El peso del oro: guerrillas controlan el estado Bolívar

“Grupos armados ilegales han tomado el
control de diferentes partes del país”.

En vastas áreas del sur de Venezuela, guerrillas colombianas, sindicatos criminales y fuerzas de seguridad venezolanas compiten por el control de las minas de oro, las cuales proveen fondos al acorralado gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas extranjeras deberían dejar de considerar la intervención militar y, en su lugar, ayudar a negociar una transición pacífica en Venezuela, de lo contrario el desenlace puede ser caótico…”.

■ ¿Qué está pasando? Los sindicatos criminales de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia vienen generando nuevas amenazas en el sur de Venezuela en su competencia por el control de los lucrativos recursos minerales de la región. Las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela.

■ ¿Por qué sucedió? La crisis económica actual ha llevado a muchos venezolanos empobrecidos a trabajar en el sector de la minería ilegal. Actores armados estatales y no estatales, dentro de los cuales resaltan las guerrillas colombianas, también se han expandido en esta región rica en recursos. El rápido declive en la producción de petróleo ha convertido la minería de oro en una fuente vital de ingresos.

■ ¿Por qué es importante? La presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros perjudica a las comunidades, desvía los escasos recursos y dispara las tasas de homicidio. Su expansión y operaciones transfronterizas, especialmente hacia Colombia, son un riesgo para la estabilidad de la región en un momento de extrema incertidumbre en Venezuela.

■ ¿Qué debe hacerse? Proveer ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas, preservar las comunicaciones entre fuerzas armadas vecinas y reanudar los diálogos de paz con los insurgentes en Colombia son medidas primordiales a seguir. Las sanciones anunciadas sobre las exportaciones de oro son contraproducentes y se deben descartar a favor de una debida diligencia más sólida en el comercio de minerales.

Resumen ejecutivo:

Bolívar/Amazonas.- Lejos de los centros de poder de Venezuela, donde se está llevando a cabo la lucha para decidir el futuro político del país, las vastas regiones tropicales al sur están expuestas a graves riesgos de intensificación del conflicto. Ricos en oro y metales raros, los estados de Bolívar y Amazonas han llamado la atención de los funcionarios presionados por contrarrestar los cada vez menores ingresos del petróleo y el colapso económico general. Al mismo tiempo, grupos criminales violentos vienen ejerciendo control sobre las comunidades mineras, a menudo en complicidad con las autoridades. En los últimos tiempos, las guerrillas y los desmovilizados colombianos han cruzado el río Orinoco para apoderarse de su parte de la industria minera principalmente ilegal. Las riquezas y la proliferación de insurgentes en el sur complican las perspectivas de una transición pacífica en Caracas al reforzarse la resistencia militar a un cambio político y avivarse los riesgos de violencia transfronteriza y de una guerra de baja intensidad. La atención humanitaria para poblaciones en el sur, la comunicación regular entre fuerzas armadas vecinas, los esfuerzos renovados por hacer la paz con las guerrillas y la limpieza del comercio de oro resultarán ser vitales para aliviar las tensiones y proteger a los venezolanos vulnerables.

Las comunidades locales, indígenas en su gran mayoría, en medio de la proliferante minería ilegal y de la expansión de grupos criminales o insurgentes enfrentan ahora las mayores dificultades. Expuestos al terror que generan los grupos armados que buscan imponer la obediencia, con tasas de homicidio que alcanzan picos extraordinarios en algunos pueblos mineros, estos residentes también se enfrentan a los efectos en su salud y en el ambiente de los derrames de mercurio y de una epidemia de malaria. El aislamiento extremo, un estado opresivo y la presencia de las fuerzas de seguridad silencian a muchas de estas comunidades. Estas tensiones se incrementaron el 23 de febrero, cuando las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a tres manifestantes y obligaron a un alcalde indígena a exiliarse durante un intento de traer ayuda humanitaria de Brasil.

Venezuela está sumergida en una crisis más profunda desde el 23 de enero cuando, a raíz de las elecciones presidenciales que la mayoría consideró injustas, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó reclamó el cargo de presidente interino. Los Estados Unidos, Canadá y varios Estados de América Latina y Europa respaldaron la medida, pero es improbable que el actual presidente Nicolás Maduro renuncie fácilmente al poder. En este clima ya tenso, los intereses financieros afianzados y la inestabilidad en el sur podrían socavar las perspectivas de un cambio de poder pacífico. Las ganancias de la minería ilegal son uno de los flujos de ingresos más codiciados por las fuerzas armadas; su deseo de proteger esos ingresos fortalece su lealtad hacia Maduro y le da al gobierno un salvavidas económico.

Los grupos armados que explotan el aislado terreno y la presencia limitada del gobierno en las regiones del sur plantean otros riesgos de violencia. Los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en las regiones mineras podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela. Dada la animosidad entre los dos Estados y el apoyo venezolano al ELN, Bogotá bien podría percibir los ataques futuros del ELN en suelo colombiano como un golpe ordenado por Caracas.

Una intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela para destituir a Maduro por solicitud de Guaidó podría suscitar el apoyo de estos grupos insurgentes a la causa del gobierno actual y, en el peor de los casos, perpetuar un conflicto de baja intensidad. Al mismo tiempo, las lealtades en el sur de Venezuela son volátiles e impredecibles. Testimonios de testigos presenciales sugieren una confabulación entre grupos armados no estatales que realizan actividades criminales de protección alrededor de las minas y oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela y el comando militar regional. Ex oficiales militares y de inteligencia afirman que la complicidad con estas operaciones alcanza los altos rangos del gobierno y las fuerzas armadas, quienes coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero. Pero las rivalidades entre facciones infestan todas estas relaciones ilícitas. En noviembre pasado, el ELN y la Guardia Nacional tuvieron un enfrentamiento que terminó con la muerte de cuatro guardias. Enfrentamientos entre el ELN y los grupos criminales venezolanos, conocidos como sindicatos, también son comunes y han hecho que ambos grupos se muevan más cerca de las zonas mineras en la frontera guyanesa.

El reconocimiento del posible empeoramiento de los violentos disturbios en Bolívar y Amazonas debe orientar la política regional e internacional hacia Venezuela, en especial en el caso de un cambio en la administración en Caracas. Las fuerzas armadas colombianas y venezolanas posicionadas en la frontera deben reconocer los graves riesgos que representan los movimientos insurgentes transfronterizos para la paz de la región y preservar canales de comunicación para aclarar incidentes sospechosos y evitar que escalen los enfrentamientos que involucran a grupos armados no estatales. A pesar de que los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN llegaron a su fin tras el ataque con carro bomba a una escuela de cadetes en Bogotá en enero que causó la muerte a 22 personas, Colombia debe estar lista para renovar las negociaciones si surgen señales de que la guerrilla está dispuesta a embarcarse en diálogos serios.

Los poderes externos y la oposición venezolana también deben frenar los llamados a una intervención militar extranjera en Venezuela, que solo sirven para incitar a estos grupos a luchar contra los ejércitos extranjeros y a proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro. Las autoridades colombianas deben descartar por completo la posibilidad de una incursión militar en Venezuela para atacar al ELN dado que expondría a los civiles a niveles de violencia aún mayores.

Por otra parte, el sur tiene una necesidad urgente de ayuda humanitaria, al igual que un programa significativo de asistencia médica con el objetivo de contener la epidemia de malaria. La industria de la minería de oro, que se encuentra en el núcleo de los riesgos ambientales y de salud de la región, así como la proliferación de grupos armados, también amerita una respuesta internacional concertada. Las sanciones a las exportaciones de oro, como fueron propuestas el año pasado por Estados Unidos, darían como resultado más probable un aumento del control de los traficantes sobre el comercio. Alejar el oro de los circuitos de criminales y de los funcionarios corruptos requerirá en cambio una transformación gradual de los enclaves mineros del sur de Venezuela, con base en la aplicación de las directrices de debida diligencia internacional en el comercio de oro y coltán por parte de los Estados miembros de la OCDE.

