Dentro de la Habilitante se revisa ley que imponga cobro de 1% anual sobre bienes que superen las 15.000 unidades tributarias.
Dentro de la Habilitante se revisa ley que imponga cobro de 1% anual sobre bienes que superen las 15.000 unidades tributarias.
Excluye vivienda principal
La idea de imponer un impuesto al patrimonio de los ciudadanos nuevamente forma parte de los proyectos que revisa el despacho de las finanzas públicas, dentro de las facultades que le concedieron al Ejecutivo para legislar en materia tributaria.
Hace cinco años el Seniat elaboró un proyecto de ley dirigido a pechar bienes sobrebienes y derechos patrimoniales de las personas naturales, y el cual pretendía sustituir el impuesto a las sucesiones que actualmente se cobra por los bienes que se heredan de una persona fallecida.
Revisan el borrador con motivo de la reforma tributaria que prevé emprender el Ministerio de Planificación y Finanzas, principalmente porque no quiere que las modificaciones se refieran exclusivamente a impuestos regresivos como el IVA o al IDB, cuya tasa o alícuota es igual para quienes tienen altos ingresos como para los de pocos ingresos. “El impuesto al patrimonio iría asociada a una revisión del impuesto sobre la renta”, dijo una fuente oficial.
El proyecto redactado parte del cobro de una tasa anual de 1% por patrimonios iguales o superiores a 15.000 unidades tributarias, que en la actualidad equivale a 975.000 bolívares, pero ese monto excluye el inmueble que sirva de vivienda principal, los bienes que formen parte de la actividad profesional de la persona, los derechos que provengan de la propiedad intelectual o industrial que reciba, las inversiones en bonos públicos y el dinero en cuentas de nómina.
También están exentos los efectos personales y del hogar, pero el impuesto sí recae sobre la propiedad de una segunda vivienda o inmueble de vacaciones, aeronaves, naves y veleros, acciones en empresas o clubes o centros recreativos, joyas, pieles, obras de arte y antigüedades.
En el Seniat se considera que el impuesto al patrimonio de las personas opera como un complemento del ISLR y “el pago es mayor cuánto más riqueza se tiene”, expresó la fuente.
Asuntos de sucesión. El Seniat afronta problemas con el impuesto de sucesiones porque su recaudación es baja, los trámites para su declaración y pago son engorrosos y, según señalan, su elusión es fácil, sobre todo por parte de las personas de altos ingresos.
El organismo tributario, a través de una dependencia que ya eliminó como fue la Defensoría del Contribuyente, cuestionó la permanencia de este impuesto porque viola derechos ciudadanos toda vez que se incurre en retrasos y ocasionan perjuicios económicos a las personas.
En la gestión de José Vielma Mora como superintendente del Seniat se impulsó este impuesto pero con la salida del funcionario del despacho, se descartó.
Por: ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
TRIBUTOS | Política | Economia
EL NACIONAL
La llamada Ley Antitalanquera, que criminaliza el uso de la capacidad de discernimiento por parte de los parlamentarios, es una elocuente muestra del lamentable rumbo por el cual transita el Partido Socialista Unido de Venezuela, muy parecido al de aquellos viajeros de la Edad Media que colocaban un cinturón de castidad a sus esposas como mecanismo para evitar la infidelidad.
No es la confianza sino la desconfianza lo que trasluce una fuerza política que promueve una iniciativa parlamentaria destinada a impedir que sus diputados piensen con cabeza propia, o que se atrevan a tomar otro camino y destino políticos si consideran que la organización en la cual militan ya no responde a los principios que la orientaron al momento de su fundación o, como es el caso que vivimos en Venezuela, al proyecto de país que nos dimos los venezolanos cuando discutimos y aprobamos la Constitución de 1999.
Precisamente, la llamada Ley Antitalanquera, “ley culillo” o “ley cepo”, como prefiero denominarla, pisotea de manera descarada la carta magna, en cuyo artículo 201 queda claramente establecido que los diputados y diputadas deben obedecer a su conciencia y a sus electores. Sus promotores y sus autores pretenden convertirse en los amos y señores de la noción de pueblo, por lo cual en su nombre cometen este tipo de atrocidades legislativas que a la larga terminan de desnudar el perfil autoritario que se ha impuesto a troche y moche, y que convierte de hecho en letra muerta el texto constitucional.
Seguramente la intención que animó a los redactores de la abortada ley de inteligencia, bautizada como “ley sapo”, para proponer un instrumento legislativo digno de un régimen de terror es la misma que ha llevado a sus promotores a engendrar un adefesio jurídico que debería ser rechazado contundentemente por el Tribunal Supremo de Justicia si éste hiciera gala de la autonomía que le otorga la carta magna.
De lo que se trata es de colocar un cepo, un cinturón de castidad en el pensamiento de los diputados para que sólo puedan mover la mano al ritmo que le indiquen. Y pobre de aquél que se atreva a dudar, a pensar, a cuestionar, a criticar, y peor aún, a deslindar de este equivocado y tenebroso camino de seguidismo, incondicionalidad y esclavitud mental por el cual ahora transitan unos diputados recién electos que no tienen la confianza del Presidente, porque entran en la categoría de “estado general de sospecha”, al cual aludió una vez Eliézer Otaiza.
