La denuncia que instauró
Diosdado Cabello
■ Es el segundo al mando del país vecino y en su espalda pesan varias denuncias por corrupción, de las cuales ha salido bien librado.
■ Casi tres meses después de que los medios venezolanos El Nacional, Tal Cual y La Patilla replicaran una nota publicada en el diario ABC de España, Diosdado Cabello interpuso una demanda contra ellos por difamación.
■ En aquel artículo, del 27 de enero de este año, se le acusaba de ser el líder del “cartel de los soles”, una organización dedicada al narcotráfico y conformada por militares del país vecino, quienes usan soles en sus uniformes (de ahí el nombre de la estructura).
■ El pasado martes, la jueza 12 de juicio del Área Metropolitana de Caracas, María Eugenia Nuñez, emitió una orden judicial que les prohíbe a los directores de los diarios mencionados, al igual que a otros 19 directivos de medios, salir del país. Ellos también deberán presentarse una vez por semana ante un tribunal mientras se realiza la investigación en su contra.
Detrás de lo ocurrido con la prensa de este país, es importante ver el historial de este militar e ingeniero, pues sobre su espalda pesa un historial de denuncias de las que siempre ha salido bien librado: Cabello, quien fue la mano derecha de Hugo Chávez desde el golpe de estado de febrero de 1992 en Venezuela, también ha sido señalado de corrupción, especialmente durante su periodo como gobernante en el Estado de Miranda, entre 2004 y 2008.
De acuerdo con una reseña del diario El Universal, existe un documento conocido como el “expediente negro de Miranda”, que contiene 17 denuncias en su contra por compras sin soportes o sobreprecio, y contratación de obras sin licitación. En ese expediente se destaca que “la gestión de Diosdado Cabello tuvo una fijación hotelera en 2008. Por un lado, compró el Hotel San Diego, y por otro, realizó tres hospedajes en los hoteles Alba y Gran Casino, lo cual no se explica si se tiene un hotel a la completa disposición de la Gobernación”. Tan solo en el primer hotel habría gastado 2.813 millones de bolívares, pero la suma se incrementaría a más de cinco millones por un doble pago de este servicio.
Entre otras acusaciones, también está la transferencia de recursos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) mediante la compra de bienes a esa organización, gasto que sumaría más de 115.900 millones de bolívares entre 2007 y 2008. En esa ocasión se resalta la adquisición de dos vehículos por los cuales se pagó dos veces en diferentes fechas y con distintos montos.
A pesar de estas denuncias, que fueron remitidas a la Fiscalía en 2009, Cabello continúa ejerciendo como político sin ningún impedimento. El panorama es aún peor si se tiene en cuenta que en 2013 la diputada al Consejo Legislativo del Estado Miranda Flavia Martineau manifestó que ese organismo, al igual que la Contraloría, se hicieron “los de la vista gorda”.
“Insólitamente la Fiscal General y la Contralora General de la República ahora dicen que allí no pasó nada y que supuestamente nadie ha realizado ninguna denuncia formal sobre estos hechos irregulares”, manifestó Martineau al diario El Universal.
Así como en esa ocasión desapareció repentinamente el caso contra Cabello, en mayo de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia desestimó una denuncia que instauró la diputada opositora María Corina Machado por haber sido expulsada de la Asamblea Nacional, medida que, según el abogado de Machado, se realizó sin el debido proceso y violaba sus derechos.
El diario El País informó que el presidente del Parlamento celebró la decisión, considerándola una frustración a “la aparente intención de Machado de provocar desórdenes alrededor del Palacio Legislativo y el casco histórico de Caracas”.
Ahora, con la orden judicial emitida contra 22 directivos de medios de comunicación, revive la polémica relación del gobierno venezolano con la prensa, caracterizada por amenazas, censura y denuncias, entre otros aspectos. Frente a este hecho, el director del diario La Patilla, Alberto Federico Ravell, aseguró en una entrevista concedida a CNN que lo ocurrido es una muestra de la persecución política que existe en ese país.
“Esta es una situación personal, de venganza del señor Diosdado Cabello. Él ha jurado que nos quiere ver a Miguel Henrique Otero (El Nacional), Teodoro Petkoff (Tal Cual) y a mí tras las rejas. Nos quieren tener como rehenes en Venezuela”. Asimismo, señaló que “están intentando estrangular a los pocos medios independientes que quedan en Venezuela”.
La demanda de Diosdado Cabello:
Desde tiempos de Hugo Chávez, el gobierno de Venezuela no ha tenido la mejor relación con los medios de comunicación. Amenazas, censura, cierres, denuncias y demandas han sido la constante.
La más reciente, el 23 de abril de 2015, corrió por cuenta del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien presentó una demanda por difamación contra tres medios venezolanos (El Nacional, Tal Cual y La Patilla) por publicar una información del diario español ABC que aseguraba que él estaría siendo investigado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por supuesta vinculación con la organización de narcotráfico del cartel de los Soles.
Según Cabello, esa información corresponde a una manipulación mediática del eje Madrid-Bogotá-Miami, desde donde se hacen complots para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la AN exhortó a los tres periódicos venezolanos a demostrar la veracidad de lo que publicaron para evitar la demanda.
Ayer, la jueza 12 de juicio del Área Metropolitana de Caracas, María Eugenia Nuñez, emitió una orden judicial que les prohíbe a los directores de los medios venezolanos El Nacional, Miguel Henrique Otero; Tal Cual, Teodoro Petkoff, y La Patilla, AlbertoRavell, junto a otros 19 directivos de medios salir del país. Además, deberán presentarse una vez por semana ante un tribunal mientras se adelantan la investigación por difamación.
Otero le dijo a la prensa, tras conocer la decisión judicial, que en Venezuela “los jueces dependen del Ejecutivo, reciben órdenes directas del gobierno” y afirmó que “la Justicia es un instrumento del Ejecutivo para criminalizar a la disidencia”.
El director de Tal Cual, Teodoro Petkoff, quien recibió la semana pasada el premio de periodismo Ortega y Gasset por parte del diario español El País, tenía ya prohibido salir de Venezuela a causa de una anterior demanda presentada contra él por Cabello.
Según el último informe de Freedom House sobre libertad de expresión en América Latina, en Venezuela han aumentado los ataques y amenazas contra los periodistas y no hay transparencia en la propiedad de los medios.
Por: Andrea Benavides Herrera/EFE
Redacción/R24
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Miami, Domingo 08 de febrero de 2015
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