Ausencia del Estado fomenta
aumento de grupos delictivos
■ En la Cota 905 rechazan justificación oficial de la represión.
■ El total aprox. de las 12 megabandas agrupan a 600 delincuentes.
■ La mayoría de estas organizaciones opera en los estados centrales, asegura un informe de la asociación Paz Activa.
■ Las agrupaciones funcionan con liderazgos claramente establecidos y con un cabecilla que es reconocido por todos los integrantes.
■ Trabajan en un territorio específico y entablan relaciones con cuadros medios de los cuerpos de seguridad, lo que de cierto modo les garantiza la impunidad.
Maracay.- En los límites entre Guárico y Aragua, los mensajeros de un grupo de delincuentes cobran extorsiones a los hacendados, ya sea en efectivo o mediante la apropiación de ganado o vehículos, todas las semanas.
El líder del grupo, conocido como Juvenal, ya controla buena parte de la vía que comunica a Guárico con el oriente del país. En la primera semana de julio secuestró a tres familias completas que circulaban por la carretera en los alrededores del caserío Memo.
“La situación que vivimos en la zona oriental del Guárico es la misma que vivió Colombia años atrás, cuando vías en poder de guerrilleros y paramilitares hacían riesgoso el transitar por ellas. Hoy, para ir al centro, muchos preferimos transitar por la vía de la costa (Zaraza-Píritu-Barlovento-Caracas)”, explicó un habitante del sector que pidió la reserva de su nombre.
En los alrededores de la Cota 905, según información policial, los miembros de la banda liderada por Carlos Revete, alias “El Coqui”, hacían rondas nocturnas en camionetas y vehículos de lujo para llevar a cabo secuestros exprés y robar otros automóviles. Posteriormente se negociaba el pago de rescates con los propietarios y víctimas.
Estos son apenas dos ejemplos de grupos que, por su grado de organización y número de integrantes, pueden ser calificados de “megabandas”, según el Observatorio Venezolano del Delito Organizado.
“Las bandas tradicionales tenían siete u ocho integrantes, como pasa con los equipos de baloncesto. Las megabandas se parecen más a un regimiento”, afirmó Luis Cedeño, representante de esta organización.
Las megabandas tienen liderazgos claramente establecidos. El nombre o apodo del cabecilla generalmente se transmite al grupo completo.
En Guárico la organización de Juvenal compite con la de Picure (José Tovar); en Zulia está la banda de Edwin Soto, alias el Mocho, también llamada Tren del Norte y en Miranda, la de los Capracio y Wilfredo.
Cada megabanda, según Cedeño, tiene núcleos de 30 a 50 personas que son capaces de trazar alianzas para hacer trabajos específicos en otras áreas del país.
El programa de las “zonas de paz” incrementó la magnitud de estas pandillas, y según Cedeño les confirió a sus líderes poderes de negociación similares a los que tienen los “pranes” o jefes de presos.
“La megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular busca replicar el éxito que han tenido los pranes de las cárceles, en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado”, afirmó.
Ausencia de controles:
Para el criminólogo Keymer Ávila, el crecimiento de los grupos criminales en el país se origina en la falta de controles formales por parte del Estado.
Ávila indicó que estos grupos desarrollan alianzas con estructuras medias de los cuerpos armados. De esta forma obtienen la posibilidad de operar con impunidad, reúnen armas y aumentan su capacidad logística.
“No los veo como paramilitares, pero sí una consecuencia de la falta de intervención por parte del Estado. Es como el niño al que no le ponen límites.
Empezaron usando revólveres, ahora tienen pistolas, granadas y armas largas”, explicó.
Los núcleos de cada grupo:
En torno a las grandes bandas ya identificadas según Cedeño podrían operar hasta 600 personas. Esto incluye tanto a los núcleos de cada grupo como a las personas que ocasionalmente les prestan algún servicio; 7 de las 12 grandes organizaciones tienen su área de acción en el Distrito Capital y el estado Miranda. En Guárico y Aragua hay 3, incluida una estrechamente relacionada con el penal de Tocorón. Las restantes están en los estados Bolívar y Zulia.
Los delitos predilectos por estos delincuentes son el secuestro, la extorsión, los robos de grandes dimensiones y el sicariato “como actividad comercial”.
Mano blanda, mano dura. Ávila advirtió que luego de 16 años sin haber controlado eficientemente el surgimiento y la consolidación de organizaciones criminales, el gobierno ahora intenta legitimar intervenciones militares para retomar el control de los espacios que había perdido.
Advirtió que esa actitud “pendular” puede ocasionar un rechazo en las poblaciones en las que se desarrollan estas operaciones y promover reacciones que sirvan posteriormente como justificativo de más represión. A esto el criminólogo lo llamó “profecía autocumplida”.
En estas circunstancias lo peor es que las bandas continuarán fortaleciéndose.
