Diputados oficialistas rara vez indagaron
en expedientes de corrupción y drogas
■ La mayoría oficialista engavetó o impidió las averiguaciones sobre casos que claramente implicaban a altos funcionarios de la administración pública.
[L]a nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional ha generado expectativas en torno al rescate de la llamada “función contralora” del Poder Legislativo.
Este deseo, expresado por instituciones como Transparencia Venezuela, fue reforzado por el anuncio del nuevo presidente del Parlamento Henry Ramos Allup sobre una “colosal” pesquisa en torno al uso que han tenido los recursos públicos durante los últimos tres lustros, “aquí y afuera”.
Los casos de pequeña y gran corrupción parecieran multiplicarse, toda vez que la fracción mayoritaria hasta el pasado 5 de enero poco o nada indagó al respecto. Durante el período que acaba de concluir no fue presentado ningún informe en relación con escándalos internacionales que claramente apuntaban a altos funcionarios cuyas gestiones estaban en curso o recientemente finalizadas.
Esta conducta de omisión tiene antecedentes que datan al menos desde 2005. A continuación un recuento de los diez mayores escándalos internacionales sobre los que la Asamblea Nacional no puso la lupa o que fueron engavetados.
Compra caro, vende barato: 
La fórmula de María de los Ángeles González, gerente del Bandes, para enriquecerse fue asociarse con una empresa de asesoría financiera de Nueva York, a través de la cual compraba bonos del Estado por encima de su precio de mercado y luego los revendía por debajo del valor, utilizando una red de compañías asociadas. Según la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el fraude a los fondos del estado venezolano superó los 66 millones de dólares solamente durante 2 años. De ellos, aproximadamente 8 millones de dólares fueron repartidos entre los participantes del desfalco. Venezuela, sin embargo, nunca intentó recuperar este dinero.
González se declaró culpable de los cargos y ahora coopera con las autoridades. En 2014, otros dos representantes de la operadora financiera, Direct Access Partners, se declararon culpables antes de ir a juicio.
Retiro en prisión:
En 2011 el economista Francisco Illaramendi se declaró culpable ante una corte de Nueva York por el fraude de casi 500 millones de dólares del Fondo de Pensiones de Pdvsa. Lo condenaron a 13 años de prisión. Illaramendi fue asesor financiero de la estatal petrolera desde 2005 hasta 2006, y se le vinculaba con el presidente de la empresa y ex ministro de Minas Rafael Ramírez y el ex ministro de Finanzas José Rojas. Al cesar sus funciones en Venezuela se mudó a Florida y, por medio de la firma MKG, manejó numerosas transacciones con el dinero de la estatal petrolera a través de cuentas en paraísos fiscales, lo que llamó la atención de las autoridades reguladoras estadounidenses. Otro coacusado, Morris Beracha, se declaró inocente.
El enigma del Turco: 
Según la DEA, el venezolano de origen sirio Walid Makled fue uno de los traficantes de drogas más importantes del mundo entre 2003 y 2011, cuando el gobierno de Chávez logró que lo extraditaran a Venezuela y no a Estados Unidos.
Makled operaba como un broker de la droga que podían suministrarle los carteles del Norte del Valle y las FARC. A él lo responsabilizan por el caso del jet cargado con media tonelada de cocaína que aterrizó de emergencia en Ciudad del Carmen, México.
También dominaba los terminales de Puerto Cabello y La Guaira. Makled quería que lo procesaran en EE UU. Durante una entrevista concedida en Colombia sugirió que tenía en su nómina a más de 30 altos oficiales de los 4 componentes de la FANB. Alias “el Turco” fue sentenciado a 14 años y medio de prisión. Además del tráfico de drogas le imputaban los homicidios del abogado Orel Zambrano y del veterinario Francisco Larrazábal. Su paradero actual es desconocido.
Perdidos en Suiza: 
En junio de 2012 se encendieron las alarmas en el Fondo de Cooperación Chino Venezolano: más de 84,9 millones de dólares fueron entregados a dos empresas de maletín.
Una trama de corrupción aprovechó la iniciativa de comprar maquinarias agrícolas a proveedores argentinos.
Las carpetas de las firmas que fueron seleccionadas (sin licitación) por el gobierno fueron reemplazadas durante la tramitación por las de las compañías Kelora y Bismarck Consorcio. En 6 meses nadie se dio cuenta de la situación hasta que se hizo la última transferencia de fondos oficiales desde un banco alemán hasta otro suizo, donde les perdieron la pista. El Parlamento nunca se dio por enterado de este caso. Una investigación de Contrainteligencia Militar y Delincuencia Organizada del Cicpc permitió la detención de ocho personas. Otros fueron capturados en México y Costa Rica. Este último país, por cierto, no aprobó la extradición debido a la poca confiabilidad del sistema de justicia venezolano.
