Hugo Chávez (c), el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacon(i), y el vicepresidente, Jose Vicente Rangel (d)
frente al feretro del fiscal asesinado, Danilo Anderson, en 2004.
…escoltas los abandonaron no cumplieron
su labor de “protección cerrada”
■ La hermana de Danilo Anderson asegura que: “El asesino está entre quienes cargaron la urna”.
■ Aquel 18 de noviembre de 2004 cuando la camioneta donde iba el fiscal Danilo Anderson explotó y acabó con su vida, se talló un hito en la tabla de la política que socavó las bases del sistema de justicia en Venezuela.
[E]l 8 de enero de 2015 cuando apareció muerto en su habitación, el fiscal Nisman, tembló la Argentina. Especialmente porque a todas luces, la tesis de ese “suicidio” se desmorona. Ambos amenazaron con prohibir la salida del país de sus perseguidos, tensaron la cuerda… y se rompió.
Está muerto. ¡El fiscal está muerto! El fiscal que llevaba la investigación más emblemática de los últimos tiempos, está muerto. Con acento argentino o venezolano, las expresiones rompieron con la tranquilidad de un país y levantaron la bandera del jaque a un sistema de justicia. Con una diferencia de 11 años, el suceso se repite en países latinoamericanos cuyas democracias están en franca decadencia.
A Alberto Nisman (51 años) se le ve angustiado, azorado, no era un pasajero más que llegaba a su Buenos Aires natal el pasado lunes 12 de enero de 2015 en la mañana. En el video que lo capta en el aeropuerto se ve cuántas veces acude a su teléfono celular con apremio, recoge sus maletas y se encuentra con alguien de confianza y afecto. Se abrazan. Interrumpió su paseo con su hija quinceañera por Europa y adelantó el regreso. Algo inesperado lo hizo volver, con apremio inusitado se dispuso a adelantar la denuncia que preparó durante años; parece que mucho menos sospechaba de una celada. Seis días después, el domingo 18 de enero, yacía con un disparo en el parietal derecho, dos centímetros por encima de la oreja, ejecutado con un arma calibre .22 que alguien de su confianza le prestó. Transcurrirían horas para que su cuerpo fuera encontrado sin vida y para que la fiscal del caso se apresurara a evaluar como un suicidio ¿Suicidio?
A Danilo Anderson (38 años) se le vio angustiado, azorado, no era un alumno más de esa clase de jueves por la noche del 18 de noviembre de 2004. Sus compañeros de clases declararían luego como testigos: una llamada a su teléfono celular lo alteró y salió del Instituto Universitario de Policía Científica, en Bello Monte, en esa camioneta que ya tenía colocado un dispositivo debajo de su asiento, ese que al activarse vía remota, estalló y le quitó la vida. Su reloj se detuvo a las 9:45 pm con la explosión. En su caso no hay dudas, a Danilo Anderson lo asesinaron, murió calcinado al instante. Debajo de su pierna derecha estaba su arma automática marca Glock, como era costumbre, pero quienes le mataron sabían que estaba preparado para disparar en defensa. Fue un asesinato escandaloso, que enseguida contó con la presencia de funcionarios del gobierno, figuras de la oposición, vecinos, amigos. Asesinato. Pronto surgiría la palabra “sicariato” y con ella la búsqueda de autores materiales e intelectuales.
Las versiones:
Para el momento de su muerte, el fiscal de Ambiente con competencia Nacional, Danilo Anderson, tenía a su cargo casos que lo convirtieron en un hombre mediático. La principal de las causas era la acusación de cada uno de los firmantes del decreto de Pedro Carmona Estanga, quien asumió brevemente la presidencia de Venezuela durante el golpe del 11 de abril de 2002 a Hugo Chávez. Pero también había metido tras las rejas a Henrique Capriles Radonski, por las actividades de aquellos días convulsos de 2002, e investigaba a los seguidores del Gobierno que dispararon hacia la avenida Baralt desde el Puente Llaguno y fueron grabados por lentes de cámara y video.
Anderson, quien decía no pertenecer a ningún partido, militaba con ideas de izquierda y respaldaba el proceso político de Chávez. Era pieza fundamental del entonces fiscal general de la República, Julián Isaías Rodríguez. Desde la misma noche del crimen, esta máxima figura del Ministerio Público, sorprendió por sus declaraciones, sus demostraciones de afecto y sus promesas de “buscar hasta debajo de las piedras” a los culpables. La vocería oficial de entonces no guardó prudencia ni esperó investigaciones, y enfiló hacia sectores de la oposición y paramilitares colombianos como autores del hecho. Entretanto, el funeral se convirtió en acto político, pancarta, bandera, promesa, consigna. “¡La vida por la verdad!” “¡Danilo vive!”.
