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ELECCIONES: Del 6-D al 6-D


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Dip. Julio Borges, el
sucesor cantado…

 

Los desafios del relevo en la junta directiva.

A la vuelta de un año del mayor triunfo electoral de la oposición el balance de expectativas y resultados se hace difuso.

Analistas consideran que la gestión del Poder Legislativo ha ganado aprobación entre los ciudadanos, pero consideran que los parlamentarios no han sabido comunicar el impacto que ha tenido el bloqueo impuesto por el Ejecutivo.

Si 2016 fue complejo, las proyecciones para 2017 no son mejores: continuación del cerco gubernamental contra el Parlamento, inflación fuera de control y elecciones regionales y municipales, con primarias opositoras incluidas y las aspiraciones de m ás de un diputado.

La conquista de la Asamblea Nacional se ha convertido en un laberinto por el cerco político, judicial y financiero que ha puesto el gobierno, que llevó incluso a quitarle la joya de la corona: la mayoría calificada, un asunto que se debate en la Mesa de Diálogo que debería ofrecer resultados el próximo 6 de diciembre, el otro 6-D.

[D]entro de dos días se cumple un año de la segunda victoria electoral más importante de la oposición desde 1999.

La primera fue el 2D-2007 cuando la propuesta de reforma constitucional impulsada por Hugo Chávez fue derrotada. La alianza tuvo que esperar 8 años para volver a celebrar un triunfo nacional y el 6 de diciembre de 2015 doblegó a los candidatos del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Ese día, la Mesa de la Unidad ganó el voto nacional con casi 8 millones de sufragios; ganó la mayoría calificada dentro del Parlamento con 112 diputados; y barrió la votación en 19 de 24 estados.

¿La promesa de los ganadores? Cambio. Cambio para lograr la libertad de más de 100 presos políticos, para recuperar la democracia, para sanear la economía y para volver a tener calidad de vida. ¿La agenda? Diversa y encabezada por la Ley de Amnistía y Reconciliación. Pero a lo largo del año también presentaron y debatieron normas para atender la crisis socioeconómica: leyes sobre la propiedad de los beneficiarios de Misión Vivienda, los cestaticket para los pensionados y jubilados, la indemnización de usuarios del servicio eléctrico, la protección del salario y una reforma de la Ley de Cajas de Ahorro. Para propiciar el cambio político de gobierno se habló de enmienda constitucional, reforma de la Ley del TSJ y Ley de Referendos.

Para acabar con la opacidad del Estado: la Ley de Acceso a la Información Pública, la reforma de la Ley de Contraloría, la reforma de la Ley contra la Corrupción, reforma de la Ley de Administración Financiera del Sector Público, Ley para el Control de Ayudas Económicas Internacionales, Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público. Para sanear la economía: la reforma de la Ley del BCV, la Ley de Producción Nacional, Ley de Hacienda Pública Estadal y una propuesta de programa económico para superar la crisis. Para restituir la libertad de expresión: reforma de la Ley Resorte, reforma de la Ley de Telecomunicaciones, Ley Anticadenas, reforma de la Ley de Partidos Políticos.

Todas esas normas y una veintena más han pasado por la Asamblea Nacional este año. Entre enero y noviembre, entre cortes de luz, zancadillas judiciales y otro altercados como el asalto al Palacio Federal por seguidores del PSUV el pasado 23 de octubre, el Parlamento sesionó 92 veces, sancionó 14 leyes, aprobó 104 acuerdos de corte político, social, cultural o económico, se declaró la responsabilidad política en posibles hechos de corrupción de 7 altos funcionarios activos (entre ellos tres ministros uno de los cuales recibió un voto de censura) y dio derecho de palabra a 39 ciudadanos representantes de diversos sectores de la sociedad (víctimas de las políticas de represión o discriminación del Estado, académicos, estudiantes, sindicalistas, entro de dos días se cumple un año de la segunda victoria electoral más importante de la oposición desde 1999.

La primera fue el 2D-2007 cuando la empleados despedidos, entre otros).

En su último año la Legislatura anterior, que presidió Diosdado Cabello, sesionó 45 veces de enero a noviembre, sancionó 2 leyes, aprobó 60 acuerdos, no emitió ninguna declaratoria de responsabilidad política a pesar de que la oposición presentó diversas denuncias de corrupción y violación de derechos humanos (caso Andorra, contaminación por coque en Anzoátegui, toma de San Vicente en Aragua, acumulación de productos en los puertos, ultraje de 11 mujeres en Nueva Esparta por protestar, entre otros) y ningún ciudadano tuvo derecho de palabra en plenaria.

