Se buscan sapos…
■ Maduro infiltra delatores en empresas y organismos del estado.
■ Desde Contrainteligencia Militar persiste en el reclutamiento de “patriotas cooperantes”. 12 manifestantes de 2014 fueron detenidos por delaciones.
[L]o primero que hizo la propietaria de un inmueble en Chacao detenida en abril de 2014, cuando supo que había sido “entregada” por “patriotas cooperantes”, fue pedirle a sus defensores que advirtieran a sus hijos: “Díganles que se cuiden de Bombón y La Princess, son infiltradas”.
“Patriotas cooperantes” es el término que el gobierno de Venezuela ha dado a los delatores, “sapos”, o agentes encubiertos empleados para infiltrar las filas de partidos políticos, grupos de manifestantes y disidentes. Al menos 20 causas judiciales iniciadas en 2014 contra estudiantes, manifestantes y dirigentes políticos compartirían el patrón de las acusaciones y delaciones de anónimos.
“Esa figura se dio a conocer de manera más extensa con el caso de Rodolfo González [a quien el presidente Maduro tildó como ‘El Aviador’]; y con las agentes encubiertas en el caso de Balvina Muñoz, pero no me queda la menor duda de que fue el modus operandi en la mayoría de las causas”, precisa la abogada Elenis Rodríguez, de Fundeci, una asociación civil que asistió casos de detenidos en 2014, entre estos a Muñoz, detenida en su vivienda y acusada de instigar al terrorismo.
Las dos supuestas delatoras de la propietaria del apartamento en Chacao frecuentaban el campamento de estudiantes y manifestantes instalado en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, Caracas. Fue después de que sus identidades como funcionarias adscritas al Cicpc fueron descubiertas ante el grupo, que se produjeron las primeras detenciones de integrantes de este campamento, entre las que estaba la dueña del inmueble, acusada de organizar “manifestaciones violentas”. Algunos nombres han sido cambiados, pero el relato es de una defensora que la asistió en el caso.
Los testimonios, llamadas telefónicas y denuncias secretas —y en ocasiones forjados— a distintos cuerpos de seguridad han sido el sustento fundamental de las imputaciones y el encarcelamiento prolongado de los acusados. La primera mención de “patriotas cooperantes” apareció en 2011 en un expediente judicial en los tribunales de Puerto Ayacucho: supuestos denunciantes anónimos habían colaborado con militares en la detención de dos colombianos vinculados a la minería ilegal, según reveló un trabajo firmado por Javier Ignacio Mayorca y publicado en mayo de 2014 en El Nacional.
La utilización de anónimos para sustentar denuncias se ha extendido desde entonces y ha cobrado notoriedad por el uso habitual que portavoces del Gobierno han hecho de estos para criminalizar a ciudadanos. El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), ha incorporado a su programa televisivo “Con el mazo dando”, que transmite VTV, una sección exclusiva a las denuncias de supuestos “patriotas cooperantes”.
En solo 9 ediciones de su programa emitidas entre noviembre y diciembre de 2014, Cabello narró las infidencias de 13 supuestos “patriotas cooperantes” y acusó a 165 personas y organizaciones, según reveló en enero de 2015 un reporte de IPYS Venezuela. Pero esta es quizá solo una modalidad de delación y criminalización a la disidencia. El informe de gestión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) correspondiente a 2014, y las denuncias de detenidos apuntan a que organismos de seguridad, entre los que se incluyen el CICPC y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) colocaron a agentes y contratados en campamentos de manifestantes antigobierno, grupos estudiantiles y hasta partidos políticos.
Modus Operandi: El perfil de un “patriota cooperante”:
Las acusaciones y denuncias de anónimos sustentaron las detenciones y juicios contra Rodolfo González, Renzo Prieto, Yeimi Varela, Rosmit Mantilla; también en el allanamiento y aprehensión de Balvina Muñoz, quien entrevistó a jóvenes para un libro que titularía “Amor en tiempos de guarimba”. Los “patriotas cooperantes” también colaboraron con las autoridades en las detenciones practicadas en los campamentos en la PNUD; y en el caso de Araminta González, técnico en procesos químicos detenida en el INOF desde el 24 de julio de 2014, acusada de preparar explosivos y vinculada a otros tres acusados: el politólogo Vasco Da Costa; Efraín Ortega, trabajador del BCV y José Luis Santamaría, un técnico electrónico.
