“Clamemos porque Massiel Pacheco
sea tratada como ciudadana..”
■ Encarcelada, sometida a proceso, liberada y obligada a presentarse cada 8 días, con su carrito de arepas confiscado, se ve ahora sometida a juicio penal por terrorismo.
La ciudadana Massiel Pacheco, una modesta mujer del pueblo, que se desempeña como trabajadora informal en un puesto de arepas, fue detenida como presunta terrorista por el hecho de haber entregado un bolso que encontró junto a sus implementos del oficio, al parecer con algunos niples, sospechosa por ello de tan grave hecho punible.
En un país en el que los traficantes de drogas resultan impunes, los homicidas se pasean por las calles y los secuestradores tienen patente de corso para delinquir, una humilde y digna trabajadora del pueblo que solo se propuso entregar un paquete sospechoso, se ha visto envuelta en la maraña de la “justicia penal venezolana”, en los “mejores tiempos” de la Ley sobre Vagos y Maleantes.
Esto me recuerda una oportunidad en la que habiendo encontrado en un parque a un niño que resultó atrapado en un aparato de diversiones y con lesiones en su mano, llevado por mi mujer y por mí a un puesto asistencial, la “autoridad” allí presente pretendió dejarnos detenidos para averiguar lo ocurrido, habiendo cumplido con un deber que, de no hacerlo, nos hacía responsables de delito, según la regla no escrita pero sagrada de que “si hay un herido tiene que haber un preso”.
Si no fuera tan trágico y no supiéramos la carga de vejamen y sufrimiento que comporta la justicia venezolana, túnel en el cual se entra y no se sabe cuándo, ni cómo se sale, valdría simplemente la anécdota, como en el caso de Hendrix Sánchez, a quien “la gracia” de interrumpir el discurso de Maduro en la Asamblea le resultó la amarga morisqueta de ser acusado como responsable de crimen organizado y sufrir aún -eso entiendo- una prisión que puede prolongarse sine die.
La justicia penal se ha convertido en un siniestro recurso para doblegar, intimidar, amedrentar y mantener contra la pared, aterrorizada, a la mitad de la población que está, sin querer, en la ruleta rusa de las imputaciones penales.
Se han inventado delitos, se abusa groseramente de las normas penales, se arremete con la fuerza contra cualquier disidente y, como regla general, se somete a la población al terrorismo de Estado, por el cual se puede ir a la cárcel sin razón alguna y quien “resulta beneficiado por la gracia del Soberano” y queda en libertad condicional, no puede declarar a los medios y debe presentarse cada ocho días ante los tribunales como un vulgar delincuente.
Esta situación extremadamente grave debe ser corregida. Sin duda resulta paradójico que un Estado que se define de Derecho y de Justicia, ni hay derecho ni hay justicia. Justicia no hay, ya que no existe en la tierra y el camino para tratar de alcanzarla en alguna medida, que no es otro que el derecho, se encuentra más torcido que nunca.
No imploremos justicia para Massiel Pacheco. Solo clamemos porque sea tratada como ciudadana de un país en el que reina la arbitrariedad, el abuso de poder y la más absoluta anomia.
*Alberto Arteaga Sánchez, venezolano, abogado, egresado de la UCV. 1965. Postgrado en Derecho Penal, Universidad Católica Andrés Bello, 1967. Especialización en Derecho Penal, Universidad Degli Studi Di Roma, 1973. Profesor del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la U.C.V. de la Cátedra de Derecho Penal desde 1965. Jefe del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas y Jefe de la Cátedra de Derecho Penal, 1979.
Por: Alberto Arteaga Sánchez
as@arteagasanchez.com
@ArteagaSanchez
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EL UNIVERSAL
miércoles 21 de mayo de 2014
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