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Miami: revelan datos personales de las figuras del régimen cubano

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De izq. a der. los blogueros Dionisio de la Torre, Luis Domínguez y Aldo Rosado-Rosado, quienes publican en internet los datos sobre figuras del régimen cubano.
De izq. a der. los blogueros Dionisio de la Torre, Luis Domínguez y Aldo Rosado-Rosado, quienes publican en internet los datos sobre figuras del régimen cubano.

“Alianza Fuego, dictadores cubanos
en nuestro punto de mira…”

 

■ ¿Quiere usted saber la dirección postal de la hija del gobernante cubano Raúl Castro?

■ ¿O el número telefónico de la casa de su número dos, José Ramón Machado Ventura?

■ ¿O el número del teléfono celular del ministro de Comunicaciones Ramiro Valdés?

Una página de internet radicada en Miami está publicando esos detalles y otros muchos de la vida privada de algunos altos funcionarios cubanos, diciendo que quiere advertir a “los pichones de los dictadores” que van a enfrentar un futuro sombrío si se cae el gobierno.

También han sido obtenidas, dentro de Cuba, listas digitales de los números de los teléfonos celulares de decenas de miles de oficiales de la seguridad e inteligencia, y la dirección postal de prácticamente todas las bases militares de la isla, según colaboradores del portal.

La filtración de detalles tan delicados, en un país de régimen comunista donde el secreto ha sido esencial durante décadas, refleja la creciente incapacidad del gobierno de controlar el flujo de la información en la era de la internet.

“La tecnología los va a destruir”, afirmó una entrada en el blog CubaalDescubierto, donde se publican los detalles provistos por FUEGO, un grupo que dice estar compuesto por cubanos dentro y fuera de la isla.

El website ya ha publicado lo que alega son las direcciones postales, números telefónicos y otra información personal de más de 20 cubanos en altos puestos desde que empezó a publicar esos detalles privados hace alrededor de seis semanas.

Entre ellos está Machado Ventura, la mano derecha de Castro en el Consejo de Estado y el Partido Comunista; el ex ministro de Defensa Julio Casas, quien murió el 3 de septiembre; y Valdés, ex ministro del Interior y considerado por muchos como uno de los más poderosos funcionarios de Cuba.

También publicaron la dirección y el teléfono de una de las hijas de Castro, Deborah, y de su esposo Luis Alberto Rodríguez López Callejas, un coronel del ejército que administra negocios propiedad de las fuerzas armadas y que, según cálculos, representan alrededor de un 60 por ciento de la economía de la isla.

Se publicaron también las direcciones y números telefónicos de Angela y Agustina Castro Ruz, hermanas de Raúl y Fidel Castro, así como de Sonia y José Alejandro Espín, hermanos de la difunta esposa de Raúl Castro, Vilma Espín.

El Nuevo Herald no pudo confirmar todos los detalles publicados, pero sus llamadas a ocho de los números telefónicos confirmaron que cinco eran correctos. Uno fue confirmado por una parienta, y dos por criadas. Otros tres no respondieron, entre ellos el celular de Valdés.

Percy Alvarado, identificado por el gobierno cubano a fines de los años 90 como uno de sus agentes de inteligencia, afirmó a El Nuevo Herald el viernes que había recibido amenazas en su teléfono celular de personas que se identificaron como miembros de FUEGO.

Alvarado agregó que la publicación de las direcciones postales y números de teléfono por CubaalDescubierto era una “violación flagrante” de los derechos de privacidad y acuerdos internacionales.

El bloguero de Miami Aldo Rosado Tuero, integrante de FUEGO y escritor del blog Nuevo Acción, dijo que publicar los detalles personales de los funcionarios cubanos y sus familiares tena como propósito “darles a algunos la señal de que se conocen, que sabemos dónde están”.

“También queremos empujar a estas personas a aliviar un poco la represión [contra los disidentes] en Cuba, y creemos que debe existir algún récord para el futuro de Cuba, para que los crímenes no queden impunes”, añadió Rosado. “Y estamos hablando de justicia. No estamos hablando de venganza”.

El blog CubaalDescubierto es el esfuerzo más reciente de algunos críticos del gobierno de poner en la picota a los cubanos que trabajan activamente para el gobierno totalitario de la isla, con la esperanza de persuadirlos a que moderen sus actividades.

El website y la cuenta de Twitter CubaRepresorID publica nombres y fotografías de personas que describe como agentes de la Seguridad del Estado, “chivatos” que colaboran con ellos y cubanos que se suman repetidamente a las turbas organizadas por el gobierno que acosan a los disidentes.

Parte de la información publicada en la internet ha venido de FUEGO, sigla del Frente Unitario de Exiliados y Grupos Organizados, que se define como dedicado a “dañar la tiranía y ayudar a la oposición interna”.

Otros detalles provienen de listas digitales que han estado dando vueltas este año entre observadores de Cuba, incluyendo una lista de más de 60,000 números de teléfonos de sectores sensibles, como la Seguridad del Estado y altos funcionarios del gobierno.

El blog Penúltimos Dias señaló recientemente que, por ejemplo, si recibe noticias de alguna represión de la disidencia en Santiago de Cuba, puede enviar mensajes de texto a cada uno de los agentes de Seguridad del Estado en la provincia, diciendo: “¡Cese la represión!”

Algunos cubanos dicen que esa lista fue publicada accidentalmente en la página de internet de la compañía telefónica de la isla, la Empresa Cubana de Telecomunicaciones SA, o ETECSA, y que fue quitada rápidamente. Otros dicen que fue filtrada a propósito por un adversario del gobierno.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas prohibió recientemente el uso de memorias portátiles, como unidades flash, discos compactos y DVD, así como computadoras personales para el trabajo del ministerio, de acuerdo con una información aparecida en Penúltimos Días.

Otro directorio digital de ETECSA mencionó el teléfono de la vivienda de Juan Pablo Roque, uno de los espías de La Habana vinculados al derribo por parte de Cuba, en 1996, de dos aviones de Hermanos al Rescate, en el que cuatro de sus miembros, residentes del sur de la Florida, perecieron El número fue retirado más tarde.

La publicación de dichos datos en la internet es una respuesta a los “actos de repudio” organizados por partidarios del gobierno para hostigar y amedrentar a disidentes, sostuvo Luis Domínguez, miembro de un grupo dentro de FUEGO que se autodenomina los Comandos Cibernéticos Cubanos.

“Nadie se imagina la cantidad de información que nos llega desde Cuba a través de los CCC”, afirmó Domínguez a El Nuevo Herald. Los funcionarios del gobierno “deberían empezar a pensar que nunca más pueden permanecer en el anonimato”.

Consultado sobre si la publicación de la información privada de los funcionarios cubanos no era una manera indirecta de amenazarlos, Domínguez respondió: “Yo no amenazo a nadie. Cada uno puede escoger lo que va a hacer con ese tipo de información”.

Domínguez, de 48 años y administrador de una compañía de seguridad en Miami, ha participado en varias incursiones digitales contra el gobierno de Cuba, y algunas veces bromea sobre iniciar un sitio web dedicado a filtraciones sobre Cuba llamado WikiCuba.

En el 2009, se hizo pasar en línea por Claudia, una mujer colombiana, y mantuvo un intercambio de salaces correos electrónicos durante ocho meses con el hijo mayor de Fidel Castro, Antonio Castro Soto del Valle.

Domínguez aseguró que FUEGO y CCC tienen muchos más detalles, que se publicarán poco a poco en CubaalDescubierto.

El miércoles, la página web publicó la dirección en La Habana y dos números de teléfonos de una de las recién creadas Brigadas Nacionales Especiales de la Policía Nacional Revolucionaria, unidades élites entrenadas en tácticas de control de multitudes y SWAT.