La verdad es que no quisiera estar en el pellejo de los nuevos diputados del PSUV.
De hecho son prisioneros políticos, aunque voluntariamente estén apoyando al Gobierno y a su máxima figura. Y lo son porque si mañana alguno de ellos trata de marcar una diferencia, de dejar colar algún matiz que no sea del agrado de sus superiores y particularmente del líder, puede pasar en un dos por tres a ser un paria de la política, con inhabilitación incluida.
Esta ley cepo es una buena respuesta a quienes se preguntan por qué gente que apoyamos durante mucho tiempo al gobierno del presidente Hugo Chávez ya no estamos acompañándolo y hemos decidido marcar clara distancia. Si algo positivo puede derivarse de esta atrocidad legislativa es el hecho de que en este momento no pocos seguidores del Gobierno deben estar reflexionando en silencio sobre la inviabilidad de un proyecto político asentado en la adoración acrítica de un líder, y en una práctica autoritaria de la cual son víctimas no sólo los opositores o los sectores que no se pliegan sino también quienes han sido electos con el apoyo del partido rojo rojito.
La ley cepo en sí misma es una clara señal de alarma. Estamos ante un drama orwelliano. De aquí a la policía del pensamiento el trecho es corto. Todo sea por impedir la rebelión en la granja.
Por: VLADIMIR VILLEGAS
Política | Opinión
EL NACIONAL
El déficit de viviendas en el país es de aproximadamente 2 millones de unidades.
Después de que el Presidente dijo que arrendará inmuebles para los damnificados, bajó la cantidad de avisos en las páginas de clasificados.
Arriendo es 8% de la oferta
Después de que el Presidente dijo que arrendará inmuebles para los damnificados, bajó la cantidad de avisos en las páginas de clasificados
Luego de que el presidente Hugo Chávez anunció el domingo que alquilará viviendas para resolver el problema habitacional de los 130.000 damnificados por las últimas lluvias en el país, disminuyeron los avisos de arrendamientos en las páginas web de clasificados.
El déficit de viviendas en el país es de aproximadamente 2 millones de unidades.
Un corredor inmobiliario, que pidió no ser identificado, afirmó que minutos después de que Chávez informó la medida, seis de los siete clientes que manejaba y que ofrecían apartamentos, anexos y casas en alquiler le pidieron que quitara la oferta de Internet.
La decisión del primer mandatario afectará aún más el mercado de alquileres de vivienda. Felipe Martínez Cova, presidente de la Cámara de Bienes Raíces, indicó que sólo 8% del total de ofertas inmobiliarias son para arrendamientos, mientras que en otros países llega a 60%. Aseguró que la congelación de los cánones de arriendos, vigente desde 2002, acabó con la rentabilidad del negocio.
A juicio de Martínez, el alquiler de viviendas para los afectados por las lluvias no es la solución debido al déficit habitacional en el país. “Es la salida más efectista, pero no la más efectiva. El problema se resuelve con el levantamiento de nuevos inmuebles”, manifestó.
Afirmó que es necesario incentivar la industria de la construcción con reglas claras para invertir, pues el Estado solo no puede solucionar el déficit de aproximadamente 2 millones de viviendas y requiere de la ayuda del sector privado.
“Igualmente agregó Martínez mientras que a los propietarios no se les brinde seguridad jurídica, no pondrán en alquiler sus inmuebles”.
Por: CARMEN SOFÍA ALFONZO A
VIVIENDA | Política | Economia
EL NACIONAL
El diputado electo, Juan Romero, participó en las dos reuniones que se celebraron ayer y manifestó su respaldo a los trabajadores del campo.Efectivos de la Guardia Nacional permanecen en las calles para evitar alteracio-nes del orden público, ante el descontento popular por las expropiaciones.
El diputado electo, Juan Romero, participó en las dos reuniones que se celebraron ayer y manifestó su respaldo a los trabajadores del campo.
El legendario ganadero y sus trabajadores
se niegan a rendirse en “El Peonío”
■ A sus 94 años el productor agropecuario defiende su propiedad pese a la orden del Presidente Chávez.
■ Como siempre,siguen ordeñando, alimentando ganado, educando a los niños y atendiendo pacientes.
■ Mientras la Guardia Nacional exige que abandone las tierras, llega respaldo popular para los Meléan.
■ Hoy el Consejo Legislativo sesionará en Santa Bárbara con la participación de todas las comunidades.
■ PRESIDENTE CHÁVEZ: “Allá en el Sur del Lago se la dan de guapos y apoyaos”
Siguen en pie de lucha. Oran ante Dios. Dialogan. Pero no están dispuestos a quedar en la calle. Ayer Chávez dijo que “se la dan de guapos y apoyaos”. Alta presencia militar en la zona. Hoy sesiona el Clez.
Una misa de acción de gracias, continuas oraciones a Dios y deseos de llegar a una Navidad en paz, caracterizaron ayer la jornada de miles de trabajadores del campo, mientras el Presidente Chávez decía en su programa televisivo que “allá en el Sur del Lago se la dan de guapos y apoyaos”.
