“Los liceístas tienen un grupo de whatsapp
por el cual organizan las convocatorias…”.
En los liceos no son ajenos al descontento que mantiene las calles encendidas desde hace casi dos meses. Esta semana estudiantes de bachillerato se sumaron a la protesta, un derecho que está consagrado no solo en la Constitución sino también en la Lopnna…”.
■ Liceístas salen de las aulas a la calle.
■ La consulta de constituyente educativa se hizo a medias.
■ 16 colegios privados sancionados por protestas e izar la bandera al revés.
■ La represión del gobierno ha tomado otras formas: imponer sanciones a los colegios cuyos alumnos han salido a manifestar y ejercer presión sobre la asistencia de alumnos y docentes a las aulas en un escenario de conflictividad en el que la movilidad se ha visto afectada por el cierre de vías y de las estaciones del Metro .
[J]óvenes con camisas azules y beiges marchan en medio del asfalto. Adolescentes, estudiantes de educación media y diversificada, tomaron posición y salieron del aula a la calle.
La manifestación del lunes 22 de las jóvenes del Colegio Santa Cecilia inició dentro de la institución a las 6:45 am. Las muchachas decidieron sentarse en círculo, entonar el Himno Nacional y colocar la bandera en el suelo y con los nombres de los estudiantes que han muerto en las protestas.
“Salimos de la institución a la fuerza y nos fuimos a la calle gritando por todos los liceos, diciendo consignas para buscar apoyo de los demás estudiantes. A las 10:30 am salieron los de Santa Rosalía y nos encontramos. De allí tomamos la iniciativa de irnos a la avenida Lecuna”, relata una estudiante del colegio Santa Cecilia. Una hora después sujetos vestidos de negro y encapuchados arremetieron contra ellos: “Dispararon al aire, estando a 100 metros la guardia y no hicieron absolutamente nada. Uno me pisó el pie con la moto. Después la situación se salió de control cuando unos civiles trancaron el paso con cauchos y prendieron basura. Los colectivos lanzaron gas pimienta. Llevaban palos y golpearon a los muchachos”. Dice que muchos corrieron a esconderse en los estacionamientos de los edificios, pues comenzaron a perseguirlos. “Nos metieron electricidad. En qué país estamos viviendo que nosotros no podemos exigir nuestros derechos y esas personas andan armadas en la calle, atentando contra nuestra vida”, narra la adolescente.
Los vecinos de la residencia Lecuna salieron a socorrer a los estudiantes para evitar que los alcanzaran los colectivos. “La meta era llevárselos. A uno lo subieron en una moto en la esquina El Muerto, le robaron el bolso y lo dejaron en Quinta Crespo. Varios resultaron heridos. Lo único que queríamos era alzar nuestra voz y ser escuchados como estudiantes. Porque mientras estamos aquí viendo clases, Venezuela se está cayendo.
Cada vez hay más heridos y más muertos”, enfatiza.
En la plaza La Pastora la acción de grupos colectivos contra un estudiante de Monseñor Castillo, no pasó de amenazas verbales.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó el miércoles su rechazo al amedrentamiento por parte de civiles armados en otro caso que se presentó en un colegio de Catia el lunes.
El jueves 25 cerca de 30 alumnos de varios colegios de Santa Mónica se concentraron al mediodía, a la hora de salida, en la avenida Teresa de la Parra. Trancaron la vía con cauchos y le encendieron fuego. La Policía Nacional Bolivariana retiró los obstáculos pero los estudiantes permanecieron.
Algunos se quitaban las franelas del colegio –para evitar ser identificados– y cada dos minutos cerraban la vía, tiempo suficiente para entonar una estrofa del Himno Nacional y gritar consignas: “Y cuál constituyente si aquí lo que queremos es un nuevo presidente”. En las pancartas el mensaje recurrente: “No me quiero ir de mi país”, “Un presidente sin estudio nunca entenderá a los estudiantes”.
Las razones de las protestas que llevan 52 días les son afines. “Vengo a protestar por el derecho a la libertad. A mi hermano lo llevaron preso el miércoles por estar protestando. No lo quieren liberar. No hemos hablado con él. Ni nos han dado señales de vida”, cuenta una joven. Otra cuestiona: “En nuestras casas no hay ni comida. Una pregunta al presidente Maduro: ¿Estos son los estudiantes que usted quiere? Pues los va a tener en la calle protestando. Defenderemos nuestros derechos”.