Un hombre que contestó el teléfono confirmó que era la sede de la Brigada Nacional Especial, conocida en Cuba como “gallitos” debido a que las insignias que llevan en el hombro consisten en un gallo de pelea negro sobre fondo rojo, blanco y azul.

“Yo sé hoy en día dónde vive cada uno de los guardaespaldas [de Fidel Castro]; cada uno de sus vecinos”, declaró Domínguez a El Nuevo Herald. La casa de Castro, al oeste de La Habana, fue identificada hace tiempo en algunas de las fotos de satélite de Google Earth.

Pero eso “no es lo más doloroso para ellos”, agregó Domínguez. “Lo que más les va a doler es cuando se ponga información precisa sobre [la ubicación] de unidades militares y del Ministerio del Interior”, a cargo de la seguridad nacional.


Por: Juan O. Tamayo
jtamayo@elnuevoherald.com
El Nuevo Herald





Edit.TalCual: La escasez es nociva para la estabilidad

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“El Gobierno ha triturado la industria
y ha destruido todo lo nacionalizado”

 

Un amigo de esta casa escribió un cuento en el cual un ministro del área económica tiene un sueño reiterado y cruel en el cual siente crecer una gran verruga en su calva y hace lo imposible por detenerla. Un psiquiatra, convertido a la postre en asesino, le asegura que el crecimiento del apéndice simboliza la indetenible alza de la inflación y la verruga propiamente viene de su trato cotidiano con su jefe inmediato. Hombre sabio, dijo el ministro. Pero la pesadilla no cesó. No contaremos el final, por razones obvias.

Es sabido que la inflación, ese fenómeno algo mágico, provoca que la moneda guarecida en mi bolsillo, sin moverse de allí, se reduzca sustancialmente de peso y vigor, causando grandes angustias y desesperanza en la población a quien el futuro se le aparece como una funesta pendiente.

El gobierno sólo se dedica a controlar inútilmente los precios, lo que ha resultado incluso contraproducente, incapaz de producir y dejar producir a otros. Debería quitar votos, dicho sea de paso.

Además ella se acompaña con otra patología gregaria no menos aterradora: la escasez, porque esa política primitiva traumatiza la producción y oferta de bienes y servicios.

Mire lo que es buscar en la alta noche, por aquí y por allá, la pastilla para el alza de tensión de la vieja. O la leche para el carajito que el pediatra dijo era vital. O el repuesto para la cacharra para no verse obligado a deambular en autobús durante tres horas al día.

Debe quitar votos también. Y, si no recordamos mal, fue un factor esencial en el histórico Caracazo.

Como el gobierno es, en principio, quien orquesta la economía nacional, debe ser el culpable de estas grandes calamidades públicas. Y seguramente lo es. Ha triturado la industria local, ha espantado la voluntad de inversión hasta del más patriota, ha destruido todo lo mucho nacionalizado, ha llenado de controles y de trabas el universo productivo, todo lo cual ha conducido a una economía de puertos, a importar cualquier vaina, a no sembrar el petróleo. Pero bueno, como el oro negro es ahora más oro que nunca, pudiese esa vía, además de hacer progresar otras economías con nuestras importaciones, abastecer suficientemente el mercado.

Pero no, para eso tenemos Cadivi, encargada de poner suficientes obstáculos e ineficiencia para que las cosas no lleguen cuando deben llegar y la gente se queje y se ponga histérica. No olvidemos los negocios grandes, donde todos los privilegios van a parar a los camaradas con la entrega de dólares y los malabarismos que éstos hacen con ellos.

A falta de alguna solución, sólo resta, en año electoral, invertir esa culpabilidad.

Ya desde hace tiempo se habla del Apocalipsis del capitalismo, etc. Pero más concretamente, en la ocasión, de los acaparadores y los especuladores, como los reales culpables de la verruga. De paso ellos excitan a los compradores nerviosos a adquirir desodorante para el próximo quinquenio. Estamos presenciando con la puesta en práctica de la Ley de Costos y Precios Justos, con severos funcionarios, con guardias nacionales y pueblo movilizado una batalla ficticia para demostrar con algunos espectáculos circenses bien fotografiados, quiénes son los culpables de nuestros tormentos.

Se lincharán algunos acaparadores, mientras más distinguidos mejor. Y el enemigo del pueblo quedará sin máscaras ante los votantes de Octubre. La economía se irá al infierno pero qué importa si seguimos viviendo y venciendo. Por cierto, alguien dice estar volviendo a oler aromas de Pudreval.

“La escasez es nociva para la estabilidad”


Por: Fernando Rodríguez

Claudio Nazoa: ¡Revuelo aéreo!

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“Lo que van a leer es
absolutamente cierto”

 

Todo ocurrió en un vuelo Caracas- Miami el 17 de noviembre. Este artículo no es contra los empleados de Santa Bárbara Airlines ni contra la tripulación ni contra el Indepabis que, según mi opinión, fueron diligentes intentando resolver los inexplicables contratiempos de este vuelo surrealista.

6:00 am: Salgo ilusionado de mi casa.

6:50 am: Llego al aeropuerto. Hay una cola de pasajeros como de dos cuadras. Algunos estaban desde el día anterior. Me apiado de ellos sin darme cuenta de que esa era mi cola y que soy el último.

8:00 am: Voy al mostrador. Creen que me voy a colear y me insultan. Aclaro que voy a preguntar.

Una empleada con rostro atormentado dice que no hay aviones porque están malos. Le pregunto qué hago, me dice que no sabe. Regreso a la cola.

10:30 am: Mi vuelo era a las 11:00 am, pero primero deben partir los del día anterior. Llega Laureano Márquez. Una mujer da un discurso, dice que los hombres no tenemos bolas, yo respondo: bolas hay pero aviones no. Llega un avión. La cola avanza. Informan que ese vuelo es para los pasajeros de las 6:00 am del día anterior, con suerte saldremos después de las 6:00 pm en aviones de un misterioso país llamado Iceland que, al parecer, viven de alquilar dos aviones que tienen.

12:00 m: Nombramos un comité de vuelo presidido por un maracucho que lleva horas protestando: “En esta verga tienen que registrarnos, porque si no…”. Otros pasajeros impugnan la elección y eligen a una señora gorda, también maracucha, que amenaza con quemar maletas.

1:00 pm: Laureano descubre en Google que Iceland es un micropaís cerca del Polo Norte.

1:05 pm: Protesta contra Iceland. Se oyen cosas absurdas como: “Fuera Iceland de Venezuela”.

1:45 pm: Llegó un avión de Islandair, pero tuvieron que devolverlo porque venía malo.

2:10 pm: Cumbre con los líderes: Indepabis, Santa Bárbara y el aeropuerto.

2:40 pm: Indepabis multa a la línea aérea. Prometen 650 bolívares y bono alimenticio. Alguien pregunta: “¿Y cuándo salimos?”. El líder responde: “Preguntáme algo más fácil?”. Pitas y gritos contra el líder. Lo acusan de vendido.

6:30 pm: Chequean a los pasajeros del vuelo de las 11:00 am. Laureano se queda porque él es de las 4:00 pm. Los del vuelo de las 11:00 nos despedimos abrazando a los de las 4:00.

8:30 pm: Cenamos con lo del bono. Nos enteramos de que los de las 6:00 am andaban todavía por allí. Compramos café molido en las tiendas, no para llevarlo a Miami, sino para traerlo de nuevo.

9:30 pm: ¡Increíble!, subiremos al avión, pero nadie sabe dónde están los pilotos. Parecemos zombis. Protestas a todo gañote.

