Alcalde de Miami-Dade cede a presión de
Trump y ordena detener inmigrantes
■ Miami: Posible cambio en visas de trabajo causa alarma.
Miami (Florida, EEUU).- El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) solicitó el lunes al presidente Donald Trump la concesión de un “alivio migratorio” para los “miles de venezolanos” que buscan “refugio y asilo” en este país.
En una carta dirigida a Trump, Veppex, con sede en Miami, le pide que estudie la posibilidad de la concesión de este beneficio a los venezolanos que “se encuentran en Estados Unidos huyendo de la feroz dictadura que impera” en Venezuela.
En opinión de Veppex, la deportación de estos venezolanos a su país de origen sería “condenarlos a muerte”, resaltó en un comunicado Henry Clement, vicepresidente de la organización de exiliados del país suramericano.
Clement recuerda en la carta al mandatario estadounidense la “caótica situación” que sufre Venezuela, donde “no se respetan los derechos humanos y los más criminales” copan los cargos e instituciones y han convertido al país petrolero en un “Estado fallido”.
Por ello, Veppex insta a Trump a que conceda los beneficios de un “alivio migratorio” a los venezolanos que solicitan “refugio”, “se encuentren ya en Estados Unidos y no tengan antecedentes criminales”.
Venezolanos piden a sus compatriotas una “migración responsable”:
El presidente del grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Colina, abogó para que los nacionales del país latinoamericano que quieran desplazarse a EEUU realicen una “migración responsable”.
Colina señaló que los venezolanos deben informarse bien para no cometer errores que motiven “su retención por parte de las autoridades migratorias y ser llevados a centros de detención”, según recoge un comunicado de Veppex.
El titular de este grupo participó en un encuentro de la comunidad venezolana en el local El Arepazo, en Doral, ciudad colindante con Miami, en donde analizaron el caso de 22 personas de esta nacionalidad que se encuentran recluidas en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), en el condado Broward.
En el encuentro participó la abogada de inmigración Alejandra Roa, que asesora a los 22 venezolanos que se encuentran detenidos por irregularidades a su llegada a Estados Unidos, y quien destacó la importancia de recibir asesoramiento de personas especializadas.
Las peticiones de asilo político de venezolanos en EEUU crecieron un 168 % durante el actual año fiscal, que termina el próximo 30 de septiembre, según el centro de investigación Pew, que analizó datos oficiales.
Un total de 10,221 venezolanos ha pedido asilo entre octubre de 2015 y junio pasado, frente a los 3,810 que lo habían hecho en el mismo período del anterior año fiscal, según Pew.
Lo anterior ha llevado a representantes del exilio del país latinoamericano en Florida a urgir a las autoridades y políticos estadounidenses a que permitan beneficios migratorios a corto plazo, entre ellos la concesión de un Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos que huyen por motivos políticos.
Cambio en visas de trabajo:
Abogados de inmigración en Miami han expresado preocupación sobre posibles planes del presidente Donald Trump de modificar las exigencias para la emisión de visas de trabajo para extranjeros que vienen a Estados Unidos por negocios, como empleados de subsidiarias extranjeras o para trabajar en firmas estadounidenses o estudiar en universidades del país.
La preocupación, expresada mayormente por dos prominentes abogadas que se especializan en visas empresariales, sale del borrador de una orden ejecutiva que está circula en Washington y que tiene por fin revisar los distintos tipos de visas que usan los extranjeros para entrar temporalmente a Estados Unidos para hacer negocios y para trabajar en empresas durante períodos prolongados o como empleados de una filial. Al menos otros dos tipos de visados también serían examinados: los que usan los trabajadores agrícolas temporales y los reservados para estudiantes universitarios.
La polémica sobre el borrador ocurre en momentos de creciente interés público sobre la inmigración a raíz de una serie de medidas que Trump ha adoptado desde que asumió el cargo el 20 de enero. El martes pasado, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer nuevas normas que permiten a agentes de inmigración detener y procesar para su deportación a prácticamente cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito, acusado de un delito o que haya cometido un delito, a discreción de los funcionarios que lo detengan o interroguen.
Las abogadas de inmigración dijeron que su análisis del borrador indica que Trump y sus asesores quieren restringir la entrada de viajeros con visados de negocios en un intento por proteger los empleos de los estadounidenses y los residentes permanentes. Tales restricciones, explicaron, pudieran tener un impacto devastador sobre economía.