“Los ‘patriotas cooperantes’ eran personas jóvenes en su mayoría, que exhibían una conducta más radical a la del resto, incitaban a los demás a participar en actos de violencia. Establecieron vínculos de confianza con la gente que manifestaba; además estudiaban a sus objetivos. Eran chamos bien parecidos o tipas ‘explotadas’. Se presentaban y decían que tenían contactos, que conocían gente que podía ayudar”, explica Rodríguez.
Los agentes infiltrados o delatores también imitaban las posturas, el lenguaje y la apariencia de las personas que seguían o vigilaban. Varias veces, los detenidos atestiguaron que había personas con el rostro cubierto o encapuchados parados junto a los funcionarios militares que señalaban que serían apresados. “La misma GNB les tapaba la cara o facilitaba esto”, afirma Rodríguez.
“La GNB dispersaba manifestaciones, que en la mayoría de los casos eran pacíficas, y la gente corría. Era en ese momento cuando capturaban de manera aleatoria a todo el que pudieran dar alcance. Así detuvieron a la mayoría de las personas. Los presentaban en tribunales con los mismos delitos y las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar”, dice Rodríguez.
Aunque la figura del “patriota cooperante” no aparece contemplada en las leyes venezolanas, algunos tribunales han validado y permitido la presentación de testimonios de informantes anónimos, de “agentes” encubiertos. Denisse Bocanegra, juez temporal del Tribunal 9no de Control, pretendió que “patriotas cooperantes” identificaran a dos acusados (Balvina Muñoz y Marcelo Crovato) mediante una videoconferencia por Skype sin presentarse en la sala de juicio. En ambos casos los acusados rechazaron el procedimiento y se levantaron la vestimenta para cubrirse el rostro.
El abogado José Vicente Haro, quien también atendió casos de detenciones por acusaciones de ‘patriotas cooperantes’, asegura haber visto a una de las jóvenes, una muchacha morena, que acampaba en la plaza Alfredo Sadel trabajando como personal de custodia y uniformada como funcionaria del SEBIN en El Helicoide. “Cuando pregunté a los muchachos me respondieron que sí, que había sido una infiltrada. Ahora es una de las carceleras”.
Haro, quien asumió desde el 6 de mayo la defensa de Araminta González, denunció las torturas a las que su cliente habría sido sujeta por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Las autoridades acusaron a González, quien trabajaba en dos empresas farmacéuticas, de preparar explosivos. En el expediente se menciona un supuesto delator y “patriotas cooperantes”, aunque las investigaciones adelantadas por el abogado muestran indicios de que dos jóvenes, a quienes González dio refugio “de buena fe”, estarían involucrados en su detención.
El hurto de algunos artículos de tecnología del que González fue víctima en su apartamento de Guarenas y las amenazas que recibió días antes de su detención para que no los denunciara, habrían precipitado su “arbitraria” detención. Haro afirma que tiene elementos que soportan la presunción de que uno de estos dos jóvenes vinculados a las manifestaciones era un “patriota cooperante”.
Un perfil: La mente de un “echa paja”:
Adrian Liberman, psicoanalista y especialista en la elaboración de perfiles, cuestiona la definición que el Gobierno y los altos funcionarios han dado a los delatores. Considera que “patriota” y “cooperante” son dos palabras que poseen una carga o valoración positiva, mientras “delator” o “infiltrado” serían asociadas por la mayoría de las personas con actividades innobles, como la traición y el engaño.
“El oficialismo ha sido muy hábil para usar las palabras y vaciarlas de contenido. Ha utilizado eufemismos como el ‘patriota cooperante’ para designar a los delatores y esconder las verdaderas funciones de estas personas, que eran las de engañar y mentir para vender a otros amparándose en la idea y el convencimiento de que protegen el país”, explica.