10:00 pm: Llegan dos pilotos entre abucheos. El capitán anuncia que está haciendo un favor, pues los pilotos asignados están atrapados en un hueco en la autopista Francisco Fajardo y que si lo seguían insultando se devolvía. Pido aplausos para el capitán. Me llaman jalabola.

10:40 pm: Ya, dentro del avión, el capitán pregunta: “¿Quién es fulano de tal?… ¿quién es?… si no aparece no despego”. Tímidamente, alguien levanta la mano. “Venga acá ­dice el capitán­. Este señor por Twitter le faltó el respeto a mi madre y dijo otras vulgaridades: ¡Discúlpese públicamente! “Los pasajeros, desesperados, gritábamos: “¡Discúlpate!”. “Bueno… yo… ­dice fulano­ ofrezco disculpas por las obscenidades que le dije al capitán”. “¡Bravo!” ­gritamos todos­. El avión despegó. Ya nadie sabía ni nos importaba hacia dónde íbamos.

2:00 am: Llegamos a Miami (Laureano llegó a las 6:00 am). Ahora entiendo por qué los cubanos se lanzan al mar: porque la otra opción es Santa Bárbara. ¿Quién es el culpable?


Por: Claudio Nazoa
El Nacional / ND
28 Noviembre, 2011




ARMANDO DURÁN: ¿Rumbo al caos?

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Falta una estrategia auténticamente
política, no electorera ¡por favor!

 

El jueves pasado en un artículo publicado en El Universal sobre el abismo al que se precipita el país, Carlos Blanco llegaba a una conclusión estreme cedora: en las calles de Venezuela falta el pan y sobra la rabia. Precisamente, añado yo, los dos ingredientes básicos del caos social y la rebelión popular.

La inseguridad, el desempleo, la inflación, el desabastecimiento, la destrucción lenta pero implacable del sector privado de la economía, en fin, la gestión de un gobierno cuya nave insignia, por ahora, es la Ley de Costos y Precios Justos, son algunas de las acciones oficiales que condenan al ciudadano a este estado de mengua desesperante. Sin café, sin aceite, sin leche, sin artículos sanitarios ni de higiene personal, sin esto, sin aquello, algún día sin nada, lo cierto es que rápidamente nos hundimos en las aguas abisma les de un mar de la felicidad excesivamente parecido al cubano.

Desde hace años, la oposición ha interpretado estos signos de la degradación de la vida ciudadana como consecuencia de la ineficiencia de Hugo Chávez y sus ministros, de la corrupción sin freno y de un catálogo cada día más extenso de incompetencias públicas. Conclusión forzosa de esta visión de la realidad es que bastaría cambiar de políticas y de gestores de esa política para enderezar el torcido rumbo nacional. Gracias a ello tam bién los dirigentes políticos de la oposición hace años solicitan a Chávez, le piden, le urgen y hasta le demandan entrar en razón. Como si Chávez y sus lugartenientes fueran locos o idiotas que en 13 años de gestión no han logrado aprender a revertir el disparate de su propia gestión ni el hartazgo natural de la población. Y como si tampoco hubieran comprendido que esos errores le pasarán un día la factura en las urnas electorales o en las calles.

Si el origen de esta crisis abrumadora se halla realmente en la incapacidad de quienes hoy gobiernan a Venezuela, bastaría con ese simple cambio de gobierno para devolverle el aliento al país. Pero si el origen de nuestros males respondiera en verdad a la existencia de algo mucho mayor ­de un régimen que persigue el propósito de acorralar al país, sembrar el desaliento y la confusión, ex cluirnos de la modernidad y crear caos e ingobernabilidad que faciliten el salto final en el proceso de reemplazar lo poco que nos queda de democracia por un sistema político y económico totalitario­ entonces la solución del problema exigiría bastante más que sustituir un gobierno malo por otro mejor.

Los venezolanos nos encontramos en medio de esta encrucijada decisiva.

Porque si Chávez, impulsado por la premura que le transmiten la incertidumbre existencial característica de su enfermedad y lo difícil que se le presentan sus opciones electorales inmediatas, ha decidido acelerar contra viento y marea la marcha los acontecimientos para provocar la dichosa ruptura histórica antes de que sea demasiado tarde, la perspectiva de una campaña electoral fundamentada en una supuesta normalidad política resultaría un fatal paso en falso.

¿Será por esa razón que Antonio Ledezma y Diego Arria se han sentido estos días apremiados por alertar a los venezolanos de la intención de Chávez de no reconocer su eventual derrota el 7 de octubre del año que viene? Una advertencia que sin duda es necesaria analizar seriamente.

Sobre todo porque contamos con hechos que permiten sospechar que ese es el camino que estamos recorriendo. Ahí tenemos, por ejemplo, la amenaza de los más importantes jefes militares de que la FAN no reconocerá una derrota electoral de Chávez y las últimas decisiones del Gobierno que apuntan, no a suavizar los efectos devastadores de la crisis, como era de esperar en un año electoral, sino a agravarla.

Ante esta realidad, ¿podemos seguir aferrados a la afirmación de que en Venezuela no ocurre nada ideológica ni políticamente grave? ¿No habrá llegado la hora de reconocer que el núcleo del gran problema nacional que nos asfixia es y siempre ha sido la voluntad arbitraria de Chávez de implantar en Venezuela una dictadura comunista a la manera cubana? ¿Acaso la auténtica naturaleza del momento estratégico actual no requiere que los precandidatos de la oposición reflexionen y acuerden una estrategia auténticamente política, no electorera, ¡por favor!, que le permita al futuro can didato unitario de la oposición afrontar con firmeza y claridad el desafío de ganar el 7 de octubre democráticamente, a punta de votos, pero también con coraje para resistir todos los contratiempos? Sin temor a equivocarme, creo que de ello depende el desenlace de esta historia.


Por: ARMANDO DURÁN
Política | Opinión
EL NACIONAL

MUD: exigen conocer las condiciones del Fondo Chino

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Presumen que en las irregularidades del acuerdo hay complicidad entre funcionarios chinos y venezolanos.
Presumen que en las irregularidades del acuerdo hay complicidad entre funcionarios chinos y venezolanos.

Sostienen que el Presidente no puede manejar
arbitrariamente los recursos petroleros

 

■ Precandidatos de la MUD exigen conocer las condiciones del Fondo Chin.o

■ Prometen escudriñar los términos del convenio, y advierten que debe prevalecer el interés del Estado.

El diputado opositor Miguel Ángel Rodríguez denunció el 9 de este mes que el Gobierno maneja discrecionalmente el convenio conocido como Fondo Conjunto Chino Venezolano, iniciado en 2008.

El fondo con la nación asiática, de acuerdo con un documento del presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, de enero de 2010, es asumido financieramente por la industria petrolera para pagar la deuda del país con China.

Los precandidatos de la Mesa de la Unidad Democrática señalan que si llegan a la Presidencia de la República tomarán medidas para desmontar el convenio, pues consideran que compromete el patrimonio y el interés nacional.

Diego Arria asegura que si es elegido presidente enviaría una misión de políticos, diplomáticos y representantes del sector privado, encabezada por el diputado Rodríguez, para explicarle al Gobierno de China el grave daño que se le causa al país.

“El imperio chino debe saber que este es un tema de las relaciones de Estado con Venezuela, y no de vínculos personales con el presidente Hugo Chávez. Aquí hay muchas disposiciones que se han violado. La gravedad del asunto es que se compromete el futuro y se pone en riesgo el país; hay indicios de que el Fondo Chino se ha desarrollado con complicidad entre funcionarios de ambas naciones, y esto no se puede permitir” señala.