Los liceístas tienen un grupo de whatsapp por el cual organizan las convocatorias.
“Que no quede ningún colegio sin hacer plantón”, se lee en una imagen enviada. Diversos grupos de liceístas han tomado lugares de Caracas como La Pastora, la avenida Lecuna, Catia. Lo hicieron los colegios Santa Cecilia, Santa Rosalía, Monseñor Castillo de la Pastora, La Presentación de Propatria. El martes otro grupo de Santa Mónica. El miércoles fueron los del Antonio José de Sucre en Catia. En las redes sociales también circulan videos de estudiantes que protestan en el interior del país.
Sancionados por protestar:
Tan solo tres días de protesta de estudiantes de bachillerato hizo que el Ministerio de Educación emitiera un comunicado el miércoles 24: “Tras el comportamiento de algunas y algunos propietarios y del personal directivo de instituciones educativas privadas”. En el texto se les acusa de permitir, provocar e incitar dentro del plantel y adyacencias “acciones de violencia y el inaceptable desprecio e irrespeto” a los símbolos patrios.
Como consecuencia ordenó iniciar procedimientos disciplinarios, penales, civiles y demás sanciones a propietarios y personal directivo de 15 colegios privados de Caracas, Aragua y Zulia. El comunicado resalta que fueron vulnerados los artículos 78 de la Constitución, el 3, 10 y 11 de la Ley Orgánica de Educación y el 7, 8 y 32 de la Lopnna. Sin embargo, estos no hacen referencia explícita a los símbolos patrios, sino a la lealtad a la patria, la incitación al odio y la violencia y mensajes contrarios a la soberanía nacional. “¿Cuál ha sido la conducta ilícita que han cometido esos centros? ¿Bajo qué ley van a sancionar a esos colegios? Ya el hecho de emitir un comunicado donde se mencione los colegios, indica que hay un juzgamiento”, señala el abogado y coordinador de Cecodap, Carlos Trapani. Agrega: “Las disposiciones transitorias de la Ley de Educación en su numeral 3 y 5 no establece como falta el uso incorrecto de símbolos patrios como falta para iniciar un procedimiento. Ese hecho que se atribuye no da elementos que permita demostrar eso”.
El jueves 25 durante la juramentación del Comando Nacional para la Asamblea Constituyente, el ministro de Educación, Elías Jaua, dijo que a nueve planteles se les abrió el procedimiento: “No le vamos a permitir a nadie, en ningún colegio privado, que se ofenda y que se agravie a la bandera de Bolívar, a la bandera de Miranda, a la bandera de nuestros patriotas”.
“Se habla de traición a la patria. En las áreas de sociales y valores se enseña el significado de los símbolos patrios. Pero son ocurrencias que se le escapan completamente a uno de control”, asevera el director del Monseñor Castillo, Teófilo Morales. “Hay que aclarar que los muchachos al salir de sus casas en la mañana se fueron a protestar.
Al rato llegaron a sus actividades normales”.
Vinieron también al colegio los supervisores y levantaron un acta de lo sucedido”, manifiesta Morales. El director fue al Ministerio de Educación para informarse y consignar el relato de lo que ocurrió. Hasta el momento no ha recibido notificación de la sanción por escrito pero le dijeron que debían hacer una reunión con padres, representantes y estudiantes que protestaron y hacer un trabajo de orientación sobre los valores y los símbolos patrios.
El colegio Santa Cecilia tampoco ha recibido las sanciones del ministerio, aseguró la directora Josefina Scott: “Lo que las niñas hagan de la puerta para afuera es responsabilidad de los padres”. En la entrada de la institución está pegado un documento firmado y sellado por la dirección que señala que está prohibido realizar manifestaciones estudiantiles con fines políticos.
Esa institución fue supervisada el martes.
“Nos dijeron que la manera en que podíamos manifestar era con la constituyente, la campaña de amor y la Organización Bolivariana Estudiantil”, relata una de las estudiantes.
La joven cuenta que la supervisora 304 les pidió que firmaran un acta de lo sucedido en la avenida Lecuna y ellas se negaron: “Quisieron amedrentar diciendo que podían cerrar la institución”. Un grupo de alumnas redactó a mano una carta de seis páginas con el relato de lo sucedido que entregaron a la directora del centro educativo.
