A ellos les tocó asumir
la pena por sus delitos
■ Casa Militar custodió traslado de droga de sobrinos Flores.
■ Guardaespaldas de los narcosobrinos también están embarrados “hasta las metras”.
■ El día final del juicio: Cuando a los sobrinos presidenciales les tocó asumir la responsabilidad penal por sus delitos.
Nueva York.- Es difícil encontrar una sola palabra que exprese las emociones que se vivieron en aquel salón frío y poco acogedor. La sala 14 C de la Corte del Distrito Sur de Nueva York sirvió de escenario a uno de los eventos que marcará no solamente la vida de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sino de un país que se negaba a creer que la familia del presidente sea juzgada en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Desde muy temprano los amigos en Venezuela y, aquellos que están ubicados en los cuatro puntos cardinales del planeta, empezaron a enviar mensajes preguntando sobre la decisión que tomaría el jurado. María Julia Vilar quien vive en Kioto (Japón) desde febrero de 2016, fue una de las primeras en llamarme este viernes 18 de noviembre. Eran las 5 de la madrugada y me dijo: “Amiga, levantate, hoy es el día de la Chinita y nos toca conmemorarlo con una manifestación de la justicia gringa. Espero leer en tu Twitter buenas noticias”. Y así siguieron las llamadas de tantos conocidos y desconocidos que esperaban entusiasmados el resultado del juicio de los popularmente llamados “narcosobrinos”, un hecho que conmocionó la opinión pública internacional.
Empieza la jornada:
A las 8 AM ya estábamos frente a la corte trabajando. Mientras informabamos sobre los puntos que se esperaban a lo largo del noveno día del proceso judicial, vimos llegar a los 6 abogados de Campo Flores y Flores de Freitas, acompañados por sus entusiastas asistentes. La cita era a las 9 y 30 de la mañana.
Varios periodistas nos juntamos en la parte lateral de la corte. Aprovechamos el tiempo para enviar mensajes por las redes sociales y dar información a diferentes medios continentales que estaban interesados en la noticia del día. Por las pocas ventanas informativas que existen en Venezuela, tratábamos de dar a conocer detalles del juicio de los sobrinos presidenciales, un tema censurado por los medios oficiales de un país que pareciera estar sumergido en un letargo interminable.
Llegada la hora, subimos al piso 14 y entramos a la sala para ver los pormenores de la decisión final del caso. Para buena parte de las personas presentes, esto no era otra cosa que el resultado de un juicio por un delito de narcotráfico. Para los venezolanos iba más allá, el resultado constituye un factor importante para dejar al desnudo el desdoro de la élite gobernante.
Llegan los sobrinos
Los dos acusados entraron a la sala y se sentaron en las sillas que habían ocupado por más de un año. Sus abogados estaban allí, acompañándolos. Más que sus defensores, los abogados de los escritorios jurídicos Boies Schiller & Flexner LLP y Sidley Austin LLP se convirtieron en amigos y -de cierta forma- en “los únicos familiares” de los dos hombres acusados de conspirar para contrabandear cientos de kilogramos de cocaína que salían del hangar presidencial del principal aeropuerto de Venezuela.
El ambiente no era del todo cómodo para Campo Flores y Flores de Freitas. Ellos sabían que su suerte estaba en manos de 12 personas que están acostumbrados a respetar la ley. Los dos acusados escucharon -sin parpadear- las instrucciones que el juez Paul Crotty dio al jurado.
Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron procesados por conspirar para importar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, y de fabricar o distribuir la droga, a sabiendas y con la intención de que se sería importada a norteamérica, en violación del Título 21, del Código de Estados Unidos, Secciones 952 (a), 959 (a), y 963.
Ambos fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015 en el restaurante del hotel Servotel, ubicado a unos 10 minutos del aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, cuando intentaban finiquitar el primer envío de una serie de cargamentos de drogas que habían negociado con unos supuestos narcotraficantes mexicanos, que resultaron ser informantes confidenciales de la DEA para ejecutar la operación.
Una vez que el juez culminó la explicación sobre los cargos que enfrentaban los dos acusados, las reglas que debía ser tomadas en cuenta para evaluar las evidencias y las responsabilidades del jurado, los cinco hombres y siete mujeres deliberaron por más de seis horas y media.
Como a las 5 de la tarde, el secretario de la corte comentó a los periodistas apostados en las bancas de la corte que los miembros del jurado planeaban regresar el lunes para dar a conocer los resultados finales de la discusión. No obstante, a poco menos de 15 minutos, todo cambió y los jurados se apersonaron a la sala para dar a conocer la hoja del veredicto, donde en tinta rosada se veía claramente que, por unanimidad, los dos sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron hallados culpables de los cargos, por los cuales el gobierno de los Estados Unidos los había enjuiciado.