El ex embajador en la ONU considera que la presunta corrupción en el convenio suscrito hace tres años debe abordarse de manera política, y no judicial.

Prevalece el Estado:

El gobernador del Zulia, Pablo Pérez, afirma que debe acabarse “el cuento chino petrolero” y el despilfarro de dinero en otros países. Asegura que si llega a Miraflores revisará con lupa todos los convenios internacionales y que prevalecerán los establecidos de acuerdo con la Constitución y las leyes.

“El Fondo Chino debe revisarse artículo por artículo y palabra por palabra; no podemos continuar con la política desarrollada por Chávez, según la cual lo angosto es para el país y lo ancho para los demás. Estamos en desigualdad de condiciones y no sabemos dónde está el dinero. Planteamos que estos recursos se dirijan a la seguridad social de los venezolanos y la recuperación de la infraestructura física del país. En los hospitales no hay insumos ni tecnología de punta, no hay viviendas, y todas las obras están paralizadas”, subraya Pérez.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, expresa: “Las presuntas irregularidades en la administración del Fondo Chino son el resultado inevitable de la exagerada discrecionalidad que se ha tomado el Ejecutivo en el manejo de los ingresos públicos y de la renuncia, por parte del resto de los poderes públicos, del papel contralor que les impone la Constitución”.

Sostiene que el próximo gobierno no puede reeditar la oscuridad y la impunidad, que a su juicio son condiciones propicias para la corrupción.

“Los venezolanos no disponemos de información oportuna y confiable y, como consecuencia de ello, hoy no sabemos cuánto tenemos, cuánto debemos ni a quién, ni los términos en los cuales tenemos que pagar. Eso es inadmisible, más aún en el caso de este fondo que hipoteca nuestras reservas petroleras”, subraya.

Capriles Radonski dice que como Presidente no plantearía la revocatoria del convenio con China porque es un asunto que no compete al Poder Ejecutivo.

“Venezuela tiene que funcionar bajo el imperio de la ley, con división de poderes, cada uno de ellos con independencia y autonomía. Respetaremos todos los contratos legítimamente contraídos por la República”, añade.

Contrato dudoso:

Pablo Medina afirma que es fundamental desentrañar los términos del contrato entre China y Venezuela y que la Asamblea Nacional debe analizarlo. Promete que si es elegido presidente propiciaría la obtención de información sobre el convenio y los documentos binacionales suscritos.

“Esto recuerda el caso de la deuda externa venezolana. Debe haber instituciones que vigilen el procedimiento de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esto es un contrato de interés nacional y público”, dice.

Medina añade que solicitaría a la Procuraduría la revisión inmediata del convenio y las condiciones en las cuales se vendió petróleo a China y el monto de las tasas de interés. Sostiene que la alianza con China durante el gobierno de Chávez ha facilitado la invasión de mafias asiáticas en varias regiones, sobre todo en el oriente del país.

Leopoldo López afirma que es esencial la revisión del estado de la deuda de Venezuela con China. Expresa preocupación por la falta de transparencia de muchos compromisos que ha asumido el país en la gestión de Hugo Chávez, incluido el Fondo Chino. Aseguró que se mantendrán los que estén apegados a la ley y beneficien a los venezolanos.

“Estoy convencido de que la política petrolera del país no es la óptima porque no desarrollamos todo nuestro potencial”, señala.

Reitera que hay que entender la realidad del compromiso con China y conocer los detalles para saber si está enmarcado en la Constitución.

María Corina Machado también fue consultada, pero por sus múltiples compromisos, no pudo atender a la periodista.

¿Inversión soberana?:

La Ley aprobatoria del Convenio entre China y Venezuela sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto se publicó en la Gaceta Oficial del 18 de septiembre de 2008. En mayo de 2009 se formalizó la Ley aprobatoria del Protocolo de Enmienda del Convenio, a través de la cual se amplió el monto de 6 millardos de dólares a 12 millardos de dólares. De estos recursos adicionales, 4 millardos de dólares provienen del Banco de Desarrollo de China y 2 millardos de dólares son inversión adicional del Fonden.

En agosto de 2010 el ministro de Planificación, Jorge Giordani, suscribió el Fondo de Financiamiento de Gran Volumen y a Largo Plazo con la firma de 6 convenios con el BDC por 20 millardos de dólares. El Gobierno informó que los fondos se emplean en la transformación productiva de Venezuela como parte del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013.

La ministra para el Comercio, Edmée Betancourt, salió al paso de las denuncias sobre presuntos vicios en el contrato y aseguró que el convenio con China es una inversión soberana. En VTV dijo el viernes que el Gobierno ejecuta 165 proyectos a través del fondo y se han manejado hasta ahora recursos por 12 millardos de dólares.


Por: SOFÍA NEDERR
snederr@el-nacional.com
Fondo Chino | MUD
Internacional | Política
EL NACIONAL

Carlos Alberto Montaner: ETA: No es la Hora del Perdón

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El gobierno español pidió desde el mes de marzo a Venezuela la extradición del miembro de la organización armada separatista vasca ETA Arturo Cubillas, Rubalcaba lo anunció.
El gobierno español pidió desde el mes de marzo a Venezuela la extradición del miembro de la organización armada separatista vasca ETA Arturo Cubillas, Rubalcaba lo anunció.

Chávez, renuente a extraditar
al etarra Arturo Cubillas

 

Mariano Rajoy, el gobernante electo de España, tiene fama de flexible y tolerante. Ya ha dicho que se reunirá cuanto antes con todas las fuerzas parlamentarias del país para buscar puntos de coincidencia que les permita superar rápidamente la crisis económica. Los socialistas no son sus enemigos, sino sus adversarios. Tratará de forjar con ellos alguna suerte de consenso. Pero hará una excepción: no dialogará con Amaiur, una formación política vasca que representa a la tendencia separatista de ETA, la banda terrorista que es, por cierto, de acuerdo con sus documentos fundacionales (a los que nunca ha renunciado), una organización comunista inspirada en el marxismo-leninismo.

La firme oposición de Rajoy a negociar con el brazo político de ETA es perfectamente natural. Desde 1975, cuando la Banda acelera su cadena de crímenes, secuestros y extorsiones, a la fecha de hoy, ha asesinado a 864 personas. Entre los fallecidos, hay que lamentar niños y mujeres que volaron en pedazos, clientes inocentes de restaurantes y supermercados, personas que casualmente pasaban por donde los terroristas hacían detonar sus bombas cargadas de metralla. De esas muertes, 313 son civiles, 32 políticos y 11 jueces y abogados. El 95% de las víctimas fueron liquidadas durante la etapa democrática de España. Los peores años transcurrieron entre 1979 y 1985, clima de terror que, sin duda, propició el intento de golpe militar de 1981 que casi acaba con la vacilante democracia postfranquista.

A estas víctimas directas hay que agregar los miles de españoles, casi todos vascos, que tuvieron que pagar a los etarras para que no los mataran, o que debieron abandonar junto a sus familias el sitio en que nacieron para evitar ser exterminados. Están, también, los millares que vivieron atemorizados, protegidos por guardias privados o por la policía, porque desde la Familia Real, al más infeliz de los funcionarios, cualquier servidor público era un blanco potencial de estos asesinos.

Amaiur–nombre de un pueblo vasco-navarro–, sin duda, se enfrenta a un amargo dilema. De un lado está ese horrible pasado de crímenes y sangre al que ha tenido que renunciar porque la banda había sido derrotada, y en el otro se encuentran los casi 700 presos que tienen en las cárceles, muchos de ellos condenados adecenas y centenares de años de prisión. ¿Cómo los libera? El código penal, en algunos casos, ante manifestaciones genuinas de arrepentimiento, permite ciertas medidas de gracia, pero no parece que el brazo político de ETA esté dispuesto a hacer ninguna concesión de carácter moral. Por el contrario: delira y exige dialogar con Francia y España para preparar la independencia de la gran patria vasca.