La disputa por la presidencia de Venezuela ha aumentado los temores de que el país pueda sucumbir ante una desintegración caótica y violenta. Siendo las regiones del sur los lugares más vulnerables ante este destino, lo que sucede en Bolívar y Amazonas constituye una prueba de fuego para determinar si este país con su profunda polarización puede salir de su crisis en paz.

I.- Introducción:

La lucha actual por la presidencia, las contundentes dificultades económicas y la huida de millones de migrantes y refugiados atraen gran parte de la atención internacional hacia Venezuela. Por el contrario, los acontecimientos en las regiones remotas y con escasa población al sur del país, que limitan con el río Orinoco, la sabana brasileña y la frontera selvática con Guyana, tienden a pasar desapercibidos. Pero la violencia criminal, represión estatal, escasez extrema y el contrabando en las regiones mineras del sur representan problemas cruciales de seguridad y una grave amenaza para la estabilidad regional.

La raíz del dilema del sur es una crisis económica nacional. La producción de petróleo de Venezuela se ha reducido a la mitad desde 2014, lo que ha llevado al Estado a explotar otras fuentes de ingresos. El 26 de febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó un nuevo marco legal para la minería, incluida la creación del “Arco Minero del Orinoco”, descrito como un “plan estratégico complejo y ambicioso para atraer inversiones”. Adicionalmente, anunció $5,5 mil millones en inversiones mineras en 2016. Dos años después, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Maduro afirmó que Venezuela tiene las mayores reservas de oro en potencia del mundo. El país también cuenta con abundantes depósitos del metal valioso coltán, diamantes e incluso uranio.

Pero el estado venezolano y los inversionistas extranjeros no son los únicos que impulsan la fiebre minera. Las redes delictivas organizadas y los grupos armados ilegales han tomado el control de diferentes partes de la región, donde exigen obediencia a aproximadamente 300 000 mineros en la mayoría de los pueblos mineros. Es importante destacar que no todos estos grupos son venezolanos, sino que cada vez más cuentan con guerrilleros y disidentes colombianos que están ampliando su presencia a lo largo de una frontera con poca vigilancia, a raíz de sus tambaleantes procesos de paz. Sus actividades tendrán un impacto significativo en la paz y la seguridad de la región; uno de estos grupos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), detonó un carro bomba en el estacionamiento de una escuela de cadetes en Bogotá el 17 de enero de 2019, que dejó un saldo de 22 personas muertas y docenas de heridos. En respuesta, el presidente colombiano Iván Duque terminó las ya suspendidas conversaciones de paz con el ELN, lo que abre el camino para una nueva ofensiva contrainsurgente contra un grupo que se extiende por la frontera con Venezuela y goza del apoyo y la protección de sectores del gobierno venezolano.

Y a medida que se expande la bonanza de la minería ilegal, las regiones fronterizas están cada vez más expuestas a la violencia y los disturbios del sur de Venezuela.

Por otra parte, la masacre de octubre de 2018 de dieciséis mineros cerca de la ciudad de Tumeremo en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, ilustró con crudeza la intensidad de la violencia que involucra a grupos armados alrededor de las zonas mineras. Pero este no fue el único asesinato masivo de la región. Los informes de los medios de comunicación indican que se han producido doce masacres en el estado Bolívar desde 2016, que han dejado 107 muertos. Con seguridad, la cifra real será mucho más alta; muchos asesinatos no se denuncian porque ocurren en lugares remotos, a menudo habitados por indígenas, con infraestructura limitada de transporte o comunicación. Las comunidades victimizadas temen hablar con terceros, incluso cuando sus familiares desaparecen.

Más de dos años después del decreto del Arco Minero de Maduro, los grandes inversionistas y las empresas mineras prometidas se han mantenido al margen. La propagación de actores violentos en la región y los estragos de las operaciones mineras ilegales fuera de control están perjudicando los territorios indígenas y sus frágiles ecosistemas. Grupos indígenas, a veces armados, han luchado contra las incursiones de operaciones mineras. Los grupos no estatales y las fuerzas estatales se enfrentan con mayor frecuencia. Y a medida que se expande la bonanza de la minería ilegal, las regiones fronterizas de Guyana, Brasil y, en especial, Colombia están cada vez más expuestas a la violencia y los disturbios del sur de Venezuela. En un contexto de tensiones intensas y relaciones diplomáticas debilitadas entre Venezuela y sus vecinos, la agitación en estas zonas fronterizas actualmente se ha convertido en un posible detonante de conflictos futuros.

La investigación de campo para este informe incluyó más de 100 entrevistas con expertos, líderes comunitarios, oficiales militares, y mineros y comerciantes de minerales retirados y actuales en las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia. Un taller de dos días con 15 representantes indígenas de Venezuela llevado a cabo a finales de 2018 ayudó a identificar los principales riesgos de conflicto e inestabilidad en las regiones mineras del país.

II.- Grupos armados ilegales en el sur de Venezuela:

Grupos criminales locales, guerrilla y facciones insurgentes disidentes de Colombia, y sectores corruptos de las fuerzas de seguridad controlan extensas áreas al sur del río Orinoco. Debido a la rápida evolución de la política en Venezuela y los atractivos económicos de la minería, el panorama de los actores armados se ha transformado en los últimos años. La colaboración entre los actores estatales y no estatales armados a veces es evidente, pero por lo general es difícil de detectar.

A.- Grupos criminales y guerrillas colombianas:

Las principales organizaciones criminales en el estado Bolívar son los sindicatos o las pandillas encabezadas por los llamados pranes. Un pran es el jefe de un grupo criminal que normalmente se dedica al narcotráfico y a las actividades criminales de extorsión y que a menudo dirige sus operaciones desde la prisión. Por otra parte, los sindicatos surgieron de los sindicatos de trabajadores de la construcción en las dos principales ciudades de Bolívar, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. De acuerdo con los trabajadores, era común que los sindicatos de la construcción obtuvieran contratos laborales en la industria de la construcción a través de la intimidación y la extorsión y ya operaban como grupos de crimen organizado antes de que la crisis económica hiciera que la industria se contrajera.

En efecto, los pranes y los sindicatos se han fusionado en un único fenómeno criminal, a pesar de que siguen estallando los enfrentamientos violentos entre grupos que compiten entre sí. Los problemas económicos de Venezuela los han obligado a diversificar su portafolio de actividades ilícitas, lo que a su vez ha impulsado su expansión y ha agravado las disputas sobre el control territorial. “En este momento, los pranes no necesitan obtener sus armas del gobierno porque tienen suficiente oro para comprar su propio armamento”, dice un representante de una ONG. Presuntamente, en algunas ocasiones los militares han armado a los sindicatos que operan en alianza con las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales reciben pagos en oro a cambio, pero al mismo tiempo estas pandillas criminales se han vuelto más independientes y más difíciles de controlar a medida que ganan terreno y amplían su influencia política y económica.

Al occidente de Bolívar, en la frontera con Colombia y Brasil, se encuentra el estado Amazonas, que a lo largo de la historia ha sido un punto de entrada a Venezuela para los grupos guerrilleros colombianos de izquierda, específicamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos operaban en el país antes que el fallecido presidente Hugo Chávez llegara al poder en 1999, pero se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos. Sin embargo, la tolerancia oficial venezolana hacia los grupos guerrilleros colombianos precede el auge de la minería en el sur del país. Una indicación temprana de la indulgencia del Estado se produjo en 2005, cuando el teniente coronel de la Guardia Nacional, José Humberto Quintero, fue encarcelado por capturar al líder de las FARC, Ricardo González, el llamado “ministro de relaciones exteriores” del grupo. Con esta acción, el gobierno venezolano dio la señal de que los guerrilleros podían operar con impunidad.

Las FARC, consideradas en su momento como la mayor insurgencia de Colombia hasta que depusieron sus armas en 2017, encontraron en Venezuela un refugio seguro para evadir a las fuerzas armadas de Colombia y un nuevo territorio para expandir el lucrativo negocio del tráfico de drogas y las actividades mineras ilegales. Al posesionarse Hugo Chávez como presidente y en especial después de recuperar el poder tras un intento de golpe de Estado fallido en 2002, permitió que las guerrillas colombianas cruzaran hacia Venezuela con mayor facilidad. En un discurso dirigido al parlamento que se transmitió en vivo por televisión en 2008, Chávez insistió en que ni las FARC ni el ELN eran grupos terroristas, sino “verdaderos ejércitos” y “fuerzas insurgentes quw tienen un proyecto político”. A pesar del llamado de Chávez ese mismo año para que las guerrillas se desmovilizaran, las FARC continuaron utilizando a Venezuela como una retaguardia estratégica, moviendo combatientes, armas y secuestrando víctimas a través de la frontera.