“En nombre de devolver la grandeza a Estados Unidos, van a afectar a las compañías del país, que entonces no podrán competir con compañías extranjeras”, dijo Tammy Fox-Isicoff, una de las abogadas entrevistadas. Agregó que ha estado en contacto con expertos que son asesores del equipo de transición de Trump en materia de inmigración.
La otra abogada, Jordana Hart, dijo que también se causaría estragos entre los extranjeros que estudian ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en universidades de Estados Unidos, agrupados en la sigla STEM.
El borrador lleva el nombre de Protección de empleados y trabajadores estadounidenses y fortalecimiento de la integridad de programas de visas para trabajadores extranjeros.
El preámbulo del documento afirma que la razón de la revisión es asegurar que las normas de inmigración se “establezcan e implementen para servir, ante todo, al interés nacional de Estados Unidos” y proteger los “derechos civiles de los trabajadores estadounidenses y los residentes legales”.
Mas adelante, el borrador enumera los diferentes tipos de visas para empresarios y trabajadores que quedarían bajo revisión: B-1 para visitantes temporales por razones de negocios; E-2 para extranjeros que vienen bajo tratados de comercio y navegación para administrar empresas; H-1B, para profesionales extranjeros que trabajan en la industria tecnológica, la ingeniería o el sector financiero, entre otras especialidades; H-2A, para trabajadores agrícolas temporales; L-1 para los traslados entre empresas, así como visados para estudiantes extranjeros.
La orden indica que la revisión se realizará en los próximos 90 días.
Una parte del borrador que alarmó a las abogadas es el que propone eliminar todas las “políticas de parole existentes” porque tienden a favorecer a “clases enteras de extranjeros”.
Fox-Isicoff y Hart dijeron que este cambio podría trastornar los viajes y empleos de muchos extranjeros que reciben el documento conocido como parole mientras aguardan su residencia permanente.
“Se paralizarían los negocios, se detendrían los viajes”, dijo Fox-Isicoff. “Eso sería un impedimento muy serio para las empresas”.
Hart se hizo eco de estas preocupaciones.
“La pregunta es ¿cuánto tiempo tardará en llegar la tarjeta verde?”, dijo.
Así las cosas, el borrador propone modificar las visas H-1B para hacerlas “más eficientes y dirigidas a seleccionar los candidatos mejores y más brillantes”.
Las abogadas dijeron que el texto podría considerarse engañoso porque el requisito es una forma de restringir la emisión de tal visa.
Aunque el borrador no menciona salarios para los titulares de H1B, Fox-Isicoff y Hart dijeron que algunos legisladores federales desean exigir que las compañías paguen un mínimo de $80,000 a $100,000 a tales personas. Pero el salario normal para un técnico pecuario, muchos de los cuales vienen a trabajar aquí con la visa H-1B, es $35,000.
“¿Van a estar dispuestos a pagar $100,000?”, preguntó Fox-Isicoff. “Por otra parte, hay distritos escolares que tienen escasez de maestros y estos profesionales reciben salarios aprobados por sindicatos. Exigir un mínimo por encima de ese nivel impediría que los distritos escolares puedan conseguir empleados con estas visas”.
Tanto Fox-Isicoff como Hart reconocieron que las preocupaciones sobre las visas H-1B provienen de la percepción de que les quitan trabajos a los estadounidenses y que en algunos casos han sido contratados para reemplazar a estadounidenses en ciertas compañías por un salario menor. Pero ambas abogadas dijeron que esas preocupaciones son infundadas porque la ley exige que los trabajadores con H-1B reciban el salario más alto del salario pagado a estadounidenses en empleos similares y con experiencia similar.
“¿Hay abusos con la visa H?”, preguntó Fox-Isicoff. “Digamos que en el 5 por ciento de las visas H hay abuso, y eso sería un número alto, pero [es] un número estadísticamente insignificante, como una aguja en un pajar”.
Todos los años se emiten unas 85,000 visas H-1B, pero las autoridades de inmigración han recibido cerca de 234,000 solicitudes recientemente.
Un artículo reciente en el diario The Wall Street Journal indicó que la industria de la tecnología depende en gran medida de los empleados que tienen visas H-1B.
Otra área de preocupación para las abogadas es la referencia a la capacitación práctica permitida para estudiantes extranjeros que asisten a universidades estadounidenses.
El borrador propone “un reglamento que modifica los programas de capacitación práctica para estudiantes extranjeros para prevenir crear desventaja para los estudiantes estadounidenses”.