Tras el cierre del paso en el kilómetro 7, entre Santa Bárbara y El Vigía, la gran familia del campo surlaguense amaneció el domingo en alerta máximo, esperanzada en la devolución de las 47 fincas expropiadas por Chávez.
Al oir que el mandatario había decidido devolver 17 propiedades, reapareció la ilusión en los sombríos rostros de quienes han pasado la vida criando ganado, ordeñando y preparando la tierra.También en El Chivo y sus alrededores los sembradores de plátano aspiraban a una reflexión de Miraflores, porque además del dolor y las pérdidas ocasionadas por las lluvias, los habían despojado de sus predios.
El diputado electo por Un Nuevo Tiempo, Juan Romero, estuvo presente en la actividad e indicó que los afectados esperan que el presidente Hugo Chávez rectifique la medida. “Aquí no hay tierra ociosas, aquí no hay tierras que hayan sido tomadas de manera ilegal y pedimos al gobierno que rectifique la equivocación que cometió, que reinstaure el derecho que tienen los productores a seguir trabajando por el país y nos sentemos a dialogar para inclusive utilizar la experiencia de las personas que fundaron estas tierras para llevar el progreso a otras zonas del país”.
El Parlamentario señaló que los ganaderos exigen que la medida de expropiación se revoque y se abra una mesa de negociación para buscar soluciones, pues aunque entienden la situación de emergencia, consideran que sus derechos han sido atropellados, por los que los pobladores del Sur del Lago se están organizando y buscando las vías de diálogo con el Gobierno para hacerles entender “que esas tierras no son ociosas, no son latifundios, que fueron legítimamente adquiridas y han sido trabajadas por muchos años por hombres y mujeres”.
Entretanto, los familiares y trabajadores se dedicaron a visitar casa por casa en Santa Bárbara para informar a la colectividad de la injusticia de la cual son víctimas.
Efectivos de la Guardia Nacional permanecen en las calles para evitar alteraciones del orden público, ante el descontento popular por las expropiaciones.
Mantienen resguardo:
Mientras los ganaderos, agricultores y sus familiares se encontraban concienciando en conjunto con los dirigentes políticos presentes en la zona, los centenares de trabajadores de las fincas expropiadas y de la hacienda El Peonio se mantenían en vigilia resguardando sus sitios de trabajo.
En el ambiente reinaba la calma en contraste con las horas vividas entre viernes y sábado. Ayer no hubo cierre de vías ni enfrentamientos. No obstante, en los alrededores y dentro de las fincas y en la población de Santa Bárbara, había fuerte presencia de efectivos de la Guardia bolivariana y del Ejército.
Caravana en apoyo:
Como parte de las actividades programadas para rechazar las acciones gubernamentales, los productores realizaron en horas de la tarde una caravana desde Santa Bárbara hasta la finca El Peonio, de Jesús “Chucho” Meleán, para brindar apoyo y solidaridad al propietario de la única hacienda que no fue tomada por los funcionarios del Estado.
La caravana recorrió las 46 fincas tomadas y concluyó en El Peonio, donde un gran número de personas se han acercado para expresar apoyo a Meleán y a sus trabajadores por la gallardía mos-trada el pasado viernes al impedir la entrada del Ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo y la toma de las 2 mil 500 hectáreas que la conforman la hacienda.
Allí se efectuó nuevamente una asamblea en horas de la noche donde los productores acordaron que, para el día de hoy, los diputados del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) sesionen en conjunto con el Grupo Parlamentario Zuliano en Santa Bárbara. También se espera la presencia del gobernador Pablo Pérez.Igualmente se acordó exigir una reunión para el día martes con el ministro Loyo y las autoridades del Instituto Nacional de Tierras, para que evalúen la situación de la zona, reconsideren la medida y entreguen las propiedades a sus dueños.
El Táchira defenderá:
Los diputados electos y pertene-cientes al Bloque Parlamentario del Táchira también rechazaron ayer, desde Coloncito, la expropiación en el Sur del Lago. El grupo puntualizó que en la zona hay unos 200 productores que se sienten amenazados con las recientes estatizaciones ejecutadas.
Los cinco diputados que conforman el grupo tachirense estuvieron en Coloncito para participar en una asamblea extraordinaria en compañía de comerciantes, la sociedad civil y el pueblo.El diputado electo, Abelardo Díaz, habló en nombre de los presentes y aseguró que “no les vamos a permitir al Gobierno nacional que pase a nuestro estado a robarse las tierras de la gente que las ha trabajado y que las ha construido durante tantos años”.Díaz añadió que tomarán acciones contundentes, por lo que llamó a la sociedad a salir a la calle.
Manifestó, en nombre del pueblo del Táchira, su apoyo a los productores del Sur del Lago, al igual que indicó que defenderán con sus propias vidas las tierras de la región, ya que la Constitución exige respeto a la propiedad privada. “Aquí tenemos la Constitución en mano, defendiendo el legítimo derecho a la propiedad privada.
No se le ocurra venir a meterse con los propietarios de esta finca porque va a encontrar un pueblo en la calle, porque estamos organizados y vamos a defender con nuestra propia vida el derecho a la propiedad privada”.
Informó que cerrarán la carretera Panamericana como primera acción de calle.
