Maduro se mantiene gracias
a vínculos criminales…
Lo rodean personas involucradas en actividades delictivas, como Tareck El Aissami —exvicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción Nacional— y Néstor Reverol —ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz—, ambos sancionados por las Naciones Unidas…
■ El crimen organizado esta en contacto en la vida cotidiana de los venezolanos, penetrando al más alto nivel.
■ Maduro no podría terminar con el cáncer de la corrupción y el crimen organizado, pues estos son los elementos que lo mantienen en el poder.
■ Maduro se ha rodeado de personajes involucrados en actividades delictivas y, mientras siga en el poder, las credenciales criminales del gobierno se reforzarán aún más.
■ Aproximadamente un 40% de la producción de cocaína colombiana sale desde territorio venezolano vía aérea rumbo al Caribe”, comenta José Marulanda, consultor colombiano en Seguridad y Defensa..
Medellín, Colombia.— Venezuela se ha convertido en un centro regional del crimen con profundas consecuencias para América Latina y otras regiones del mundo. Además, con la reelección de Nicolás Maduro las raíces del crimen organizado en el país sudamericano se extenderán aún más.
El régimen chavista se está preparando. Pese a las manifestaciones de 2017, el gobierno de Maduro sobrevivió. La lealtad del Ejército aseguró que el presidente pudiera eludir a la Asamblea Nacional —controlada por la oposición—, reprimir a los manifestantes y montar una elección presidencial absurda en mayo, con lo que obtuvo seis años más en el cargo. El último resquicio democrático se desplomó.
Ahora Maduro se mantiene en el poder gracias a un régimen que, según se sospecha, tiene vínculos criminales. Lo rodean personas involucradas en actividades delictivas, como Tareck El Aissami —exvicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción Nacional— y Néstor Reverol —ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz—, ambos sancionados por las Naciones Unidas. En mayo, el gobierno de Estados Unidos añadió a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y figura notoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a la lista de sancionados.
No hay una definición exacta de qué es una mafia de Estado, pero el hecho de que el crimen organizado esté en contacto en la vida cotidiana de los venezolanos y que haya penetrado, al más alto nivel, en las instituciones estatales, permite considerar a Venezuela en esa categoría. El gobierno de Maduro participa poco en la cooperación internacional en la lucha en contra del crimen organizado transnacional, y tiene funcionarios gubernamentales prominentes que facilitan y protegen las actividades delictivas.
Hace tres años, mi fundación, InSight Crime, comenzó a recolectar información sobre los funcionarios del gobierno venezolano involucrados en tráfico de drogas, el llamado Cartel de los Soles. Se le dio ese nombre por las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana portan en sus hombreras. La Guardia Nacional es responsable no solo de la seguridad interna, sino también de la de fronteras, puertos y aeropuertos, el acceso que cualquier traficante de drogas necesita. Fue la primera institución estatal sobornada de manera sistemática por traficantes de drogas colombianos para permitir el tráfico de cargamentos de cocaína en Venezuela.
Los primeros veinte nombres en nuestra lista fueron fáciles de encontrar. La comparación de datos de archivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), consultas con agencias antinarcotráfico internacionales y una investigación de campo exhaustiva en Venezuela hicieron que el archivo de personas implicadas aumentara con velocidad. Dejamos de abrir expedientes nuevos cuando llegamos a la información de 123 personas con puestos de alto rango en el gobierno en más de doce instituciones gubernamentales. Se nos acabaron los recursos, mas no las pistas.
La cocaína llega a raudales a Venezuela desde Colombia, su país vecino. La producción de drogas jamás ha tenido un nivel tan alto y calculamos que Colombia está produciendo 921 toneladas de cocaína al año. En 2010, Venezuela lidiaba por lo menos con 200 toneladas. En el pasado, los carteles colombianos dirigían el negocio y sobornaban a los funcionarios venezolanos. Ahora hay evidencia abrumadora acerca de que los venezolanos están participando directamente en el narcotráfico. Uno de los ejemplos más evidentes es que en 2016 condenaron a dos sobrinos de la primera dama venezolana por cargos de tráfico de cocaína en Estados Unidos.