Después del final de sus estudios, un estudiante extranjero obtiene normalmente 12 meses de formación práctica. Pero los que estudian carreras STEM tienen tres años de capacitación práctica.
Tanto Hart como Fox-Isicoff dijeron que el borrador tiene por fin eliminar la capacitación práctica para estudiantes extranjeros.
“Una de las razones por las que los estudiantes van a la universidad aquí es que, en primer lugar, tenemos un sistema de educación de renombre”, dijo Fox-Isicoff. “La otra razón es que los estudiantes reciben capacitación práctica al final de sus estudios”.
Alrededor del 70 por ciento de los estudiantes graduados en carreras STEM son extranjeros.
“Los estudiantes extranjeros son importantes para nuestro sistema educativo”, señaló Fox-Isicoff. “Primero que todo, proporcionan diversidad y exponen a los estudiantes estadounidenses al mundo, y número dos, pagan la matrícula en su totalidad y así ayudan a subsidiar la educación de muchos estudiantes estadounidenses”.
Nuevas medidas de Trump:
El alcalde de Miami (Florida, sureste de Estados Unidos) ordenó el jueves a las cárceles obedecer al presidente Donald Trump, con el fin de limpiar la reputación de “ciudad santuario” de inmigrantes indocumentados y no poner en riesgo el ingreso de fondos federales.
Carlos Giménez, alcalde del condado de Miami-Dade, instruyó a las autoridades penitenciarias “honrar todas las solicitudes de detención de inmigrantes recibidas por el Departamento de Seguridad Interior”, confirmó a la AFP el portavoz de la alcaldía Michael Hernández.
El alcalde republicano busca así la simpatía del presidente, que ordenó el miércoles cortar fondos federales a las cerca de 300 “ciudades santuario” del país que se niegan a arrestar y contribuir a la deportación de inmigrantes sin papeles.
Ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago prometieron resistir las amenazas de Trump y seguir protegiendo a los inmigrantes, pero el alcalde de Miami siempre rechazó esta etiqueta que le impuso el año pasado el Departamento de Justicia.
Miami se ganó la inclusión en esta lista porque su policía local se negaba -hasta este jueves- a detener a los inmigrantes indocumentados requeridos por el gobierno federal a menos que Washington pagara los costos de su encarcelamiento.
La decisión de Giménez fue saludada efusivamente por el nuevo presidente estadounidense: “El alcalde de Miami-Dade abandonó la política de los santuarios. Buena decisión. ¡Fuerte!”, escribió Trump en Twitter.
vehículos por falta de oportunidades.
Venezolanos que migran a Miami:
Cientos de venezolanos que han llegado como turistas a La Florida (EE.UU.) han tomado la decisión de quedarse indefinidamente debido a la crisis política, social y económica que se vive en su país. El 80% de los residentes de El Doral, en la Florida, son venezolanos que han llegado con la idea que es fácil conseguir trabajo en ese país.
La mayoría de estos inmigrantes duermen en carros, centros comerciales o parqueaderos públicos por no contar con los recursos para costear una vivienda.
Una decisión financiera:
El alcalde dijo que tomó una decisión financiera, no ideológicia, al ordenar la detención de los inmigrantes requeridos por el FBI, yendo contracorriente de la mayoría de las ciudades santuario del país.
“Me quiero asegurar de que no pongamos en peligro los millones de dólares en fondos que obtenemos del gobierno federal por un asunto de 52.000 dólares”, explicó Giménez, quien votó por la demócrata Hillary Clinton.
Cincuenta y dos mil dólares es lo que le habría costado al condado el año pasado detener a los inmigrantes en prisiones locales.
Según el centro de estudios Migration Policy Institute, Florida alberga 650.000 inmigrantes indocumentados. Es el cuarto estado con mayor cantidad de población de personas sin papeles después de California (más de 3 millones), Texas (1,5 millones) y Nueva York (870.000).
El condado de Broward, al norte de Miami-Dade, también es considerado “santuario” e igualmente busca limpiar esa reputación ante los ojos del nuevo gobierno, según dijo su alguacil Scott Israel al canal ABC.
Trump ha firmado las órdenes ejecutivas que tanto temían muchos inmigrantes durante la campaña electoral. El miércoles ordenó la construcción de un muro en la frontera y este jueves aseguró que México lo pagará a través de un arancel de 20% a sus exportaciones a Estados Unidos.
Por: Redacción/R24/AFP
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Caracas, domingo, 27 de febrero de 2017
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