Autoridades reprimirán:
Por su parte, la Policía Municipal de Colón, así como los funcionarios de la Guardia y el Ejercito estarán desplegados en la zona para evitar que sectores de oposición ejecuten cualquier tipo de acción “desestabilizadora” en el Sur del Lago, comunicó el secretario de Seguridad del municipio Colón, David Vidopio.
Cientos de agricultores del Sur del Lago defienden “a capa y espada” los 47 fundos que fueron expropiados por el Gobierno.
Cientos de agricultores del Sur del Lago defienden “a capa y espada” los 47 fundos que fueron expropiados por el Gobierno.
Cientos de agricultores del Sur del Lago
defienden “a capa y espada” sus tierras
A propósito de los acontecimientos en el Sur del Lago, los gremios responsables de producir alimentos están en pánico. Temen que se avecine un desabastecimiento. Exhortan a Chávez a frenar los confiscaciones.
Según estimaciones hechas por el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Manuel Cipriano Heredia, desde el 2003 hasta octubre de este año el presidente de la República, Hugo Chávez, ha ordenado la expropiación de 900 fincas productivas, de las cuales solamente el 5% han sido indemnizadas.
Si a esta pasmosa cifra le sumamos las últimas 47 que se resisten a ser intervenidas en el Sur del Lago de Maracaibo, otras 200 que afectarán a igual cantidad de productores de La Fría, La Tendida y Coloncito (Táchira) y 38 que serán tomadas en Apure antes de culminar este año, estamos hablando de mil 185 haciendas de diferentes tamaños que pasarán a manos del Gobierno nacional, cuyos dueños son, en su mayoría, pequeños y medianos agricultores activos.
Sin embargo, parece que el fin último de las expropiaciones, “rescatar los terrenos ociosos para convertirlos en terrenos productivos”, no se está cumpliendo a cabalidad.
Heredia explicó, con documen-tación en mano, que “se ha incre-mentado en 100% la importación de animales vivos desde Brasil y Nicaragua hasta septiembre de este año. Por ello, 60% de la carne consumida en el país sería impor-tada. Igualmente, la importación de leche desde Argentina también aumentó en el 2010”.
Añadió, además, que tras la ex-propiación de la empresa Agroisleña, una de las principales proveedoras de materia prima para los agricultores del país, “ya no se consiguen los productos que se necesitan para las siembras del próximo año”, lo que presagia una fuerte escasez de alimentos en Venezuela, similar al legendario período bíblico de siete años de “vacas flacas”, posterior a un período de bonanza.
120 empresas expropiadas:
Todo indica que dicha ilustración no es alarmista, sino real. El diputado electo a la Asamblea Nacional, Julio Borges, relató que las expropiaciones a empresas privadas no han traído ningún tipo de beneficios, tanto para sus trabajadores como para el país:“120 empresas han sido expropiadas por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desde el 2003 hasta la fecha.
Su objetivo es adueñarse de todo bajo la figura de una ‘propiedad social’, que lejos de beneficiar, ha impulsado el desempleo y la inflación”.
El presidente de Consecomercio, Nelson Maldonado, estimó que en el 2008 las importaciones sobre-pasaron los 50 mil millones de dólares, por el “colapso integral de la economía”, incluyéndose las expropiaciones de propiedades privadas. “El barco se está hundiendo, y si no hay un replanteo que dé confianza en el país para invertir y crear trabajo, la situación va a estar muy delicada”, concluyó.En contraste, el primer Mandatario nacional justificó las expropiaciones en “Las líneas de Chávez” publicadas ayer, bajo el siguiente argumento: “(…) No había mejor forma de honrar su memoria (Simón Bolívar) que con la toma, este 17 de diciembre, de 47 latifundios en el Sur del Lago”.
Ya que el Libertador tiene muchos años de fallecido, sería interesante preguntar a los dueños legítimos de las tierras confiscadas si están de acuerdo con la tesis del primer Mandatario nacional.
Por: Abraham Puche
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Shakira dijo que el año más
“caliente” iba a ser el 2010
En estas fotos pertenecientes al promocional La Loba, la cantante colombiana Shakira se muestra en poses muy sexy y con poca ropa.
Este año la colombiana fue seleccionada como una de las artistas más influyentes del 2010 luego que: cantara en inglés y en español la canción oficial del campeonato
hgfhf
mundial de fútbol; sacara un nuevo disco, “Sale el sol”, el noveno de su carrera y además el primer single, “Loca”, ya encabeza numerosos charts en todo el mundo y será presentado en febrero y marzo en una gira por Latinoamérica.
Shakira ahora escribe para los niños:
Presentó un libro de cuentos inspirado en el personaje de “Dora, la exploradora”; parte de las ganancias obtenidas de su venta serán donadas.
La compositora y cantante colombiana Shakira, se lanzó al mundo de las letras con la presentación en Colombia de su primer libro infantil: “Dora la exploradora en la aventura del día mundial de la escuela”. En este cuento se narran las aventuras que viven Dora y su compañero de ruta Botas, para recaudar útiles y otros elementos que faltan en las escuelas más carenciadas.