Liberman además ha elaborado un perfil psicológico de personas que podrían trabajar como delatores e infiltrados: las acciones de estos individuos están guiadas por un afán de destruir al otro, tienen tendencia y facilidad para la mentira y engaño, y además no exhiben remordimientos o sentimientos de culpa. “Y en caso de que lo tengan, está muy bien amortiguado”, dice.
“Este tipo de personas tienen conductas antisociales y de sociópatas. Racionalizan su comportamiento en la premisa de que actúan en beneficio del bien común, de que trabajan para proteger al Estado. De esa manera evaden los cuestionamientos o culpa sobre lo que hacen”, indica. Agrega, además, que la utilización de infiltrados y delatores es una actividad “propia de los regímenes totalitarios y dictaduras”.
Escuela para Sapos:
Los cuerpos de seguridad del Estado continúan captando y reclutando de agentes para que sirvan como espías, delatores e infiltrados. La DCGIM publicó en junio de 2015 en su página en Internet (www.dgim.mil.ve) la convocatoria del proceso captación y selección para el curso de formación de “Funcionarios Civiles Operativos de Contrainteligencia Militar”.
El documento de acceso público indica que el programa de formación “está enmarcado dentro de los objetivos históricos del Plan de la Patria”. También enuncia los requisitos y el perfil de los aspirantes: venezolanos de nacimiento, con titulaciones universitarias, menores de 26 años, soltero o soltera y sin hijos, con una estatura mínima de 1,60 metros, que no tengan antecedentes penales o sanciones administrativas y que no hayan sido expulsados de academias o institutos militares.
Delatores en empresas y organismos del estado:
“Hay miedo de ser delatado por quien menos piensas”. Con ese clima hostil se trabaja hoy en Venezuela. Ante cualquier crítica al régimen del presidente Nicolás Maduro, rápidamente hay algún delator para tomar nota.
“Dentro de la oficina no me atrevo a mencionar los errores de las autoridades del organismo, y mucho menos del gobierno, porque somos espiados”, explicó a El Nacional una funcionaria estatal, que pidió reservar su identidad.
Según consigna el periódico venezolano, sindicatos paralelos son establecidos por el gobierno chavista en el sector privado. A su vez, la cúpula bolivariana también ubica a dirigentes afines para ocupar directivas de las organizaciones, con el principal objetivo de hacer un exhaustivo seguimiento y espionaje de los patronos.
El Ejecutivo también promueve el control y absorción del sector privado a partir de expropiaciones y nacionalizaciones de compañías, entre otras prácticas.
“En las empresas básicas de Guayana ha ingresado personal sin cargos ni funciones específicas y cuyo mérito es ser militante del PSUV. Los trabajadores saben que están allí para espiarlos”, expresó José Luis Alcocer, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco.
Estos grupos paralelos conformados por el chavismo están compuestos por cerca de 5.000 personas, cuyo deber es dar conocimiento a los organismos de seguridad del Estado sobre los conflictos generados por reclamos a los incumplimientos laborales.
Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, indicó que Pdvsa paga a unas 80.000 personas, entre las cuales se encuentran escoltas de funcionarios e importantes dirigentes chavistas. “Es gente que no oculta su fanatismo, y los trabajadores de carrera en la industria se mantienen alejados de ellos”, explicó.
Esta estrategia comenzó años atrás, en 2000, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez se encontraba en el poder. Bajo su mandato comenzó la instalación de sindicatos chavistas que llegaban para desplazar a los ya existentes.
Uno de los sectores que más acosos está sufriendo es el cementero. En las empresas nacionalizadas del rubro se exige lealtad total a los trabajadores, a pesar de que a estos se les niega la discusión de contratos colectivos y las mejoras en las condiciones de seguridad y salud.
“El acoso y el espionaje interno lo aplican los gerentes, quienes califican de enemigos y saboteadores al sindicato y a los trabajadores por reclamar sus reivindicaciones”, denunció Ulises Rodríguez, dirigente sindical de Venezolana de Cemento.
Por: Alberto Yajure
@albertoyajure
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Caracas, Viernes 1 de mayo, 2015
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