Cuando los jurados se acomodaban en sus sillas, la mayoría miró hacia adelante o hacia abajo. Sólo uno pareció mirar a los acusados antes de sentarse. La voz del jefe de jurado, un hombre de unos 50 años, se escuchó nerviosa al momento de decir “culpables”. Luego, el secretario tomó nota de la confirmación de la votación que fue haciendo cada miembro de aquel equipo que fue escogido al azar en un universo de 94 ciudadanos americanos de diferentes razas, creencias y profesiones.
Yo me encontraba al lado de mi colega y amiga Jessica Carrillo. Las dos nos miramos sin pronunciar palabra alguna y luego vimos a los dos acusados que parecían no haber entendido lo que decía el hombre, que con una sola palabra, los acababa de condenar a permanecer en una prisión federal americana por años.
En la sala había una decena de periodista de varios medios. Habíamos esperado todo el día por aquella palabra que el miembro del jurado pronunció sin mucho rodeo. Campo Flores miraba fijo hacia adelante y no fue capaz de expresar ninguna emoción. Atrás quedó su sonrisa. Su mirada parecía perdida entre las paredes de madera adornadas con símbolos patrios norteamericanos.
Más que su consejero legal, el abogado John Zach se comportó con si fuera el papá de Campo Flores. El litigante puso su mano dulcemente en la parte posterior de la espalda y lo presionó con fuerza después de la lectura. A pesar de las limitaciones del idioma, el defensor y su cliente habían tejido una relación amistosa, cordial y amable que podía ser apreciada desde las bancas de la prensa.
Flores de Freitas mostraba estar más consciente de la realidad que le tocaba enfrentar. Siempre se presentó en corte con el ceño fruncido y la mirada adusta. Fueron pocas las veces que se le vio sonreír y, por lo que observamos desde lejos, entabló una buena relación con su abogada latina Elizabeth Espinosa.
Los dos hombres, ahora convictos, se abrazaron fraternalmente a sus abogados antes de ser llevados por los alguaciles del gobierno a sus celdas.
El jurado valoró las evidencias de la fiscalía que mostraban que Campo Flores y Flores de Freitas tenían experiencia en el narcotráfico y, cuando se juntaron en agosto de 2015 para planificar los envíos de cocaína a Honduras con destino final a los EEUU, sabían lo que estaban haciendo.
Los argumentos de la defensa quedaron de lado, en el terreno del olvido. La tesis de que los dos sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro eran víctimas desafortunadas de una operación de picadura, conducida por un informante confidencial de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, no surtió el efecto que esperaban los costosos abogados supuestamente pagados por el empresario chavista, Wilmer Ruperti (o por las ubres del Estado venezolano).
A lo largo del juicio, los 6 abogados dedicaron horas de litigación a tratar de eliminar la credibilidad de todos los que habían participado en la operación que produjo la captura de los dos sujetos en Haití. No escatimaron esfuerzos para dejar mal parado al agente de la DEA, Sandalio González, uno de los hombres claves en la investigación y quien se hizo merecedor de todo tipo de adjetivos descalificativos por parte de la defensa. Los consejeros pelearon hasta el último minuto para que se extrajera de las evidencias, las confesiones de los dos acusados donde estos admitieron que habían cometido el delito por el cual eran procesados.
La defensa mostró a lo largo del juicio que son altamente competitivos y profesionales. A pesar de todos sus intentos no consiguieron acabar con las evidencias del gobierno. Sin embargo, consiguieron enterrar en la cárcel a los informantes confidenciales José Santos Peña (CS1) alias “El Senior” o “El Mexicano” y a su hijo. José Santos H. “Junior” o CS2. Gracias a las grabaciones telefónicas hechas por la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, donde se escucha a los hombres haciendo transacciones de drogas desde el penal, los dos ex informantes de la DEA enfrentan una posible cadena perpetua en una prisión federal de California.
Cuando los abogados de la defensa pusieron las escuchas en el juicio, la fiscalía informó a Santos Peña que no recibiría la carta 5K, un instrumento que le ayudaría a reducir su sentencia. Igualmente, el gobierno reconoció que el informante, miembro del cártel de Sinaloa, había emprendido negocios de drogas ilícitas mientras trabajaba para la DEA. No obstante, los fiscales argumentaron que este hecho no socavó el resto del caso contra los primos Flores, ya que la base de evidencias incluyó docenas de mensajes de texto y grabaciones de audio y video que mostraron a los acusados planeando introducir 800 kilogramos en los Estados Unidos.