El ELN, en particular, ha aumentado su presencia en las zonas mineras de Venezuela.

El ELN, el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia con un estimado de 2 000 combatientes dentro de las fronteras del país, ha estado cruzando con regularidad hacia Venezuela desde fines de la década de 1960, en especial desde el departamento de Arauca. Según una investigación realizada por FundaRedes, una ONG con sede en Venezuela, el ELN controla las estaciones de radio, influye en el currículo de las escuelas rurales y está estrechamente vinculado con políticos locales en Venezuela. Según se informa, el ELN está presente en al menos trece de los 24 estados de Venezuela, mientras que varios de sus líderes viven en Venezuela. Aunque el grupo participó nominalmente en un proceso de paz con el gobierno colombiano entre 2017 y enero de 2019, parece haberse reinventado en Venezuela, absorbiendo nuevos reclutas dentro del país y modificando su identidad de fuerza guerrillera dedicada exclusivamente a una campaña de resistencia armada contra las élites gobernantes de Colombia a una que basa gran parte de sus operaciones centrales en Venezuela. “Las guerrillas colombianas no son guerrillas fronterizas”, dijo el director de una ONG local. “Aunque tienen campamentos a lo largo de la región fronteriza, su actividad en Venezuela es a nivel nacional”. Incluso se informa que existe un campamento del ELN en la Sierra de San Luis, que se encuentra entre los estados Lara y Falcón, a 30 km de la costa del Caribe, una ubicación estratégica que podría, en teoría, garantizarles el control sobre las rutas de tráfico hacia el Caribe holandés.

B.- Expansión a lo largo de la frontera rica en recursos:

Los sindicatos delictivos venezolanos controlan grandes extensiones de territorio rico en recursos en el estado Bolívar y dirigen operaciones mineras ilegales hasta la frontera con Guyana, donde asesinaron recientemente a unos mineros de ese país. La intimidación y la violencia extrema se han convertido en el medio preferido para asegurar que las comunidades locales obedezcan a las pandillas. Los sindicatos también han operado a lo largo de la frontera con Brasil, donde se han enfrentado con grupos de guardias indígenas que intentan proteger sus tierras. No obstante, a pesar de su rápida expansión, los sindicatos están bajo la amenaza de competencia proveniente de Colombia. Según un excomandante en jefe, el ELN ahora obtiene alrededor del 60 por ciento de sus ingresos de la minería y las actividades relacionadas con la minería en Colombia y Venezuela, mientras que un frente disidente de las FARC conocido como Acacio Medina obtiene más de la mitad de sus ingresos de las operaciones mineras en Venezuela.

El ELN, en particular, ha aumentado su presencia en las zonas mineras de Venezuela. Los mineros locales informan que grava las operaciones mineras ilegales y las actividades relacionadas, como el transporte de suministros a las minas. El ELN también subcontrata a otros actores armados para sus operaciones, lo que dificulta saber exactamente cuán extensas son las actividades de la guerrilla. Pero numerosos testigos del negocio minero testifican que el ELN ahora controla un corredor de oriente a occidente a través de las principales regiones minerales del sur de Venezuela, lo que consolida su autoridad en algunas zonas mineras mientras busca extenderse hacia otras.

Los sindicatos aún manejan la mayoría de las minas en el estado Bolívar, pero recientemente han perdido terreno ante el ELN en los municipios de Cedeño, Sifontes, Piar, Sucre, Angostura y Roscio. Según se informa, el 20 de mayo de 2018, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, los guerrilleros les arrebataron a los sindicatos una gran cantidad de minas en una región central del estado Bolívar, que habían quedado casi desiertas mientras movilizaban a los votantes de Maduro. Los guardias armados que se quedaron murieron en la toma de control. El grupo también opera a lo largo de la frontera con Guyana, donde se dice que ha establecido corredores de apoyo financiero y logístico durante la última década y ha buscado el contacto con comunidades en el municipio de Gran Sabana, cerca de Brasil.

En el estado Amazonas, los líderes de las comunidades indígenas informan la presencia de disidentes de las FARC y las guerrillas del ELN en los siete municipios estatales, dos de los cuales limitan con Brasil y cinco con Colombia, donde están sumamente involucrados en las actividades mineras. La minería en el estado Amazonas ha sido ilegal desde el decreto 269 de 1989, que abarca la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y otros parques nacionales, pero aún domina la economía de la región. Los tres principales pueblos venezolanos que limitan con Colombia a lo largo del río Orinoco, Puerto Páez (estado Apure), Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo (ambos en el estado Amazonas), cuentan con una fuerte presencia del ELN. Varias fuentes identifican a un combatiente llamado Alex Bonito como líder local de la guerrilla.

Por otra parte, los disidentes de las FARC del frente Acacio Medina controlan el área de Puerto Colombia-San Felipe, en el lado colombiano del río Negro, y operan en el municipio de Río Negro en el lado venezolano del río. Se dice que los disidentes de las FARC también dirigen las minas de Yapacana en Amazonas. Según un excombatiente del frente 16 de las FARC, que solía operar principalmente en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, el grupo se familiarizó con las minas de Yapacana mientras gravaban las operaciones ilegales de minería de coltán y oro en la región de Guainía de Colombia en 2007. Fuentes de inteligencia colombianas sostienen que el frente 16 no se desmovilizó en 2017 después del acuerdo de paz porque el negocio de la minería ilegal se había vuelto muy lucrativo. Varios mineros colombianos y venezolanos que viajan desde las minas para vender su oro en Puerto Inírida, en el estado colombiano de Guainía, afirman que el ELN también está presente en las minas de Yapacana y sus alrededores. Al parecer, los dos grupos armados operan a través de algún tipo de alianza, junto con miembros de la Guardia Nacional, que tiene una base en el área.

Para los disidentes de las FARC y los miembros del ELN escépticos de la paz con el gobierno colombiano, es probable que Venezuela siga siendo un refugio seguro mientras el gobierno de Caracas no cambie.

Las actividades del grupo disidente Acacio Medina compuesto por exmiembros de nueve frentes de las FARC y, según se informa, liderado por Géner García Molina (alias Jhon 40), esclarecen la forma en que operan estos grupos. Además de minas, el Acacio Medina controla 30-40 botes de dragado de oro en el río Negro en el suroriente de Guainía. Por cada bote, los disidentes reciben un estimado de diez gramos de oro al mes en impuestos, cuyo valor de mercado es de aproximadamente $400. Según fuentes de inteligencia, una red criminal que involucra al Acacio Medina, presuntamente opera junto a oficiales militares y un guardia de prisión, enviando entre 15 y 20 kilos de oro a Colombia por semana. Por los ríos Guaviare, Guainía e Inírida, que cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia, el Acacio Medina presuntamente también mueve armas, cocaína y dinero en coordinación con frentes disidentes ubicados en las zonas fronterizas. Los corredores de drogas van desde los departamentos de Guainía y Vichada en Colombia hasta Brasil y Venezuela, mediante redes fluviales y pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de las orillas de los ríos desde donde se dice que los aviones salen rumbo a destinos internacionales.

Para los disidentes de las FARC y los miembros del ELN escépticos de la paz con el gobierno colombiano, es probable que Venezuela siga siendo un refugio seguro mientras el gobierno de Caracas no cambie, a pesar de las enérgicas protestas en Bogotá. Se cree que algunos combatientes de las FARC que se desmovilizaron en 2017 se unieron a grupos disidentes que operan a lo largo de la frontera oriental de Colombia y Venezuela. Varios combatientes del ELN también se fueron a Venezuela después de que Iván Duque fuera elegido presidente en junio de 2018 y una vez que se paralizaron las conversaciones de paz en septiembre. Tanto el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, como el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, reiteraron a principios de 2019 y antes del ataque con carro bomba en Bogotá que un acuerdo de paz con el ELN seguiría siendo una quimera si Venezuela continuaba albergando al grupo guerrillero y, en especial, a sus miembros que enfrentan órdenes de captura internacionales.

