Las cárceles se sacuden toda
herida de un sistema fallido
■ Secuestros, la industria que cobra en “dólares”.
■ Denuncian aumento de muertes ordenadas desde cárceles.
■ Siete centros penitenciarios del país están bajo el antiguo régimen controlados por los “pranes”.
San Juan de Los Morros, (Edo. Guárico).– En Venezuela las cárceles, durante décadas ciudades intramuros de violencia, armas, drogas y delito, son objeto de la transformación del “nuevo sistema penitenciario”, un régimen diseñado por el Gobierno socialista para la construcción “del hombre nuevo”.
El desalojo de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), uno de los más peligrosos reductos del infausto sistema, a finales de octubre de 2016, es uno de los más recientes golpes del Ministerio de Servicios Penitenciarios para la reestructuración del sistema.
La prisión de máxima seguridad, que albergaba a una población de 5,000 internos, parecía desde fuera un retén como cualquier otro, con custodios en las garitas vigilando la alambrada, pero en el interior, al igual que en la mayoría de las prisiones venezolanas, el control era ejercido por los reclusos, incluso desde la entrada.
Restaurantes, panadería, servicio de manicura, tiendas para mascotas, drogas, motocicletas, discoteca, gimnasio, parque infantil, y un arsenal de armas a disposición, todo introducido por la puerta abierta de la corrupción entre los funcionarios y los reclusos.
Adentro las normas eran dictadas por el “pran”, un condenado que lidera a los demás internos, controla los alimentos, la venta de droga, las armas, el alquiler de las celdas, y el recaudo de la “causa”, una especie de “impuesto a la vida” que deben pagar los reclusos.
Los “pranatos” se convirtieron en una forma de “gobierno” que se emuló en buena parte de los 96 centros penitenciarios del país, un sistema que parece estar llegando a su fin.
Una escalada de violencia, la más larga y masiva del sistema penitenciario de la nación petrolera, en la cárcel de El Rodeo II, cercana a Caracas, dio pie para que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) creará el Ministerio de Servicio Penitenciario, una cartera que desde entonces ha buscado la refundación de los penales del país.
Ese episodio puso las cárceles en la cabeza de la lista de urgencias del Gobierno de Chávez, que llegó a comparar la situación con un “cáncer” y admitió las “mafias incrustadas” entre algunos miembros del Ministerio del Interior y de Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Desde entonces, Iris Varela, una chavista polémica por su encendido discurso, ha promovido la implantación de un riguroso “nuevo régimen” sin mucho exito, que se ha puesto en marcha hasta hoy en 83 cárceles nacionales y que ha provocado el cierre de otras seis.
Mientras custodios derriban las paredes de la PGV en busca de las armas ocultas que dejaron los presos antes del desalojo, en el que los reclusos solo pudieron llevar consigo sus calzoncillos, a unos kilómetros está la “26 de julio”, uno de los 83 nuevos centros penitenciarios que operan bajo “el nuevo régimen”.
Una rigurosa disciplina militarizada conduce los movimientos de los internos que hasta hace poco habitaban las amuralladas capitales del delito, entre juergas, drogas y fusiles automáticos.
Ahora permanecen uniformados y alineados en una formación marcial.
El nuevo régimen bajo el que están dos tercios de la población de los penales de jurisdicción del Gobierno venezolano impone el toque de diana a las 5.30 horas locales y una lista de actividades que copan todo el día hasta el toque de silencio a las 21.00 horas.
Las nuevas prisiones tienen inhibidores de señal, escáneres en las entradas que bloquean el ingreso de armas, drogas, equipos electrónicos y teléfonos celulares, además de un estricto régimen de visita.
Media docena de presos vestidos de amarillo y guardados en su celda a la espera del toque de silencio recuerdan con terror el antiguo régimen y uno de ellos afirma: “ahora nos sentimos seguros, al menos comemos tres veces al día, estudiamos, y hacemos cosas que no pensábamos en hacer en la calle”.
En el patio, luego de disolverse la formación, otro recluso asegura que ya no tiene miedo de los “pranes”, ahora “son como uno más”, dice.
Al otro lado del país, en el centro penitenciario del estado Mérida, el primero en ser pacificado, los reos siembran hortalizas en los patios, tallan madera, y pintan murales con el rostro de Chávez convencidos de la posibilidad del “hombre nuevo”.
Todavía siete centros penitenciarios de los 93 que existían en el país están bajo el antiguo régimen controlados por los “pranes” aunque, según Varela, se encuentran ya en “transición”.
En uno de ellos, el de Puente Ayala del estado Anzoategui, en el oriente de Venezuela, un “lucero”, como se conoce en el vocabulario de los prisioneros a los escolta de los pranes, se inquieta por la posibilidad de la llegada del nuevo régimen, y presiente que pronto será también su turno de entregar el “gobierno”.
Secuestros, una industria:
La liberación del español secuestrado en Aragua ocurre cuando Venezuela todavía no se ha recuperado del caso Manaure, una nuevo zarpazo de dolor en el país más violento del planeta.
El cuerpo de Dereck, hijo de 15 años del famoso jugador de baloncesto Juan Manaure, fue recuperado el martes pasado en una zona boscosa del centro del país, tras ser secuestrado en vísperas de Nochebuena. Una nueva tragedia seguida durante dos meses, con amargura y casi sin esperanzas, por la opinión pública venezolana.
Según confesó uno de los delincuentes a la Policía, el muchacho, que sólo comió mandarinas durante nueve días, fue ejecutado el 1 de enero con dos disparos de escopeta en el cuello.
Herido de gravedad, le dejaron morir mientras se desangraba. Dos días después, la banda exigió al deportista 30 millones de dólares.