Dora, la exploradora es un muy famoso personaje de dibujo animado de la cadena televisiva Nickelodeon. “Dora es una inspiración para todos los niños del mundo, incluso lo es para mí. Fue un honor trabajar con Nickelodeon para escribir esta historia porque la educación es una causa muy cercana a mi corazón”, dijo Shakira, en la conferencia que organizó el Grupo Norma, editora del libro. La estrella del pop añadió que quiere “que los niños de todas partes del mundo sepan que a través del conocimiento y la educación uno puede embarcarse en grandes aventuras”.
El libro, de tapas duras, tiene brillantes ilustraciones en acuarela, y un porcentaje de sus ganancias será destinado a la Fundación Pies Descalzos, organización sin fines de lucro dedicada a la niñez, creada y sostenida por la cantante.
El Sebin Mantenía hasta ayer detenido a Joé Topel Capriles, un industrial miembro de una honorable familia carabobeña
Franelas dicen que le iban a
ensuciar la revolución a Chávez
*** NI OFENDO NI TEMO. En la Alcaldía de Valencia luce que ha desaparecido de la estructura operativa la figura ejecutiva del director o directora general del despacho, tras el fracaso que han tenido todos los funcionarios escogidos para ejercer estas funciones en la actual administración, la cual no ha dado “pie con bola” en la selección de quien tenía que superar con creces la labor de Gustavo Urriola, que desempeñó ese cargo por más de una década. Frente a esa realidad, el actual jefe del gobierno municipal de Valencia se habría quitado de malos ruidos, y giró instrucciones para que en adelante los directores de la alcaldía le reporten y rindan cuentas a una persona muy conocida en el entorno, de la más absoluta confianza, y quien sin ser funcionario del municipio, es el que controla, supervisa y ordena, garantizando que se cumplan las pautas y lineamientos de la máxima autoridad municipal. Allí queda eso.
*** BASTA DE RODEOS. Ciento 98 denuncias de presuntos hechos irregulares ocurridos con la venta, uso y ocupación de terrenos y la construcción y remodelación de inmuebles, duermen el “sueño de los justos” en la Comisión de Ejidos del Concejo Municipal de Valencia, presidida por Oswaldo Di Lorenzo, de quien se desconocen las razones para que no haya profundizado o al menos dado curso a las averiguaciones correspondientes, sabiéndose de era un “come candela” en la universidad y en la lucha social, como dirigente de izquierda. La mayor parte de estos aparentes “guisos” se encuentran ubicados en la zona sur, sobre todo a lo largo y ancho de la avenida Las Ferias, surgidos a la luz de los arreglos y negociaciones de casas y hasta edificios afectados por los trabajos del Metro de Valencia. Hay bastante tela para cortar.
*** PICA Y SE EXTIENDE. El retorno de Orlando Flores a la Dirección de Obras Públicas Municipales de Valencia genera suspicacias y picazón. A este beneficiario del gobierno municipal se le endilga un bestial fracaso en su gestión al frente de Iamvial en este mismo período, y es de los que aparece severamente cuestionado en los informes del ex contralor José Miguel Martínez, y concretamente se le atribuye supuesta corresponsabilidad en la ejecución de obras de vialidad urbana en la ciudad, aceptando el uso de un asfalto que no reunía condiciones mínimas de calidad, causando daños al patrimonio municipal. ¿Después de ojo sacado?
*** AGUINALDO Y REYES. La recién creada Brigada de Policía de pedales, que ahora se mueve en Valencia en lugar de la Policía Montada, exitoso proyecto del ex gobernador Salas Römer ejecutado años atrás, se ha convertido en una pesadilla para los automovilistas, y sobre todo para los que se desplazan por la avenida Cedeño en pleno corazón de la ciudad, pues estos efectivos están pendientes de la más mínima infracción a las normas de tránsito, no para llamar la atención y corregir anomalías, sino para martillar en plena luz del día. Caída y mesa limpia.
*** DISCO Y GARROCHA. El doctor Adel Mostafá Paolini, antiguo fogoso líder juvenil de AD antes de pasarse al MEP, llegó a ser flamante magistrado del TSJ en la cuota que oportunamente recibió Proyecto Venezuela, y una vez jubilado en el máximo tribunal de justicia, sorpresivamente el presidente Chávez lo designó embajador en Kuwait, aprovechando que todavía no se había legislado sobre “saltos de talanquera”. Este afortunado hijo de Valencia, hermano de Antonio Mostafá, otrora mano derecha de Oscar Celli, es tío de Juan Mostafá, quien ahora suple la ausencia forzada del juez superior Miguel Angel Martín, suspendido del cargo hace cerca de dos años atrás por haberle tomado juramento al gobernador Henrique Fernando Salas. Así paga el diablo.
*** PAGO EL PLATO. El Servicio de Bolivariana de Inteligencia Sebin Mantenía hasta ayer detenido a Joé Topel Capriles, un industrial miembro de una honorable familia carabobeña, en la que figura hasta un connotado dirigente del chavismo, acusado de haber producido en su empresa de confección textilera, situada en San Juan de los Morros, la cantidad de 6 mil franelas con el mismo slogan por cual llevaron a juicio a un joven margariteño, que se atrevió a anunciar públicamente en su indumentaria personal, que le iba a ensuciar la revolución a Chávez. El perro muerde a su amo.