La Cota 905:
Al final de la vía asfaltada, el sábado 18 de julio se instaló un piquete de funcionarios del Sebin con armas largas y los rostros cubiertos con pasamontañas. Es la única entrada y salida del lugar, de modo que los agentes de la policía política mantenían encajonados a los habitantes del sector La Esperanza, un asentamiento ubicado en un empinadísimo trecho de tierra, en lo más alto de la Cota 905.
Allí viven aterrorizados por la amenaza de una nueva razzia policial-militar, como la que hace una semana concluyó en 16 muertos y 134 detenciones.
La gente del lugar solo accedió a salir de sus precarias viviendas luego del llamado del dirigente comunitario Raúl Ortuño, quien anunció la presencia de periodistas y activistas de Provea dispuestos a escuchar sus testimonios.
Berta Cervantes es una de las que se mostró más vulnerable. Tiene 34 años de edad y cargaba con cinco niños, dos de ellos con parálisis cerebral.
“Nosotros vivimos aquí desde hace nueve años y nuestros únicos delitos son ser pobres y colombianos. Por ambas cosas hemos sido maltratados, hasta el extremo de lo que pasó el lunes. Eran como las 5:30 de la mañana, estábamos durmiendo y los policías llegaron tumbando la puerta. Sacaron a mi esposo a empujones y por el solo hecho de ser colombiano se lo llevaron. Igual pasó con mi cuñado, que también es colombiano y vive en la casa de al lado. No nos pueden venir a matar con el cuento del paramilitarismo”.
La mujer asegura que ni siquiera sabe dónde están detenidos sus familiares (cuyos nombres prefirió no revelar) y teme que sean deportados, como lo anunció el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Yahir Muñoz: “Yo no sé qué voy a hacer si me quedo sola aquí en Venezuela con mis hijos”.
Ortuño, organizador del consejo comunal Los Guerreros de La Esperanza, indica que no es la primera vez que los residentes del sector son estigmatizados como paramilitares colombianos: “Hemos consignado ante diversas autoridades estatales los datos de todas las personas que viven aquí, sobre todo porque sabemos que es una zona de alto riesgo y necesitamos mejores viviendas. El gobierno sabe quiénes somos desde hace mucho tiempo, quiénes son colombianos y quiénes son venezolanos, y sabe que aquí no hay paramilitares. Incluso una vez logramos que Freddy Bernal, cuando era alcalde, subiera hasta acá. De aquí de La Esperanza, tenemos cinco vecinos colombianos presos y, de nuevo, el invento de que son paramilitares”.
Entre otros afectados por la alegada ligereza xenofóbica gubernamental, de la cual se ha hecho eco el presidente Nicolás Maduro, están Zenit Rojas, de 40 años de edad, y sus dos hijos, Luis Afonso, de 16 años, y Luis Alberto Roa Rojas, de 18 años de edad, que permanecen detenidos en la sede del Saime de la avenida Baralt. Alfonso Roa dijo que siete funcionarios armados, algunos encapuchados, irrumpieron en el rancho de tablas donde viven y detuvieron a los dos jóvenes: “Empezaron a golpear a mis hijos, y mi esposa y yo se lo reclamamos, pero fue inútil: seguían golpeándolos. Cuando mi esposa llegó al Saime, también la dejaron detenida”.
A las 4:15 pm, los funcionarios del Sebin que vigiliban la zona se aproximaron hasta donde los activistas de Provea estaban recibiendo denuncias. En ese momento, volvió a cundir el miedo. Pero Lisney Bermúdez, otra dirigente comunitaria, instó a todos a permanecer firmes: “Mantengámonos unidos y organizados, porque si no, nos van a seguir atropellando!”.
Provea recibió 34 denuncias:
En el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, Provea recibió 22 denuncias de atropellos policiales. Inti Rodríguez, representante de la ONG, explicó que en todos los casos se repitieron los mismos excesos: allanamientos ilegales sin orden judicial ni presencia de representantes del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, detenciones arbitrarias, maltratos físicos y verbales, y hurtos en viviendas.
En días previos, Provea había documentado otros 12 casos para un total de 34. Rodríguez dijo que el propósito es contribuir con las investigaciones que debe realizar la Fiscalía para verificar o descartar los abusos y, en caso positivo, identificar a los responsables y aplicarles las sanciones correspondientes.
El activista destacó que, por lo pronto, está suficientemente demostrado que muchos funcionarios actuaron y actúan con los rostros cubiertos, lo cual constituye una irregularidad.
“Aspiramos a que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, llegue hasta esas zonas intrincadas de la Cota 905 que fueron tomadas policial y militarmente el lunes pasado, de modo que pueda constatar personalmente los atropellos denunciados por los vecinos”, insistió Inti Rodríguez.
Por: Javier Ignacio Mayorca
jmayorca@el-nacional.com
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Caracas, lunes 20 de julio 2015
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