Esas evidencias fueron suficientes para demostrar al jurado la culpabilidad de los imputados, más allá de la duda razonable. En su declaración del cierre, la fiscalía sostuvo que los sobrinos planeaban enviar aviones cargados con cocaína desde Venezuela a Honduras, con los Estados Unidos como destino final, con la esperanza de recibir decenas de millones de dólares en ganancias para mantener el poder político de su familia en Venezuela.
“Los acusados pensaron que estaban por encima de la ley”, dijo el abogado adjunto estadounidense Brendan Quigley en su declaración final del día jueves. “Ellos pensaron que podían operar con impunidad en Venezuela por ser quiénes eran, por estar relacionados con la familia presidencial”.
En las grabaciones exhibidas por el gobierno, Campo y Flores hicieron alarde de sus conexiones políticas y el acceso a la “rampa presidencial” en un aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. En una grabación, Campo Flores dijo que necesitaba el dinero de la conspiración para pagar los votos de la campaña parlamentaria de su madre Cilia Flores, la primera dama de Venezuela.
La sentencia será leída el 7 de marzo de 2017
Una vez se conoció el veredicto, Campo Flores y Flores de Freitas salieron del salón al igual que los miembros del jurado. La defensa pidió unos 60 días para presentar las objeciones posteriores al juicio.
El juez Paul Crotty informó que la sentencia sería leída el 7 de marzo de 2017, aunque advirtió que la fecha podría ser cambiada.
Los periodistas nos acercamos a los defensores cuando salían del salón con cara de derrota. David Rody, uno de los abogados de Flores de Freitas se negó hacer comentarios sobre la decisión. Por su parte, el defensor de Campo Flores, Randall Jackson informó que sus clientes estaban “muy decepcionados”.
Aunque no aseguró que intentarían una apelación, Jackson dijo que en los próximos días estudiarían los pasos a dar en el caso. Hay que recordar que la defensa tiene recursos ilimitados para intentar nuevas acciones judiciales.
Y así salieron del salón los seis abogados y sus asistentes. Los fiscales bajaron en diferentes ascensores. Cuando nos disponíamos a informar los resultados, vimos a los fiscales federales Emil Bove III, Brendan Quigley y el agente de la DEA, Sandalio González cruzar la calle que separa la corte del Centro Correccional Metropolitano CCM, donde los sobrinos presidenciales se encuentran recluidos.
Entraron apresuradamente huyendo de las cámaras de televisión y permanecieron en el recinto por largo rato. A su salida se negaron hablar con la prensa. Para ellos este caso, era uno más de los cientos que ocurren anualmente en la corte neoyorquina, mientras que para los venezolanos representaba la noticia principal del día, a pesar que la misma no aparecería en la mayoría de los medios nacionales por la prohibición que sobre el tema impuso el gobierno.
Guardaespaldas de los narcosobrinos:
En el negocio de narcotráfico que mantenían los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, muchas son las personas cómplices e implicadas que ahora, tras conocerse el veredicto de culpabilidad, podrían tener consecuencias legales o ser buscados por la justicia, entre ellos sus escoltas o guardaespaldas.
Franqui Flores confesó que sus escoltas personales sabían de la operación y que de hecho lo ayudarían a montar la carga de cocaína en el vuelo.
Ambos se mostraron siempre confiados en el poder que les daba el apellido presidencial para abrir puertas, por lo que comentaron que no necesitaban contactos entre los militares ni los policías, con sus escoltas les bastaba.
A finales de octubre de 2015, Campo y Flores se reunieron tres veces con sus supuestos socios para la operación de narcotráfico en Caracas, Venezuela. Uno de ellos cuenta cómo cerraron negocio en un restaurant de comida Thai cerca del Centro Comercial El Tolón, en el este de la capital. Los escoltas cuidaban que nadie escuchara de la operación y no quitaban la vista de los Flores.
De acuerdo a información proporcionada por la fiscalía y por las fuentes confidenciales de la DEA, los sobrinos Flores contaban con 6 guardaespaldas, quienes serían funcionarios policiales. Contaban con armas de alto calibre y motocicletas.
Jesfrán Moreno, escolta de los sobrinos, fue uno de los pasajeros que acompañó a Efraín Campos Flores y Franqui Flores, el 10 de noviembre de 2015 en el vuelo que los llevó a Haití, donde resultaron detenidos.
El controlador aéreo Carlos González uno de los testigos estrellas de la fiscalía de los Estados Unidos confirmó que Moreno era gualdaespalda de los acusados.
“Flores y un guardaespaldas, llamado Jesfrán Josnel Moreno Sojo, alias “Tortuga”, volaron a San Pedro Sula para participar en la reunión, a la cual se unió otro individuo, el colombiano César Orlando Daza Cardona”, contó el testigo Carlos González.
