“Guerrilleros decretan toque
de queda en el río Arauca…”
“HRW: Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN se han recrudecido en lo que va del 2022 en la frontera entre Colombia y Venezuela…”.
[karma_by_kadar__simple_player title=”Régimen de Maduro se une al ELN en guerra contra disidentes de las FARC…” src=”https://reportero24.com/wp-content/uploads/2022/03/ELN-Mar-28-2022.mp3″]
AUDIO: HRW denuncia complicidad de Venezuela con el ELN; combates entre grupos armados ilegales han obligado a desplazarse a más de 3.800 personas en los departamentos fronterizos de Arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela, y se han registrado decenas de asesinatos…”.
■ Venezolanos cruzan el río Arauca, la frontera natural entre Venezuela y Colombia, para refugiarse en Arauquita, Colombia.
■ Régimen de Maduro se une al ELN en guerra contra disidentes de las FARC, señala informe. Guardia nacional venezolana habría robado ganado en zona rural de Cúcuta. Así lo denunció el ganadero James Álvarez, quien asegura que se llevaron 80 reses.
■ En medio de los enfrentamientos que se han recrudecido este año entre las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz y la guerrilla del ELN a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela, las fuerzas de seguridad venezolanas han sido cómplices del ELN, al punto de realizar “operaciones conjuntas”, ha señalado este lunes Human Rights Watch (HRW).
Táchira, Venezuela.- El Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, aseguró que el silencio de Venezuela por las declaraciones del jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Álvaro Díaz Tarazona, en las que jura lealtad al régimen de Nicolás Maduro, es visto como la confirmación de la alianza que existe entre ambos, denuncia que se une a la formulada días atrás por Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino liderado por Juan Guaidó, quien afirmó que la administración oficialista otorgó la nacionalidad venezolana a Díaz.
Después de hacer más de un centenar de entrevistas, entre ellas a personas que huyeron de estado venezolano de Apure, y de visitar los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, la organización apunta que la misión internacional independiente de la ONU sobre Venezuela, creada para investigar graves violaciones de derechos humanos, debe evaluar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure, así como identificar la responsabilidad individual de funcionarios de alto nivel.
Desde el primer día de este 2022 comenzaron tanto en Apure como en Arauca los feroces enfrentamientos por el control del territorio y las actividades ilícitas entre el Comando Conjunto de Oriente, una suerte de coalición entre disidencias de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional. Miles de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares: al menos 3.860 se han desplazado internamente en Arauca y más de 3,300 han cruzado la frontera desde Venezuela.
Crímenes de lesa humanidad:
Los combatientes de ambos bandos han cometido múltiples abusos, que incluyen decenas de asesinatos, así como reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado, ha detallado HRW en su informe sobre la zona fronteriza. De acuerdo con numerosos testigos, “miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN”, denuncia el informe. También recuerda que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas se han visto implicados en violaciones sistemáticas de derechos humanos, lo que ha llevado a que la Corte Penal Internacional abra una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En Colombia, los esfuerzos para asistir a las personas desplazadas en Arauca y Vichada han sido insuficientes. Centenares de ellas no tienen acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud, especialmente en Vichada, con crecientes riesgos de reclutamiento forzado, advierte HRW, que recomienda a las autoridades colombianas evaluar con urgencia las necesidades humanitarias de las personas que huyeron de Apure e implementar un plan de respuesta para atenderlas.
Bombardeos, arrestos y torturas:
Arauca, un departamento históricamente golpeado por el conflicto armado, se ha convertido por enésima ocasión en una zona de guerra en este 2022, con más de un centenar de homicidios solo en enero y febrero. En lo que va de este siglo ya había vivido una sangrienta arremetida paramilitar y un feroz enfrentamiento entre las extintas FARC y el ELN. Un tercio de sus 300.000 habitantes ya eran víctimas registradas antes de este nuevo ciclo de violencia.
Del otro lado de la línea limítrofe, el Gobierno chavista de Caracas ha tolerado durante años la presencia de los insurgentes, pero hace un año, por motivos que no se han terminado de esclarecer, lanzó una ofensiva a sangre y fuego contra las disidencias, que incluyó bombardeos, arrestos arbitrarios y torturas. Human Rights Watch ya había denunciado en su momento que esa ofensiva en Apure estuvo plagada de atrocidades. La ONG ha documentado en anteriores informes el panorama de asesinatos, torturas, reclutamiento de menores, secuestros e incluso trabajo forzado que los grupos armados han impuesto tanto en Apure como en Arauca.