C.- Negocios ilegales y control social:

Las lucrativas operaciones mineras no son el único atractivo para los grupos criminales que buscan ganar dinero en el sur de Venezuela. Los adolescentes que reclutan con facilidad en comunidades indígenas remotas y pobres, un corredor de drogas hacia los mercados del Caribe, América del Norte y Europa, y fuerzas de seguridad locales corruptibles convergen para crear un clima propicio para muchas formas de actividad ilícita.

Los sindicatos controlan un amplio portafolio de actividades ilegales que incluyen extorsión, lavado de dinero y tráfico de drogas, e imponen sus propias reglas estrictas sobre estas actividades criminales y las comunidades donde operan. En un pueblo cerca de las minas de Las Claritas, los habitantes esperan frente a un ruedo de peleas de gallos vacío para consultar al “patrón de la zona” y pedirle favores o para que resuelva las disputas. El sindicato resuelve los conflictos locales con mano de hierro, imponiendo multas o medidas disciplinarias que incluyen trabajo comunitario forzado. La capacidad de los sindicatos para la violencia armada también es sorprendente. En la ciudad minera de El Dorado, estado Bolívar, un sindicato particularmente violento ataca a otros grupos encabezados por pranes rivales con despliegues de fuerza abrumadora. “Son un grupo de élite que maneja partes de la población. En El Dorado, por ejemplo, tienen unos 400 [miembros] en motocicletas y unos 120 para conducir las lanchas. Si atacan, lo hacen en grupos de 100 a 150”.

Los sindicatos y las guerrillas tienen relaciones problemáticas con los propios mineros. Los mineros que trabajaban antes en Amazonas y Bolívar dijeron que preferían las guerrillas a los sindicatos y la Guardia Nacional. Todos los grupos criminales y guerrilleros cobran impuestos sobre la extracción y el transporte de minerales, calculando el monto que adeudan los mineros en función al tamaño de sus operaciones. Los mineros a su vez suelen hacer pagos en oro. Los sindicatos ejecutan sumariamente a aquellos que no pagan la cuota acordada, mientras que las guerrillas tienden a darle más tiempo para que realicen el pago. Un caso reciente de un desertor del ejército de 19 años que robó en las minas cercanas a El Callao, estado Bolívar, ilustró los horrendos castigos que imponen los sindicatos. El joven fue encontrado vivo con las manos amputadas, los ojos arrancados y la lengua cortada. Sin embargo, se dice que los guerrilleros también recurren a palizas y ejecuciones públicas, incluso por delitos como llevar un teléfono celular a las minas. Las drogas y el alcohol están prohibidos en las minas bajo el control de la guerrilla, con la excepción de una pequeña fiesta que se lleva a cabo en las minas de Yapacana cada quince días.

III. Política de Estado y vínculos ilícitos:

En 2016, el entonces presidente Maduro anunció que 150 multinacionales de 35 países habían expresado su interés en invertir en el Arco Minero del Orinoco. Pero cualquier compañía que desee operar en el área designada debe formar una empresa conjunta con una compañía estatal, que controla una participación mayoritaria. Esto significa que las empresas extranjeras tienen que trabajar en sociedad con los altos mandos militares de Venezuela, que administran las empresas mineras públicas del país. Hasta el momento, no se ha materializado ningún acuerdo significativo con empresas extranjeras luego de las declaraciones de prensa iniciales del gobierno venezolano que anunciaba nuevas inversiones en la región, y la mayoría de las minas siguen bajo el control de grupos armados no estatales.

Varias fuentes comentaron que parte de las fuerzas armadas […] utilizan su influencia política para enriquecerse a través de la minería ilegal.
Impulsar la industria minera en las regiones del sur de Venezuela fue problemático desde el principio. Maduro firmó el decreto del Arco Minero sin consulta o sin aprobación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como lo exige la Constitución. De hecho, la Asamblea votó a favor de derogar el decreto en junio de 2016 por no haber sido consultado, y argumentó que la zona minera de 112 000 kilómetros cuadrados se superpone con varias áreas protegidas tales como reservas forestales y parques nacionales, incluido un Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Parque Nacional Canaima. El gobierno tampoco realizó los estudios de impacto socioambiental obligatorios ni realizó una consulta previa con las comunidades indígenas de acuerdo con la Constitución de Venezuela.

A.- El Arco Minero y las fuerzas armadas:

Oficiales militares activos o retirados participan en aproximadamente el 30 por ciento de las empresas estatales en Venezuela y están presentes en todas las juntas directivas de firmas estatales dedicadas a la minería. Una de ellas es CAMIMPEG, una compañía militar de minería, petróleo y gas establecida en 2016. El ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, anunció en agosto de 2016 que las fuerzas armadas no solo protegerían la infraestructura minera, sino que también participarían en proyectos de desarrollo económico local a través de una “unión civil-militar”. En la práctica, esto se ha configurado en Zonas Económicas Militares. Estas “zonas”, que incluyen el Arco Minero del Orinoco, brindan mayor libertad de acción para que los militares se involucren en actividades comerciales.

Varias fuentes comentaron que parte de las fuerzas armadas, en especial el Ejército y la Guardia Nacional, utilizan su influencia política para enriquecerse a través de la minería ilegal, y testigos informaron que guardias y soldados les cobraban a los mineros un porcentaje de la producción de oro y exigían pagos de extorsión en las rutas desde y hacia las minas. En El Callao, el histórico pueblo minero de Venezuela, un funcionario que trabaja para la empresa minera estatal Minerven admitió que la empresa obtiene su oro de proyectos mineros ilegales, que supuestamente están a cargo de los sindicatos. Los mineros de los estados Bolívar y Amazonas explican que debe pagarse un impuesto en oro a la Guardia Nacional. La Guardia también opera al menos tres puntos de control para “gravar” las mercancías que se transportan por el río hacia las minas de Yapacana, donde los pagos se realizan en pesos colombianos o en dólares americanos. En el camino de regreso, las tarifas de extorsión se pagan en oro. Un ex-general del Ejército venezolano ha dicho que el ejército facilita los vuelos clandestinos que transportan minerales a destinos del Caribe al sacarlos del radar. Por otra parte, los traficantes colombianos de coltán que compran en Venezuela deben tratar directamente con un comandante de la Guardia Nacional, según un comerciante local.

El 25 de junio del año pasado, el gobierno respondió a los informes de minería ilegal con el arresto del vicepresidente de Minerven, Darwin Alan Evans, por tráfico de oro. Su arresto formó parte de una operación más amplia llamada Manos de Metal, mediante la cual 39 traficantes de oro se convirtieron en el blanco de los fiscales venezolanos. No obstante, los críticos del gobierno han argumentado que estas repentinas medidas severas no estaban dirigidas a contrarrestar las exportaciones ilegales de oro, sino a instalar operativos leales en cargos cruciales a lo largo de la línea de suministro.

B.- Actividades criminales de protección:

Los mineros pagan cuotas o “impuestos” de protección en cantidades de oro relativamente pequeñas, pero frecuentes. Estos montos aumentan de forma considerable cuando el ELN o los sindicatos sobornan a los funcionarios del gobierno. Los comerciantes de minerales informan que las autoridades estatales de mayor jerarquía aceptan kilogramos de oro como sobornos y afirman que, por ejemplo, los altos oficiales militares en el estado Amazonas reciben al menos 20 kg de oro cada mes (valorados en aproximadamente $800 000) para permitir la minería ilegal en Yapacana. Esto ayuda a explicar por qué los altos mandos del ejército en la región, especialmente en el estado Bolívar, se encuentran entre los cargos más populares en Venezuela. También se realiza una rotación frecuente de estos generales, que ayuda a fomentar las expectativas y refuerza la lealtad hacia el gobierno en los círculos militares de alto nivel.