Dos meses después, el 5 de enero de 2005, el ministro de Justicia, Jesse Chacón, ofreció declaraciones que dieron un vuelco en esa tesis oficial, que ya se desvanecía por investigaciones de la prensa. El entorno de Anderson, fiscales y abogados, habrían estado negociando dinero en efectivo a cambio de la libertad de esos “Carmonafirmantes” con capacidad de pago: banqueros, empresarios. Todo, para salir de la lista de acusados del fiscal.
“La posibilidad de la existencia de dos grupos de abogados que utilizarían la extorsión para evitar las imputaciones por el caso del Decreto Carmona (…) Se han trabajado varios escenarios, entre ellos, la posibilidad de la existencia de un grupo de abogados que aprovechando su cercanía con el Fiscal Anderson, hayan pretendido extorsionar a algunas de las personas que firmaron el Decreto Carmona y su presunta relación con otro grupo que servía como vínculo con las personas que presuntamente serían imputadas”, dijo frente a las cámaras Chacón.
Venezuela tuvo a Isaías, Argentina a Cristina:
La propia presidenta de Argentina, Cristina Fernández viuda de Kirchner, a través de su blog y Twitter, se encargó de dar el vuelco, cuatro días después del suceso: No fue suicidio y sentenció que aunque no tiene pruebas, tampoco tiene dudas. Eso provocó el titular de primera página a cinco renglones de Clarín de Buenos Aires: “Grave giro de Cristina: ahora cree que a Nisman lo asesinaron” (23/1/15).
En su explicación, la mandataria se hace preguntas: “¿Por qué se iba a suicidar (Nisman) si no sabía que era falsa la información que estaba en el informe? Estas respuestas seguramente las podrán dar quienes lo convencieron de que tenía en sus manos “la denuncia del siglo” proporcionándole datos falsos. Pero además, si hubiera tenido sospechas de falsedad de información o de falta de sustento en el supuesto de que se lo habían escrito “otros” ¿Por qué se iba a suicidar alguien que ya había sido acusado por numerosos familiares de las víctimas del atentado en la AMIA o directamente lo habían recusado? ¿En qué hubiera cambiado su vida si el informe no tenía sustento y el juez a cargo, como es común, corriente y sucede a diario, le dicta un “téngase presente y resérvese hasta que se adjunte más prueba?”.
Es Cristina Fernández la cara más visible del caso. Desde un principio, las pancartas y diarios coinciden en darle voz a la tesis “A Nisman lo suicidaron” y de forma inmediata los dedos índices no dudan en apuntarla directo. ¿Por qué? Porque el fiscal se desempeñaba como la cabeza de una causa muy sensible para su país: el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 en la mañana. La bomba que explotó frente a la sede causó la muerte de 85 personas, hirió a 151 y provocó daños materiales. Los responsables de la causa fueron ubicados en cargos gubernamentales del entonces Gobierno iraní, entre ellos el agregado cultural persa en Argentina, Mohsen Rabbani. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, la investigación fue asignada a Nisman, como fiscal especial, y según la entrevista en el programa “A dos voces”, de la televisora TN (14/1/15), llevaba ocho años escuchando conversaciones y dos años y medio analizando y escribiendo una gravísima acusación contra el Gobierno presidido por Cristina.
Luego de su muerte, el informe firmado y sellado por el fiscal, de 290 páginas, se dio a conocer. En él se puede leer su hipótesis y frases de las escuchas telefónicas, que dan cuenta de un plan de acercamiento comercial entre Argentina e Irán, para intercambiar petróleo por granos, que pasaría por exonerar de culpas a los funcionarios iraníes acusados de participar en AMIA. Nisman aseguraba, por escrito y en declaraciones, que mientras se daba una cara a los familiares de las víctimas y al país, de mano dura contra los culpables, por debajo de la mesa el entorno de Cristina negociaba a través de agentes secretos con Irán para levantar el veto y “bajar” las alertas rojas de Interpol que les impide movilizarse libremente por el mundo. Nisman, cercano a Néstor Kirchner, resaltaba que durante su Gobierno había sido tajante y firme en no permitir acercamiento con Irán. De ningún tipo.