“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, ha señalado Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW. “Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”.
Arauca y Vichada:
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, denunció en febrero el presunto apoyo de las fuerzas militares venezolanas al ELN para “sacar de Apure a las disidencias de las FARC que les estaban robando rutas de narcotráfico, que los estaban confrontando”.
El gobierno de Nicolás Maduro ha negado dicha complicidad y ha asegurado que está combatiendo a los grupos “Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia” (Tancol) a los que acusa de estar “infiltrando” su país con apoyo de la “oligarquía colombiana”.
Para HRW, las operaciones de las fuerzas militares de Venezuela contra los grupos armados colombianos “parecen haber tenido como objetivo” a las disidencias de las FARC que se enfrentan con el ELN y no a “otros grupos”.
La guerrilla de las FARC, la que fuera la más antigua de América Latina, hizo en 2016 un acuerdo de paz con el Estado colombiano para frenar más de cinco décadas de conflicto interno. Entregaron las armas más de 13.000 combatientes, sin embargo, un grupo no se acogió y otro desertó con el pasar de los años. Así nacieron las disidencias de las FARC que están divididas e incluso se enfrentan entre ellas. Se pueden dividir en dos grandes bloques: la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, quien fue un negociador de paz de las FARC; y las disidencias de alias “Gentil Duarte” que tiene bajo su mando el llamado Comando Conjunto del Oriente.
En detalles:
Soldados del régimen de Nicolás Maduro se han unido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para combatir a los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), participando conjuntamente en redadas en el lado venezolano de la frontera con Colombia, reportó un informe de Human Rights Watch que advierte sobre la oleada de violencia desatada por el conflicto armado.
El informe, divulgado el domingo, advierte que ambos bandos están cometiendo una amplia gama de crímenes y violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, reclutamientos forzados de niños y desplazamientos de la población en un conflicto iniciado por “el control de actividades ilegales” en la región fronteriza.
“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, mientras que las autoridades colombianas no han hecho lo suficiente para responder”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch.
“Las autoridades colombianas deben intensificar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y ayudar a las personas desplazadas, y la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de la guerrilla”, agregó.
Miles de personas han sido desplazadas de la región fronteriza y ambos grupos “han asesinado docenas de personas” desde que comenzaron los enfrentamientos entre el ELN y el Bloque Oriental de las FARC el primero de enero.
En las operaciones han participado las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro, según testimonios de los habitantes de la zona recogidos por Human Rights Watch.
“Más de diez hombres armados llegaron [al pueblo] en motocicletas y camionetas en la mañana”, dijo uno de los testigos. “Algunos de ellos se identificaron como integrantes del ELN y otros eran de las Fuerzas Armadas venezolanas… Vi la insignia de las FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) en sus uniformes”.
Otro de los testigos dijo que miembros de la FANB llegaron a su comunidad en el estado venezolano de Apure junto con combatientes del ELN y se llevaron a la fuerza a varias personas que acusaron de colaborar con el Bloque Oriental.
“Los soldados llegaron con el ELN, pensé que nos iban a matar a todos”, dijo el testigo. “Ellos llamaron a algunas de las personas por su nombre, fueron a sus hogares y se los llevaron amarrados”.
Según el informe, algunas de las personas llevadas por la fuerza luego fueron reportadas muertas. En otros casos, los familiares no han recibido noticias de que pasó con ellos.
Human Rights Watch visitó la región fronteriza en febrero y entrevistó a más de 100 personas para elaborar el informe, incluyendo a 43 personas que huyeron del estado venezolano de Apure.
El conflicto entre las dos organizaciones guerrilleras surgió luego que el ELN acusara a los disidentes de las FARC de haber cometido serios abusos contra la población.
Las autoridades colombianas, sin embargo, han acusado a ambas partes de iniciar una guerra por el control de las operaciones de narcotráfico y al régimen socialista de Caracas de favorecer al ELN en el conflicto. (Antonio Maria Delgado.)
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*Santiago Torrado. Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.
Por: Santiago Torrado
@Santorrado
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Caracas, 28 de marzo de 2022
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