Tribunal Supremo y moribunda Asamblea en alianza
para enfrentar a oposición venezolana (MUD)
■ Luego de reconocer los resultados electorales del pasado 6-D, Maduro intenta varias maniobras para mantener el poder.
■ La MUD denunció este martes una supuesta maniobra del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para “cercenar la mayoría calificada” que la oposición logró en las parlamentarias del 6 de diciembre y que sería ejecutada por la Sala Electoral del TSJ.
■ El chavismo aún mayoritario en la saliente Asamblea Nacional escogió a golpe y mazazo a 13 nuevos magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de denuncias sobre violación a los tiempos legales y a los requisitos establecidos en las normas vigentes para los postulados. Estos son los 13 juristas que deberán asumir la tarea de ser imparciales desde el máximo juzgado del país.
Caracas.- Hasta la medianoche del 4 de enero el chavismo podrá utilizar su mayoría en la saliente Asamblea Nacional para seguir legislando, aprobando fondos, designando funcionarios y para ejercer cualquiera otra de las potestades que la Constitución le concede al Parlamento, pues según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “está en pleno ejercicio de sus potestades y debe continuar ejerciendo las atribuciones que le son propias hasta el día inmediatamente anterior al que se instale la nueva”.
El dictamen lo realizó la Sala Constitucional, en su sentencia 1.758, difundida en la tarde de ayer y en la cual respondió un recurso de interpretación del artículo 220 de la Carta Magna que el presidente en funciones del Legislativo, diputado Diosdado Cabello (PSUV), interpuso el pasado 15 de diciembre para aclarar si podía convocar sesiones extraordinarias pese a ser este el último año de la presente legislatura y a que los nuevos diputados ya fueron electos.
En el fallo, redactado por los siete miembros de la Sala, no solo se estableció que la actual AN “no se encuentra impedida constitucionalmente para convocar sesiones extraordinarias” sino que además le dio carta blanca para abordar durante esas reuniones cualquier materia que la mayoría de sus integrantes desee abordar, por considerar que los actuales parlamentarios están “en pleno ejercicio de sus potestades” y que el hecho de que estén de salida en modo algunos supone que sus facultades “estén mermadas”.
La sentencia se da a conocer una semana después de que Cabello advirtiera que si la nueva Asamblea, donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene mayoría calificada, no se instala el 5 de enero, la actual podría seguir funcionando.
“No digan que no se los dije, no digan que no se los dije señores de la amargura (…). Nosotros somos Parlamento hasta que ellos se instalen, yo tenía el concepto que era hasta el 4 (de enero) a las 12 (de la medianoche). Pero si a ellos no les da la gana de instalarse el 5 (de enero), nosotros seguimos”, soltó.
Sala Constitucional
Calixto Ortega
El diputado de la Asamblea Nacional en los periodos 2000-2005 y 2006-2010 como abanderado del partido del Gobierno, formó parte del Parlatino a partir de 2011 y fue electo por el PSUV como diputado suplente en las elecciones parlamentarias del 6D por el voto lista del estado Zulia. Ortega es un hombre acostumbrado a los lujos que la doctrina socialista –esa que defiende– repudia. Es de los que frecuentan restaurantes donde el sueldo mínimo no alcanza y van de compras en ciudades como Las Vegas y Miami. Además, según publica TalCual, compró un apartamento en San Marino, Caracas, por 3 millones de dólares pagados en efectivo. Ser rico no es tan malo para Ortega. Graduado de abogado con una maestría en Derecho Político de la Universidad del Zulia (LUZ), también es defensor de los controles de Internet: en 2010 propuso una reforma a la Ley Resorte enfocada a la definición de horarios para ciertos sitios web, tal como sucede en la radio y la televisión. Con el gobierno de Maduro traspasó las fronteras del Palacio Legislativo. “Nosotros queremos tener las mejores relaciones con todos los gobiernos del mundo y con el gobierno de los Estados Unidos, pero sobre la base del respeto y el trato entre iguales”, dijo Maduro en abril de 2013 cuando designó a Calixto Ortega como el hombre para “mejorar” las relaciones bilaterales entre Venezuela y el “imperio”. Poco duró su labor como encargado de los negocios gringos cuando seis meses después Ortega fue calificado por Estados Unidos como persona no grata, junto a otros dos funcionarios venezolanos. En octubre de 2013 fue nombrado Viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y una de sus tareas centrales en 2014 fue negociar con Holanda la liberación de Hugo “El Pollo” Carvajal en Aruba, donde era acusado de narcotráfico. Luego, asumió el Consulado en Nueva York y de nuevo, en 2015, le tocó entenderse con la DEA sobre los arrestos de los ahijado y sobrino de Cilia Flores detenidos por supuestas operaciones de narcotráfico, según indicó el diario Wall Street Journal. Ahora, Ortega debió abandonar Norteamérica para asumir la magistratura de la Sala Constitucional del TSJ, sin ánimo alguno, tal como se evidenció en ANTV cuando fue juramentado.