Nada más conocerse el desenlace, una orgía de sangre se desató en dos cárceles del país, en las que cuatro integrantes de la banda de secuestradores murieron asesinados, incluido ‘El Oso’, presunto autor intelectual de la operación.
El plan para raptar al joven se originó en uno de estos presidios, Tocorón. Una familiar del jugador suministró la información a su novio, encarcelado, quien contactó a otros delincuentes para llevarlo a cabo.
La mujer está detenida y su novio es uno de los cuatro asesinados en lo que la policía definió como reyertas, tan habituales en las cárceles venezolanas.
Violencia a flor de piel en una sociedad marcada por la tragedia, que en 2016 sufrió 28.479 muertes violentas, una cada 18 minutos. Y que tiene al secuestro como una de las mayores amenazas, sobre todo para las clases media y alta.
Su industria crece sin parar en un país abatido por la crisis. Pese a que el gobierno oculta las estadísticas oficiales, criminólogos como Fermín Mármol calculan que en 2016 se llevaron a cabo 3.000 secuestros exprés, la mitad de ellos no denunciados. Otro experto, Marcos Tarre Briceño, calcula que el 10% de los casos acaban con la muerte de los plagiados.
El oscurantismo oficial impide conocer su verdadera dimensión, confirma el abogado penalista Luis Izquiel. Pero una encuesta de victimización realizada en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística arrojó un número tan elevado de secuestros, 16.000, que nunca más se ha vuelto a hacer.El caso del ciudadano español es una “excepción”, añade Izquiel. La larga duración, la logística y las triangulaciones fuera del país así lo confirman.
Lo habitual son los secuestros de unas horas y, sobre todo, en la madrugada. Se han dado casos de hasta cinco personas, capturadas en distintas partes de la ciudad, que comparten un mismo destino sin conocerse de nada. Y la mayoría de las veces en un vehículo que no deja de circular mientras se negocia con los familiares de cada uno de ellos.
La amenaza ha crecido tanto en una sociedad atemorizada que se imparten cursillos de cómo enfrentarse a un intento de secuestro, incluso de cómo comportarse si ya se está bajo el control de los delincuentes. Expertos aconsejan a las familias crear una historia compartida por todos que sea la que se comunica a los malhechores llegado el caso.
También es necesario que se señale en la agenda del teléfono celular un número de contacto. La inflación de la moneda local, la mayor del planeta, ha provocado que las bandas exigen que los rescates se paguen en dólares. Hay familias que ya cuentan con un dinero en efectivo para resolver una situación tan extrema. “Gracias a toda esa gente bella que estuvo en todo momento pidiéndole a Dios por mi hijo, no tengo palabras para tanto dolor”, escribió Manaure en su cuenta de twitter horas después de conocer el desenlace.
El jugador, que se declara revolucionario, pidió la ayuda de Nicolás Maduro durante el secuestro de su hijo. “Cuando secuestran y asesinan niños, los nuestros están ahí representados. Esa es la verdadera guerra en la que está envuelta Venezuela”, se lamentó el politólogo Luis Vicente León, en una clara referencia contra la narrativa revolucionaria, que define como “guerra económica” la monumental crisis económica, social y política que sufre el país.
Muertes ordenadas desde cárceles:
Desde las cárceles venezolanas se ordenan secuestros, robos y asesinatos, ante unas autoridades que han sido incapaces de contener esta ola de delitos, aseguró el ex jefe policial y experto en criminología Carlos Troconis.
“Durante 2016 se cometieron al menos 500 asesinatos y dos mil secuestros en el país planeados y ordenados desde las cárceles por líderes de presos conocidos como pranes”, precisó el ex director de la Brigada de Homicidios de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ).
Troconis, en diálogo con Notimex, dijo que según investigaciones hechas por abogados en ejercicio que conforman la asociación civil Cero Impunidad, los presos utilizan medios electrónicos para comunicarse con el exterior, pese a que existe una ley que lo prohíbe.
Señaló que las cárceles son sitios que se supone más seguros y donde debería cumplirse la ley, pero que eso no sucede en Venezuela. “En este país son los reos, sobre todo sus líderes, los que tienen el control absoluto de los recintos y no las autoridades”, recalcó.
“A los pranes lo respetan y le temen hasta las autoridades. Si estos ordenan que no se hagan traslados a los tribunales porque se desarrollará alguna actividad extraordinaria, la medida se cumple sin titubeos. Son ellos quienes deciden lo que se tiene que hacer”, explicó.
Refirió que en las cárceles hay concordancia y armonía entre los caciques y las autoridades, por eso muchos directores de cárceles se sientan a negociar con los pranes el ingreso de armas, prostitutas y la venta de drogas, cigarrillos, tarjetas telefónicas y whisky.
Estimó que el 60 por ciento de los 30 mil homicidios ocurridos en 2016 en el país fue ordenado desde las diferentes cárceles de Venezuela y un 70 por ciento de los secuestros fueron planificados desde el interior de estos centros penitenciarios.
“Los pranes además son jefes de bandas criminales que operan en la ciudad, integradas por peligrosos ex presidiarios dedicados a la extorsión y muy prestos a cumplir las órdenes de secuestrar o asesinar a las personas que les ordenen sus mentores”, alertó.
Señaló que la tasa de 91 homicidios por cada cien mil habitantes coloca a Venezuela como el país más violento de América y que en ese recrudecimiento de la violencia criminal tienen una importante participación las líneas ordenadas desde las cárceles.
*Indira Guerrero. Periodista. Agencia española de noticias EFE.
Por: Indira Guerrero
@IndiraGuerreroR
indiraguerrero.wordpress.com
Redacción/Agencias/EFE
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Caracas, sabado 18 de febrero 2017
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