Según un ex oficial de la inteligencia venezolana, el oro del estado Amazonas termina, a través de pagos de extorsión, en manos de jefes regionales de las fuerzas de seguridad y las oficinas de inteligencia. Los incumplimientos en el pago de sobornos esperados han generado tensiones entre la Guardia Nacional y las guerrillas, según los mineros en Yapacana. Un testigo informó que, en un incidente, los guerrilleros le dispararon directamente a un helicóptero del ejército venezolano en un intento por hacerlo estrellar. Las comunidades indígenas armadas también expulsaron a la Guardia Nacional del municipio de Alto Orinoco después de cansarse de los repetidos abusos y las demandas de extorsión.

Aprovechando las denuncias de una profunda participación del Estado en el comercio ilegal de oro, y con el objetivo de debilitar aún más al gobierno de Maduro, los Estados Unidos vienen tomado medidas. Después de la exportación de 21 toneladas de oro de Venezuela a Turquía en 2018, por ejemplo, Washington afirmó mediante una orden ejecutiva con fecha del 1 de noviembre que las exportaciones de oro se estaban utilizando para enriquecer a la élite política y económica de Venezuela a costa de aumentar la violencia y los abusos de derechos humanos en el sur del país, y se considerarían responsables de futuras sanciones. Sin embargo, aún no se ha aplicado ninguna sanción. Turquía ha sido nombrado como el principal comprador conocido de oro venezolano, y se dice que los productos alimenticios para las cajas de raciones que subsidia el Estado habrían sido transportados de Turquía a Venezuela como parte del acuerdo.

No obstante, aunque el contrabando de oro está asociado con delitos que perjudican a las comunidades locales, la imposición de sanciones a las exportaciones estatales de oro podría ser una medida equivocada. Debido a que la mayoría del oro ya sale de Venezuela a través de rutas de contrabando, es probable que las sanciones solo aumenten el volumen del oro de contrabando y, por ende, los ingresos de las redes de crimen organizado, la guerrilla y los funcionarios corruptos del gobierno. El oro se puede traficar a países vecinos en donde recibiría un certificado de origen, lo que sería una forma ilegal pero efectiva de evitar una sanción.

IV. Efectos sociales y humanitarios:

La presencia estatal limitada y las escasas oportunidades económicas son la norma en el sur de Venezuela, así como en los departamentos colombianos adyacentes de Vichada y Guainía. Estas condiciones hacen que las regiones sean propicias para la actividad ilícita, al tiempo que exponen a muchas comunidades, en particular de los pueblos indígenas, a graves riesgos humanitarios y ambientales.

A.- Pobreza y aislamiento:

Las inundaciones del río Orinoco en octubre de 2018, que casi arrasan con las comunidades indígenas en las orillas de los ríos e inundaron los centros urbanos, dejaron al descubierto la vulnerabilidad de muchas poblaciones a los desastres naturales y las dificultades para organizar una respuesta de emergencia. La infraestructura es una rareza. No hay acceso por carretera a Puerto Inírida, capital del departamento de Guainía, y la carretera a Puerto Carreño, capital de Vichada, solo es transitable en temporada seca. Los ríos principales y cientos de afluentes sirven como rutas principales para el transporte y la comunicación, con un control estatal limitado sobre el transporte de mercancías y personas.

Aparte de los pocos trabajos disponibles con las autoridades municipales y departamentales, el empleo formal es casi inexistente. Antes del inicio del auge de la minería, los habitantes de Guainía vivían de las plantaciones de caucho, el comercio de dientes y piel de gatos salvajes y el cultivo de coca. En 2017, las regiones amazónicas de Colombia experimentaron un aumento del 6 por ciento en los cultivos de coca, aunque las fuentes de los gobiernos locales sostienen que esto subestima la realidad y que gran parte de la coca de la región no puede detectarse mediante imágenes satelitales. Las facciones disidentes de las FARC asociadas con el cultivo de coca han crecido en tamaño en ambos lados del río Guaviare, entre Puerto Inírida y Barranco Minas.

Los medicamentos disponibles no han detenido la epidemia de malaria entre los mineros debido a niveles de dosis incorrectos y la falta de atención médica especializada.

La falta de combustible en Venezuela ha agravado enormemente estas duras condiciones económicas. Ya no se puede llegar a las comunidades remotas que solían ser accesibles por vía fluvial debido a las dificultades de abastecimiento de combustible para las embarcaciones pequeñas. Los indígenas varados en Puerto Ayacucho no han podido regresar a sus comunidades en meses, y con frecuencia dependen de los asientos disponibles esporádicamente en los vuelos militares.

El combustible se compra con frecuencia en Colombia, donde es mucho más caro que en Venezuela, y se transporta a las minas donde su valor aumenta de forma significativa. Incluso el combustible caro que se compra en Colombia se puede vender al doble del precio en las minas de Venezuela. Además, cada barril de 55 galones que se dirigía a las minas tenía un impuesto del ELN de US$6 en 2017; se sabe que los gravámenes han aumentado desde entonces. Un desvío similar hacia las minas afecta el suministro de medicamentos, que sufren de una escasez crónica en todo el país. Un exoficial de la inteligencia venezolana con excelente conocimiento de la región explicó que “toda la comida se transportaba a las minas [y] se hizo escasa en [el resto de Amazonas]. Me contaron que en las minas se puede encontrar todo lo que hace falta, todo. Todos los medicamentos que normalmente encontraría en una farmacia están disponibles allí”. Sin embargo, los medicamentos disponibles no han detenido la epidemia de malaria entre los mineros debido a niveles de dosis incorrectos y la falta de atención médica especializada.

El resentimiento público por las adversidades económicas y las dificultades para viajar o transportar mercancías en el sur de Venezuela, exacerbadas por la presencia de numerosos puestos de control militar, han provocado una serie de protestas. En el estado Bolívar, la carretera principal entre Venezuela y Brasil estuvo bloqueada durante más de una semana en octubre del año pasado mientras la población protestaba contra la falta de alimentos y la ocupación de los territorios indígenas por parte de los mineros. Cuando hay alimentos disponibles, los dueños de los supermercados locales a menudo exigen oro como pago. El gobierno venezolano distribuye cajas de suministros básicos de alimentos a precios muy por debajo del precio del mercado, pero los suministros se consideran inadecuados y el sistema de asignación también sirve como medio de control político. Los representantes indígenas en el estado Amazonas, por ejemplo, se quejan de que les retuvieron las cajas de alimentos tras no participar en las elecciones de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente. También informan que últimamente los funcionarios del gobierno los están presionando para que firmen un documento diciendo que no quieren recibir ayuda humanitaria del exterior.

Las tensiones entre las comunidades indígenas y las fuerzas de seguridad en el estado Bolívar subyacen la extrema violencia utilizada para bloquear la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela desde Brasil el 23 de febrero, lo cual causó la muerte de tres manifestantes en el área de Gran Sabana y la huida al exilio del alcalde indígena del pueblo fronterizo de Santa Elena de Uairén. Fuerzas de seguridad fueron enviadas al área junto con docenas de autobuses llenos de milicias progubernamentales, conocidas como colectivos.

B.- Salud y ambiente:

La minería ha tenido un impacto especialmente devastador en las comunidades indígenas. El mercurio que se utiliza para extraer el oro del mineral contamina la tierra y los acuíferos, hasta tal punto que en 2017 se encontró que una población que vive a lo largo de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo tenía aproximadamente 60 veces el nivel máximo recomendado de mercurio en la sangre. En Venezuela, el 92 por ciento de las mujeres indígenas examinadas en la cuenca del río Caura tenían niveles de mercurio por encima del límite de 2 miligramos por kilo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el 37 por ciento de las mujeres en los pueblos de Yé’kuana y Sanema tuvieron complicaciones en el parto relacionadas con la exposición al mercurio.

El daño que genera la minería en la salud pública se extiende mucho más allá de las comunidades indígenas.

Venezolanos de todas las regiones del país viajan a las zonas mineras en busca de medios de supervivencia y, si es posible, de riquezas. Cuando regresan con sus familias, traen consigo no solo unos pocos gramos de oro, sino también enfermedades infecciosas. El problema se agrava con el colapso del servicio de salud de Venezuela. Incluso los módulos de atención primaria de salud establecidos en barrios pobres o áreas rurales bajo la administración de Chávez se han cerrado en su mayoría debido a la falta de fondos, y al menos 26 160 médicos han emigrado debido a la crisis económica.