Sin embargo, nos encontramos con que el tráfico de drogas no era la industria ilegal más lucrativa en Venezuela. Nuestros sujetos de investigación tenían un portafolio criminal muy diverso. La gasolina venezolana es la más barata del mundo. Los contrabandistas que la trasladan a través de la frontera hacia Colombia o Brasil pueden ganar mucho más que con un kilo de cocaína, además de que los riesgos son menores. Maduro cerró la frontera con Colombia durante periodos en 2015 y 2016 para “golpear” a las mafias. Esa decisión reforzó el monopolio del Ejército venezolano sobre el contrabando de combustible.
Pero el dinero de verdad se generaba, sin riesgos, a través del saqueo de las arcas del Estado. En el momento en que la transparencia y la rendición de cuentas se acabaron con puestos designados según la lealtad política en vez de la capacidad o la integridad, Venezuela se convirtió en una cleptocracia.
La clave de esta cleptocracia es el sistema artificial de control de la moneda. Actualmente un dólar estadounidense vale hasta 3,4 millones de bolívares venezolanos en el mercado negro. Sin embargo, los privilegiados que tienen acceso a la tasa oficial de cambio pueden comprar un dólar por tan solo diez bolívares. Quizá se trata del negocio más lucrativo del planeta. Además de la catastrófica mala gestión económica, esto ha provocado que Venezuela, aún con sus riquezas petroleras, esté al borde de la bancarrota.
Ya casi no hay dinero que robarle al Estado y, sin embargo, la maquinaria de la corrupción todavía está funcionando. Las bases del Ejército ganan aproximadamente el equivalente a veinte dólares al mes, mientras que el salario mínimo es de casi 1,50 dólares al mes. Dado que todos deben aceptar sobornos para sobrevivir, Maduro ha hecho que cada venezolano sea partícipe involuntario de la economía criminal. Si los venezolanos quieren alimentos y medicinas deben recurrir al mercado negro; deben alimentar la corrupción que permea cada organismo estatal y cada aspecto de sus vidas cotidianas.
El Ejército supervisa la distribución de alimentos y medicinas, lo que podría ocasionar que siga siendo leal durante un tiempo, pero ese modelo no es sostenible. El tráfico de drogas es la industria de mayor crecimiento en Venezuela, después de la extracción ilegal de oro. La cocaína se podría convertir en el motor que permita que la maquinaria de la corrupción siga funcionando en el gobierno de Maduro.
Esta situación está afectando a los vecinos de Venezuela. Centroamérica, sobre todo Honduras y Guatemala, es la pista de aterrizaje del tráfico aéreo de cocaína desde Venezuela. República Dominicana es el destino de barcos de cargamentos de droga que recorren el Caribe desde la costa venezolana. Aruba y Trinidad y Tobago se han convertido en centros del contrabando, y la gasolina barata venezolana recorre las fronteras colombiana y brasileña.
Y, en los últimos doce meses, más de un millón de venezolanos han salido de su país en ruinas. Muchos de estos migrantes y refugiados están desesperados; hambrientos y enfermos trabajarían por una comida caliente. A una buena cantidad de ellos los está explotando y reclutando el crimen organizado.
Aislado y en bancarrota, el presidente Maduro se ha rodeado de personajes involucrados en actividades delictivas y, mientras siga en el poder, las credenciales criminales del gobierno se reforzarán aún más.
Venezuela no es capaz de implementar esfuerzos para contener al crimen organizado, pues las fuerzas de seguridad que deben combatirlas dirigen gran parte del negocio. Aunque lo quisiera, Maduro no podría terminar con el cáncer de la corrupción y el crimen organizado, pues estos son los elementos que lo mantienen en el poder.
La comunidad internacional, por su parte, tiene poco margen de maniobra. Maduro no es un actor confiable en la lucha contra el crimen organizado. En todo caso, ha ayudado a convertir a Venezuela en un paraíso de actividades delictivas.
El ‘quién es quién’ criminal en la frontera entre Colombia y Venezuela:
El entorno que comparten los dos estados es un paraíso para los contrabandistas y las guerrillas. Ambos países parecen un juego de espejos en lo que a tráficos ilícitos y violencia se refiere.