Luis Damiani Bustillos
A sus 69 años cumplidos, Luis Damiani Bustillos es nombrado magistrado de la Sala Constitucional del TSJ por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en la que fue magistrado suplente. Como Viceministro de Desarrollo Académico, Vicerrector y Rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Damiani abogó por la educación “plural, democrática e incluyente” con la implementación de un currículum socialista para las demás casas de estudio del país, en concordancia con la transformación que se lleva a cabo con la Revolución Bolivariana. Para él, no existen ni han existido violaciones o intervenciones algunas a la autonomía universitaria en los gobiernos chavistas. Sus altos cargos académicos se opacaron cuando su compostura sexagenaria se derrumbó en Brasil, filmado en un bar brasilero borracho, firmando autógrafos cual artista con “tinta de la sangre de nuestros patriotas” en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Comprometido socialista, Damiani es hijo del ingeniero de la Ciudad Universitaria y militar Luis Rafael Damiani, y hermano del “golpista” Rafael Damiani Bustillos, general de división de la Guardia Nacional que perteneció a la comisión negociadora que se trasladó de Fuerte Tiuna hasta Miraflores para presionar al presidente Chávez a que renunciara el 11 de abril de 2002, actualmente en el exilio en Miami y con una orden de aprehensión por parte del Ministerio Público venezolano.
Lourdes Suárez Anderson
Es hermana del fallecido fiscal Danilo Anderson, asesinado en 2004. Como él, fue Fiscal del Ministerio Público, defensora pública del Área Metropolitana de Caracas y directora de la primera Oficina de Atención al Ciudadano. Ahora, busca ganarse amistades en el Tribunal Supremo de Justicia. Con su testimonio sobre la muerte de su hermano, influyó en la tesis del concejal Carlos Herrera que, más que un acto terrorista, el hecho encajaba como un crimen común, con un toque de extorsión. Nunca dudó que fuese un hombre “muy correcto y serio en sus cosas” ni que tuviese enemigos en el Gobierno. A pesar de que su firma aparece en el acta publicada en la prensa nacional, Suárez rechazó haber dicho lo que en ella consta. “En ningún momento he hecho ningún tipo de denuncias en contra de los fiscales, en contra del Ministerio Público, en contra de jueces, en contra del alcalde Freddy Bernal ni en contra de José Vicente Rangel. Las actas que fueron publicadas en la prensa son totalmente falsas”, afirmó en 2005 a la Agencia Bolivariana de Noticias.
Sala Penal
Juan Luis Ibarra
Es abogado de la Universidad Santa María (USM), especializado en Derecho Penal y con un doctorado en Ciencias Penales y Derecho Constitucional. Con su paso por la USM, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), la Universidad Castilla La Mancha en Toledo, España, la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, la Universidad de la Habana-Cuba, la Universidad Fermín Toro y la Universidad Latinoamericana y del Caribe, acumuló un currículum que sobrepasa de largo una cuartilla. Ibarra posee más estudios de postgrado que varios de sus colegas postulados. Sin embargo, valores y principios de ética pasaron por de largo por sus oídos al momento de ratificar la sentencia a los jóvenes Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado “El Gato”, condenados a ocho años de prisión por protestar en 2014. Es parte de su expediente en la Sala de Apelaciones del Circuito Judicial de Aragua en la que estuvo como juez titular desde 2005 y luego provisorio desde inicios de este año. En su carrera judicial, también tuvo un paso por la Sala de Apelaciones del Circuito Judicial de Miranda, en 2007.
