto, en Venezuela existen más de 50 mil internos y el 80.00 por ciento no tiene sentencia, o no tiene decisiones con medidas cautelares o privativas”, aseguró Prado.

Por: SANDRA GUERRERO
sguerrero@el-nacional.com
PENALES | JUDICIAL
EL NACIONAL