En 1961, según la OMS, Venezuela se convirtió en el primer país en erradicar la malaria en áreas con alta densidad de población, y en la década de 1980 la enfermedad casi había sido erradicada en todo el país. Pero debido a esfuerzos inadecuados de prevención y falta de medicamentos profilácticos, se ha presentado una nueva epidemia de malaria: se presentaron oficialmente 242 976 casos de malaria en 2016 y 406 289 en 2017. Solo en el estado Bolívar, se registraron más de 200 000 casos en 2017, equivalentes a más del 10 por ciento de la población local. A nivel nacional se estima que hubo 600 000 casos en el año hasta noviembre de 2018.

La malaria en el Amazonas está vinculada a la minería y a la deforestación, en especial en los municipios de Sifontes, El Callao, Angostura, Sucre, Gran Sabana y Cedeño, todos los cuales se encuentran en el estado Bolívar y se superponen con el Arco Minero. Los pozos mineros deforestados, llenos de aguas estancadas son lugares ideales para la reproducción de mosquitos portadores de malaria. Los mineros duermen en campamentos improvisados y hamacas alrededor de estas aguas infestadas. Una investigación realizada por una ONG local calculó que la malaria ocasiona el 21 por ciento de las muertes en el estado Amazonas y el 25 por ciento en Bolívar. La ausencia de medicamentos subsidiados contra la malaria ha dado lugar a un mercado negro de pastillas para la malaria, que a menudo se pagan en oro.

“La plaga cayó sobre nosotros”, dijo un líder local en el municipio de Ature, Amazonas. Una comunidad en el municipio con cerca de 600 miembros ha visto hasta 80 personas por semana que necesitan tratamiento. En una comunidad cercana, más de la mitad de los 2 000 habitantes padecen malaria. Ature comparte frontera con el departamento colombiano de Vichada que, junto con Guainía, está recibiendo un número creciente de casos de malaria a medida que los migrantes y los refugiados llevan la enfermedad al vecino país. En la actualidad, hay más de un millón de refugiados venezolanos en Colombia y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que, en el peor de los casos, habrá cuatro millones para el 2020. Cerca del 95 por ciento de los extranjeros que cruzan la frontera con malaria son venezolanos y 55 por ciento de los venezolanos infectados con la enfermedad ingresaron al país a través de Guainía o Vichada.

C.- Vida comunitaria y control criminal:

La minería también está cambiando los estilos de vida de los indígenas. “Desde el momento en que el indígena deja de protegerse, se acaba todo”, dijo un líder indígena. Tanto en el lado venezolano de la frontera como en el colombiano, el absentismo escolar está aumentando con el éxodo de adolescentes que van a trabajar en las minas. Los centros mineros exponen a las niñas al trabajo sexual. Las jóvenes y algunas veces menores de edad ejercen el trabajo sexual por tres o cuatro gramos de oro – aproximadamente entre $50 y $60, dado el menor valor del oro en las ciudades mineras, mientras los adolescentes arriesgan su salud y sus vidas realizando tareas mineras peligrosas o exponiéndose a sustancias contaminantes. Se dice que los disidentes de las FARC obligan a los jóvenes a trabajar en las minas. “Vienen con nosotros. Si no, sus familias serán objetivos militares”, es lo que los guerrilleros disidentes les dicen a los reclutas jóvenes y, a menudo, indígenas para las minas, según un alto funcionario del ala de servicios sociales de la iglesia católica.

Entretanto, en algunas partes del sur de Venezuela, los sindicatos del crimen y los grupos guerrilleros están ejerciendo una influencia cada vez mayor en la vida comunitaria. Las FARC siempre han tenido una gran base social entre las comunidades indígenas, que a menudo eran blanco de las antiguas guerrillas para su adoctrinamiento. El ELN y los disidentes las FARC continúan reclutando en estas comunidades y, según se informa, han interferido con los programas educativos locales, entregando materiales de enseñanza que idealizan a las guerrillas. Incluso han realizado obras públicas. En el departamento colombiano de Vichada, un excombatiente de las FARC afirmó que los guerrilleros construyeron cerca de mil kilómetros de carreteras, algunas de ellas aptas para el tráfico motorizado.

La presencia del ELN en la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, ha con-tribuido a un aumento masivo en la tasa de homicidios.

En el estado Bolívar, las guerrillas se han acercado a las comunidades que enfrentan problemas con los sindicatos para ofrecer “protección” contra las pandillas delictivas violentas. El ELN también ofrece armas, junto con entrenamiento militar y político. En Amazonas, una maestra dijo que algunos de sus estudiantes vivían en un campamento cercano del ELN, donde reciben comida y refugio. Hay campamentos en toda la región, cuatro de los cuales están ubicados cerca de la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho. Las estrategias para mantener a las comunidades bajo control también incluyen entregas por parte del ELN de paquetes de alimentos subsidiados por el Estado en al menos 40 municipios de cinco estados diferentes, incluidos Bolívar y Amazonas. Mientras tanto, continúa la educación política en las comunidades. Cinco estaciones de radio que dirige el ELN operan en las zonas fronterizas con Colombia.

Las reglas estrictas que establecen los guerrilleros del ELN o los disidentes de las FARC pueden traer un cierto nivel de orden a las minas bajo su control, pero a un alto costo. Se informa que muchos líderes comunitarios han sido asesinados en los últimos años. No se tolera el consumo de alcohol ni drogas y se castiga con la muerte. La presencia del ELN en la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, ha contribuido a un aumento masivo en la tasa de homicidios. La ciudad de 41 000 habitantes tuvo 38 asesinatos en 2014 y 236 en 2016. Puerto Páez, en el estado Apure, que también limita con Colombia, ha experimentado un aumento similar, que se ha atribuido a las campañas de “limpieza social” de las guerrillas. Mientras tanto, en las comunidades mineras que administran los sindicatos se registraron tasas de homicidios impactantes por cada 100 000 habitantes: estos incluyen El Callao (620 por cada 100 000 personas en 2018), Roscio (458) y Sifontes (199). En 2018 la tasa nacional de homicidios en Venezuela se calculó en 81,4 por cada 100 000, la más alta en América Latina y el Caribe.

V.- Riesgos y respuestas internacionales:

El territorio colombiano que limita con el sur de Venezuela ha estado en gran parte libre de violencia debido a su baja densidad de población y a las franjas de selva impenetrable. Pero la baja incidencia de enfrentamientos no es señal de ausencia o inactividad de grupos armados no estatales. Después de servir durante muchos años como un corredor de tráfico de bajo perfil, la región fronteriza ahora enfrenta mayores riesgos de conflicto debido al creciente movimiento transfronterizo de grupos armados irregulares en un momento de profunda desconfianza y falta de comunicación entre los estados vecinos.

A.- Competencia armada y actividad transfronteriza:

La presencia creciente de unidades guerrilleras atraídas hacia las minas del sur de Venezuela ha alarmado a las fuerzas armadas colombianas en la región. Fuentes en el ejército informan que han aumentado su presencia defensiva a lo largo de la frontera. Las preocupaciones de Colombia no se limitan a la concentración de unidades guerrilleras en el área, también se extienden a incursiones transfronterizas por parte de las fuerzas militares venezolanas. La Guardia Nacional ha ingresado a Colombia en varias ocasiones por razones que aún no son claras. En septiembre de 2018, por ejemplo, la Guardia Nacional ingresó al área llamada El Mantequero, departamento de Vichada, a vandalizar instalaciones comunitarias y robar mercancía.

Por otra parte, las relaciones volátiles y, a veces, competitivas entre sectores del ejército venezolano y los grupos armados en las zonas mineras generan sus propias fricciones violentas. En un incidente notable, el ELN asesinó a varios miembros de la Guardia Nacional el 1 de noviembre de 2018 para tomar represalias por el arresto de su líder, Luis Felipe Ortega Bernal, también conocido como “Garganta”. A raíz de estos enfrentamientos, varios enfrentamientos más tuvieron lugar en Amazonas, Venezuela. La evidencia sugiere que la relación entre las fuerzas armadas de Venezuela y la guerrilla colombiana es altamente inestable. En las minas de Yapacana y sus alrededores, los residentes locales también reportan choques ocasionales entre los disidentes de las FARC y el ejército venezolano.