¿Y por qué no se ha resuelto la crisis ni ha cambiado el gobierno? Solo una de las leyes sancionadas ha sido promulgada por el Ejecutivo (la que regula el uso de celulares en las cárceles), ninguno de los exhortos a la Contraloría y la Fiscalía para investigar a altos funcionarios ha tenido respuesta, ninguno de los acuerdos y propuestas dirigidas a los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano para resolver la crisis institucional y económica han sido reconocidos por el gobierno, y 35 sentencias del TSJ han minado sus atribuciones constitucionales y arrebatado su mayoría calificada.

Alta aprobación:

Los analistas políticos Luis Vicente León y Félix Seijas (hijo) consideran que en términos absolutos, el balance entre expectativas y resultados que se generó en la madrugada del 7 de diciembre, tras el anuncio de los resultados por parte del CNE, es positivo. Al fin de cuentas, el Parlamento legisló y discutió sobre aquello que prometió.

Pero en términos de efectividad del mensaje, la nueva mayoría del Parlamento no ha logrado cargarle al Ejecutivo el costo político de haber entorpecido una gestión que apuntaba hacia el beneficio de varios sectores.

“Usualmente la oposición sobredimensiona las expectativas de sus seguidores y muchas veces eso ha terminado en frustración. Nunca se imaginó la MUD, hace un año cuando ganó, que el gobierno podía llegar a tal nivel de bloqueo institucional. Pero por otro lado, en el discurso de la oposición hay una especie de corto circuito: dicen que el gobierno es un violador de derechos y al mismo tiempo esperan que cuando tienen el acceso a la institucionalidad el gobierno los dejará ejercer sus derechos. Es una inconsistencia”, afirma León.

Pese a ello, la valoración de la Asamblea Nacional se mantuvo todo el año por encima de 45%, de acuerdo con la más reciente medición de Datanálisis correspondiente a octubre. Su peor momento fue julio, cuando alcanzó el 48,8% de valoración positiva. Ese mes comenzaron los despidos y persecución de organismos del Estado contra los firmantes de la solicitud de referendo revocatorio, se dio la incorporación de los diputados de Amazonas por segunda vez, y los expresidentes Zapatero y Torrijos se reunieron con los diputados de la MUD en Caracas. El mejor momento de la AN fue precisamente en octubre, cuando Datanalisis registró una valoración positiva de 61,4%.

Tal apreciación responde a que la gente reconoce el peso simbólico de controlar el Parlamento, afirma Luis Vicente León: “La AN tiene dos grandes temas a su favor. Por una parte, cumplir sus deberes y ejercer sus derechos constitucionales y la gente comprende que ahí el Ejecutivo tiene un bloqueo evidente a la institucionalidad. Y por la otra, ser el símbolo de ese cambio por el que votó la mayoría, ser la única institución en manos de la oposición que es la que al final del día juega el juego político. Más allá de que el gobierno la respete o no, es el foro político y simbólico y lo que ahí se discute sí tiene un impacto”.

El talón de Aquiles:

En opinión de Seijas, el manejo comunicacional a lo largo de este año ha sido la debilidad de la AN.

Considera que en 2015 la MUD se anotó un 20 en comunicación porque supo posicionarse como la alternativa de cambio y el resultado se vio el 6-D.

Pero luego de tomar el poder no lograron mostrarle a la gente la gravedad del accionar de un gobierno que le quitó sus competencias y anuló las leyes que iban en beneficio de la colectividad.

“La oposición intenta obtener victorias tempranas con una serie de leyes en beneficio de la gente que fueron bloqueadas por el gobierno.

Ese grave hecho se invisibilizó porque el referendo lo copó todo. Una de las fallas de comunicación de la oposición es no haber instalado en la opinión pública que la AN sí estaba trabajando, que se aprobaron leyes que iban a ser paliativos ante los problemas que se estaban viviendo y que el gobierno los trancó todos. Eso no se dijo con la fuerza necesaria”, indica Seijas.

Eso benefició al gobierno. “En la medida en que la gente no se entera de que había una ley y que el gobierno la bloqueó, lo que significaba esa ley y lo que implica que se haya bloqueado, el gobierno no paga el costo de haber hecho eso. Por eso lo continúa haciendo. La oposición desde la AN no ha sabido traducir el daño que significa para la gente que el gobierno la tenga bloqueada por todos los flancos”, advierte.

Los números de Delphos coinciden con los de Datanálisis en cuanto a la aceptación o valoración positiva de la Asamblea Nacional como institución a un año de su elección. De acuerdo con los datos de esta firma, la AN se ha mantenido todo el año entre 50% y 65% de aprobación. “Es increíblemente alto e histórico en Venezuela y en el mundo. Normalmente, los parlamentos bajan su aprobación muy rápido una vez que son electos. Aquí se ha mantenido bastante alto y es porque se asocia al trabajo de la unidad por el cambio como un todo”, explica Seijas.