Así como en el caso de Danilo Anderson, las investigaciones apuntan a un entorno de las víctimas, a personas con las que se reunían en secreto y se relacionaban entre sí y a su vez con otras partes. Antonio Stiusso, exjefe de la máxima institución de Inteligencia (SIDE), aparece en esta historia como informante de Nisman y el organismo se menciona a través de agentes que llevaban y traían. La entonces Disip, órgano de Inteligencia venezolano se vinculó al asesinato de Anderson a través de algunos agentes condenados por la autoría material del hecho; como también en las alcabalas que esa noche custodiaron la ruta del fiscal y lo dejaron pasar hasta el lugar de la explosión, mientras desviaban otros carros. Los organismos de inteligencia tienen mucho qué decir en ambos casos.
Fiscal estrella:
Anderson no era un fiscal más; era hombre de confianza de personajes del Gobierno, con una actitud poco flexible. Había jurado “no volver a ser pobre más nunca”, en entrevista con Elizabeth Araujo (Tal Cual, 19/5/04) y se relacionaba de la misma forma con el alto poder como con su círculo de amigos. El banquero Arístides Maza Tirado advirtió en privado que fueron a cobrarle para sacarlo de la comprometedora lista. En las actas de entrevista del caso, que se filtraron a la prensa, aparecieron abogados del entorno del también banquero Ignacio Salvatierra, que entregaban dinero en efectivo a amigos de Anderson, con la misma intención: salir de la lista. Otros empresarios figuran en las declaraciones de amigos y familiares, como negociadores de su propia libertad, de esa manera
José Vicente Rangel, hombre de poder oficialista, cercano a Hugo Chávez, ex vicepresidente y conductor de un programa de opinión televisivo, fue querellado por los hermanos del fiscal: Marisela Caraballo Anderson y Juan José Meléndez Anderson, por considerar que está comprometido con el caso y sabe quién mandó a asesinar a Anderson y por qué. Junto a Isaías Rodríguez, Rangel desvió siempre la hipótesis de la extorsión.
La actitud de estas figuras pro oficialistas, la impunidad a lo largo de tantos años y la vulnerabilidad que mostró el fiscal “estrella” de la revolución, hacen que la opinión pública condene al Gobierno, por acción u omisión, por este caso.
Prohibición de salida, ¿el detonante?
Dos días después de su llegada apresurada a Argentina, Nisman ofreció una entrevista en el programa “A dos voces”, del canal TN (14/1/15).
Impetuoso y seguro, dejaba poco espacio al entrevistador y explicaba su teoría. “Quisiera que no fuera cierto”, lo que encontró. “Si me equivoco… aunque no creo equivocarme, ahí están los hechos, son ocho años de grabaciones…”, decía. Pero quizás lo más grandilocuente de la media hora de entrevista fue la firmeza con la que informó que pedía la prohibición de salida del país de ese entorno presidencial que aparece tan cuestionado: de Luis D’ Elía, líder piquetero; Fernando Esteche, líder de la organización Quebracho; Héctor Yrimia, exjuez del caso Amia y exagente del organismo de inteligencia SIDE… “y del personal de Secretaría de Inteligencia involucrado”, además de pedirles 200 millones de pesos como castigo judicial.
“La prohibición de salida del país es el coco para una gente que vive justamente de negociaciones dentro y fuera del territorio nacional”, dijo en 2006 uno de los investigadores del crimen de Danilo Anderson, que ha decidido mantenerse en secreto. Anderson planificaba un viaje al continente europeo, pero no llegó a hacerlo como sí pudo Nisman. Estaba en trámites de comprarse abrigos de invierno y preparando maletas cuando la muerte vino a cambiarle los planes. Sin embargo, no abandonaba su investigación y en cámaras de televisión y prensa se le vio amenazar a los firmantes del decreto de Carmona con la temida prohibición de salida del país a su regreso. Es la tesis que sostienen en el libro “Verdades del caso Anderson”, publicado por el concejal Carlos Herrera y los hermanos Marisela Caraballo Anderson y Juan José Meléndez Anderson (2008). ¿Sería esta figura de limitación de libre circulación a los indiciados el detonante de ambas muertes?
La investigación sobre el fiscal venezolano cumplió 10 años en el limbo. El fiscal general Isaías Rodríguez decretó el sobreseimiento de los supuestos autores intelectuales por falta de pruebas, y hay tres policías condenados a máximas penas por la autoría material, luego de un juicio minado de irregularidades y mucha interferencia de la política y la presión de la opinión pública.