Un derecho quebrantado:
El 5 de febrero, una joven de 16 años del Liceo Benito Canónico de Guarenas, durante el programa dominical del presidente Nicolás Maduro, denunció ante las cámaras las fallas que presentaba la institución, entre esas, el cierre del comedor, por lo que manifestó que muchos de sus compañeros se desmayaban del hambre. Maduro los alentó para que protestaran: “No se pueden quedar en la solicitud. Ustedes se tienen que movilizar, ir a la calle. Que se sienta su palabra y conquistar su derecho en la batalla”. Así reivindicó el primer mandatario el derecho a la manifestación de los estudiantes, que ahora pretende castigar con sanciones.
Para Trapani, con las medidas del ministerio, la represión de las manifestaciones e incluso el ataque con bombas lacrimógenas a instituciones educativas, se está criminalizando la protesta que es un derecho no solo garantizado por la Constitución. El artículo 67 de la Lopnna establece el derecho a la libertad de expresión, el 81 el derecho a participar en la vida comunitaria y social y el 82 el derecho a la reunión pública con fines lícitos y sin necesidad de permiso de las autoridades públicas, este último en consonancia con el 83 donde se fija el derecho a la manifestación pacífica.
“Pareciera que ese derecho es válido mientras no sea contrario a políticas oficiales o iniciativas gubernamentales. Cuando no es así, se amenaza a los centros educativos. Es una intimidación, contraria a cualquier lógica de participación. Las manifestaciones se tienen que hacer con libertad y sin miedo. Sancionar, evidentemente compromete ese derecho”, sostiene.
La presidenta de Fenasopadres, Nancy Hernández, señaló que el ministro Jaua pretende utilizar medidas de retaliación y represivas ante el derecho legítimo a manifestar. “Emplazamos a que con pruebas digan dónde aparece la bandera izada incorrectamente”, sostuvo.
Colegios niegan haber izado la bandera al revés:
El ministro de Educación, Elías Jaua, informó ayer que se abrirá un procedimiento administrativo contra diferentes colegios privados del Distrito Capital, Miranda y Aragua, por “irrespeto a los símbolos patrios”, al izar la Bandera Nacional al revés.
“El Ministerio de Educación ha tomado un conjunto de medidas contra unidades educativas privadas que han permitido y promovido izar la bandera de forma indebida (…) la bandera se iza como tiene que ser, como la hemos llevado siempre los venezolanos, con el amarillo, azul y rojo”, indicó, Jaua a través de un programa radial.
Los colegios a los que serán aplicadas las debidas sanciones disciplinarias y penales, en Distrito Capital son: Unidad Educativa Privada (UEP) Monseñor Castillo, Santa Cecilia, Cristo Rey, Luisa Cánceres de Arismendi, Nuestra señora del Valle, Independencia, Liceo Alcázar, La presentación y Santísima Trinidad.
Respuesta. Un representantes del Colegio Agustiniano Cristo Rey, ubicado en Santa Mónica, negó haber izado la bandera al revés o haber cometido algún tipo de irrespeto a los símbolos patrios.
El director de la institución, Ramón Rodríguez este miércoles, aseguró que “nunca se ha izado la bandera al revés, el colegio es muy respetuoso de los símbolos patrios (…) Tampoco hemos cerrado, siempre hemos tenido actividades con la cantidad de alumnos que envían”.
Rodríguez subrayó que la presencia de los alumnos en la unidad educativa no depende de la directiva o de los profesores sino de los representantes. “La afluencia de alumnos ha bajado. La decisión de mandar alumnos es decisión del representante”, puntualizó.
Asistencia obligatoria:
El Ministerio de Educación también vigila de cerca el diario de asistencia de los docentes y alumnos en medio de este escenario de protestas y movilizaciones. Una profesora de un liceo público ubicado en Valle Abajo señala que han sostenido reuniones con la directiva y supervisores de la Zona Educativa en donde les indican que “tienen que dar clases a los alumnos así esté uno”. Y cuando faltan tienen que presentar una exposición de motivos para sustentarla: “Uno se la entrega al directivo y ellos la envían a la zona educativa. Dicen que no debemos faltar por nada. Los supervisores pueden venir en la mañana o en la tarde, es como una amenaza”, resalta.
Cuando acudieron los supervisores –que son dos– solicitaron al director del plantel el diario donde los docentes firman su asistencia. En este cuaderno está el listado diario de su hora de entrada y salida. “Averiguan a través del diario quién fue y quién no, porque el directivo entrega el reporte a los que vienen de la Zona Educativa. Yo he dicho que a veces no puedo salir porque vivo fuera de Caracas y trancan la vía con barricadas. Según ellos averiguan si ese día pasó eso de verdad”.