¿Qué hará Amaiur? Seguramente, tratará de presionar al gobierno de Rajoy orquestando manifestaciones dentro del país vasco y consiguiendo apoyos internacionales que demanden del nuevo gobierno español una amnistía para los miembros de la banda armada. Para esos fines, probablemente no le será difícil reclutar a los sospechosos habituales: personas como los argentinos Alfredo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, o Hebe de Bonafini, la líder más vistosa (y lamentable)de las Madres de la Plaza de Mayo, más todo el circuito del llamado Socialismo del siglo XXI, como Hugo Chávez, que se niega a extraditar al etarra Arturo Cubillas; el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien siempre ha estado muy cerca de los terroristas vascos desde la lucha contra Somoza en los años setenta del siglo pasado, o el gobierno cubano, que en el año 2000, en Panamá, fue el único estado iberoamericano que pública y arrogantemente rechazó suscribir una declaración internacional contra la banda terrorista.

¿Se mantendrá firme Rajoy? Creo que sí. Es lo que espera la sociedad española. El razonamiento prevaleciente en el país es muy simple: mientras la ETA no entregue las armas y se arrepiente y pida perdón públicamente por esa historia criminosa, es inconcebible pensar en la reconciliación y el olvido. Lo único honorable es la aplicación de la ley a rajatabla. Como señaló el ex presidente Aznar: “perdieron y no hay por qué negociar”.


Por: Carlos Alberto Montaner*
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27 noviembre 2011


Alto Apure: Alto mando militar ordeno enfrentar irregulares en fronteras

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Provea recoge en un informe del año 2006 la muerte de 8 personas, entre ellos dos niños, en una finca en el Alto Apure que sigue el mismo patrón.
Provea recoge en un informe del año 2006 la muerte de 8 personas, entre ellos dos niños, en una finca en el Alto Apure que sigue el mismo patrón.

Provea observa similitud en caso de
San Camilo con masacre de El Amparo

 

■ Cuádruple asesinato en la frontera con Colombia.

■ Se presume que las víctimas pertenecen a grupos enfrentados que se disputan por el dominio del territorio.

■ “Si es como lo denuncian los frentes campesinos, sería una ejecución militar”, consideró Marino Alvarado.

La Fuerza Armada tiene órdenes de evitar más desmanes en el Alto Apure por parte de grupos irregulares de Colombia y Venezuela. “El teatro de operaciones Nº 1 cuenta con el apoyo del alto mando militar para asegurar y proteger la soberanía”, revelaron fuentes castrenses, al explicar por qué ahora repelen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la Fuerza Bolivariana de Liberación, si antes eran más permisivos.

Aseveraron que el pasado martes en la reserva forestal San Camilo, en Boca del Río Viejo, ocurrió un enfrentamiento entre el 923 Batallón de Caribes Sucre y “un grupo de delincuentes” y no una masacre, como señalan los frentes campesinos Simón Bolívar y Ezequiel Zamora.

“El coronel Ángel Saldeño ha tenido conflictos porque le piden poner orden. Hay un gobierno paralelo: la FBL, los Elenos y la FARC, que quieren el control del territorio por las vacunas. La FAN detecta a los narcos, pero los irregulares protegen la ruta de las drogas.

No es fácil:

La FBL recibió entrenamiento militar del ELN en la primera etapa, luego en explosivos con la ETA en la zona”, indicaron.

El giro de Hugo Chávez en la frontera es atribuido a la nueva política internacional hacia Colombia: “Los irregulares causan problemas a Chávez y afectan el acuerdo con Juan Manuel Santos. Es una situación incómoda porque la guerrilla recibió apoyo de Venezuela pasa usar el territorio como aliviadero o zona de refugio, y esa información compromete al Gobierno que en su afán por evitar un juicio en la Corte Internacional de La Haya cambió la política diplomática”, expresaron.

Informes militares describen cómo la FBL o “Boliches”, y los frentes campesinos son apoyados por el alcalde de Guasdualito, José Alvarado, pero es criticado por el alcalde metropolitano del Alto Apure, Jorge Rodríguez, padre del director del Sebin, Manuel Rodríguez Torres.

Similitud con El Amparo. Al coordinador de Provea, Marino Alvarado, le llamó la atención que los reclamos partieran de los frentes campesinos.

“El Frente Zamora acusa a la FAN de una ejecución militar y dicen que ellos conocían a las personas muertas y que éstas no estaban en actos vandálicos ni con grupos irregulares. El caso se parece a lo que se conoció como `La masacre de El Amparo’. La primera versión fue ofrecida por el Ministerio de la Defensa y se refería a un enfrentamiento con guerrilleros; luego, vinieron los relatos de los campesinos. Igual pasó con El Amparo”, dijo.

Alvarado señaló otra similitud: hay tres sobrevivientes, que es clave para resolver el caso. “Que el reclamo parta del PSUV, que se atrevan a denunciarlo, le da credibilidad.

Si es como lo denuncian, sería una ejecución militar. Ellos niegan el enfrentamiento y dicen que fueron detenidos y luego golpeados”.

El 29 de octubre de 1988, en el gobierno de Jaime Lusinchi, un grupo de 16 personas, residentes en El Amparo, preparaban en las riberas del río Arauca un almuerzo cuando fueron atacados con ametralladoras y granadas. Los heridos fueron rematados con tiros de gracia. La verdad se conoció por dos sobrevivientes: Willmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias.

Provea recoge en un informe del año 2006 la muerte de 8 personas, entre ellos dos niños, en una finca en el Alto Apure que sigue el mismo patrón. El Ministerio de Interior informó de un enfrentamiento el 20 de julio de 2006 con guerrilleros, en el cual murieron Jennifer Chacón (24), Jenny Maribel Pabón (20), Fernando Edwin Díaz, Ovidio Lizarazu, Pedro Moreno (41), Flor María Lizarazu (32), Jhon Eider Moreno (6) y Andrés Felipe Moreno Lizarazu (9). Dos niñas de 4 y 12 años sobrevivieron.

La ejecución se atribuyó a un soldado, lo que despertó la curiosidad debido a la cantidad de personas asesinadas. El soldado estaba en el Batallón “Sucre” del TO Nº 1 y, en una carta escrita a Provea aseguró que se trató de una “misión secreta” que fue comandada por dos oficiales con participación de otros soldados.

En abril de 2005, el Frente Campesino Esequiel Zamora denunció la detención arbitraria de cinco campesinos y el posterior asesinado de uno de ellos.

Grupos radicales:

Desde el Alto Apure, fuentes militares describen una situación anormal.

“Uno de las personas que murió el martes 22, Javier Guerrero, alías `comandante Moisés’, era protegido del ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, quien le entregó parte de la hacienda Los Blancos, en el municipio Páez”.

“Los Boliches actúan como brazo armado del FCEZ. Tienen fichas en la policía de Guasdualito, cobran vacunas, han asesinado a campesinos y han extorsionado a ganaderos. En El Nula y La Victoria amedrentan a testigos de mesa. El diputado Orlando Zambrano, alías Comandante Lapo, no pone orden a los radicales culpables de secuestros en Táchira y Alto Apure, entre ellos, el de una pareja de japoneses, dueños de la Casa Nipón, de San Cristóbal”, agregaron.

Cuádruple asesinato en frontera:

Sujetos hasta ahora no identificados asesinaron de múltiples disparos a dos venezolanos y a dos colombianos en la localidad fronteriza de Ureña. El hecho se registró el domingo, aproximadamente a las 3:30 am, en la avenida Rómulo Betancourt, esquina de la calle 17, de la Zona Industrial de Aguas Calientes.