Tres meses sin cobrar:

La última quincena que cobraron los diputados de la Asamblea Nacional fue la correspondiente al 15 de agosto de 2016. Para ese momento ya eran los peor pagados del continente. “Un boleto aéreo no baja de 30.000 bolívares. Nosotros tenemos que costear los pasajes y esa una carga muy pesada”, dijo Juan Requesens (MUD-Táchira). El artículo 197 de la Constitución señala que los diputados “están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva” y el 191 acota que “no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales”.

En otras palabras, su sueldo debería ser suficiente para sus gastos. En marzo la directiva denunció la retención por parte de la Tesorería Nacional de la partida para la guardería de la AN y de la partida para ayudas médicas. Además, en los presidentes de las comisiones informaron la supresión de las partidas para papelería, mantenimiento de equipos y suministros de oficina. En agosto, el diputado Francisco Sucre (MUD) reveló que las aerolíneas del Estado tienen “prohibición expresa de trasladar a los diputados de la oposición”, lo cual, además de ser una decisión discriminatoria, los obliga a depender de la disponibilidad y frecuencia de vuelos privados. A mediados de año trabajadores denunciaron retraso en el pago de una quincena y del cestaticket.

Henry Ramos como el ave fénix:

En la foto de la madrugada del 7 de diciembre de 2015, cuando Jesús Torrealba leyó el mensaje a la nación tras conocerse la victoria de la MUD, Henry Ramos Allup no es fácil de ubicar. Está como en la tercera fila, detrás de Freddy Guevara, Omar Ávila y José Guerra. De ahí pasó a la presidencia del Poder Legislativo por votación directa y secreta de los 112 parlamentarios de la bancada.

Luis Vicente León y Félix Seijas concuerdan en señalar que la gestión de Ramos ha sido positiva para él y no ha sido negativa para la imagen de la AN. “Ramos Allup ha aprovechado la simbología de la Asamblea Nacional como foro político y ha logrado meterse en la lista de los cuatro líderes de la oposición con soporte popular estadísticamente significativo. Su imagen ha beneficiado a la Asamblea Nacional. Él ha agregado valor, al lograr que a pesar de ser una institución simbólica y no empírica, la mayoría de los venezolanos se identifique con la AN”, explica León.

Seijas agrega: “Es difícil decir si Ramos era la pieza requerida para este momento o no. Lo que sí se puede decir es que su presidencia no golpeó a la Asamblea y que la AN ha tenido una aprobación importante todo el año. Habrá que ver qué ocurre el próximo año. Hay atributos positivos de Ramos que no tiene Borges y atributos de Borges que no tiene Ramos. Habrá que ver cómo se le saca provecho a ese cambio”.

Américo de Grazzia (MUD-Bolívar) resalta de la gestión de Ramos su estrategia de puertas abiertas y su capacidad para cumplir la agenda legislativa: “Que los periodistas entren, que se respeten los derechos de palabra, que se llame al PSUV a participar en las comisiones, que sigamos presentando leyes aunque el TSJ las anule, que se debatan los temas que al país le interesan como el hambre, los abusos militares, la escasez de medicinas. ¿En la Asamblea anterior pudo discutirse un tema como el de los narcosobrinos y condenarlo en la plenaria? ¡No! Todo eso hay que reconocérselo.

Ha hecho un aporte importante”.

Gilberto Pinto (GPP-Sucre), difiere: “En 11 meses, el Parlamento no fue capaz de promulgar un solo proyecto de ley ajustado a la realidad social, política, y económica del país.

Ha tenido una actitud irresponsable, de espaldas a los problemas. Además ha irrespetado a las representantes de los otros poderes constituidos”.

Julio Borges, el sucesor cantado:

L a elección de Henry Ramos como presidente de la AN se produjo mediante votación directa y secreta de los miembros de la bancada, pero a partir de 2017 los cinco cargos de la directiva (presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios) serán rotativos, para permitir que todos los partidos que conforman la alianza asuman la conducción del Legislativo.

Julio Borges (PJ), actual jefe de la bancada de la MUD, será el presidente el próximo año, acompañado de VP en la primera vicepresidencia, de los partidos minoritarios en la segunda y de AD y UNT en las secretarías Si 2016 fue complejo para la Asamblea y para el país, las proyecciones para 2017 no son mejores: continuación del cerco gubernamental contra el Parlamento mientras el PSUV siga en el poder, inflación fuera de control y elecciones regionales y municipales (con primarias opositoras incluidas y las aspiraciones de más de un diputado) pintan un escenario complicado. Borges tendrá que hacer uso de cualidades que sus compañeros de bancada le atribuyen como conciliador, dialogante y valiente.