*** MANDA EL PUEBLO. Diversos sectores del chavismo radical, coincidiendo con revolucionarios light y hasta con la plana mayor que en Carabobo se identificó y resteó con Acosta Carles, ahora se están nucleando alrededor de Saúl Ortega para hacerlo su próximo candidato a gobernador del estado. Viento en popa.
*** PAPAGAYO ENREDADO. En Miranda el alcalde proclamado Eduardo Sequera hasta ahora no se ha podido juramentar para su tercer mandato. Ocurre que la Cámara Municipal, que ahora está controlada por la gente de Enzo Scarano le ha negado “la bendición”, aduciendo que es necesario que el CNE en Caracas diga la última palabra. Pero es que tampoco ningún juez de competencia se ha atrevido a darle el placet correspondiente, bajo el mismo alegato. Mientras tanto en Cuentas Claras siguen esperando que las autoridades en Caracas les cuadren las cuentas para proceder a impugnar la reelección de Sequera. Sube el telón.
*** GATO ENCERRADO. Al presidente del Concejo Municipal de Tocuyito, Ansi Garrido lo están cazando, y no es santificarlo. Ocurre que al parecer se quiere alzar con el santo y la limosna. Llegó a esa posición de la mano de la alcaldesa Carmen Alvarez, quien movió cielo y tierra para acabar con los vicios que imperaban en el ayuntamiento, y ahora todo apunta a que Garrido está a punto de caer en el mismo círculo que perturbaba la avenida municipal en Libertador. Guerra avisada.
… Se hace camino al andar
Chávez ha cesado, en los últimos días, sus ataques directos o vedados contra Lorenzo Mendoza, lo que no significa, de modo alguno, que lo haya sacado de su agenda. El presidente de Polar, por el contrario, siempre ha mantenido y mantiene la misma posición, ignorando por completo todo lo que se le ha antojado de decir, en forma abierta o encubierta, al presidente de la República, como si nada de lo que oye o lee, fuera con él. Mientras el Jefe del Estado más lo alude, Mendoza más lo elude. Nadie lo ha podido sacar de sus casillas, a conciencia de que cada uno de ellos dos, tiene un rol diferente con la historia, y que será la propia historia, más temprano que tarde, la encargada de registrar, de qué lado está la razón. Sabe este líder empresarial que Venezuela anda atenta y sigue paso a paso los hechos, y de allí la tranquilidad de asombro que muestra en cada una de sus acciones y decisiones. Su obra está presente en todo el país, no solo representada en los productos y bienes de consumo masivo de sus empresas, sino en escuelas, campos deportivos, dispensarios y donaciones materiales a la comunidad, que son el aval de su gestión social, y que lo catapultan como un emblema de lo que desean, quieren y necesitan los venezolanos para vivir mejor. Su política es no hacer política. Esa actividad se la deja a quienes viven para eso. El se preparó para ser empresario, emprendedor y generador de riquezas para compartir con sus trabajadores, con clientes y proveedores y sobre todo con los consumidores, en el entendido de que no hay un solo venezolano que a diario deje de beneficiarse o de servirse de un producto de origen o marca Polar. Pero es que no solamente hay preocupación en el gobierno por la imagen y prestigio de Lorenzo Mendoza. También su proyección nacional e internacional produce cosquilleos en otros sectores temerosos de las simpatías que acumula a su alrededor, porque pudiera truncar, si se lo propone, sueños y aspiraciones escondidas. Pero nada de eso, evidentemente, está en los planes del presidente de Polar. Lo suyo es trabajar por la grandeza de Venezuela, y en eso se le vio hace poco en Valencia. Caminante, no hay camino, …
Energía en Venezuela 119.297 gigavatios hora es la demanda de electricidad.
Energía en Venezuela 119.297 gigavatios hora es la demanda de electricidad.
Infractor será castigado con
prisión de “ocho a dieciséis años”
“Cualquiera que indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado secretos concernientes a la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, bien sea comunicando o publicando los documentos, u otras informaciones concernientes al sistema, será castigado con prisión de ocho a dieciséis años”.
Así reza el artículo 108 de la recién aprobada Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
4.254 kilovatios hora es el consumo percápita de Venezuela, el mayor de la región. 23.154 MW es la capacidad instalada de generación nominal actual del país.
Según analistas del sector, que prefirieron reservar su identidad, ésta es una ley fundamentalmente punitiva, toda vez que hace uso y “abuso” de la coacción e intimidación sobre el derecho a opinar, dar y obtener información, de un área pública y de interés colectivo.
Sin embargo, se desconocen los alcances reales de este artículo cuando se emplea la palabra “cualquiera”. No está claro si se refiere a “cualquier empleado del sector”, o si se hará extensible a quienes hagan uso final de la información filtrada, como pudiera ocurrir con los medios de comunicación.
Por su parte, el artículo 109 del instrumento legal, dice textual que: “Quien de manera intencional ocasione la interrupción del servicio eléctrico en todo o en parte del territorio nacional, será penado o penada con prisión de cuatro a ocho años”.
