“La proliferación de escoltas una prueba más del
fracaso en políticas de seguridad ciudadana”
■ Cómo es ser escolta en Venezuela.
■ La pena de muerte “extrajudicial” es ya otra peste nacional.
■ Proponen la creación de una escuela de escoltas en Venezuela.
■ Los escoltas del gobierno son identificados como “funcionarios”.
■ No es mientras ejercen su trabajo que matan a los escoltas en Venezuela: es por llevar un arma en uno de los países más violentos del mundo.
[D]e los al menos 25 escoltas abatidos en la capital Caracas en 2014, según una revisión de prensa realizada por BBC Mundo, prácticamente ninguno murió mientras protegía a su cliente, sino porque el hampa común lo atacó para quitarle el arma (16 de ellos) o porque tuvieron una discusión con alguien que terminó en un tiroteo.
Durante el primer semestre de 2015, al menos 21 escoltas han sido asesinados en Venezuela, país que ocupa el segundo lugar con la tasa de más alta de homicidios en el mundo, fuera de las zonas de guerra, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas.
“Hoy en día un arma legal en Venezuela cuesta lo mismo que un arma ilegal”, explica Juan Torres, un escolta que antes fue policía y pidió no revelar su verdadero nombre.
“Las armas están tan caras que los escoltas, en lugar de la gente con plata, se volvieron el objetivo principal de los malandros (delincuentes)”, dice Torres.
A los escoltas hay que añadir los oficiales de la policía: en 2014, 268 policías fueron abatidos en Venezuela, según la organización de derechos humanos Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), con sede en Caracas.
Se trata de una faceta más de la inseguridad que se vive a Venezuela, donde el año pasado el no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia registró 25.000 homicidios.
Las cifras oficiales, las últimas de las cuales reportaron 12.000 homicidios en 2013, también reflejan un país tomado por la lógica de la violencia.
Y no queda claro si tener escoltas es una forma de evitar la muerte. O de atraerla.
Bajo perfil:
Torres vive en Catia, uno de los barrios populares más peligrosos de Caracas, pero trabaja en Valle Arriba, un sector acomodado.
“Yo cuando me contratan pido que me den un cuarto, un lugar donde pueda cambiarme todos los días porque cuando salgo de mi casa lo último que quiero es que me vean bien vestido”, asegura.
Para sus vecinos en Catia, Torres trabaja en un restaurante al otro lado de la ciudad: nadie sabe que es escolta de un importante empresario.
“Yo todas las mañanas salgo con mi pantalón sucio, una franela sin mangas y con el almuerzo en una bolsa”, relata, para explicar que su objetivo es verse corriente, a pesar de que siempre carga su arma en un lugar que la camufla.
Torres, sin embargo, admite que él es una excepción: que la mayoría de los escoltas en Venezuela “son jóvenes que quieren verse poderosos con su cuerpo, con su moto, con su arma, con sus gafas oscuras, con su parafernalia”.
Y esos, según él, son los que terminan muertos.
Jovani Linares -escolta privado de un empresario- tampoco se viste de negro ni anda en una moto grande.
“Si has evolucionado, lo que tienes que hacer es pasar desapercibido para evitar que te identifiquen”, dice.
“Fíjate la cantidad de casos de policías que mataron para quitarles el arma”, añade. “Si no respetan a un policía, cómo van a respetar a un escolta, que es un civil”.
Escuela de escoltas:
La creación de una escuela de escoltas, en la que se prepare al individuo que aspira a este cargo y se estudie su perfil psicológico para asumir esa responsabilidad, planteó el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Freddy Bernal, tras la confirmada responsabilidad del escolta Edwin Torres en el asesinato del diputado Robert Serra.
“Nadie está totalmente blindado, eso es imposible, todos tenemos vulnerabilidades pero un escolta tiene que ser una persona calificada para el trabajo de custodiar a alguien. Tenemos que preparar una escuela de escoltas que puedan cumplir con esa alta responsabilidad”, expresó este jueves el en entrevista a Venezolana de Televisión.
En este sentido, el diputado psuvista destacó la importancia de que “quien aspire a ser escolta tiene que ser calificado para ello. Escolta no puede ser cualquiera”.
La industria de los blindados no ha hecho sino crecer en la Venezuela reciente. (foto) Un escolta
de Maduro previene que un objeto le caiga encima.