Los ciudadanos colombianos asesinados fueron identificados como Nelson Alberto Rodríguez Arévalo, de 22 años de edad y Fabián Guerrero Camargo, de 20 años de edad. Los venezolanos acribillados fueron identificados como Yesid Arévalo Mancipe y Diego Fernando Salcedo Vergara.

Los hombres se encontraban en una esquina cuando recibieron al menos 36 impactos de bala. Parte de las evidencias fueron arrastradas por las aguas que circularon por la calle, pues a los pocos minutos de perpetrado el hecho, comenzó a llover copiosamente.

Este es el segundo múltiple asesinato que se registra en las últimas 96 horas y no se descarta que estas muertes estén vinculadas con la guerra entre grupos irregulares que se han desplazado desde Colombia hacia Venezuela por el dominio del territorio.

Los grupos irregulares en pugna son Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas.

Otro caso. El miércoles de la semana pasada se registraron cuatro asesinatos en menos de 24 horas en las zonas norte y sur del Táchira. El primero de los cadáveres de sexo masculino fue localizado a la altura del viaducto de San Juan en el tramo Colón-Lobatera.

Posteriormente fue asesinada una mujer de 35 años de edad, propietaria de la cervecería-pool “Los Morochos”, en la localidad de La Fría. El otro homicidio ocurrió en Abejales, municipio Fernández Feo.

Aunque no se tiene la identidad del occiso, se supo que se trata de un hombre de aproximadamente 60 años de edad.

La última de las muertes ocurrió en la localidad de Coloncito. Un joven de 20 años de edad, identificado como Víctor Carrascal Mejía, fue encontrado en la vía pública cerca de la plaza Bolívar con varios impactos de bala.


Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
DERECHOS HUMANOS
PARLAMENTO | DDHH
EL NACIONAL



Parque Central: La rehabilitación de la Torre Este tiene cinco años de retraso

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Durante el incendio la alcadia mayor quería intervenir pero el gobierno le dijo no. Se borraron las "evidencias".
Durante el incendio la alcadia mayor quería intervenir pero el gobierno le dijo no. Se borraron las "evidencias".

El descuido convirtió a Parque Central en
un ícono invisible de la modernidad

 

■ Los habitantes del complejo residencial consideran que el deterioro se debió a la mala administración del Centro Simón Bolívar.

Las antiguas fuentes de agua ya no son iluminadas por reflectores. Los árboles que adornaban los pasillos fueron reemplazados por pequeñas plantas. El centro de salud fue ocupado por damnificados. En algunos comercios olvidaron la visita de personalidades y artistas. Las losas de concreto de la redoma fueron fracturadas para que la Guardia Nacional clavara gruesos tornillos e instalara una carpa de seguridad. Y una de las torres gemelas que alguna vez ostentaron el título de las más grandes de América Latina todavía no ha sido recuperada del incendio que ocurrió en 2004. Los cambios ocurrieron sin previo aviso y en menos de 10 años en el complejo urbanístico Parque Central.

Johan Rosillo, que habita desde 1984 en lugar, observó el deterioro con indignación.

“Hace algunos años las personas se enorgullecían de decir que vivían en Parque Central.

Desde 1999 no se percibe con regularidad el pago para el mantenimiento.

Fue un ícono de modernidad:

Los presidentes Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi venían a visitarnos. Siempre se realizaba un acto importante y éramos el centro”, contó.

Irma de Bernatti, que tiene 30 años en el edificio Tejar del complejo residencial, añora el antiguo Parque Central. Piensa que los cambios ocurridos no han beneficiado a la comunidad. “Esto fue una tacita de plata. Aunque en los últimos 2 años se ha notado un esfuerzo por recuperar el área, el descuido ocasionó grandes daños”.

Otra preocupación de los habitantes de Parque Central es la falta de medidas de seguridad. Después del incendio de la Torre Este, el 17 de octubre de 2004, no se han colocado extintores, mangueras ni reparado los equipos contra incendio.

Siete años de promesas:

El tránsito de obreros e ingenieros se hizo común en Parque Central desde que ocurrió el incendio. Las fechas fijadas por el Gobierno para recuperar la edificación fueron reprogramadas al menos cinco veces en los últimos siete años.

Ramón Carrizález Rengifo, entonces titular del Ministerio de Infraestructura, aseguró en noviembre de 2004 que iban a concluir la obra en 16 meses.

Eustacio Aguilera, presidente del Centro Simón Bolívar, anunció una nueva fecha: diciembre de 2007. “Esperamos que se complete su ocupación a finales del primer trimestre de 2008”, declaró entonces a ABN. Luego, el presidente Hugo Chávez instó a Diosdado Cabello, a cargo del extinto Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, a culminar la rehabilitación. Prometieron que estaría lista en 2009 y después en 2010. Sin embargo, la Torre Este todavía se muestra desnuda.

Las inversiones destinadas a la rehabilitación son exageradas para algunos arquitectos.

Se calcula que fueron invertidos aproximadamente 620 millones de bolívares en el proyecto.

El arquitecto Daniel Fernández Shaw, que diseñó Parque Central, propuso rehabilitar la Torre Este con sólo 70 millones de bolívares. “Ofrecí mis servicios para dirigir la recuperación, pero no los aceptaron. La lógica indica que los proyectistas, responsables del diseño de la obra, participaran en la rehabilitación.

Sin embargo, el primer paso del Gobierno fue otorgar el contrato de la reparación y hablar luego con los proyectistas”, recordó.

Fernández Shaw considera que la falta de contraloría ha generado el retraso. “La Torre Este de Parque Central fue construida en menos años de lo que ha llevado su rehabilitación después del incendio”, afirmó.

El Nacional intentó conocer los avances de la obra, pero no obtuvo respuestas.

Liquidación del CSB. Antes de la liquidación del Centro Simón Bolívar, prevista para el 31 de diciembre de este año, los vecinos de Parque Central esperan la consignación legal del condominio de las residencias. No desean ser administrados por el Ejecutivo.

Rosillo aseguró que el cobro del condominio ha generado dificultades: “Los residentes tienen una deuda de 16 millones de bolívares, mientras la administradora CSB debe 70 millones de bolívares.

Desde 1999 no se percibe con regularidad el pago para el mantenimiento”.

Mantener al complejo urbanístico cuesta 5 millones de bolívares al mes, según fuentes extraoficiales. “Si bien es cierto que la comunidad tiene su cuota de responsabilidad, el Estado debe admitir que ha colaborado en el deterioro de Parque Central”, agregó Rosillo.


Por: MAOLIS CASTRO
macastro@el-nacional.com
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EL NACIONAL

Cuba: nueva cédula electrónica venezolana “un convenio secreto”

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Cuba afina su estrategia para
controlar a los venezolanos

 

■ Investigan negociación de cédulas con Cuba.

■ En video: Entrevista con el Ing. Anthony Daquin, ex asesor del gobierno venezolano.

Congregada en la ciudad china de Shenzhén para la demostración, la delegación cubana captó de inmediato cómo la nueva tecnología podía ser empleada para ejercer un mayor control sobre la población -y aplastar cualquier brote contrarrevolucionario- en Venezuela.

El agente de seguridad chino caminaba casualmente por la calle, llevando en una mano lo que lucía como un teléfono inteligente, mientras los transeúntes paseaban a su alrededor sin sospechar que estaban siendo vigilados, narró a El Nuevo Herald el ingeniero venezolano Anthony Daquin, quien estuvo presente durante la demostración.