Yanina Karabín
La ahora magistrada del TSJ en la Sala Penal fue suplente de la fallecida presidenta de la Sala de Casación Penal y magistrada Ninoska Queipo, quien murió víctima de una infección en 2012 por biopolímeros en un caso que no dejó culpables (la médico tratante quedó en plena libertad supuestamente por nexos con el alto gobierno). Karabín ya había sido evaluada durante el proceso de selección de magistrados realizado en 2014, cuando no fue seleccionada en la terna final. Sus vinculaciones con el oficialismo le valieron entonces una impugnación. Con una experiencia legal que resuena entre sus colegas, Karabín fue parte de la Sala Natural de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Corte de Apelaciones de Lara desde 2004. Para ella, el retraso procesal es casi una ilusión óptica, “tampoco se trata de que si hay muchos o pocos tribunales. Lo que yo pienso es que la falta de organización o de un funcionario, causa el retraso y las colas”, declaró a El Impulso en abril de este año. Su nombre despunta en la lista sobre interioridades del sistema judicial venezolano del ex magistrado y ahora prófugo Eladio Aponte Aponte, quien se encuentra en Estados Unidos protegido por dicho gobierno. Aponte Aponte indicó que mientras Karabín -una de sus fichas de confianza- estuvo al frente del poder judicial en el estado Lara facilitó numerosas decisiones, entre ellas procurar beneficios procesales a detenidos en cárceles larenses. La nueva magistrada es hermana de Luis Karabín, exsubdirector del Cicpc y también ex director de la Policía Nacional Bolivariana durante ocho meses y entregó el cuerpo policial con un informe lleno de fallas e inconsistencias sobre la cantidad de funcionarios y los dineros de la institución.
Sala Político Administrativa
Marco Medina
Medina fue designado el 29 de abril de 2015 como Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Ahora, es uno de los magistrados escogido por la actual Asamblea Nacional para la Sala Político Administrativa. Con una larga trayectoria en el derecho venezolano, Medina conoce el TSJ de arriba para abajo gracias a su incesante rotación de cargos: abogado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, juez de instancia, juez de violencia contra la Mujer en el estado Lara, juez presidente de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal del estado Táchira en 2011. Mientras ostentaba dicho cargo en 2012, recibió una corona fúnebre en su despacho, cual muerto en un velorio, lo que, se presume, lo hizo renunciar. Es profesor universitario de pregrado y postgrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) y de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa). Asimismo, Medina Salas es Magíster en Ciencias Penales y Criminalísticas, Doctor en Ciencias Jurídicas, y cursó un post doctorado en Derechos Humanos.
Eulalia Guerrero
Guerrero, ahora magistrada de la Sala Política Administrativa, trabajaba en el despacho número 1 de la Sala Constitucional, a cargo de la presidenta del TSJ Gladys Gutiérrez. Con ella llegó al máximo juzgado en 2010 y desde entonces ha jugado cerrado con su jefa como persona de confianza. Venía de ser mano derecha de Gutiérrez en la Procuraduría General de la Reppública cuando aquella era la mandamás del lugar, en la que fue coordinadora de Despacho y gerente de Recursos Humanos, de acuerdo con nombramientos publicados en Gaceta Oficial. Viene de ser Coordinadora General del Despacho de la Inspectoría General de Tribunales.
Sala Civil
Vilma Fernández
La paisana del expresidente Hugo Chávez también nació en Sabaneta, estado Barinas. Sus primeros pasos laborales los dio como asesora jurídica de la compañía Seguros La Seguridad y Seguros Los Andes. En 2002 cambió de terreno. De lo privado se fue a lo público y se convirtió en asesora jurídica de la Contraloría General de Barinas. Entre 2004 y 2006, asumió el rol de juez suplente del Tribunal de Control N° 01 del Circuito Judicial de esa entidad. La antigua presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, la juramentó en 2011 como jueza rectora y presidenta de ese Circuito Judicial. Tres años más tarde, en 2014, se hizo de oídos sordos ante las quejas de Freddy Camacho, quien denunció que el secuestro de su hijo había sido perpetrado por funcionarios policiales. Aun cuando había un video que probaba la tesis de Camacho, los policías inculparon al joven de hurto. La paciencia del padre se agotó cuando después de que el caso pasara por cuatro fiscales, todos desestimaran las pruebas. Y aunque Fernández era la presidenta del Circuito Penal de Barinas, ella y los demás funcionarios omitieron las denuncias contra los agentes policiales. Deberá ser sustituida como jueza provisoria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas.