Selvas tropicales impenetrables. Ríos regados de pequeñas comunidades donde no llegan las autoridades. Imponentes montañas. Peligrosos senderos. El escondite perfecto. Los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela se han convertido en un paraíso para las mafias del contrabando que operan rutas ocultas bajo la inmensa espesura, y donde el movimiento de mercancías ilícitas es bidireccional.
Por un lado, grupos armados de narcotraficantes colombianos exportan grandes cantidades de cocaína hacia Venezuela, desde donde después se distribuirá a los países consumidores. “El Catatumbo, la zona fronteriza situada en el departamento colombiano de Norte de Santander, es una zona con más de 20.000 hectáreas de sembradíos de coca, muchos laboratorios de procesamiento de cocaína, y altos índices de violencia. Aproximadamente un 40% de la producción de cocaína colombiana sale desde territorio venezolano vía aérea rumbo al Caribe”, comenta José Marulanda, consultor colombiano en Seguridad y Defensa.
Los narcos estarían moviendo droga por valor de 1.600 millones de dólares al año. Dejarían un beneficio de unos 400 millones de dólares a los grupos que la conducen entre ambos países, según expertos consultados por la fundación estadounidense ‘Insight Crime’, que analiza el crimen organizado en América Latina.
El contrabando también se mueve en sentido contrario. El irrisorio precio de la gasolina en Venezuela –altamente subsidiada- ha convertido desde hace muchos años a su introducción ilegal en Colombia en un negocio muy lucrativo. La crisis económica, política y social que sufren los venezolanos ha hecho aumentar drásticamente el número de personas y grupos que se dedican a esa actividad.
Complicidad con Caracas:
Durante décadas cientos de miles de colombianos se refugiaron en Venezuela de la violencia generada por el conflicto armado entre su Gobierno y las guerrillas. Ahora la migración es en sentido contrario. Cientos de miles de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis y la violencia.
Esa migración ha reducido el coste de la producción de cocaína. El Catatumbo es el lugar donde más barato se produce la droga. No sólo porque cada vez hay un mayor número de venezolanos dispuestos a asumir grandes riesgos y a trabajar por menos dinero, sino porque el queroseno es básico para la producción de cocaína, y en esa región su precio es mínimo.
La frontera parece no existir para algunos de los grupos que operan en la zona: “Si bien los cultivos están en Colombia, la proximidad con la frontera hace que haya una parte de los laboratorios que puedan estar en territorio venezolano. Eso hace todavía más complicada la lucha contra el narcotráfico en la región”, comenta Román Ortiz, un analista español, vicepresidente de Cordillera Aplications Group, una organización de Seguridad Pública y Defensa.
Cree, como otros expertos en seguridad, y según investigan las autoridades estadounidenses, que los cargamentos se mueven con la complicidad de parte de las autoridades venezolanas: “Los narcóticos quedan en Venezuela en manos del cartel de los Soles, que es una estructura criminal que vincula líderes del chavismo, incluidos algunos miembros de las Fuerzas Armadas, que son quienes de algún modo las mueven bien hacia EEUU, o hacia Europa”, comenta Ortiz.
El Gobierno venezolano ha negado que exista tal negocio. “La mayor evidencia de que existe es la lista de sanciones que ha ido imponiendo Washington a una serie de figuras del chavismo, muy particularmente al vicepresidente Tareck El Aissami, en febrero de 2017, por actividades vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos”, cree Ortiz.
Caracas ve tal acusación como una ficción. “Es una infame y grotesca mentira para agredir a una autoridad del Estado y un falso positivo contra un venezolano decente y digno. No hay sustento en la realidad”, dijo la entonces canciller, Delcy Rodríguez, sobre las sanciones a El Aissami.
El ELN aumenta su influencia:
Al calor de los negocios ilícitos viven varios grupos armados a ambos lados de la frontera. El más importante es, sin duda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora la mayor guerrilla de Colombia, que niega estar traficando con cocaína pero admite imponer tributos a la droga que se mueve por sus territorios. Esta guerrilla ha incrementado su influencia en la zona tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a principios de 2017. Han ido ocupando los territorios abandonados por la histórica guerrilla colombiana, haciéndose, de paso, con el control de parte de las rutas del narcotráfico. Esa reorganización ha sido violenta.