Con Nisman todo se mueve muy rápido y los acontecimientos están en pleno desarrollo. Revisan su entorno, al hombre que le llevó la pistola prestada pese a tener armamento propio; a sus escoltas que igual que en el caso de Anderson lo abandonaron y no cumplieron su labor de protección cerrada a alguien tan comprometido. Falló el Estado en la custodia de ambos y falla en algo más: la independencia de poderes en casos tan políticos.
¿Qué hace ese ministro allí?:
El secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, fue una de las primeras personas en llegar al sitio del crimen. Contó que fue “para garantizar que nadie ingresara ni tocara nada”. De hecho, “ingresó unos minutos antes que el juez Manuel de Campos y bastante antes que la fiscal Viviana Fein. Junto a él sólo estaban algunos familiares conmocionados y policías que son sus subordinados”, según reflejó Clarín el 21 de enero.
¿Qué hacía allí un funcionario del Poder Ejecutivo? Es una de las interrogantes que hoy quedan por resolver y de las incomodidades que muestra la prensa crítica con la investigación del caso. Porque no es el único evento que parece entorpecer la libertad de la justicia para proceder: la política está tan metida en el asunto que la propia mandataria aporta versiones, las tuerce y acomoda.
“Las cartas de Cristina Kirchner, difundidas por las redes sociales, podrían entorpecer las tareas de investigación de la muerte del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, por “sugerir calificaciones legales del hecho y medidas de prueba”. Así lo señaló el fiscal de Cámara en la causa Nisman, Ricardo Sáenz, quien retomará sus actividades el lunes, tras regresar de su licencia, y registró el portal Inédito.com
Algo similar ocurrió en Venezuela con el caso Anderson. La noche del atentado, los primeros en llegar a la escena del crimen, en Los Chaguaramos, fueron funcionarios del Gobierno. Entre ellos el exvicepresidente de la República José Vicente Rangel, ministros como Tobías Nóbrega y el fiscal Isaías Rodríguez, personas no vinculadas a la investigación judicial pisaban el lugar y algunos traspasaron la cinta amarilla de protección y contaminaron la recopilación de evidencias. Fue duramente criticado. No obstante, lo peor vendría después, cuando con sus declaraciones, estos altos funcionarios esgrimían hipótesis, adelantaban opinión y torcían las investigaciones. En 2005, cuando la línea de investigación de los detectives no favorecía a la posición oficial y no condenaba a opositores, el fiscal mayor removió al jefe de la investigación, el comisario José Cuéllar.
En agosto de ese año, montaron un testigo: Giovanny Vásquez, que inculpó a personas que se oponían al Gobierno como autores intelectuales de la muerte. Entre ellos la periodista Patricia Poleo, el empresario Nelson Mezerhane, el militar Eugenio Añez y Salvador Romaní (hijo), pero a ninguno se le comprobó nada. Después de la persecución, Vásquez contaría en una entrevista que mintió y que jamás conoció a esas personas.
Es un crimen impune, que a 10 años tiene más preguntas que respuestas. En la muerte de Nisman el poder político tiene su mano hundida ¿La investigación correrá la misma suerte?
Los medios y la investigación:
Los medios de comunicación juegan un papel primordial en las investigaciones. En ambos momentos, la audiencia cuenta con la existencia de medios críticos que caminan a la par de las averiguaciones y, en ocasiones, un paso adelante. En 2004, estos medios fueron fundamentales para dar a conocer lo que no quería decir la versión oficial en Venezuela, pero no contaban con las redes sociales como 11 años después.
Los argentinos conocen los últimos mensajes de whatsapp de Nisman, la foto que envió horas antes de morir. A través del Twitter, se conoce la identidad del periodista que dijo recibir la última carta que envió a un medio, Laureano Pérez Izquierdo (@TotiPI), asunto que desconocía la propia fiscal Viviana Fein. En Youtube está el video que registra con detalle la llegada de Nisman al aeropuerto.
Corren otros tiempos para la información y cada vez parece más difícil para el poder acallar la verdad.
Alberto Nisman y Danilo Anderson no se conocieron. Uno nació tres años antes del otro. Ambos fueron a la universidad pública y se convirtieron en fiscales. Fueron mediáticos y polémicos. Sus finales también. El venezolano es una pieza clave en la historia de la impunidad. El argentino tiene chance de acabar con esa mácula. ¿Lo logrará?
Por: Tamoa Calzadilla
TamoaC@diariolasamericas.com
@TamoaC
Redacción/R24
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Miami, Domingo 25 de Enero de 2015
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