Francisco Velásquez Estévez
La política es un terreno familiar para Velásquez Estévez. Las raíces adecas corren por sus venas. Su padre fue dirigente del partido Acción Democrática en Apure y su tío Francisco Estévez se desempeñó como director de obras públicas durante la gobernación de José Gregorio Montilla. Estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue juez temporal del Juzgado Superior Civil. Ocupó el cargo de juez rector del Circuito Judicial de Apure donde posteriormente asumió la presidencia. Es la segunda vez que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lo postula para una magistratura del máximo juzgado. En 2014 había sido considerado para la Sala Constitucional. En esta oportunidad vuelven a apostar por él, pero para integrar la Sala Civil. Cuando era juez rector de Apure hubo una acusación en contra de Mildred Ruiz, quien era presidenta del Circuito Judicial Penal del estado llanero, porque la mujer pasó por alto la orden de aprehensión emitida contra Jacqueline Aponte, exsubdirectora de Administración de la gobernación apureña, ligada a un caso de corrupción. Ante el desatino, Velásquez era la figura encargada de remendar la negligencia judicial, pero nadie salió reprendido y el caso de corrupción quedó engavetado.
Iván Darío Bastardo
Compitió por ser designado magistrado del TSJ en 2014 y ya en aquel proceso, donde finalmente no fue escogido, fue señalado de estar inhabilitado siquiera para ser considerado. La ley exige que los postulados no tengan manchas en sus hojas de servicio judicial, pero en 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo destituyó a Bastardo como juez de la Corte de Apelaciones de Caracas por un “error grave e inexcusable”. Era entonces integrante de la Sala accidental 7 de ese juzgado superior y desacató una orden en un proceso judicial abierto contra Edward Báez y Johnny Esté, acusados de asesinar a Consuelo Ramírez en 2003. Bastardo, junto con Maikel Moreno -hoy también magistrado del TSJ- y Jesús Bravo fueron revocados por admitir una apelación de la Fiscalía, pese a saber que la Sala Constitucional ya había tomado el caso y había determinado una serie de medidas. Su insubordinación fue perdonada y dos años más tarde, en 2009, fue designado como juez titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Ordinario. Saltarse las jerarquías judiciales es un problema que ya no le quitará el sueño ahora que es magistrado principal de la Sala Civil.
Sala Social
Jesús Manuel Jiménez Alfonzo
El jurista de 45 años está ausente en los medios de comunicación a pesar de ser el presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En 2011 fue juez vigésimo de primera instancia del mismo circuito. Durante este año solo fue reseñado en un evento del Palacio de Justicia del Área Metropolitana, en el cual figuró como uno de los guías de 195 alumnos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Recorriendo pasillos respondía a inquietudes de los estudiantes. Ahora, no podrá escapar de la opinión pública después de haber asumido la magistratura principal de la Sala Social.
Sala Electoral
Fanny Márquez
Márquez ha estado rodeada de números, de dinero y de deudas. Desde enero de 2015 ocupó la vicepresidencia del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y su función, según Nicolás Maduro, era fortalecer la generación de fuentes de divisas y “velar por el uso correcto” de las mismas. Ciencia ficción frente a la escasez de billetes verdes para importar medicamentos, alimentos, repuestos automotrices, papel periódico y pare de contar. Se dice que está dentro del “Clan Cabello”. Su relación con la familia se inició cuando ella fue consultora jurídica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cuando el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la presidía. En 2006 pasó a revisar cárceles a ser nombrada directora de Custodia y Rehabilitación del Consejo Directivo del Ministerio de Interior y Justicia, entonces encabezad por otro aliado de Cabello, Jesse Chacón. En marzo de 2007 fue nombrada vicepresidenta del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IAFE) por quien fungía de ministro de Infraestructura, José David Cabello, hermano del hombre del mazo. Luego fue nombrada intendente nacional del Seniat, también por obra y gracia del mismo José David convertido ahora en el celador del dinero público, antes de aterrizar en el Cencoex. Lo de ella es asumir con militancia el cargo vacante que le sea asignado, una ficha en toda regla. Ahora asume un puesto como principal en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, juramentada frente a Diosdado Cabello, y luego de una carrera alejada de la abogacía. Una migrante del poder.