“Otro factor clave para su aumento de influencia ha sido la apertura de unas conversaciones de paz con el Gobierno que desde su inicio tenían muy poca viabilidad. Eso le da al ELN, por un lado, visibilidad política, agigantando su tamaño y haciendo más efectiva su propaganda. Por otro lado, le ha concedido la posibilidad de alcanzar un cese al fuego en el que no está obligado a concentrar a sus militantes, permitiéndole expandir su zona de influencia mientras la fuerza pública colombiana no puede reaccionar, porque está en cese al fuego. Así han crecido territorialmente y en tamaño”, asegura Ortiz.
Disidentes y críticos acusan a altos cargos del chavismo de implicación en el tráfico de drogas. Los expertos debaten si se dan o no las condiciones para aplicar al país esa polémica etiqueta
Cree, como otros expertos en seguridad, y según investigan las autoridades estadounidenses, que los cargamentos se mueven con la complicidad de parte de las autoridades venezolanas: “Los narcóticos quedan en Venezuela en manos del cartel de los Soles, que es una estructura criminal que vincula líderes del chavismo, incluidos algunos miembros de las Fuerzas Armadas, que son quienes de algún modo las mueven bien hacia EEUU, o hacia Europa”, comenta Ortiz.
Preocupa a Bogotá que parte del ELN opere desde Venezuela, un extremo confirmado por la Fiscalía colombiana, por medios de comunicación como ‘El País’ de Cali, que llegó a obtener fotografías de guerrilleros al otro lado de la frontera, así como por autoridades venezolanas como el ex gobernador opositor del Estado de Amazonas, Liborio Guarulla. “En el Estado se ha producido una especie de convivencia entre las fuerzas armadas venezolanas y los grupos irregulares, porque se han convertido en una especie de grupos paramilitares”, dijo Guarulla en febrero de 2018, tres meses antes de ser inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, una sanción impuesta por la Contraloría venezolana.
En territorio venezolano podría encontrarse la mayoría del Comando Central (Coce) del ELN, su grupo dirigente, según el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Su presencia, tolerada aparentemente por Hugo Chávez –quien cambiaba, según muchos analistas, de discurso con respecto a las guerrillas según el momento político- no ha sido apoyada, al menos públicamente, por Maduro, cuya atención se encuentra totalmente fijada sobre la crisis que vive su gobierno.
Otro de los grupos armados existentes en la zona son los remanentes del Ejército Popular de Liberación (EPL), un grupo desmovilizado en 1991, pero que sigue ejerciendo control territorial en el departamento colombiano de Norte de Santander. “De origen maoísta, y creado en la década de los sesenta, estaba prácticamente extinguido en el país, pero gracias al crecimiento del narcotráfico, ha revivido. El Gobierno no lo identifica como EPL, para no reconocerle estatus político, y lo etiqueta como ‘Los Pelusos’, definiéndolo como grupo narcotraficante. Actualmente posee unos 250 hombres bien armados y está en una dura disputa armada territorial con el ELN para controlar las narco rutas fronterizas. Varios de sus líderes han sido neutralizados, pero el relevo de jefes es permanente. Sobresale el empleo de francotiradores, entrenados desde hace algunos años por las FARC, contra la Fuerza Pública”, comenta el experto Marulanda.
Disidentes que se pasan al crimen:
EL EPL declaró la guerra al ELN en el Catatumbo a mediados de marzo, desatando la violencia en la zona. El comercio y el transporte estuvieron paralizados durante días en un conflicto que dejó al menos una veintena de muertos ante la mirada de unas autoridades que denuncian no contar con los medios suficientes para enfrentarse a dichas guerrillas.
Lo puso de manifiesto el rifirrafe filtrado a la televisión entre el coronel al mando de las tropas de la región de Norte de Santander y un sargento a cargo de la pequeña localidad de Teorama. El ELN secuestró a cuatro de los vecinos del pueblo el pasado 2 de abril sin que la Policía se inmutase.
– “¡Usted no está haciendo nada, mi sargento! ¡A usted le da miedo salir de allá!”, le espetó el coronel al sargento, vía telefónica.
