“El contralor Clodosbaldo Russián
falleció en junio de este año…”

Desde entonces el organismo que dirigía se encuentra acéfalo, en manos de una encargada interina. La Asamblea Nacional, que debía adelantar el proceso para la designación de un nuevo contralor, no ha dado ninguna señal de que este tema se encuentre en su agenda.

El inefable Poder Moral, que dada la inexistencia de un contralor está integrado ahora solamente por los otros dos miembros, la fiscal y la defensora del pueblo, tampoco ha dicho ni pío sobre el tema ni se ha dirigido a la Asamblea para que ésta cumpla con su deber de suplir la ausencia de Russián. El Presidente, que se mete en todo, jamás se ha referido al tema de la acefalía de la Contraloría.

¿Por qué tamaña displicencia? Por la sencilla razón de que el contralor, tal como el fiscal y el defensor del pueblo, deben ser elegidos por lo menos por dos tercios del Parlamento, y el problema para el oficialismo es que ya no cuenta con esa mayoría calificada. Lo lógico sería, tal como ocurre en cualquier país democrático, que oficialismo y oposición se sentaran a negociar, en el buen sentido de la palabra, la designación de una persona que pudiera satisfacer los intereses de ambos sectores. Esa persona tendría que ser necesariamente una figura independiente, sin vínculos ni con los partidos ni con el gobierno. Pero el chavismo no acepta, ni aceptará, llegar a ninguna clase de acuerdo con la oposición que pudiera, en su visión, lesionar el control autocrático del poder que hoy detenta y ostenta.

Por tanto, se hace el loco y deja pasar el tiempo, contando con que una omisión de esta magnitud no despertará mayor preocupación ni en el país nacional ni en el país político.

Y en cierta forma no le falta razón ­su razón, claro está. La Contraloría, por ejemplo, ha devenido en un paquidermo burocrático de cuya existencia sólo nos enteramos cuando inhabilita políticos, que, “coincidencialmente”, siempre son de la oposición, pero su rol de vigilar la utilización de los dineros públicos es casi nulo.

Sus informes repiten cada año los mismos lugares comunes sobre la corrupción como un mal que carcome a la República pero jamás, aparte de alguno que otro funcionario de poca monta de cuyas tropelías da cuenta, se ha ocupado de investigar los grandes negocios del gobierno ni a las personas que los manejan. La Contraloría ha garantizado la impunidad de quienes se apoderan de los dineros públicos. Las denuncias presentadas contra Diosdado Cabello, Juan Barreto y Rangel Junior, por ejemplo, por sus sucesores en los gobiernos de Miranda, Alcaldía de Caracas y Alcaldía del municipio Sucre, seguramente están en las mismas cajas en que fueron llevados los documentos que testimonian los delitos cometidos.

Todo esto habla del deslave institucional, de la destrucción sistemática de las instituciones del Estado por parte del gobierno de Chávez. No ha sido casual. Responde cabalmente a la concepción que Chávez tiene del poder, en particular del suyo. Para el autócrata las instituciones del Estado son prescindibles. No quiere mediaciones entre él y el “pueblo”. Pero puesto que no puede desaparecerlas, las castra, las obliga a autodespojarse de todo poder, reduciéndolas a fantasmagorías inútiles e inoperantes, que no lo importunen. ¿Qué mejor ejemplo de esta conducta que lo que ha ocurrido con la Contraloría General de la República? De cuyo titular fallecido tuvimos muy pocas noticias de su existencia y de cuya sucesora interina, el 99% de los venezolanos no se ha enterado ni de su nombre.

Por: Teodoro Petkoff

Venezuela único país del mundo que ejecuta
cada año simultáneamente dos presupuestos

Entre otras curiosidades propias del régimen chavista está la de haber hecho de Venezuela el único país del mundo que ejecuta cada año simultáneamente dos presupuestos. Uno que aprueba la Asamblea Nacional y otro que maneja discrecionalmente el Presidente. Con el primero el régimen finge atenerse al mandato constitucional, que obliga a que el proyecto de ingresos y gastos que envía el Ejecutivo sea objeto del escrutinio parlamentario y de su voto aprobatorio. El otro presupuesto es el que surge de la inmensa porción del ingreso petrolero que no es enterado en la caja pública, es decir en el Banco Central, sino que es desviado directamente a los fondos paralelos al fisco. Este segundo presupuesto es manejado directamente por el Presidente, a veces mediante créditos adicionales que, mal que bien, pasan por el Parlamento, pero las más de las veces esta formalidad es omitida y Chávez hace exactamente lo que le da la gana con los dineros públicos, sin ningún tipo de control, ni siquiera el de la ficción parlamentaria.

Esta aberrante manera de manejar el gasto público la hace posible el truco de subestimar el aporte al fisco que proviene del ingreso petrolero.
Ese aporte se calcula con base en el precio del petróleo. Por ejemplo, ya se sabe que este año el precio del crudo venezolano terminará rondando los cien dólares, pero para los fines presupuestarios se asignan 50 de esos 100 dólares. La diferencia entre el precio del barril y lo que recibe el fisco va a parar a esos fondos parafiscales que el Presidente maneja a su antojo. Se comprende, desde luego, que al presupuesto no puede ir a parar el total del ingreso petrolero, pero se comprende también que deben existir reglas, que establezcan con precisión el porcentaje del ingreso petrolero que alimentará el gasto público y el porcentaje que debe ser entregado a un fondo de estabilización macroeconómica, intocable, salvo en los casos en que bajas del precio del crudo lo coloquen por debajo del porcentaje que debe ir al presupuesto. No deben existir esos fondos misteriosos donde hoy va a dar la diferencia entre el precio real del crudo y lo que de este precio se asigna como ingreso presupuestario y que escapa a toda forma de control.

Es, por supuesto, este dinero el que permitirá al candidato Hugo Chávez disponer de recursos financieros infinitos para su campaña electoral y las de sus áulicos. Lo que ocurrió en las elecciones sindicales de Sidor da buena cuenta de lo que le espera al país en la campaña electoral en cuanto a la utilización delictiva de los dineros públicos. Los candidatos de las dos planchas chavistas centraron su campaña en la promesa secreta que recibieron del gobierno de que la deuda de la empresa con los trabajadores sería cancelada una vez ganara alguno de ellos. Ambas planchas ocuparon los dos primeros puestos. Sólo que el gobierno no cumplió su promesa y pagó un porcentaje ínfimo de la deuda, lo cual provocó una furiosa protesta de los trabajadores, con autobuses quemados y todo. Pero para los efectos de este editorial interesa subrayar lo referente a la utilización ilegal e ilegítima de plata del Estado para fines del gobierno y su partido. Episodios de compra de votos, similares al de Sidor, se repetirán a todo lo largo y ancho del país.

No hay que tragarse ese anzuelo. Hay que denunciarlo y combatirlo.

Por: Teodoro Petkoff