Unos 21 escoltas han sido asesinados: (2015)
Iniciando el mes de enero fue asesinado en la carretera Panamericana, Johndel del Valle Hernández, de origen cubano, quien fungía como escolta del alcalde de carrizal, José Luis Rodríguez. La víctima fue interceptada por sujetos que le robaron la cadena y un koala.
Posteriormente, el 21 de enero perdió la vida el oficial agregado de la Policía de Caracas, Luis Revilla, de 36 años, quien durante cuatro meses estuvo al servicio del ministro de Educación, Héctor Rodríguez. A Revilla le arrebataron su moto y arma de reglamento. Los delincuentes le dispararon en la cadera cuando salió corriendo.
Días después en Villa de Cura, Aragua, fue hallado dentro de un vehículo el cadáver calcinado de José Daniel Castillo, de 30 años de edad, quien era funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y escolta del defensor del Pueblo, Tarek William Saab. El cuerpo presentó cinco impactos de bala, le faltaban el fémur y el peroné de una de sus piernas. Castillo se encontraba desaparecido desde el 20 de enero. Le quitaron todas sus pertenencias.
La noche del 19 de febrero, el escolta privado Jesús Manuel Ortega Loor, de 29 años, fue ultimado de dos tiros para robarle la pistola y la moto que conducía. El hecho ocurrió frente al hotel Lincoln Suites en la avenida Solano de Sabana Grande, cuando salía de un instituto universitario donde estudiaba tercer semestre de Gerencia Tributaria.
De varios disparos fue asesinado César Gerónimo Pérez Martínez, de 28 años, guardaespaldas de un gerente de una cadena farmacéutica. El suceso se registró el 28 de febrero en la avenida Motatán de El Marqués, Caracas, cuando sujetos intentaron secuestrar al comerciante que escoltaba el occiso.
El 1° de marzo el exoficial de la Policía del municipio Salias, Gustavo Daniel Castillo Pérez, de 32 años de edad, perdió la vida al recibir cuatro disparos cuando fue interceptado por dos delincuentes que le robaron su motocicleta y un morral con todas sus pertenencias. Familiares indicaron que había sido escolta de artistas y personalidades políticas como Winston Vallenilla y la ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez.
Con un tiro de escopeta fue asesinado 20 días después, Michelson José Milla, de 30 años, oficial de la Policía de Caracas, quien además prestaba servicios como guardaespaldas del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ángel Rodríguez. Milla murió en Nueva Cúa, víctima de un asalto donde le quitaron su arma de reglamento y la moto que conducía.
En otro hecho ocurrido a principios de abril, fue ultimado de cinco disparos en un intento de robo, José Luis González, de 34 años de edad, exfuncionario de Polihatillo y escolta de uno de los dueños de Globovisión. El homicidio tuvo lugar a las afueras del centro comercial Expreso en el municipio Baruta.
Más tarde, el 15 de abril a Carlos García, de 35 años, lo asesinaron de tres impactos de bala en la vía Petare-Guarenas luego de dejar a su hijo en el colegio. Laboraba como escolta en una agropecuaria del sector. Le robaron su arma y un koala.
También en la autopista Petare-Guarenas murió el sargento II de la Guardia Nacional Bolivariana, José Manuel Garbo, de 21 años de edad, tras recibir varios disparos. El occiso estaba adscrito al cuerpo de escoltas del Ministerio para los Pueblos Indígenas.
El martes 5 de mayo José Antonio Algara, de 34 años, falleció en el Hospital Militar de Caracas tras haber sido herido de bala en un robo donde le arrebataron el arma de reglamento y su moto. Se desempeñaba como jefe de escoltas del presidente de Tves, Winston Vallenilla.
Eldemar José Bermúdez Patiño, de 27 años, funcionario de la Policía de Caracas, adscrito como escolta al Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), fue asesinado de tres tiros el 10 de mayo,para despojarlo de su arma de reglamento cuando se encontraba en Turmero, estado Aragua. Bermúdez era espaldero de Mario Silvia, dirigente del PSUV y conductor del programa La Hojilla.
El 6 de mayo, el escolta del diputado Elvis Amoroso Maracay, estado Aragua, fue atacado por unos motorizados quienes lo abordaron para que les entregara todas sus pertenencias. La victima identificada comoWilliam Quintero, recibió un disparo en la espalda que le salió por la mandíbula. Permaneció diez días recluido en un centro de salud, donde murió. También era funcionario de la Policía de Aragua.