Estos choques sugieren que no todos los sectores del gobierno venezolano o el establishment de seguridad están conformes con tolerar o favorecer la expansión del ELN o de los disidentes de las FARC. De hecho, futuros enfrentamientos entre los sindicatos, las fuerzas armadas venezolanas y la guerrilla colombiana continúan siendo probables, en especial porque los militares parecen haber retirado el apoyo a la mayoría de los sindicatos, mientras que el respaldo estatal a la guerrilla colombiana está lejos de ser uniforme. Los líderes locales de las fuerzas armadas rotan con frecuencia, y no todos los oficiales militares desplegados en la región están en buenos términos con la guerrilla. Entretanto, las supuestas incursiones por parte de las fuerzas armadas o unidades de inteligencia venezolanas en las zonas mineras controladas por sindicatos habrían dejado una estela de asesinatos sin arrestos registrados. Según el general retirado del Ejército Clíver Alcalá Cordones, “el jefe de la región no da estas órdenes de matar. Cuando esto se presenta, es porque la orden vino de Caracas”.

Los grupos guerrilleros también operan cerca de la frontera oriental de Venezuela con Guyana. El diputado de la oposición venezolana Williams Dávila se topó con un retén del ELN en agosto de 2018 cerca de Isla Anacoco, un área que administra Venezuela cerca de la región de Esequibo, que es parte de Guyana pero que reclama Caracas. Según un exintegrante de alto nivel del ELN, el grupo ha estado activo en la zona fronteriza en disputa entre Venezuela y Guyana durante aproximadamente diez años y controla dos rutas fluviales utilizadas para el contrabando a Guyana desde San Martín de Turumbán y cinco minas cercanas. Además de ser la frontera con Guyana, esta área se encuentra a unos 170 kilómetros de la frontera con Brasil. “Están adoctrinando a la gente de la zona, entran y reclutan”, declaró un líder indígena.

Los sindicatos violentos, que el ELN desplazó de las zonas mineras en Bolívar, también se han trasladado hacia la frontera entre Venezuela y Guyana, lo que ha causado alarma entre las autoridades de Guyana. El 13 de noviembre, un miembro de un sindicato le disparó a un policía guyanés que viajaba por el río Cuyuní. Con las Fuerzas de Defensa de Guyana desplegadas en el área, las futuras peleas con los sindicatos o el ELN son una posibilidad real.

B.-Defensa estratégica y el ELN:

Con años de experiencia en combate en Colombia y un dominio adquirido de la guerra de guerrillas, la presencia del ELN en Venezuela parece servir a los intereses estratégicos de sectores del estado y las fuerzas armadas, en especial ante la posibilidad de que una potencia externa pueda organizar una intervención militar para destituir a Maduro o su gobierno. No se puede saber con precisión en qué consistiría dicha intervención militar extranjera y cómo se llevaría a cabo, pero un ejército de guerrilleros entrenados podría por lo menos aumentar las posibilidades de un conflicto prolongado de baja intensidad, en particular en las densas regiones selváticas del sur de Venezuela, donde el ELN está creando una base de apoyo social en las comunidades donde está presente. En caso de una intervención militar externa, el ELN ha dicho que está comprometido con la defensa del gobierno venezolano.

Además, el fin de las conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano conlleva el riesgo de una reanudación total de las hostilidades violentas entre Bogotá y la insurgencia, teniendo como consecuencia probable que el enfoque de los líderes políticos y las fuerzas armadas se desplace hacia la presencia del ELN en Venezuela. Si las dos partes no logran reanudar las negociaciones, el ELN podría intensificar las actividades ofensivas, mientras utiliza una base fortalecida en Venezuela, donde el grupo puede contar con dinero, recursos, mano de obra, armas y un refugio seguro. De hecho, el grupo está ahora más cerca de lograr la “fuerza de guerrilla continental” que desde hace mucho tiempo pretendía crear, con combatientes presentes en al menos cuatro países diferentes: Colombia, Venezuela, Ecuador y Guyana (cerca de la frontera con Brasil). Esto le permite al ELN reclamar el título del mayor grupo guerrillero de América Latina.

Cualquier intento por parte de las fuerzas colombianas de hacer una intervención en el sur de Venezuela contra el ELN sería extremadamente peligroso, y podría provocar mayor violencia.

A pesar de los muchos obstáculos en el camino de una renovación de los diálogos de paz con el ELN, este es el momento más urgente para retomar las negociaciones. Al tener un refugio seguro en Venezuela, resulta prácticamente imposible para las fuerzas colombianas derrotar militarmente a la guerrilla sin la cooperación del gobierno venezolano, lo que probablemente requiera un cambio de poder en Caracas, o una incursión imprevista en el territorio venezolano. Cualquier intento por parte de las fuerzas colombianas de hacer una intervención en el sur de Venezuela contra el ELN sería extremadamente peligroso, y podría provocar mayor violencia y daños a los civiles en el área debido a la presencia y el control de las guerrillas sobre las comunidades, al mismo tiempo que empujaría a los rebeldes a las zonas fronterizas colindantes con Guyana y Brasil. A menos que la ofensiva se combine con esfuerzos para abordar las causas detrás del auge de la minería ilegal y las vulnerabilidades de la población local, los grupos armados rivales también buscarían aprovechar un ataque contra las guerrillas para establecer su control sobre más zonas mineras, lo que empeoraría el derramamiento de sangre. Por lo tanto, aunque las condiciones no son favorables en la actualidad, el Estado colombiano y los aliados internacionales no deben cerrar la puerta a futuras conversaciones con las guerrillas.

Las fuerzas armadas en estos dos países también deben tomar medidas urgentes para evitar enfrascarse en una pelea más grande como consecuencia de los movimientos transfronterizos y los ataques de la guerrilla u otros grupos armados. Preservar las líneas de comunicación entre los jefes de unidades armadas posicionadas en la frontera será primordial. Al mismo tiempo, las potencias extranjeras deben abstenerse de amenazar con una intervención militar en Venezuela puesto que esto incentiva aún más al gobierno de Maduro a fortalecer sus vínculos con los actores armados no estatales colombianos y los alienta a permanecer cerca de las zonas fronterizas para que puedan reaccionar en caso de tal intervención

C.- Conflicto y migración:

Los refugiados y migrantes venezolanos se pueden encontrar en asentamientos informales en las ciudades colombianas de Puerto Carreño y Puerto Inírida, aunque los principales flujos de migrantes hacia Colombia siguen presentándose más al norte. A pesar de que sus familias han huido de Venezuela, los hombres regresan a las minas cercanas en Amazonas para trabajar mientras sus familiares permanecen en Colombia. Los habitantes de estos barrios colombianos se quejan con frecuencia de las amenazas de los grupos armados ilegales, el trabajo sexual por parte de niñas menores de edad y la falta de acceso a una atención médica digna.

Estos refugiados y migrantes sufren dificultades en las ciudades fronterizas del sur de Colombia, pero recalcan que no pueden regresar a Venezuela, en especial aquellos que han sido víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos armados. Las personas que trabajaron en las minas venezolanas y huyeron a Colombia dicen que se ha vuelto demasiado violento. “Todo el mundo quiere ser jefe”, explicó una exminera, en relación con la violencia, y agregó que los guerrilleros se habían apoderado de varias minas en Bolívar, donde ella había trabajado anteriormente bajo los sindicatos. Los líderes indígenas que se oponen al gobierno de Maduro o a la presencia de los guerrilleros son objeto de violencia e incluso de asesinato. Algunos grupos indígenas en Bolívar y Amazonas se han armado a sí mismos, o el Estado les ha suministrado armas, para defenderse de los intrusos violentos, creando aún más actores armados.

Las familias trabajando en las áreas mineras vienen de lejos para buscar un nuevo medio de vida, pero se exponen a altos riesgos de salud y seguridad. Bram Ebus/InfoAmazonia
En vista de la escalada de violencia en la región, el creciente número de actores armados y sus efectos sobre la migración y los flujos de refugiados, el gobierno colombiano, con el apoyo de donantes extranjeros, debe atender las necesidades humanitarias en la frontera sur. Además, las dificultades prácticas para reanudar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN no deberían llevar a Bogotá a descuidar el imperativo de evitar la reanudación de las hostilidades entre las partes que empeorarían la crisis humanitaria.