Después de un breve trecho, el agente se acercó a los invitados. En el pequeño aparato había registrado la información personal de decenas de personas que habían pasado a su lado. Todos los datos vinculados con sus carnés de identidad habían sido transmitidos subrepticiamente por un diminuto chip RFID incrustado dentro del propio documento de plástico.

Los cubanos, la mayoría vinculados con los servicios de seguridad de la isla, se miraban las caras sin poder ocultar su asombro ante el acto de magia tecnológica que permitía detectar la ubicación exacta de un individuo sin que éste lo supiera.

Uno de los representantes del equipo se acercó a Daquin, y muy entusiasmado, le manifestó: “Esto es lo que necesitamos, es lo que estábamos esperando, Anthony. Esto es lo que vamos a implementar en Venezuela”, relató el ex asesor del ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.

Y es lo que el gobierno venezolano tiene previsto introducir en el país sudamericano en caso de de que el presidente Hugo Chávez gane las elecciones del 2012, como parte de un elaborado sistema diseñado para aumentar el control del Estado sobre los ciudadanos.

Es un sistema, según Daquin, diseñado y operado por Cuba, que ya tiene bajo su control el sistema de emisión de cédulas de identidad y de pasaportes, así como toda información privada y sensible de todos los venezolanos, incluyendo las propiedades que poseen, cuánto ganan, dónde viven y, quizás más importante, si respaldan o se oponen a la revolución socialista de Chávez.

Es un instrumento de control cuyo desarrollo y administración ha significado un jugoso negocio para el régimen de La Habana, que ha comenzado a ofrecer esos servicios a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, dijo el ingeniero.

“La información es poder […] y la información íntima de los venezolanos ha sido manejada de forma objetiva, y de forma centralizada desde La Habana, de una manera que le ha permitido al presidente Chávez mantenerse en el poder”, expresó.

Daquin, cuyas declaraciones iniciales a la prensa venezolana generaron cierto revuelo en el país, dijo que pudo ver de cerca los primeros pasos dados por Chávez para implantar mejores mecanismos de control sobre la ciudadanía después del golpe de Estado en su contra, en abril del 2002.

El ingeniero sostuvo que él estuvo presente en algunos de esos primeros pasos, en representación de una empresa que asesora al gobierno en materia de tecnología, y participó activamente en la modernización del sistema de cédulas de identidad hasta que al entender los alcances de lo que se pretendía hacer, discutió con la comisión cubana.

“[Les dije que] si ustedes implementan este documento [la cédula de identidad electrónica] en Venezuela, yo me voy a sentir como cuando la época de [el dictador Marco] Pérez Jiménez, cuando la gente le temía a la Seguridad Nacional [policía secreta] y nadie tenía la oportunidad de expresarse públicamente”, comentó Daquin sobre el enfrentamiento que condujo a su caída en desgracia con el gobierno venezolano y posteriormente a convertirse en el blanco de un atentado.

“[Con el documento], ahora tengo una Seguridad Nacional, pero electrónica”, explicó Daquin, quien actualmente solicita asilo político en Estados Unidos.

En realidad luce más como el G2 cubano, cuya presencia en Venezuela era notable incluso antes de que el gobierno de Chávez firmara con Cuba una concesión de emitir los documentos de identidad del país sudamericano.

“Ya desde antes [de la firma del convenio], los cubanos habían tenido acceso a lo que les daba la gana en cuanto a la identidad de los venezolanos”, aseguró el general de Brigada de la Guardia Nacional, Marco Ferreira, quien fue jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIEX) de Venezuela.

Ese acceso cobró fuerza durante la gestión en el 2004 del ex ministro del Interior, Jesse Chacón, quien, según Ferreira, terminó por abrirle las puertas totalmente al personal cubano al sistema de documentación y extranjería.

Algunos de los representantes de Cuba y Venezuela al ser recibidos por autoridades chinas de alto nivel en julio del 2007. Cortesía Anthony Daquin.

Control total:

Hoy en día, es personal cubano el que tiene el control de los sistemas de documentación de los venezolanos. Un contrato redactado en el 2007 otorgó a la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas S.A., división comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, la concesión para emitir la documentación venezolana.

A cambio de los documentos, cuya elaboración en realidad Albet subcontrató a la multinacional Gemalto debido a su incapacidad técnica de elaborar la tarjeta, el gobierno venezolano se comprometió a pagar $172 millones, de acuerdo con el contrato suministrado por Daquin a El Nuevo Herald.

El contrato estipulaba la entrega de ocho millones de tarjetas vírgenes, pero Albet solo entregó seis millones, en lo que constituye una clara violación del contrato, dijo Daquin.

Según Daquin, el control de Albet sobre el proceso de emisión de documentación y sobre las bases de datos utilizadas en el proceso es absoluto y el régimen de la isla cuenta con todas las herramientas necesarias para expedir documentos venezolanos legítimos a cubanos o a cualquier otro extranjero.

La información vinculada a esos documentos comenzó a ser recabada por Cuba incluso desde el 2002, y actualmente se encuentra almacenada en una gigantesca base de datos administrada desde Cuba por personal de la UCI, dijo Daquin.

La base de datos, que inicialmente sólo incluía la información de la DIEX, fue sistemáticamente ampliada para incluir la información recaudada por los otros organismos, como la autoridad fiscal, los programas sociales conocidos como “Misiones” e incluso la información pertinente a la afiliación política del ciudadano, dijo Daquin.

También fueron incluidas toda la información de las notarías y la de los registros civiles.

Esto quiere decir que los servicios de inteligencia cubanos pueden en cuestión de segundos determinar no solamente las características personales de cualquier individuo, su edad, su última residencia fiscal, y cuánto gana, sino también las propiedades que tiene.

El gobierno venezolano, por su parte, niega que el régimen de La Habana esté en control del sistema de identificación venezolano.

“[La base de datos para la cedulación] es administrada de manera soberana e independiente por venezolanos”, sostuvo recientemente el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami.“Es falso lo que dice el oposicionismo [de que está en manos cubanas]”.

Daquin, no obstante, aseguró que el ministro miente.

“Venezuela le entregó todo esto a Cuba como parte de su estrategia para controlar al ciudadano”, reiteró Daquin. “El objetivo es: ‘tenemos que controlar a la población venezolana, a los ciudadanos y a la ciudadanas para presentar, llevar e implementar nuestro modelo’, modelo completamente socialista”.

Por otro lado, la cédula electrónica le otorga una nueva dimensión al instrumento de control, ya que otorga la facultad de las autoridades de detectar a un ciudadano al instante y cualquier opositor que se exprese negativamente contra el gobierno en la calle podría ser identificado sin que se de cuenta, explicó Daquin.

El gobierno venezolano actualmente está en posesión de seis millones de tarjetas con el chip RFID (sistema de identificación por radiofrecuencia) y tiene planes de iniciar un proceso de reemplazar los viejos documentos con los nuevos a partir del 2013.

El polémico sistema RFID es utilizado actualmente por las autoridades chinas por los beneficios que otorga en la gigantesca tarea de controlar a más de 1,200 millones de ciudadanos.

En un momento dado la tecnología fue considerada por algunas compañías de tarjetas de crédito en Estados Unidos para acelerar los pagos sin que el instrumento tuviese que ser pasado a través de un lector, pero esos planes fueron descartados debido al alto riesgo vinculado con el robo de identidad.

La elaboración de la base de datos con la información de los venezolanos comenzó en los primeros años de mandato del presidente Chávez sin autorización de la Asamblea Nacional tras la firma de un acuerdo de cooperación con Cuba.