En otro colegio privado también de la zona, un docente cuenta que hay niños que han dejado de ir a clases. “La maestra manda las actividades por Whatsapp o por correo para que las hagan en casa. Se evalúan de esa forma”.
Son varios los colegios afectados durante los días de marchas ante la represión de los cuerpos de seguridad. En el colegio San Pedro, el San José de Tarbes y otras instituciones ubicadas en El Paraíso, las bombas lacrimógenas han caído en los planteles, lo que incidió en el aumento del ausentismo escolar.
El secretario de educación de Miranda, Juan Maragall, asevera que no solamente la confrontación política que inició en abril ha hecho que los niños dejen de ir a clases, por lo menos en su entidad. “Finalizamos la semana pasada un censo escolar que se realizó en marzo donde verificamos la pérdida de matrícula en la escuela: 8% en educación básica y en bachillerato 10 % de abandono este año escolar. Tiene que ver con costo de transporte, situaciones de violencia, la falta de profesores especialistas en las escuelas, más que con la protesta. La perdida de estudiantes puede llegar a 14% entre primer y tercer año de bachillerato. Podemos tener en la calle a más de 500.000 estudiantes”.
La directora de la Zona Educativa de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, Beatriz Cortés, señaló a El Nacional que a algunos de los colegios mencionados en la lista que publicó el ministerio se le aplicarán las sanciones porque el irrespeto a los símbolos patrios fue “público y notorio”, pero que hay otros casos donde aún se están investigando irregularidades asociadas a la incitación de la violencia.
Explicó que desde este despacho, en articulación con el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, están haciendo un llamado ético y moral a los directores de las unidades educativas del país, recordándoles su responsabilidad en la custodia de los estudiantes durante la jornada escolar. Cortés añadió que también están trabajando con los padres: “Algunos están aterrorizados y no quieren que los muchachos se acerquen más a la escuela y eso tampoco es la solución”.
La funcionaria constató que supervisores del ministerio, junto a representantes de los consejos de protección de NNA, evalúan las condiciones. “Son los encargados de determinar con los directores cuándo puede haber una situación en el que se vean afectados los muchachos. En las zonas críticas llamamos y les pedimos que nos informen cómo han visto las cosas. Si hay algún riesgo permitimos la suspensión de actividades”, expresó. Añadió que hay planteles, como por ejemplo algunos ubicados en Baruta y El Hatillo, donde la suspensión de clases está sujeta a la paralización del transporte público. El cierre de las estaciones del Metro, cuando hay planificadas concentraciones opositoras, contribuye al ausentismo tanto escolar como laboral.
Cortés indicó que hay un plan de contingencia para las evaluaciones y la asistencia de los niños y jóvenes a las aulas en este escenario de conflicto: “En los planes de contingencia están contempladas todas las vías de comunicación con los estudiantes, sin embargo no queremos que lo tomen alegremente y después los docentes manden todas las clases a través de las redes y traten de sustituir el trabajo presencial”. Por tanto las inasistencias de los muchachos no serán tomadas en cuenta y dijo que “gran parte del procesamiento del material se ha llevado a cabo con éxito. Esperamos trabajar mucho el área de valores, que se converse con los estudiantes sobre actividades colectivas y de tranquilidad, para que baje un poco la violencia”.
La consulta de constituyente educativa se hizo a medias:
En el circuito escolar noreste del Distrito Capital, de 67 planteles 39 participaron en la consulta. El tiempo no alcanzó y los padres y representantes rechazaron el proceso por calificarlo una actividad política.
La premura para realizar la consulta de la constituyente educativa fue la principal característica.
Tres días, del 16 al 18 de mayo, se dispusieron para aplicar y debatir un cuestionario de 15 preguntas a docentes, estudiantes y personal.
El 16 de mayo llamaron a las instituciones desde la Zona Educativa a una reunión urgente para realizar la encuesta, la cual se tenía que entregar el 18 de mayo. “Mandaron las preguntas a un correo y el directivo las redujo a cuatro. Las pusieron en la pizarra y cada alumno respondió.