El cabo primero de la Milicia, José Gregorio Gil Dorta, de 32 años de edad, fue ultimado de múltiples disparos el 13 de mayo en el barrio La Laguna, kilómetro dos de la carretera Panamericana. Había sido amenazado por delincuentes de la zona quienes le dijeron que en el sector no querían ni policías ni militares. Gil Dorta también laboraba como escolta particular.
El oficial de Policaracas Efrén Freudy Urbina Castillo, de 28 años de edad, escolta del diputado del PSUV Carlos Sierra, fue ultimado a tiros e incinerado el domingo 14 de junio en el callejón toro 2, en la parroquia 23 de Enero, durante un hecho confuso.
El 20 de junio Igor Alexander Natera Ortiz, de 30 años, fue tropezado por un vehículo en la avenida Francisco de Miranda, mientras discutía con el conductor, salió de la parte trasera un hombre que le efectuó un disparo en el pecho. Natera murió en el hospital Pérez de León. Era escolta de la alcaldesa del municipio Urdaneta de Cúa, Adyanis Noguera.
Dos escoltas fueron asesinados a mediados de junio. La primera víctima fue identificada como Eduard Arratia, de 25 años, exfunconario de Polibaruta. Fue tiroteado en la parroquia 23 de Enero por motorizados para quitarle su arma de fuego.
Tres horas después, el escolta privado Kenny Danni Rodríguez García, de 32 años de edad, perdió la vida al recibir ocho disparos en el kilómetro 3 de la carretera de Mamera. Fue despojado de sus pertenencias.
Maickel José Vásquez Caraballo, de 39 años de edad, supervisor jefe de Policaracas y jefe de los escoltas de Freddy Bernal, fue ultimado de 5 disparos en la cabeza, el 24 de junio en el distribuidor La Yaguara. Los homicidas vestían de civil y llevaban chalecos antibalas, se identificaron como funcionarios del Cicpc.
El 26 de junio, con dos impactos de bala asesinaron a Carlos Manuel Pulgar Siso, de 30 años, quien se desempeñaba como guardaespaldas de la diputada oficialista Blanca Eekhout. El crimen ocurrió en el túnel de La Planicie, cuando delincuentes intentaron despojarlo de su vehículo.
El último ataque se reportó este sábado 28 de junio al escolta privadoHuberto Alexander Guerrero, de 29 años, quien fue ultimado en el barrio La Ceibita de El Valle, Caracas. Lo interceptaron tres sujetos de la banda delictiva “El Eduard”, quienes le propinaron 15 disparos. Le robaron el arma y sus pertenencias.
No solo protegen la vida de sus patrones
Los crímenes a guardaespaldas se han vuelto comunes, ya que los guardias con trabajos estables, aunque con salarios modestos, son vistos por los ladrones como blancos acomodados.
La ola de violencia que azota a Venezuela ha incrementado la demanda de escoltas, quienes ante la amenaza latente, se han visto obligados a asumir mayores riesgos para proteger a sus patrones y también para guarecerse ellos mismos de los delincuentes que van tras sus armas y vehículos, a costa de sus vidas.
De los 21 ataques, la muerte de César Gerónimo Pérez Martínez yJosé Gregorio Gil Dorta, ocurrieron durante un enfrentamiento o ajuste de cuentas. Mientras que el asesinato de Igor Alexánder Natera Ortiz es el único caso que se maneja como una riña por tránsito.
Por su parte los homicidios de Maickel José Vásquez Caraballo yCarlos Manuel Pulgar Siso, protectores de Freddy Bernal y Blanca Eekhout, respectivamente, se encuentran en proceso de investigación. El resto de los asesinatos se registraron por presuntamente haberse resistido al robo.
Sin figura legal:
A diferencia de otros países de la región, los escoltas en Venezuela son civiles: para ser contratado como escolta solo hay que tener la confianza del cliente y una licencia de porte de arma.
Existen escuelas públicas y privadas para escoltas y muchos de ellos son entrenados en la fuerza pública, donde la mayoría suele empezar su carrera.
Sin embargo, no hay una serie de requisitos legales (como ser técnico superior universitario o mayor de cierta edad o haber cursado determinados cursos) para ser escolta.
Según una investigación del portal Contrapunto, hay unas 8.000 personas que trabajan como escoltas pero no están amparadas por una ley que defina los límites y los alcances de su trabajo.
Y eso, según algunos escoltas independientes, no solo los deja vulnerables, sino que los pone en desventaja frente a los escoltas del gobierno.
De hecho, los que trabajan para el gobierno no son conocidos en la jerga local como “escoltas”, sino como “funcionarios”, como quien tiene un cargo oficial.