– “¡Es que una cosa es estar allá y otra, estar acá. De una vez le digo: yo tampoco voy a estar acá a hacerme matar también. Si usted quiere que le salga, deme la orden por escrito, señor. ¡Porque está diciendo que no estoy haciendo ni mierda en este pueblo! Lo invito a que venga acá y haga su trabajo. ¡Se cagan allá los comandantes!”, respondió el sargento, que fue relevado de su cargo.
Entre el ELN y el EPL han crecido también los disidentes de las FARC, integradas por al menos 1.200 guerrilleros en todo el país. Suponen el 10% de la antigua fuerza guerrillera. Los expertos en paz destacan que se esperaban una disidencia del 15%, con lo cual todavía entra dentro de los márgenes previstos, pero no ocultan su preocupación. Esta tendencia crece debido, entre otros motivos, a los retrasos en la implementación del Pacto de La Habana y al escaso desarrollo de los programas productivos que iban a garantizar el sustento económico de quienes dejaron los fusiles.
Los grupos más extensos operan en las fronteras con Ecuador y Venezuela. “Las FARC están reconstruyendo un nuevo Frente Sur al mando de alias ‘Gentil Duarte’ [expulsado de la organización en 2017), dedicado al trasiego de cocaína, coltán y oro, hacia Venezuela y Brasil”, advierte el experto Marulanda. La fundación ‘Insight Crime’ señala su presencia en los departamentos venezolanos de Amazonas y Apure.
‘Narcoparacos’ colombianos y guerrilla venezolana:
En la frontera entre Colombia y Venezuela operarían también varios de los denominados por las autoridades de Bogotá como Grupos Armados Organizados (GAOs). Son bandas criminales, aparentemente sin ideología política, y dedicadas principalmente al narcotráfico. Muchas de ellas nacieron tras el proceso de desmovilización paramilitar promovido en 2006 por el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Al menos dos de ellas, los Rastrojos y los Urabeños –también conocidos como el Clan del Golfo, la mayor organización de narcotraficantes de Colombia- tienen presencia en Venezuela, según los investigadores de ‘Insight Crime’.
La ONG norteamericana destaca también la presencia en la parte venezolana de la frontera de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) un grupo armado, compuesto por entre 1.000 y 1.400 miembros, que apoya al gobierno chavista. Eran inicialmente aliados del ELN, pero ahora verían a la guerrilla colombiana como un competidor. Se dedicarían a la extorsión. Aunque algunas fuentes consultadas por ‘Insight Crime’ les implican en el tráfico de estupefacientes, la ONG dice no tener pruebas que sustenten dichas acusaciones.
Poco cambiará en la región mientras la producción de coca se encuentre disparada. Las plantaciones han aumentado sin tregua desde 2012. Entonces se calculaba que en el país andino había unas 78.000 hectáreas de coca. En 2016 habían aumentado a 188.000 hectáreas, según el Departamento de Estado de EEUU. A falta de hacerse públicos los datos de 2017, hay expertos que calculan que la cifra superará las 230.000 hectáreas. Tampoco ayudan el cada vez mayor distanciamiento político entre Venezuela y la debilidad de las autoridades de ambos países.
“La Guardia Nacional es la principal encargada del control fronterizo al lado venezolano. Debe lidiar con el creciente flujo migratorio fronterizo que se mueve simultáneo a los contrabandos de combustible y alimentos. Muchos de sus miembros son señalados de corrupción, pues exigen dinero o productos para permitir o facilitar el paso de personas, vehículos y mercancías. Sus esfuerzos por controlar estos flujos han sido ineficaces, como lo son los esfuerzos de la Policía Nacional colombiana, pues la frontera es geográficamente difícil y los recursos de ambos estados limitados”, analiza Marulanda. Malas perspectivas para los habitantes de una de las zonas más peligrosas del continente americano.
*Jeremy McDermott fue miembro del ejército británico y es cofundador y codirector de InSight Crime, una fundación que investiga el crimen organizado en América Latina.
Por: Jeremy McDermott
Redacción/R24
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El Nacional/NYT/AP
Caracas, martes 17 de julio, 2018
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