Christian Zerpa
Diputado por el PSUV por Trujillo y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, levantó su mano para votar con la señal de costumbre su propia designación como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, según denunció el parlamentario Miguel Pizarro. El merideño, politólogo y abogado parece tener un anhelo periodístico latente que deja salir en su portal web partidista -una muestra de independencia judicial- www.christianzerpa.psuv.org.ve. Allí publica artículos que titula como noticias, aunque su contenido replica las estéticas y retóricas militantes del Diario Vea. Es decir, la parcialidad política hacia el oficialismo es la que marca la pauta. Por compromiso teñido de rojo en 2002, el entonces gobernador de Mérida Florencio Porras lo designó como secretario ejecutivo del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Ahora, a pesar de su militancia política abiertamente chavista levantó su mano derecha para jurarse como independiente en la sala que deberá conocer los asuntos electorales, impugnaciones y demás tratamientos jurídicos de procesos de votación donde su partido compita.
Oposición teme golpe judicial:
La MUD denunció una” supuesta” maniobra del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para “cercenar la mayoría calificada” que la oposición logró en las parlamentarias del 6 de diciembre y que sería ejecutada por la Sala Electoral del TSJ, donde reposaría una acción contra 22 diputados electos.
“El Gobierno reconoció los resultados, pero ahora fuerzas del Gobierno pretender desconocerlos. Esto que están haciendo es una acción suicida, lo que están haciendo le quita la poca legitimidad que les queda”, afirmó Jesús Torrealba.
Sin embargo, desde el máximo juzgado negaron a Diario Las Américas tener ninguna acción relacionada con los recientes comicios. “Tenemos una semana sin dar despacho, lo único que podríamos es recibir amparos”, apuntó la fuente.
Torrealba, por su parte, no descartó que la eventual impugnación de varios diputados electos lo que persigue es “blindar” la elección de 13 magistrados del TSJ que el oficialismo pretende ejecutar hoy.
Ayer la saliente mayoría chavista de la AN inició el proceso para nombrar a los miembros del máximo juzgado de entre la lista de 380 candidatos que revisaron la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor general de la República, Manuel Galindo.
Aunque Ortega Díaz, Saab y Galindo solamente eliminaron a dos aspirantes de la lista que recibieron del Comité de Postulaciones Judiciales, fuentes cercanas a los funcionarios informaron que ellos presentaron “observaciones” contra 67 postulados. ¿Los motivos? “La mayoría no presentaron soportes que demuestran que tienen las credenciales que dicen tener en sus currículos, pero también en el caso de otros se constató que tienen o tuvieron procedimientos administrativos en los organismos en los que laboraron y algunos hasta fueron declarados responsables por la Contraloría”.
Los informantes reconocieron que entre los objetados figuran algunos nombres como el del vicecanciller Calixto Ortega o el del diputado no reelecto Elvis Amoroso, cuya candidatura ha generado polémica porque hasta octubre pasado era el presidente del Comité evaluador de los aspirantes a magistrado.
Desde la MUD, aunque no restaron importancia a la maniobra del oficialismo, para intentar asegurarse el control del TSJ por la próxima década, advirtieron que eso es corregible. “El 5 de enero se instalará una AN con una mayoría más que suficiente para establecer un Poder Judicial verdaderamente independiente”, reiteró ayer Torrealba.
Diputados opositores y juristas han adelantado que modificarán la integración del máximo juzgado, pero no mediante la figura de la destitución sino revisando sus decisiones, tal y como lo establece el artículo 90 del reglamento: “Las decisiones revocatorias de un acto de la Asamblea Nacional, en todo o en parte, requerirán del voto de la mayoría absoluta de los presentes. Igualmente, en los casos en que por error o por carencia de alguna formalidad no esencial se hubiese tomado una decisión por la Asamblea Nacional, ésta, una vez constatado el error o carencia, podrá declarar la nulidad de la decisión con el voto de la mayoría de los presentes”.
Por: Juan Francisco Alonso
Andrea Hernández
Redacción/EFE/Reuters
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El Estímulo
viernes, 25 de Diciembre del 2015
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Tweets about CORRUPCIÓN: ¿Quiénes son? los 13 “nuevos” magistrados del TSJ