El rescate del general: 
El mayor general Hugo Carvajal se llevó una desagradable sorpresa el 24 de julio de 2014. Llegaba al aeropuerto de Oranjestaad, Aruba, ya investido del cargo de cónsul designado por el presidente Maduro, cuando fue detenido en atención a una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos. El cargo era conspiración para traficar drogas. El militar invocó su condición de diplomático y mostró el pasaporte correspondiente. Pero el Reino de los Países Bajos aún no le había concedido el exequatur. El Ejecutivo movió toda su maquinaria para lograr la liberación de Carvajal, mientras que un portavoz de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) calificaba al oficial como la “joya de la corona”. Pudieron más las diligencias venezolanas. El 27 de julio, Carvajal fue recibido como un héroe. Luego de juramentarse como diputado electo declaró para el portal runrun.es: “Si ellos (EE UU) tuvieran una sola prueba de lo que dicen, yo no estaría hoy aquí”.
De Maiquetía a París:
El trayecto que siguieron los 1.382 kilos de cocaína desde que entraron a Venezuela hasta que fueron depositados en una bodega del jet de Air France que los llevaría desde el aeropuerto de Maiquetía a París, el 11 de septiembre de 2013, sigue siendo una incógnita. Ni el Parlamento ni la Fiscalía han mostrado mayor interés en ir al fondo del asunto. La Fiscalía solo pesquisó levemente lo sucedido adentro del terminal aéreo, aunque con serios señalamientos de injusticias. Acusó a 26 personas, en algunos casos sin poseer mayores pruebas. En noviembre de 2015, la Guardia Civil española dio con el paradero del líder del grupo que supuestamente financió el alijo, el británico Robert Dawes, quien ya está en Francia respondiendo por este caso. La sospecha de que las autoridades venezolanas están corrompidas hasta sus más altos niveles por dineros de la droga hace que la información sobre éste y otros expedientes de interés no llegue al Ministerio Público.
BPA, en dos etapas: 
La primera fase del escándalo con la Banca Privada de Andorra (BPA) comenzó en junio de 2010, cuando el comisario general jubilado del Cicpc Norman Puerta fue detenido en el principado europeo por una averiguación sobre supuesto lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. La BPA le había congelado casi un millón de dólares. Según Puerta, ese dinero provenía de sus prestaciones, ventas de ganado y un préstamo. En la misma averiguación figuraban nombres de otros venezolanos que poseían pasaportes diplomáticos, a pesar de estar convictos y confesos por tráfico de drogas.
En mayo de 2015 este escándalo se reavivó luego de un pronunciamiento del gobierno estadounidense. La Fiscalía llamó nuevamente a declarar al ex jefe Antidrogas del Cicpc, y lo dejó preso. Posteriormente, fue detenido otro de los señalados por la pesquisa internacional, Richard Cammanaro. En la segunda etapa del escándalo, a partir de marzo de 2015, se involucró a 5 viceministros y al propietario de la principal aseguradora de la industria petrolera nacional.
Pasaportes vigilados:
Las denuncias sobre la entrega de pasaportes y otros documentos de identidad a miembros de organizaciones terroristas no es nueva. Esta práctica fue reconocida en 2002 por el general retirado Marco Ferreira, ex director de la Onidex (actual Saime). Ahora lo confirman las revelaciones hechas por el ex consejero de Venezuela en Irak Misael López Soto sobre los casos de un traficante de drogas supuestamente ligado al grupo Hezbolá, Ahmed el Tamimy, y Diab Fatah, que estaría en listas de vigilancia del FBI tras los atentados terroristas de septiembre de 2001. En 2014, además el Center for a Secure Free Society divulgó un informe que advertía sobre la detección de 173 pasaportes venezolanos para extremistas islámicos.
Arrinconado en Houston:
El 16 de diciembre, agentes estadounidenses apresaron al empresario venezolano Roberto Rincón y su socio Abraham Shiera, respectivamente en Texas y Florida. Les imputan la violación de la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior, debido a la supuesta obtención de contratos de Pdvsa mediante sobornos. La pesquisa abarcó los movimientos de 730 cuentas bancarias por más de un millardo de dólares. Una empresa de Rincón era la propietaria del jet que llevó al general Carvajal hasta Aruba. Esa relación fue uno de los factores por los que el juez del caso le negó la posibilidad de libertad bajo fianza. Luego el mismo magistrado ordenó la confiscación de todos sus bienes en Estados Unidos y cuentas en Suiza detectadas recientemente. El juicio a Rincón y Shiera también está pautado para febrero de este año.
Un vuelo sin retorno:
El 10 de noviembre, los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, Franqui Flores de Freitas y Efraín Campo Flores (también ahijado de ella) fueron detenidos en Haití cuando supuestamente hacían los arreglos para enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
La DEA tenía noticias sobre sus planes desde seis meses atrás, y en octubre montó una operación encubierta que según la Fiscalía de Nueva York permitió recabar numerosas evidencias, entre ellas grabaciones y fotos de todo el proceso.
Han transcurrido dos meses de este suceso y todavía la familia presidencial no ha dicho nada al respecto. Cilia Flores elude a los periodistas que intentan obtener de ella una declaración sobre el caso, y tampoco reacciona cuando los parlamentarios opositores le echan en cara el asunto.
Campo y Flores serán enjuiciados en la misma ciudad el 29 de febrero, si no admiten antes su culpabilidad. Luego de varias postergaciones, el 17 de diciembre ambos se declararon inocentes y en la actualidad revisan las pruebas del caso. El fiscal acusador Preet Bharara ha pedido para ellos cadena perpetua.
Por: Javier Mayorca
jmayorca@el-nacional.com
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Domingo, 10 de enero de 2016
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