Esa información se encontraba en gran medida recaudada en papel haciendo uso de un formato que era aplicado en el país por décadas y la tarea de digitalización fue asignada a miles de jóvenes venezolanos pertenecientes al denominado Frente Francisco de Miranda, muchos de los cuales fueron entrenados en Cuba para convertirse en los guardianes de la revolución de Chávez.

“Se trata de una serie de venezolanos que desprecian la identidad venezolana, desprecian lo que deberían ser su sentido patriótico y se han convertido en agentes más radicales que los cubanos”, comentó Ferreira.

“Son gente del Frente Francisco de Miranda. Los llevaron para que se formaran como milicianos, y luego les dan la función de comisarios políticos, y los regaron por todas las instituciones del Estado”, añadió.

Los integrantes del frente estuvieron a cargo de la denominada Misión Identidad, iniciativa que en cuestión de pocos años emitió más de cinco millones de cédulas de identidad a extranjeros que residían en el país, dijo Daquin.

Daquin, no obstante, dijo que es poco probable que las leyes venezolanas hayan sido cumplidas a cabalidad durante la emisión de los documentos en una operación que además tenía serías implicaciones electorales.

“Esta es una pregunta que debe realizarse todo venezolano: ¿Está usted seguro de que la persona que tiene al lado es el ciudadano que dice ser? ¿Quién asegura que es así? Las bases de datos en Venezuela tienen una discrepancia muy grande”, expresó el ingeniero.

La experiencia en Venezuela es una que Cuba aspira a replicar en otros países del ALBA.

Daquin dijo que personal cubano estuvo involucrado en el proceso de emitir nuevos documentos de identidad en Nicaragua y ha tenido acercamientos con Ecuador y Bolivia.

“Cada país tiene su propia base de datos, pero cuando Cuba accede a esa información, obviamente excede a las base de datos, a su estructura principal. Y realmente el objetivo es el mismo que se hizo en Venezuela. Es un objetivo de integración bajo un solo modelo, y una sola ideología política”, expresó.

Investigan cédulas:

Desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitarán la cooperación de parlamentarios en Holanda con el fin develar los detalles de la negociación por medio de la cual la empresa cubana Albet subcontrató a la trasnacional Gemalto, con sede en Ámsterdam, para que haga las cédulas electrónicas venezolanas. El gobierno de Hugo Chávez ha rodeado de hermetismo la operación por más de 172 millones de dólares que suscribió con Cuba en 2007 para la elaboración de las identificaciones con chip, que empezarán a emitirse después de las elecciones de 2012. El proyecto tiene 3 años de retraso.

El diputado Carlos Ramos, de la Comisión de Contraloría, envió hace un mes una carta a la casa matriz de Gemalto (Cuba subcontrató a la filial mexicana por 40,5 millones de dólares), en la que pide información sobre el proyecto.

Pero la compañía ­que maneja cerca de 30% del mercado mundial de tarjetas inteligentes­ no respondió preguntas sobre detalles del contrato firmado en La Habana, lo que ha pagado Venezuela, cuántas cédulas ha enviado al país y por qué la empresa no fue contratada por el Gobierno.

Ramos solicitará ayuda a diputados holandeses para obtener datos sobre la negociación en la que la firma cubana fue intermediaria. En el acuerdo comercial Albet se reserva el manejo de los códigos fuente de las aplicaciones informáticas para las cédulas y limita la participación de técnicos venezolanos.


Por: Antonio M. Delgado
adelgado@elnuevoherald.com
@DelgadoAntonioM




MIGUEL BAHACHILLE M: El mundo feliz de Jesse

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¡Dios bendiga a la Venezuela feliz de hoy!

 

El exministro de Relaciones Interiores y Comunicación e Información y exdirector de Conatel, Jesse Chacón, ahora encuestador de lujo del régimen, ha solucionado mediante una mágica consulta lo que las doctrinas clásicas más conspicuas no han logrado en milenios: felicidad de sus pueblos. Merecen caridad países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda que, no obstante el excelente nivel de vida de su gente, tengan un parco índice de felicidad entre el 72 y 75%. Bien les convendría a los dirigentes de esos pueblos dirigir la mirada hacia Venezuela, contactar a los directores de GIS XXI, para civilizarse y aprender cómo se llega al 82%.

Jesse informaba en rueda de prensa que el 82% de los encuestados en el Estudio Social del Gusto 2011 (?) manifestó ser muy feliz; 4% muy infeliz y 1% no contestó. Dato curioso es que el 29% de los inquiridos cree que la familia es el elemento más importante para el logro de la felicidad mientras el 24% que es el bienestar material, como si ambas posiciones fueren excluyentes. También señala, como poca cosa, que apenas el 17% se inclina por vivir fuera de Venezuela. Queda por aclarar en qué sectores se forjaron estas consultas cabales para llegar al 82% de felicidad.

Sería interesante ver la ficha del encuestador entre miles de plagiados y sus familiares de todas las clases sociales, desamparados ante el hampa despiadada, si antes no son asesinados bajo un manto de impunidad, para entender a cuál felicidad se refiere.

También cabe preguntar si los vecinos de los estados Carabobo y Aragua cuyas viviendas están anegadas por aguas del lago y por corrientes putrefactas, son felices ante la desidia de un régimen millonario y botarate que confiere parte el erario a otros países.

Si son felices las madres que peregrinan por los mercados y bodegas del país, humillándose, para obtener un paquete de leche en polvo para sus hijos, algo de café, aceite y un kilo de azúcar, entre otros, por demás encarecidos por la indetenible inflación.

Si preguntó por la felicidad de miles de mineros que trabajaban el oro del estado Bolívar y que fueron desalojados violentamente de sus sitios de faena para ser suplantados por mafias de la región. Si seguían siendo felices a pesar que el Gobierno desmembró un oficio transferido por generaciones durante siglos. Por otra parte, ¿son felices los tercerizados de Sidor?

Si se auscultó el grado de felicidad de centenas de miles de desempleados, pedigüeños, bisuteros, subempleados, o misionados, carentes de seguridad social, que viven en contextos hostiles en los que les está negado el derecho de lograr el ascenso social prometido por el Presidente una y otra vez desde hace13 años.

Si se preguntó a los cientos de miles de venezolanos carentes de viviendas si son felices no obstante la eterna engañifa y cruel ignominia a que son sometidos a diario en las inmensas y degradantes colas a las puertas de los diversos organismos públicos. Y si la felicidad se extiende a las decenas de miles que ocupan los refugios insalubres, carentes de seguridad y servicios.

¿Son felices los que a diario sufren cortes de energía, los choferes que pierden sus vehículos por las fatal situación de las vías, y los que al azar padecen incrementos de las tarifas de luz, aseo y agua?

Sin embargo el sondeo tiene algo de lógica cuando se hace entre las 18.000 bandas de delincuentes que actúan a la libre azotando al país con la certeza que serán cobijados por una tutela humanista que, según la ministra Varela, respeta sus derechos humanos. ¡Ellos sí que son felices en 100%! Sin embargo la encuesta de Jesse en este sector está mal prorrateada pues nadie puede pensar que el 82% de los felices esté constituido solo por forajidos. Hay otro grupo (los corruptos) que también es muy feliz.

Los armatostes publicitarios del Gobierno para convencer al pueblo de las bondades de un colectivismo fruslero de nada sirven ante la dura realidad de un país que ve y siente la progresividad del caos. Es inexcusable que después de 13 años no se vislumbre el patrocinio de este gobierno indolente y carente de la civilidad. Las elecciones de octubre 2012 marcarán el inicio de la redención de las instituciones infiltradas para enrumbar el país por la vía de la paz y el progreso.


Por: MIGUEL BAHACHILLE M.
miguelbm@movistar.net.ve
EL UNIVERSAL
lunes 26 de septiembre de 2011