A continuación parte de la conversación donde implican a los escoltas:
González (DEA): ¿Cómo estaban planeando obtener la cocaína de Venezuela?
Franqui Flores: Lo íbamos a hacer nosotros mismos.
González (DEA): ¿Alguien más sabe sobre el cargamento de cocaína?
Franqui Flores: Mis guardaespaldas sabían sobre el envío y la iban a ayudar a cargar la cocaína en el avión.
González (DEA): ¿Ustedes pensaron en pedir ayuda a los funcionarios militares?
Franqui Flores: No.
Casa militar:
En sus operaciones de narcotráfico, los sobrinos de Nicolás Maduro declarados culpables por unanimidad del jurado en Nueva York ayudaban a financiar las campañas electorales chavistas, después de quedarse con elevadas sumas y pagar a otras personas de la red.
Efraín Campo Flores, ahijado del presidente y criado en su hogar, y Francisco Flores de Freitas contribuyeron con parte de las ganancias de su negocio ilícito a la campaña presidencial de Maduro de 2013 y presuntamente también iban a aportar fondos para la campaña de las legislativas del 6 de diciembre, de acuerdo con el confidente que condujo a la detención de los dos jóvenes, según fuentes próximas al caso.
Nuevos detalles refuerzan la sospecha de la probable implicación de la propia presidencia de la república en la operación que pretendía introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. Como denuncia el confidente, quien previamente ya había trabajado con la red familiar de Maduro, el ahijado de este y su primo, ambos sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente, sacaban habitualmente la droga desde la Rampa 4, el área del aeropuerto internacional de Maiquetía reservada al jefe del Estado.
Los dos jóvenes volaron a Haití con el cargamento de droga custodiados por dos miembros de la Casa Militar presidencial, en función de guardaespaldas, y pilotados por un militar de alto rango, el teniente coronel Pedro Miguel Rodríguez González. De copiloto viajó el también militar Pablo Urbano Pérez. Para realizar esa misión, el teniente coronel Rodríguez González, mando en activo de la Fuerza Aérea Venezolana, tuvo que haber pedido autorización para ausentarse de su normal ocupación. Por otra parte, sorprende que alguien de ese rango se haga cargo de un vuelo en principio menor y además civil (el jet pertenece a una constructora) si no es porque conoce el valor de la operación.
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*En la soledad de sus celdas, los sobrinos presidenciales contarán con el tiempo necesario para reflexionar sobre su futuro y la consecuencias de sus acciones. Para ellos, Nueva York no será la ciudad arrolladora, llena de luces y de acción, sino un centro de reclusión donde estarán obligados a compartir con criminales de diversos lugares del mundo, el drama que representa la pérdida de la libertad.
En sus operaciones de narcotráfico, los sobrinos de Nicolás Maduro declarados culpables por unanimidad del jurado en Nueva York ayudaban a financiar las campañas electorales chavistas, después de quedarse con elevadas sumas y pagar a otras personas de la red.
Efraín Campo Flores, ahijado del presidente y criado en su hogar, y Francisco Flores de Freitas contribuyeron con parte de las ganancias de su negocio ilícito a la campaña presidencial de Maduro de 2013 y presuntamente también iban a aportar fondos para la campaña de las legislativas del 6 de diciembre, de acuerdo con el confidente que condujo a la detención de los dos jóvenes, según fuentes próximas al caso.
Nuevos detalles refuerzan la sospecha de la probable implicación de la propia presidencia de la república en la operación que pretendía introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. Como denuncia el confidente, quien previamente ya había trabajado con la red familiar de Maduro, el ahijado de este y su primo, ambos sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente, sacaban habitualmente la droga desde la Rampa 4, el área del aeropuerto internacional de Maiquetía reservada al jefe del Estado.
Los dos jóvenes volaron a Haití con el cargamento de droga custodiados por dos miembros de la Casa Militar presidencial, en función de guardaespaldas, y pilotados por un militar de alto rango, el teniente coronel Pedro Miguel Rodríguez González. De copiloto viajó el también militar Pablo Urbano Pérez. Para realizar esa misión, el teniente coronel Rodríguez González, mando en activo de la Fuerza Aérea Venezolana, tuvo que haber pedido autorización para ausentarse de su normal ocupación. Por otra parte, sorprende que alguien de ese rango se haga cargo de un vuelo en principio menor y además civil (el jet pertenece a una constructora) si no es porque conoce el valor de la operación.
Por: Maibort Petit
@maibortpetit
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Caracas, domingo 20 de noviembre 2016
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