“La fracción ha estado en conexión con el pueblo y Julio ha defendido la necesidad de trabajar sobre la base del diálogo”, destaca Dinorah Figuera (PJ). Oscar Ronderos (AD) resalta que la gestión de Borges permitió poner a la AN en primera plana: “Logramos poner el jaque al gobierno y desnudar las precariedades de la democracia en Venezuela. La Asamblea cambió: trabaja dos días por semana más las comisiones, investiga, debate los problemas de la gente”.

Juan Guaidó (VP) destacó la capacidad de Julio Borges para armonizar a nueve partidos, cuatro fracciones grandes y otras más pequeñas: “Articular todo eso y lidiar con el asedio de los otros poderes ha sido una labor fuerte. El haberle dado prioridad a la unidad, a la coalición para poder avanzar ha sido un rasgo esencial de su gestión”.

Pero también le tocará demostrar que los errores son el caldo de cultivo para el perfeccionamiento. “Creo que para el año que viene habrá que mejorar la comunicación de la bancada. Es fundamental”, señala José Guerra (Independiente). “Debe solventarse la disponibilidad de recursos para el trabajo parlamentario, para la compra de pasajes aéreos, para el pago de líneas celulares, etc., que este año fue obstaculizado desde el Ejecutivo”, aporta Figuera.

¿Por qué Amazonas?:

El estado Amazonas y los pueblos indígenas del sur han pasado 7 de los 11 meses transcurridos del año, sin representación.

Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana se han incorporado y desincorporado dos veces de la plenaria, al ritmo de las tensiones políticas e institucionales. El 6 de enero se juramentaron y el 11 de enero el TSJ declaró el desacato del Parlamento. Para evitar un choque de poderes recién instalado el nuevo Parlamento y garantizar que Nicolás Maduro presentara su memoria y cuenta ante la AN, los tres parlamentarios se desincorporaron el 13 de enero. Seis meses y medio esperaron por una decisión de la Sala Electoral que determinara la inexistencia del fraude denunciado por el PSUV o la repetición de las elecciones. Ante el silencio administrativo, el 28 de julio volvieron a solicitar su incorporación y el 01 de agosto la Sala, en vez de resolver el caso, volvió a declarar el desacato de la AN.

Con la instalación de la Mesa de Diálogo el pasado 30 de octubre, el caso Amazonas tomó protagonismo. Las partes acordaron la desincorporación de los diputados ­que se concretó el 15 de noviembre- con la promesa del gobierno de que se produciría una sentencia definitiva que permitiera repetir las elecciones en la entidad, aseguran fuentes. Al cierre de esta edición esa sentencia no se ha producido ­tampoco la liberación de presos políticos­ , lo que llevó a la oposición a poner en duda su participación en la reunión del 6 de diciembre.

¿Pero por qué Amazonas? La Constitución diferencia dos tipos de mayoría calificada. Una se conforma con dos tercios de los diputados que integran la Asamblea Nacional (112 de 167) y sirve para llevar a referendo consultivo un proyecto de ley determinado o un tratado internacional que pueda comprometer la soberanía; crear o suprimir comisiones permanentes de la AN; remover a los magistrados del TSJ previa calificación del Poder Ciudadano; escoger al Contralor, Defensor y Fiscal General; designar a los rectores del CNE; aprobar una reforma constitucional; y convocar una Asamblea Nacional Constituyente. A estas dos últimas posibilidades le teme profundamente el gobierno.

La otra mayoría calificada según la carta magna es la que se conforma con dos tercios de los diputados presentes al momento de una sesión. Esa mayoría sirve para acordar la separación temporal de un diputado y admitir los proyectos de ley orgánica o reformar leyes orgánicas.

Es por ello que en diciembre de 2015, una vez conocida la abrumadora pérdida de todas las mayorías en la cámara, el oficialismo hizo dos jugadas estratégicas que hicieran imposible a la nueva AN reconstruir las instituciones. Una fue la designación de 34 magistrados del TSJ asegurándose el control de todas las Salas por 7 años más.

La otra ocurrió el 30 de diciembre ­durante el receso judicial­ con la impugnación de los resultados en Amazonas, la representación Indígena del Sur, y varios circuitos de Yaracuy y Aragua. Todos los recursos fueron admitidos por el TSJ, pero solo en los casos de Amazonas y de la representación indígena se ordenó suspender la proclamación, quitándole a la oposición tres diputados que completan los dos tercios.

Por: Maru Morales P.
mmoralesp@el-nacional.com
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El Nacional
Caracas, domingo 04 de diciembre, 2016



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