D.- Limpieza del comercio de oro:

Las potencias extranjeras deben encontrar alternativas a la imposición de sanciones a las exportaciones de oro que, como se señaló, estimula el tráfico y el control criminal sobre el comercio. En la actualidad, gran parte del oro extraído en el sur de Venezuela se introduce de contrabando en los países vecinos y las islas en la región del Caribe y luego se legaliza allí, cambiando así el país de origen declarado del oro. En consecuencia, las compañías que importan oro desde América Latina y el Caribe no pueden simplemente confiar en los documentos oficiales de aduanas como prueba de que el oro no se ha extraído de forma ilegal en Venezuela.

Un posible enfoque alternativo sería alentar a los países en los que se comercia oro a que tomen medidas adicionales para garantizar que las compañías de comercio de minerales y todas las empresas relacionadas con el negocio se adhieran a las directrices estrictas de debida diligencia. Estas incluyen controles de la cadena de suministro con base en normas internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como las consagradas en la Ley Dodd-Frank para las empresas de los Estados Unidos que se aprobó en julio de 2010, y las obligaciones de debida diligencia de la cadena de suministro de la UE relativas a los minerales provenientes de zonas de conflicto y de alto riesgo, que entrarán en pleno vigor en 2021.

La debida diligencia en la cadena de suministro puede ser una alternativa efectiva a las sanciones unilaterales si se implementa de manera íntegra y se aplica rigurosamente.

El marco de debida diligencia de la OCDE proporciona un punto de referencia internacional para los esfuerzos de limpiar las cadenas de suministro de minerales. En la actualidad, 35 Estados miembros de la OCDE y ocho no miembros, entre ellos Colombia y Brasil, se han adherido a estas directrices, que establecen normas para las empresas de comercio de minerales y exigen informes periódicos y auditorías independientes de los países signatarios. Sin embargo, estas normas son compromisos voluntarios que se incentiva a las empresas a adoptar y depende de cada Estado miembro decidir si las hace legalmente vinculantes o no. Hasta el momento, se han promulgado como ley en los Estados Unidos mediante la Ley Dodd-Frank, y en países donde los recursos naturales se han relacionado con conflictos y abusos de los derechos humanos, como la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi.

La debida diligencia en la cadena de suministro puede ser una alternativa efectiva a las sanciones unilaterales si se implementa de manera íntegra y se aplica rigurosamente. Esto no impediría que las compañías compren y comercialicen oro de Venezuela u otros países de América Latina, sino que requeriría que las empresas que lo hacen, así como las instituciones financieras asociadas y los mercados de materias primas, demuestren que están tomando las precauciones adecuadas para garantizar que conocen el origen legal de los minerales y no están financiando a grupos armados, regímenes sancionados o abusadores de derechos humanos. Si bien estas medidas no transformarían instantáneamente la producción de oro en Venezuela, impondrían una presión en puntos importantes de la cadena de suministro para detener estos abusos.

VI. Conclusión:

La seguridad en el sur de Venezuela se ha deteriorado de forma alarmante en los últimos años en la medida en que varios actores armados, estatales y no estatales, compiten por el acceso a los recursos naturales y se aprovechan de las poblaciones locales en su lucha por el poder y el control territorial. Las fuerzas armadas de Venezuela, la presencia estatal más visible en la región, no solo han fallado en evitar esta violencia, sino que, según numerosos testimonios de testigos, han alentado y aprovechado el saqueo de minerales en un corredor terrestre que comienza en la frontera con Colombia y se extiende hacia Brasil y Guyana. Ajenos al Estado y empobrecidos a raíz del colapso económico de Venezuela, muchas personas en la zona han caído en las garras de los grupos armados y el sustento que proporciona la minería ilícita.

En un contexto de distanciamiento total entre el gobierno venezolano en ejercicio y sus vecinos Colombia y Brasil, los movimientos transfronterizos de guerrilleros con vínculos con las fuerzas de seguridad venezolanas plantean peligros claros para la estabilidad regional. Las amenazas de una invasión de potencias externas exacerban las tensiones fronterizas y, si se llevan a cabo, podrían infligir un mayor sufrimiento a los civiles y sumir a la región en violentos enfrentamientos entre facciones armadas rivales. Las alianzas frágiles y volátiles entre varios actores armados en el sur de Venezuela aumentan estos riesgos. Enfrentamientos frecuentes entre estos actores y sus cambios de poder y bases de apoyo ya exponen a la región, y en particular a las zonas fronterizas con Colombia y Guyana, a picos inesperados en la violencia armada y al desplazamiento forzado de las poblaciones locales.

Tanto los países vecinos como el gobierno venezolano deben reconocer los riesgos de la violencia en la frontera y el potencial incremento de las hostilidades regionales.

Incluso mientras se desarrolla la crisis política en Venezuela, los países vecinos y los Estados extranjeros interesados deben tratar de mitigar tanto la amenaza de una crisis regional más amplia como los peligros que enfrentan las comunidades locales. Esto significa que, independientemente de sus diferencias políticas, tanto los países vecinos como el gobierno venezolano deben reconocer los riesgos de la violencia en la frontera y el potencial incremento de las hostilidades regionales; por lo tanto, deben tratar de mantener canales de comunicación estables entre sus fuerzas armadas y entre los altos funcionarios políticos. Esto también significa que las agencias de la ONU deben responder al deterioro del conflicto, los abusos de derechos humanos y los riesgos para la salud, y atender las necesidades humanitarias de los residentes y refugiados en el sur de Venezuela y las zonas fronterizas adyacentes. Venezuela, por su parte, debe dejar de obstaculizar a las agencias internacionales de ayuda que desean atender a las poblaciones vulnerables, mientras que Colombia no debe cerrar la puerta a futuras conversaciones con el ELN. Se debe evitar una intervención militar para atacar las bases venezolanas de la guerrilla, que podría enardecer las tensiones ya aumentadas.

Por último, Estados Unidos debe abstenerse de imponer sanciones a la producción de oro y a las exportaciones con el fin de castigar y aislar financieramente al gobierno y las élites venezolanas. Tampoco es realista en las circunstancias actuales proponer la creación inmediata de un sector minero legal: todos los minerales que salen de Venezuela están vinculados en cierta medida a actividades ilícitas. En cambio, los Estados miembros de la OCDE que ya son signatarios de iniciativas dirigidas a reducir el comercio de minerales de zonas de conflicto deberían introducir normas adecuadas de debida diligencia en la legislación, las cuales deben aplicarse a todas las empresas involucradas en el comercio de minerales que salen de Venezuela y países de América Latina y el Caribe por los cuales pasan los minerales ilegales de Venezuela, con el objetivo de incentivar la construcción gradual de prácticas legales de minería en el país.

El destino de Bolívar y Amazonas está vinculado de forma indisoluble al futuro político de Venezuela y a la cuestión de cómo y cuando saldrá de su crisis actual. Pero el sufrimiento y el aislamiento extremo de las comunidades locales, así como las amenazas que representan las riquezas mineras y las facciones armadas en toda la región deben poner al sur de Venezuela como el centro del interés por el futuro del país.

*Bram Ebus. Periodista de investigación holandés, experto en conflictos socioambientales en Latinoamérica especialmente de Colombia y Venezuela.

*Ivan Briscoe. Se unió a Crisis Group en junio de 2016 como Director de Programas para América Latina y el Caribe. Ha trabajado en política, conflictos y crimen en América Latina desde 1996. Antes de unirse a Crisis Group, Ivan trabajó como investigador senior en el Instituto Clingendael de los Países Bajos y en la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) en España, donde se especializó en el estudio de redes ilícitas en América Latina, nuevas formas de violencia armada y los efectos de la desigualdad.

Por: Bram Ebus/Ivan Briscoe
International crisis group
@itbriscoe / Bram Ebus
Política | Opinión
Farándula | Sucesos
crisisgroup.org
Bogotá/Caracas/Bruselas, 28 de febrero de 2019

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