Según abogados consultados esta es una demostración más de la coacción y del componente político que se le ha impreso a la legislación en materia eléctrica. “La ley eléctrica aprobada tiene un factor fundamental y primariamente político más que técnico, por lo que su aplicación podría dar al traste con las buenas intenciones que podrían estar detrás de ella”.
Analistas señalan que con este artículo el Gobierno se adelanta a cualquier posibilidad o intento de huelga dentro del propio sector. “Se espera que con esto los trabajadores se abstengan de promover paros o protestas”, comenta el analista.
Mar de contradicciones:
La ley está repleta de contradicciones, dice el experto.
El instrumento hace alusión a la necesidad de alcanzar sustentabilidad económica y financiera, que implica necesariamente la cobertura de costos y gastos como en los principios capitalistas.
En primer lugar el modelo de gestión socialista que se toma como bandera dentro del esquema que intentan aplicar, se convierte en un dilema cuando se habla de sustentabilidad. “Este es un verdadero problema conceptual que habría que resolver”, comenta la fuente.
Y en segundo lugar, se formula la pregunta de cómo se resolverá dentro del tema de la sustentabilidad financiera, que se pretende alcanzar, el hecho de que el primer moroso con el sector eléctrico es el Estado.
Pese a que la ley establece la fijación de tarifas, el Ejecutivo Nacional ha insistido que mientras el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no esté en capacidad de brindar un servicio óptimo y adecuado para ejercer un cobro mayor de la electricidad, no se moverá el actual esquema tarifario.
Como se recordará los cánones eléctricos fueron congelados desde hace ocho años, mientras los costos y gastos para mantener en pie el servicio fueron creciendo de manera sustancial, entre ellos las nóminas de las filiales una vez estatizado completamente el sector.
Para analistas del entorno, esperar que el servicio llegue a niveles óptimos para iniciar un cobro mayor pudiera no darse en el corto plazo, toda vez que las inversiones que se requieren para lograrlo son elevadas y de larga duración. “Esta situación pudiera considerarse un círculo vicioso, pero el Gobierno no lo ve así, pues el componente político salta nuevamente a la palestra”.
Un elemento positivo y rescatable que contempla la ley en materia tarifaria, es que a través de alicientes intenta reducir al menos el despilfarro energético que ha caracterizado a los venezolanos. “El esquema de tarifas contendrá incentivos que estimulen el uso eficiente de la energía eléctrica”, reza la ley. Los analistas sin embargo, señalan que la definición de los parámetros tanto de subsidios como de incentivos deben ser racionales, si se quiere llegar a la sustentabilidad que establece la ley.
Empresas mixtas:
Entre los elementos que llaman la atención está la posibilidad de que empresas privadas puedan hacer sociedades con el Gobierno 60%-40% para la construcción de obras, producción y suministro de bienes y servicios que sirvan de insumos a las actividades del sector.
Sin embargo, analistas señalan que la idea de que el Estado se reserve el control de las decisiones y operaciones de las empresas al mantener una participación no menor del 60% de su capital social, es un plomo en el ala que las compañías privadas difícilmente estarán en disposición de asumir.
“Si el privado no puede tomar las decisiones para definir sus necesidades de inversión, no pondrá su capital a correr riesgos”, puntualizó el profesor y analista del sector eléctrico, José Manuel Aller.
Energía para compartir:
El intercambio de electricidad a los países vecinos estará signado, según la ley, por las relaciones geopolíticas que el Gobierno ha definido en su modelo de acción en todos los órdenes relativos a la integración.
Este elemento se introduce en la ley en el artículo 5 titulado “Principios rectores para la prestación del servicio eléctrico. La prestación del servicio eléctrico se rige bajo los siguientes principios”. El ítem 4 contempla la integración geopolítica como uno de esos principios rectores.
Se preguntan analistas qué ocurrirá entonces con las relaciones colombo-venezolanas en materia eléctrica. “¿Será sometida a la evaluación política que el Gobierno determine, sin importar que entre Colombia y Venezuela el intercambio de electricidad tiene más de 35 años?”.
Megavatios expropiables:
La ley reitera que los privados que empleen de dos megavatios en adelante podrán solicitar al Ministerio de Energía Eléctrica la instalación de plantas para la autogeneración. Sin embargo, estos sistemas deberán estar a disposición del Estado cuando éste lo requiera.
El punto que señala el académico, José Manuel Aller, es que estos equipos, que no son más que plantas de generación distribuida, son muy difíciles de interconectar a la red nacional. Sostiene que la incorporación de estos equipos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) suele ser más costoso que la propia planta.
La administración de estos aparatos generadores es compleja. Son centrales muy pequeñas y dispersas, que además no pueden operar de manera continua. “El sistema no está pensado para cosas así, sino para grandes bloques de energía interconectados en ciertos puntos”, asegura Aller.
La conclusión final de algunos conocedores del tema es que la nueva ley eléctrica se hace de todos los hilos del sector, bien sean determinantes o no para la prestación del servicio, lo que hace descansar sobre el Estado toda responsabilidad en torno al cumplimiento efectivo o no del servicio.
El gremio de profesionales del Derecho, a través de un comunicado, rechazó la Ley Habilitante concedida al presidente Chávez.