“Todo el mundo de los escoltas sigue siendo muy deportivo, muy informal, y para muchos de ellos la única forma de tener estatus es trabajando para el gobierno y estar afiliado políticamente al oficialismo”, dice Omar Vásquez, exdirector de la División de Protección a Personalidades de la hoy extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Una de las políticas principales del gobierno en la última década para luchar contra la violencia ha sido el desarme de la población, una medida que incluye reducir los permisos de porte de armas.
Según cifras oficiales, el plan logró destruir más de 10.000 armas solo en 2014.
Pero sus críticos dicen que esto no ha reducido los índices de criminalidad.
Mientras tanto, la Asociación de Escoltas Bolivarianos (AEB), una organización gremial, ha manifestado su preocupación por la reducción en los permisos de porte de armas, porque “nos quita nuestra herramienta de trabajo”, mientras que las armas ilegales “del hampa” siguen en la calle.
Por eso, dice Torres, “es que las armas ilegales se han vuelto tan caras”.
Industria en crecimiento:
Si bien no hay una figura legal que defina los parámetros de trabajo de los escoltas, la industria no ha hecho sino crecer en los últimos años.
Según los expertos consultados por BBC Mundo, las empresas escoltas han aumentado en un 50% al año en promedio en el último lustro.
La AEB contabilizó 3.000 escoltas en 2012, mientras que en 2014 afilió a 7.700 hombres.
Mientras tanto, las empresas de blindaje, de tecnología en seguridad y escuelas de defensa personal solo han crecido en los últimos años.
Incluso se ha vuelto común que algunos padres de familia de clase media alta contraten carros blindados con escoltas para que lleven a sus hijos a eventos sociales nocturnos.
Muchos escoltas, dice Torres, se han vuelto parte de la familia de las personas que cuidan.
“Yo soy el mejor amigo de mi cliente; su confidente, su rival en tenis, su médico”.
Recientemente se han reportado varios casos de escoltas que deciden usar la información que tienen sobre su cliente para robarlo.
Quizá el caso más llamativo sea el de Robert Serra, un diputado oficialista que, de acuerdo a la investigación policial, fue liquidado el año pasado dentro de su casa después de que su jefe de escoltas, hoy detenido, lo traicionó.
Por eso es que el jefe, concluye Torres, “quiere que su escolta sea como un miembro de familia”.
La pena de muerte:
Siempre hubo ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, pero jamás de una manera tan masiva, reiterativa y abrasiva como en estos 16 años de la revolución que unas veces de llamó “bonita”, otras “bolivariana” y las más del “Socialismo del Siglo XXI”. En realidad es como si, una mitad del país hubiese decidido acabar con la otra y, en este propósito, no se tomen disimulo, duda, remordimiento, ni dilación.
Haciendo memoria, no puede negarse que la contienda empezó cuando el hampa común, envalentonada por la “doctrina revolucionaria” que justificaba sus delitos estableciendo que no “eran delincuentes” sino “víctimas de la lucha de clases”, se armó hasta los dientes y fue sitiando la sociedad a punta de atracos, asaltos, secuestros y asesinatos.
Ola de delitos que, durante una década y media, no dio muestras de amainar y se extendió alcanzando a la propia burocracia gubernamental, cuyos altos, medianos y bajos funcionarios empezaron a compartir con el pueblo la experiencia de haber sido en algún momento robados, secuestrados, asaltados y hasta muertos.
Hoy, pareciera que el gobierno de Maduro decidió al fin tomar cartas en el asunto, pero no se piense que de una manera legal, y mucho menos recurriendo a los cuerpos de inteligencia que “individualicen” y “judicialicen” los delitos, sino imitando el hampa y devolviéndole “la pena de muerte” que llevaba 16 años ejecutando contra los venezolanos.
Entre otros, altos, medianos y bajos funcionarios del gobierno, militares en todos sus grados, agentes de orden público, y simples y sencillos escoltas por el atractivo de poseer un arma que iría a engrosar los arsenales de los delincuentes.
Guerra –ésta si- entre bandas de irregulares, porque por muchas razones que se tengan para reprimir el delito, la Constitución no establece que se le pueda quitar la vida a un venezolano a menos que se resista a la fuerza pública o sea sorprendido en la comisión de un ilícito.
Sobre el particular no hay información, porque el gobierno más hablachento de la historia del país, habla solo cuando le conviene. (Manuel Malaver/@MMalaverM)
Por: Daniel Pardo/BBC
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Caracas, domingo 23 de agosto, 2015
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