Cuando terminaron el profesor colocó en una hoja el nombre y la sección a la que le correspondió entrevistar”, relata una docente de un liceo público en Valle Abajo. Aunque la idea era que los muchachos dieran respuesta a las 15 preguntas, por falta de material en la institución no se pudieron imprimir los 900 cuestionarios necesarios para todos los alumnos, más los 100 de los docentes.
“No entiendo eso. No estoy de acuerdo”, fueron las frases recurrentes entre los alumnos y profesores cuando fueron interrogados sobre qué es la constituyente, si sabían quién debía convocarla y si estaban de acuerdo con que el presidente realizara la iniciativa, entre otras preguntas. El cuestionario finaliza con una cita de Nicolás Maduro: “Un golpe de Estado como el que está activado solo se derrota con unión cívico-militar y con la constitución en la mano”.
“Dije que no estaba de acuerdo con nada de eso. A todo le puse `no’ y `no sé’. Y como no teníamos que colocar el nombre en la hoja después de responder, por el reverso escribí `Elecciones ya’”, aseveró una maestra de un colegio privado ubicado en la parroquia San Pedro.
De acuerdo con Elías Jaua, ministro de Educación y encargado de la comisión presidencial para la constituyente, se hicieron reuniones sobre la iniciativa de Maduro en más de 40.000 escuelas.
El funcionario, que llegó al despacho educativo en enero de este año, parece no conocer todavía el inventario de planteles a su cargo. “En 2015 habían 28.000 planteles educativos de diferentes modalidades. Jaua no conoce la realidad educativa. Ni que incluyera el sector universitario da esa cifra”, cuestiona la presidenta de Fenasopadres, Nancy Hernández.
El secretario de Educación del estado Miranda, Juan Maragall, agrega que “se está haciendo una manipulación en la cifra”. El presidente Maduro dijo el 18 de mayo que 44.490 espacios educativos serían centros para el debate en torno a la constituyente: 56 universidades, 3.246 liceos, 18.778 escuelas, 1.600 instalaciones del Inces; así como 1.100 sedes de la Misión Sucre, 24.600 de la Misión Ribas, 19.710 de la Misión Robinson.
Pese a la magnitud de los números del gobierno, la consulta quedó a medias. “En el circuito escolar noreste de Distrito Capital, de 67 planteles –entre privados y públicos–, participaron 39.
La premura no lo permitió y cuando los padres se dieron cuenta que harían un debate de un documento en el que no creen, lo rechazaron. Muchas escuelas del sector oficial también repudiaron la constituyente”, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romeo.
Proselitismo político:
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación establece que no está permitida la realización de actividades de proselitismo político o partidista en los centros educativos. El uso de los planteles para difundir la propuesta política del presidente Maduro constituiría una violación a la legislación.
“Sin autorización de los padres se hicieron actividades de proselitismo. El contenido del cuestionario nos habla de unos venezolanos muy buenos y unos muy malos. Ni siquiera podemos hablar de un debate porque es una propuesta político partidista que viene del partido de gobierno. Esa constituyente no corresponde a los planes de estudios. Se pretende adoctrinar a los jóvenes a través de una propuesta sesgada, que no pueden votar por ser menores de edad”, destaca Hernández. “El documento desde la primera línea hace referencia a la oposición”, agrega Maragall.
El 19 de mayo la Asociación Civil Asamblea de Educación hizo un llamado al Ministerio de Educación para que desistiera de “convocar de manera compulsiva a docentes y estudiantes a talleres, reuniones o actividades proselitistas, con la intención de arrancar, por la vía de la intimidación, expresiones de aprobación a la propuesta presidencial, para luego presentarlas ante el país como `la opinión favorable de docentes y estudiantes hacia la Asamblea Constituyente’”.
Los padres también respondieron, y según Fenasopadres, emitieron un modelo de carta para que en las instituciones prohibieran alguna actividad extracurricular sin previa autorización de ellos. Fenasopadres se encuentra recolectando firmas a través de un manifiesto en que se muestran como defensores de la Constitución y para reivindicar el liderazgo de los padres de defender el derecho que tienen para decidir sobre la educación de sus hijos. “Iremos a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a las estancias pertinentes. Denunciaremos la situación ante la Unicef, la Comisión de Derechos del Niño de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó Hernández.
Por: Carmen Victoria Inojosa
Mariá Victoria Fermín
cinojosa@el-nacional.com mfermin@el-nacional.com
Redacción/Agencias
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Caracas, domingo 28 de mayo 2017
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