El gremio de profesionales del Derecho, a través de un comunicado, rechazó la Ley Habilitante concedida al presidente Chávez.
Consideró “antidemocrática”
las actuaciones de la AN
“El régimen nos ve como enemigos, porque defendemos la legalidad, la cual es contraria a toda dictadura o régimen totalitario, pero no debemos desmayar porque somos nosotros los defensores de las leyes y la Constitción y los más responsables en restaurar la democracia y el Imperio de la Ley en Venezuela”.
Caracas.-Los Colegios de Abogados de los distintos estados del país, presentaron un comunicado en el cual fijan posición acerca de los poderes habilitantes que le otorgó la actual Asamblea Nacional al Presidente de la República, y los cuales son ley a partir de hoy.
“Comunicamos a los ciudadanos nuestro repudio a la Ley Habilitante aprobada por los asambleístas, para complacer la voluntad del primer Mandatario de la República de arrogarse la facultad de legislar a su libre arbitrio, mediante decretos con rango, valor y fuerza de ley en los próximos 18 meses, despreciando la voluntad de la gente de vivir en un clima democrático de derecho y libertad”. Dijo Yvett Lugo, Presidenta del Colegio de Abogados de Caracas.
Señaló que el Presidente se aprovechó de los recientes aguaceros para solicitar al Parlamento la Habilitante, y aseguró que el pueblo resiente el discurso de siempre de quien no ha hecho nada por su bienestar, “sino todo lo contrario, de quien después de 11 años con plenos poderes e ingentes recursos despilfarrados, pide poderes extraordinarios para tener más poder por el poder”. Agregó “para mi son nulas todas leyes que emane de un poder que no tiene las competencias establecidas”.
Recalcó Lugo que los venezolanos exigen respeto, ya que esta práctica es antidemocrática y atenta contra la separación de los poderes. Asimismo dejó claro que el período de los dputados a la Asamblea Nacional es de 5 años, de acuerdo con la Constitución nacional, por lo cual la potestad legislativa de los actuales asambleístas vence el 4 de enero de 2011, lo que significa, que no pueden delegar más allá de esa fecha.
En tal sentido acotó que como profesionales del derecho y defensores de la Carta Magna, no pueden aceptar que la actual Asamblea Nacional se extralimite en un “fraude constitucional” y se burle de la soberanía nacional.
“Con esta habilitación ha quedado al descubierto la verdadera intención totalitaria del régimen, cuando se ha facultado al Presidente de la República a legislar en todos los ámbitos del acontecer nacional y así sustituir a la naciente Asamblea Nacional electa en sus funciones legislativas. Expresamos con indignación que esta Ley Habilitante es un golpe de estado al orden jurídico constitucional y al estado democrático y social de derecho y justicia”, afirmó.
Puntualizó que la Constitución contempla los mecanismos establecidos para expresar rechazo y uno de ellos es “activarnos y estar en la calle en la defensa de nuestros derechos constitucionales, son esos los únicos mecanismos que tenemos en estos momentos en un país donde no existe un estado democrático de derecho, donde no hay garantías por parte de los tribunales de Republica para garantizar los derechos establecidos en la Constitución”.
PAQUETAZO | Política
EL UNIVERSAL
lunes 20 de diciembre de 2010
Jesús Hernández Meleán, propietario de la finca “El Peonío”, dijo esta mañana que está dispuesto a entregar su propiedad al Gobierno nacional, con la única condición de que “paguen lo que valen”
Jesús Hernández Meleán, propietario de la finca “El Peonío”, dijo esta mañana que está dispuesto a entregar su propiedad al Gobierno nacional, con la única condición de que “paguen lo que valen”
Que paguen porque no está dispuesto
a asociarse con el Ejecutivo Nacional
Jesús Hernández Meleán, propietario de la finca “El Peonío”, ubicada en Santa Bárbara del Zulia, al Sur del Lago de Maracaibo, dijo esta mañana que está dispuesto a entregar su propiedad al Gobierno nacional, con la única condición de que “paguen lo que valen” sus tierras porque no está dispuesto a asociarse con el Ejecutivo, ya que considera que es mejor “trabajar solo”.
En conversación con la cadena de noticias CNN en Español, el productor agropecuario de 94 años de edad, detalló que su finca es de 2.600 hectáreas y aseguró que éstas se encuentran ”totalmente productivas”, razón por la cual se niega a abandonar las tierras que ocupa desde hace 70 años.
“Yo no estoy de acuerdo con eso (de asociarse) porque el Gobierno tiene muchos intermediarios y por eso nunca se llegará a un acuerdo con ellos”, dijo Hernández Meleán.
En caso de que el Gobierno terminé por dictar la medida de expropiación de su finca, Hernández Meleán aseguró que lo más conveniente sería que el Gobierno pague el valor de todo lo que posee. “Que paguen lo que está arriba de la tierra; ganado, maquinaria, casas, vaqueras y todo lo que allí hay entonces no hay problema y se le entregará”.
El longevo productor agropecuario criticó las acciones del Gobierno ya que según él “expropian lo que está hecho, lo que está bueno y produce; pero no van a la sabana ni a la montaña a trabajar”.
